Senado de la República

Versión estenográfica de la discusión del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante la Sesión Ordinaria del Senado de la República.

(Primera parte)

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Les informo que este dictamen se publicó en la gaceta desde el pasado miércoles 11 de marzo.
Asimismo, se cumplió en su primera lectura el jueves 12, conforme lo disponen los artículos 193 y 195 del Reglamento, para su discusión este día se encuentra publicado en la gaceta, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura.
SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
Sí se omite la lectura del dictamen, Presidente.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Informo a la Asamblea que las Comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre este dictamen a los artículos 7, 11, 17, 20, 41, 43, 68, 70, 86, 91, 100, 149 y 156 del Proyecto de Ley de Transparencia.
Asimismo, remite una propuesta de modificaciones en el apartado de consideraciones en las páginas 281 y 287.
Las adecuaciones en la parte considerativa se incorporarán al texto del dictamen.
Las modificaciones en los artículos ya mencionados, las someteremos a su consideración. De resultar aceptadas, se incorporarán al articulado del proyecto para su discusión.
El texto que remite las comisiones está a su disposición en el monitor de sus escaños.
En consecuencia, solicito a la Secretaría les dé lectura.
SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Doy lectura:
“Artículo 7. El derecho de acceso a la información o a la clasificación de la información, se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y la presente ley”.
“Artículo 11. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta ley, la ley federal y las correspondientes de las entidades federativas, así como demás normas aplicables”.
“Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad será con costo a los mismos”.
“Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en algunas de las excepciones contenidas en esta ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones”.
“Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y el siguiente artículo tendrán las siguientes atribuciones:
Nueva fracción X. Elaborar y presentar un Informe Anual de Actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores dentro de la segunda quincena del mes de enero y hacerlo público.
11.- Las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones en la materia.
Artículo 68.- Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y en relación con estos deberá:
Artículo 70.- Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales de requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente.
Artículo 86.- Las acciones de vigilancia que se refiere este capítulo se realizarán a través de la verificación virtual, esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por los organismos garantes al portal de internet, de los sujetos obligados o de la plataforma nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica.
Artículo 91.- La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir al menos los siguientes requisitos:
Quinto.- El nombre del denunciante y opcionalmente su perfil, únicamente para propósitos estadísticos.
Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria.
En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.
Artículo 43.- En cada sujeto obligado se integrará un comité de transparencia colegiado e integrado por un número impar.
La clasificación desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación, deberá apegarse a los términos previstos en la presente ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.
Artículo 149.- El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público, con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos, para estos efectos se entenderá por idoneidad, la legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente valido o apto para conseguir el fin pretendido.
Segundo.- Necesidad, la falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público y proporcionalidad, el equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.
Artículo 156.- El recurso será sobreseído en todo o en parte cuando una vez admitido se actualicen algunos de los siguientes supuestos.
Es todo, señor Presidente.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre al texto del proyecto de ley.
SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Consulto a la asamblea si autoriza que las modificaciones se integren al texto del proyecto de ley.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
Sí se autoriza, señor presidente.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los artículos 7, 11, 17, 20, 41, 43, 68, 70, 86, 91, 100, 149 y 156 del proyecto de Ley de Transparencia que fueron autorizadas por la Asamblea.
Informo a la Asamblea que tenemos otra propuesta de modificación que presenta la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los presidentes de las Comisiones Dictaminadoras sobre este Dictamen al régimen Transitorio del proyecto a discusión.
De la misma forma que la propuesta anterior, las modificaciones las someteremos a su consideración y si resultan aceptadas se incorporarán al articulado del proyecto para su discusión.
La propuesta de modificación está a su disposición en el monitor de sus escaños.
En consecuencia, solicito a la Secretaría les dé lectura:
SENADORA SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Modificaciones e incorporación de Artículos Transitorios al Proyecto de Dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Octavo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia en los términos que establezcan los lineamientos referidos en la Fracción Cuarta del Artículo 31 de la presente ley.
En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet, la información conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y las leyes de transparencia de las entidades federativas vigentes.
El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia a que se refieren los capítulo Primero al Quinto del Título Quinto de la presente Ley.
Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley, no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las entidades federativas vigentes, serán aplicables sólo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Décimo Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas en la que se refiere la presente ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de Reorganización Administrativa que deberá comprender al menos las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios, las obligaciones de las Cámaras y de los Grupos Parlamentarios en cuanto a sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asignan a legisladores, el tratamiento fiscal y presupuestal y de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos en dinero o en especie que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión.
