Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, con el fin de conocer la forma en que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) garantizará el combate a las prácticas monopólicas en el país, tras renuncia del titular de la Autoridad Investigadora (AI) de dicha comisión, Carlos Mena Labarthe.

“Es necesario que la Comisión Permanente convoque a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión, a la titular de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto, para que dé a conocer la forma en que dicha comisión garantizará el combate a las prácticas monopólicas del país”, indicaron.

Los legisladores perredistas recordaron que el pasado 16 de junio se difundió la noticia de que el titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Labarthe, presentó su renuncia  para dejar su cargo a partir del próximo 30 de junio por motivos personales.

“Esto genera preocupación, en razón de que está autoridad es el órgano encargado de desahogar la etapa de investigación y es parte del procedimiento seguido en forma de juicio, para que, en su caso, la Cofece sancione la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas”, externaron.

Los senadores del PRD, comentaron que bajo el mandato de Mean Labarthe,  la AI llevo a cabo diversas investigaciones en los sectores de transporte aéreo, marítimo, financiero y energético.

Asimismo, informaron que  el pasado 15 de febrero dicha instancia presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), una querella contra varias personas, que de acuerdo a sus investigaciones cometieron el delito de prácticas monopólicas absolutas, actividad ilegal prevista en el artículo 254 bis del Código Penal Federal y en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

“En tiempos recientes hemos visto como la Cofece ha utilizado de control e investigación para actuar en contra de las prácticas monopólicas, decretar concentraciones en los mercados, así como para imponer sanciones de tipo administrativas y económicas, no sólo a personas morales, sino también a personas físicas”, concluyeron.