- Solicita al Gobierno federal y estatales informar sobre las áreas internas que manejan software especializado en intervención de comunicaciones
El senador Jorge Luis Lavalle Maury propuso que el Senado de la República conforme una Comisión Especial que dé seguimiento puntual a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto espionaje a periodistas y activistas, así como de todas las instancias federales y estatales en materia de seguridad, que pudieran estar interviniendo comunicaciones privadas de los ciudadanos.
Mediante un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, solicitó a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión de Seguridad Nacional, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional y a los gobiernos de las 32 entidades del país, remitir a la Comisión Permanente un informe pormenorizado sobre los programas que tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas, con especial énfasis en la prevención de intervención de comunicaciones privadas de los ciudadanos.
Además, pidió mencionar en dicho informe las áreas internas que manejan algún tipo de software especializado en la intervención de comunicaciones.
En un tercer resolutivo, exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigar las posibles prácticas con las que el Gobierno federal, a través de las instancias de seguridad, podría estar invadiendo la privacidad e intimidad de los ciudadanos, mediante la intervención de sus comunicaciones.
El senador por Campeche indicó en su propuesta que los derechos a la intimidad y a la privacidad son capitales en el desarrollo de las personas dentro de un régimen democrático y de derecho, por lo que ante el presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, “resulta deseable indagar cómo se salvaguardan dichas garantías en nuestro país, y cómo es que el Estado los garantiza”.
En este sentido, agregó, cualquier sospecha o presunción de la violación de alguno o de ambos derechos por parte del Estado resultaría un grave atentado a nuestra Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte.
No obstante, recordó, en lo que va de la presente administración se han presentado algunos casos que podrían implicar que el Estado mexicano mantiene una vigilancia extrema y tal vez ilegal, mediante el uso de software que se utiliza para intervenir teléfonos inteligentes, sobre ciertos particulares que son críticos del actual gobierno.
“Existen indicios de espionaje en México, que no se esclarecen ni para confirmarlo o descartarlo, lo cual permea de manera negativa el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de las personas, quienes con esas prácticas ven afectados sus derechos a la privacidad y la intimidad, sobre todo cuando se dan a conocer los contenidos de las comunicaciones intervenidas”, aseveró el senador Lavalle Maury.
Ante ello, refirió que en las más recientes reformas en materia de investigación e impartición de justicia, el Congreso de la Unión aprobó la implementación de tecnologías para intervenir comunicaciones, con el fin de brindar mayores herramientas a las autoridades para combatir la delincuencia.
Sin embargo, la confidencialidad que exige este tipo de operaciones no implica la nula transparencia en su implementación con respecto a las áreas que manejan dichas herramientas, su posible mal uso y el presupuesto que se destina a ello, subrayó.
“Es necesario que la Secretaría de Gobernación informe de manera pormenorizada los programas que tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas, y responda a las diversas investigaciones documentales que implican al gobierno mexicano como uno de los principales clientes de empresas internacionales dedicadas al espionaje”, destacó.
De igual forma, añadió el senador panista, se requiere conformar una Comisión Especial en el Congreso de la Unión que dé seguimiento puntual a las investigaciones y el esclarecimiento de todos estos señalamientos, los cuales no remiten exclusivamente al Gobierno federal, sino también a gobiernos locales.
Ante todos estos casos de posible espionaje, señaló, “sería grave y lamentable que se confirmara la invasión en la privacidad de las personas por parte del Estado mexicano y con mayor importancia, si los invadidos resultan ser personajes incómodos o de interés particular para el gobierno mexicano en determinadas coyunturas”.