El régimen laboral del personal adscrito a los Grupos Parlamentarios, las Comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso, las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión, se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.
Es cuanto señor Presidente.
SENADOR PRESIDENTE MIGUEL BARBOSA HUERTA: Consulte ahora la Secretaría, a la Asamblea, en votación económica, se autorice que se integren al texto del Proyecto de Ley las modificaciones que ha dado usted lectura.
SENADORA SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea si autoriza que las modificaciones se integren al texto del Proyecto de Ley.
Quienes así lo autoricen, favor de levantar la mano.
(La Asamblea Asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
Sí se autoriza señor Presidente.
SENADOR PRESIDENTE MIGUEL BARBOSA HUERTA: En consecuencia, la discusión del Dictamen será con las modificaciones a los Artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Proyecto.
Para presentar el Dictamen, como presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, se concede el uso de la palabra al senador Pablo Escudero Morales.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Con su permiso, señor presidente.
Antes que nada, quisiera agradecer al PRI, al Partido Acción Nacional, al PRD, por supuesto a mi fracción, al Verde, y a todas las fracciones; y evidentemente también al PT, independientemente de la votación que emitan el día de hoy; a los senadores, en específico al senador Alejandro Encinas, por tantas horas que ha dedicado de trabajo.
El otro día, en comisiones, yo calculaba que habíamos invertido más de 200 horas; y él me corregía la plana y me decía: “hemos invertido más de 300 horas en este trabajo”.
Sin duda Laura Rojas, a la presidenta Cristina Díaz; a nuestra amiga, que ya no nos acompaña el día de hoy, Arely Gómez, que también invirtió mucho tiempo.
A todas las ONG's especialistas en el tema, que estuvieron durante la construcción de esta iniciativa. A nuestros asesores y a todos ustedes, por este gran acuerdo parlamentario, que es la Ley General de Transparencia.
Que hay que decirlo, ha sido avalada por los expertos en la materia y la han considerado como más que satisfactoria. Eso dicen los expertos en la materia.
Sin duda, también hay que reconocer que es una ley perfectible, como todas, y que deberemos seguir trabajando en ella.
La construcción, la dictaminación siempre se hizo pensando en seis bastiones: en el ciudadano, en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el derecho, en la legalidad y en la racionalidad constitucional.
Ahí centramos el estudio, el análisis, el debate, la construcción de los acuerdos. Una Ley General que no sólo distribuye competencias, que no sólo sienta bases para su regulación; no sólo es eso, es una ley –hay que decirlo– que empodera al ciudadano para que pueda cuestionar, indagar, evaluar y vigilar a sus gobernantes.
Estamos convencidos que un factor determinante para que la ciudadanía pueda recobrar la confianza en las instituciones, es sin duda la transparencia. La rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales para el combate a la corrupción.
La transparencia es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida democrática, política y social de este país. Es así como esta Ley General, que es de orden público y de observancia general para toda la República, contempla como sujetos obligados a los organismos autónomos, a los partidos políticos, a los fideicomisos, a los fondos públicos, a cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos.
Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo constitucional autónomo, incluyendo sin duda al Poder, Legislativo y Judicial.
Que a nadie le quede duda que todas las obligaciones que asuma el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de los Senadores, en dos vertientes: en todas aquellas que son de transparencia en lo común, más de 50; y todas aquellas que son, en lo específico, para el Poder Legislativo.
Los organismos garantes desarrollarán, administrarán e implementarán una Plataforma Nacional de Transparencia, que permita cumplir con los procedimientos, con las obligaciones, con las disposiciones de ley, atendiendo la accesibilidad de los usuarios.
La Plataforma Nacional de Transparencia tendrá como mínimo cuatro sistemas: el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, un Sistema de Gestión de Impugnación, un Sistema de Portales para la Transparencia y Acceso a la Información y los Sistemas de Comunicación que habrán que tener entre los órganos garantes y los sujetos obligados.
El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para la estabilidad y seguridad de la plataforma, promoviendo en todo momento la homologación de procesos y, sin duda alguna, la simplicidad del uso de los sistemas por parte de los usuarios, así como nuevamente la accesibilidad de esta.
No ha sido ajeno a estos trabajos el fortalecimiento en la cultura de transparencia. Los organismos garantes, junto con las instituciones educativas y culturales tanto del sector público como del sector privado, impulsarán mediante mesas de trabajo, exposiciones, concursos de transparencia y acceso a la información toda esta cultura que debemos de impulsar todos los días de transparencia y apertura gubernamental; para unos obligaciones y para otros invitaciones a participar.
Es desde ahí, desde la propuesta de las autoridades educativas para incluir contenidos sobre la importancia social de la transparencia y del acceso a la información. Es ahí, en los programas de estudio: preescolar, primaria, secundaria y normal; es desde ahí, desde las bibliotecas, donde tendremos que instalar todos estos módulos de información pública que faciliten este derecho.
Durante la construcción de esta ley, de este acuerdo parlamentario, las discusiones, sin duda, fueron profundas, fueron a detalle. Ahí estábamos discutiendo si podía o no el IFAI sancionar; si la reforma constitucional que habíamos hecho le daba facultades para sancionar o sólo para emitir medidas de apremio. Fue ahí donde decidimos hacer este sistema mixto para que pudiera por una parte sancionar a los privados conforme a la Ley de Protección de Datos y, por otra, esperar a lo que estaba sucediendo en la Cámara de Diputados en esta gran reforma de combate a la corrupción, creando un tribunal especializado para poder sancionar a los servidores públicos.
Sin duda, otra de las grandes discusiones que tuvimos fue el tema de reservas. Tardamos mucho en ponernos de acuerdo en cómo había que definir a las reservas económicas, monetarias y financieras.
Fue con la ayuda de los especialistas, del Presidente de la Comisión de Hacienda, del senador José Yunes, del senador Ernesto Cordero, del senador Armando Ríos Piter y también de nuestra amiga Dolores Padierna, que pudimos ponernos de acuerdo con estas redacciones. También hay que reconocer con siempre un gran esfuerzo y atención por parte del Banco de México, de su Director Jurídico que siempre nos acompañó en estas discusiones y debates, y fue así como pudimos obtener estas redacciones y este gran acuerdo.
Sin duda, el otro capítulo que causaba algunas dudas era el respectivo a la materia de energía. En este también debo de agradecer al PRD, al senador Encinas, a su coordinador, al senador Barbosa y a la senadora Dolores Padierna de su sensibilidad en este tema que nos permitió avanzar y dejar salvaguardadas sus legítimas preocupaciones.
Es así que pudimos ir superando cada una de las redacciones que teníamos pendientes; cada uno de los temas que considerábamos importante para cada uno de nuestros grupos parlamentarios.
Hoy, el día de hoy estoy seguro que el Senado de la República confirma una vez más su compromiso en materia de transparencia y acceso a la información con este país.
Es cuanto y muchas gracias, señor presidente.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias senador Escudero, nuestra felicitación a su desempeño como presidente de la Comisión Anticorrupción.
Tiene el uso de la palabra la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación.
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias señor presidente del Senado.
Amigas y amigos senadores:
Hoy tenemos la oportunidad de concretar una ley de avanzada, una ley que sienta un precedente de la mayor trascendencia para el país; una ley que nos va a permitir a ciudadanos y gobierno sentar las bases para el ejercicio transparente y democrático del quehacer público y político.
En este ejercicio sin precedentes ha sido fundamental la participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Es una gran lista de académicos, especialistas y funcionarios que participaron en el desarrollo del proceso deliberativo de esta ley.
Desde hace varios años todos los partidos políticos hemos impulsado propuestas para darle mayor contenido y cumplir con las demandas de la ciudadanía en materia de transparencia.
Por ello, el resultado de hoy es el resultado del trabajo de un grupo plural. Hoy la transparencia es una demanda constante de los ciudadanos y el trabajo de todos contribuye a que México entre a una era internacional de la transparencia.
Entra con la madurez suficiente para que, con este principio de transparencia, se terminen excesos e irregularidades que tanto han dañado a la administración pública federal, estatal y municipal y sobre todo a los mexicanos.
Quiero reconocer, a nombre de los integrantes de la Comisión de Gobernación, este trabajo realizado por este grupo redactor de la legislación secundaria en materia de transparencia.
Todos, desde el día siete de octubre del año pasado, contribuyeron con la redacción de la legislación secundaria en materia de transparencia y acceso a la información pública. El diálogo fue abierto, franco, de la sociedad y el legislativo, y esto nos permite consolidar nuestra democracia.
La Ley General que hoy discutimos establece las bases, principios generales y procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso a la información, reconocido en la Constitución.
Al aprobar esta ley los mexicanos podrán interiorizarse en la vida de los sindicatos, porque reciben dinero público.
De los partidos políticos, de nuestro Senado, de la Cámara de Diputados, de todos los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral.
Sin duda, esta época de máxima transparencia que comienza en nuestro país, va a generar cambios en la forma de hacer política y la manera de rendir cuentas.
Hoy, con hechos, los senadores vamos a demostrar nuestro compromiso con la transparencia, con el escrutinio público.
Los senadores tenemos la convicción de que toda la administración pública va a dejar de ser una caja de sorpresas cada vez que se observa por una pequeña rendija.
A partir de hoy, esa caja se va a abrir a todos los mexicanos.
Se garantiza a los ciudadanos el acceso pleno a un ejercicio fundamental como es la transparencia; transparencia que consolida la democracia y una sociedad informada toma mejores decisiones.
Un gobierno abierto y transparente gestiona de mejor manera los recursos públicos y rinde cuenta de sus actos con pleno respeto a las libertades ciudadanas.
Desde esta Tribuna, reconozco el compromiso de todos los partidos políticos con la transparencia.
Seamos, toda la sociedad, aliados y observadores permanentes para que esta ley se aplique a cabalidad y se cumpla con el propósito por la que fue hecha.
Que la transparencia en México sea una realidad.
Es cuanto señor Presidente.
SENADOR PRESIDENTE MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias senadora.
La felicitamos por su desempeño como Presidenta de la Comisión de Dictamen.
En uso de la palabra el senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Adelante senador Encinas.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias señor Presidente.
Compañeras y compañeros:
Sinceramente yo no veía muy cerca la llegada de este día, porque lamentablemente un proceso virtuoso que inició en el mes de septiembre del 2012, cuando diversos grupos parlamentarios presentamos unas iniciativas para hacer la Reforma Constitucional en materia de Transparencia y Derecho a la Información, se veía a un paso de estar truncado.
Y la verdad es que hoy vale la pena reconocer que estamos cerrando un ciclo legislativo sin precedente en la historia de nuestro país.
En primer lugar porque la Reforma Constitucional tuvo la capacidad de integrar tres iniciativas en un solo dictamen que fue aprobado por una inmensa y clara mayoría y cuyo objetivo fundamental era el de establecer la plena certeza del derecho a la información de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos en nuestro país y la obligación del Estado para garantizar plenamente el ejercicio de este derecho.
Las la Reforma Constitucional, tomamos una decisión para mí muy importante:
La de elaborar una Iniciativa plural, con el apoyo de distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, representantes de instituciones públicas, buscando, en primer lugar, construir un consenso que permitiera fortalecer lo alcanzado en la Reforma Constitucional y mantener un nivel de entendimiento con la sociedad para lograr una legislación secundaria de avanzada.
Por eso no hubo una Iniciativa presentada por algún legislador, o por algún Grupo Parlamentario, en específico en el Senado, sino se decidió integrar un grupo redactor plural, con senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios y que con el auxilio y apoyo de distintas personalidades y organizaciones, dio como fruto una Iniciativa, o mejor dicho dos iniciativas, que ya fueron aquí presentadas, tanto de la Ley General en materia de Transparencia y Acceso a la Información –que estamos discutiendo–; como la próxima que tendremos que dictaminar, que es la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información.
Y fueron muchos días de trabajo, ya lo señalaba el senador Pablo Escudero, más de 300 horas de discusión en los equipos técnicos; aunque yo digo, fue un proceso que ha durado dos años y medio.
Y debo reconocer, a nombre de los presidentes de las comisiones dictaminadoras y los miembros del grupo redactor, las aportaciones de distintas organizaciones de la sociedad civil como el Colectivo por la Transparencia; la Red por la Rendición de Cuentas; por México Infórmate; por FUNDAR; a la oficina, en particular, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos; a distintas instituciones públicas, en particular al IFAI, con quien hemos cometido una injusticia en el dictamen al no haber incorporado en la exposición de motivos, el hecho de que ellos nos presentaron una propuesta de iniciativa, espero podamos enmendar ese error y reconocer esa aportación del IFAI.
Y a muchos especialistas, con el siempre riesgo de dejar a alguien fuera, quiero reconocer los apoyos de Ana Ruelas, de Gabriel Morales, de Natalia Calero, de Renata Terrazas, de Manuel Cuanché, Manuel Esparza; Guillermo Noriega, Lourdes Morales, Justine Dupoy, Alan García, Omar Gómez; que participaron en el grupo de la sociedad civil que acompañó la elaboración de la iniciativa.
Debo reconocer también al equipo técnico plural, que son asesores especialistas en el tema, de distintos grupos parlamentarios, a Edith López, a Eduardo Sánchez, a Dante Freiser, a Jasquel Rivera, a Martín Fuentes, a Marlene Magallanes, a Pedro Plata y Aleida Tovar. Así como al grupo técnico del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, conformado por Estefanía Hernández, Blanca Báez, Emilio Saldaña, David San Mames, Sergio Arias, Enrique Duprés, David Fonseca y Oscar Padilla.
Y en particular a los presidentes y a quienes nos acompañaron en el grupo redactor: el senador, diputado anteriormente, Pablo Escudero; a la senadora Cristina Díaz; a la senadora con licencia Arely Gómez, que participó esos dos años y fracción; a la senadora Laura Rojas, por supuesto, en todas sus aportaciones.
Que hoy nos dan un resultado muy significativo, porque la tentación de regresión que enfrentamos en diciembre, afortunadamente se revirtió. Y hoy tenemos un dictamen que presenta una Ley General de Acceso a la Información Pública, que es derivada de este trabajo colectivo; pero que fortalece el objetivo que nos planteamos con la reforma constitucional de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, estableciendo con toda precisión los principios, las bases generales y procedimientos que permitan garantizar el ejercicio de este derecho.
Así como las obligaciones a que toda autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial o cualquier ente público-privado, persona física o moral que administre o reciba recursos públicos, hoy se convierte en sujeto obligado de lo cual debe rendir cuentas, no sólo –hay que destacarlo– del manejo de recursos públicos; sino de los actos de autoridad que en el ejercicio de sus facultades ejerza.
Y para ello, la responsabilidad fundamental reside en el Estado, quien hoy debe ser el garante fundamental del acceso a la información.
Creo que hubo debates que tensaron en ocasiones la discusión, como el pretender establecer restricciones para acceder a la información vinculada a violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción; donde se pretendía establecer como condición para acceder a la información la definición previa de una autoridad competente, hoy queda en los términos fundamentales que originalmente estaba en la ley federal, aunque estamos conscientes de que esto lo resolverá la Suprema Corte de Justicia, ya que hay una controversia en estos momentos presentada en ella.
Pero los aspectos en cuanto al fortalecimiento de la autonomía de los órganos garantes, tanto federal como local, la armonización de las leyes federal y las locales para evitar no solamente la discrecionalidad en la aplicación de la ley por parte de los congresos o los gobiernos de los estados, sino para establecer los estándares mínimos que garanticen el acceso a la información y establezcan las bases mínimas que permitan homologar todos los procedimientos de acceso a la información pública.
Así se crea el Sistema Nacional de Transparencia. Se mandata a promover una cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública; se promueve la rendición de cuentas a través de establecimientos de manera progresiva de políticas públicas con obligaciones claras en materia de transparencia para todos los sujetos obligados que tienen responsabilidades claramente definidas, tanto las comunes como las particulares, estamos hablando de cerca de 43 obligaciones comunes a todos los sujetos obligados con especificidades para el Poder Legislativo, para los partidos políticos, para los sindicatos, para lo que son todos los temas vinculados con los asuntos energéticos.
Y esto evidentemente va a traer cambios significativos porque conoceremos, además del manejo de los recursos y la instrumentación de las políticas y programas públicos, detalles muy puntuales de contratos y convenios celebrados por las dependencias públicas, sus estructuras orgánicas, el directorio del personal, su tabulador de salarios, el monto de las prestaciones y otros beneficios económicos que puedan tener, así como los mecanismos de licitación o adjudicación directa en todos los temas de adquisiciones u obras públicas.
En el caso de partidos políticos, debo destacar que a las responsabilidades que existen ya en la legislación electoral en lo que se refiere a rendición de cuentas, en tanto el ejercicio de prerrogativas públicas en los procesos electorales como en los mecanismos de selección, se establecen mayores responsabilidades a los partidos que van, no solamente en cuanto al conocimiento del padrón de afiliados y militantes, las cuotas, los ingresos públicos y privados que perciban los partidos, sino conocer también sus contratos y convenios, su tabulador salarial, las aportaciones a las precampañas y campañas, o incluso conocer con detalle los procesos de selección y registro de sus candidatas y sus candidatos.
Ahora sí vamos a poder saber cómo fue posible que se registrara el señor Abarca como candidato y posteriormente presidente municipal en Iguala; como también ha sucedido con muchas otras autoridades postuladas por los partidos, que hoy están vinculados con la delincuencia organizada.
Y en materia sindical no solamente nos quedaremos en el ámbito de conocer el manejo de los recursos públicos que administren o reciban los sindicatos en dinero o en especie; ya sea por transferencias económicas, pago de prestaciones o hasta la donación de terrenos para la construcción de viviendas o de cualquier bien inmueble, sino también las que derivan de la reforma laboral para tener transparencia en los datos vinculados con el registro, la toma de nota, los estatutos, el padrón de afiliados, los contratos colectivos de trabajo, las actas de la asamblea que permita conocer los mecanismos de decisión de las distintas contrataciones, con lo cual habrá certeza, no solamente de la existencia real de sindicatos y de sus trabajadores afiliados sino de cómo en este país se otorga la toma de nota y registro de los sindicatos evitándolos, pero con esto la enorme discrecionalidad que hoy ha llevado, no solamente a frenar a los sindicatos independientes, sino a la virtual desaparición de los sindicatos charros que hayan sido ya sustituidos por los sindicatos de protección.
Y si no, pregúntenle a la estatua de Fidel Velázquez, que hasta ya fue removida y guardada, como debía ser, al pasado.
Uno de los temas que quiero destacar es el vinculado con la transparencia en el sector energético, donde se busca garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garantizan la difusión y la consulta pública, estableciendo las reglas claras para conocer los ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos que deriven de estos contratos.
Con esta nueva ley todos los fideicomisos públicos y privados serán sujetos obligados directos y cuenten o no con estructura administrativa, el fideicomitente será responsable directo de entregar la información al respecto.
En materia de información clasificada, debe destacarse un debate que sostuvimos respecto a la prevalencia de la ley y la existencia de la prueba de daño, la cual tendrá que acreditarse ante cualquier solicitud de los ciudadanos y que en caso de que se haya reservado o clasificado la información por parte de alguna autoridad, en todos y cada uno de los casos, la autoridad está obligada a fundar, motivas, las causas por las cuales puede acreditarse un daño a la seguridad nacional, insisto, sin que esto pueda ir en demérito de conocer la información en lo que se refiere a violaciones graves a derechos humanos y los que son delitos de lesa humanidad.
Se da un paso importante, hay que reconocer que hay buen resultado en esta ley, toda legislación es perfectible, tan es así que hemos incorporado 14 reformas en estas propuestas adicionales entre lo que fue la reunión de las comisiones unidas, la semana pasada y el día de hoy y espero que en su implementación encontremos una respuesta positiva de todos los sujetos obligados.
Sin embargo, si bien se cierra un ciclo, no se cierra el tema vinculado con el sistema de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.
Tenemos obligaciones constitucionales para que los próximos meses tengamos que aprobar, aquí en el Senado de la República, la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información; la Ley general de Protección de Datos Personales; la Ley General de Archivos, el Sistema Nacional Anticorrupción; revisar a fondo las labores de la Fiscalía Anticorrupción de lo que será la Fiscalía Nacional con autonomía del Poder Ejecutivo, porque el propósito de estas reformas, tanto la constitucional como las secundarias, es construir un sistema que ayude a resolver dos de los problemas más lacerantes que existen en nuestro país, que es la corrupción y la impunidad.
Y si bien las leyes no garantizan que estas prácticas se erradiquen, el crear los instrumentos para que los ciudadanos accedan a la información y puedan hacer ejercible su derecho a que la autoridad le rinda cuentas, contribuirá a crear una nueva cultura política en donde la participación de los ciudadanos es la fundamental.
Agradezco a Pablo Escudero, a Cristina Díaz, por supuesto a los miembros de la Junta de Coordinación Política que hasta hace unos minutos estuvimos arrastrando el lápiz, espero que sea para bien, así lo considero, este trabajo y pues por fin cerramos esta primera etapa con un buen producto legislativo que esperamos sean plenamente compartidos en la Cámara de los Diputados.
Muchas gracias a todos ustedes.

****** (Sigue segunda parte) ******