Senado de la República

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El senador panista Raúl Gracia Guzmán presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Migración, para establecer que estar sujeto a proceso penal no sea motivo para deportar a migrantes, negarles la residencia temporal o permanente, ni la visa o regular su permanencia en el país.

“En la Ley de Migración se está violentando el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 1 de la Constitución”, explicó.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera indicó que el principio de presunción de inocencia establece que toda persona es inocente hasta que no se declare su culpabilidad, mediante una sentencia emitida por un juez.

Sin embargo, agregó, en la fracción IV del artículo 144 de la Ley de Migración se establece que será deportado del territorio nacional, el extranjero que esté sujeto a proceso penal o que haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública.

“Estar sujeto a proceso penal no indica que la persona sea responsable de alguna conducta antijurídica”, indicó el legislador por Nuevo León.

Resaltó que el actual marco jurídico del país prejuzga a los migrantes, sin tener antes una sentencia emitida por una autoridad jurisdiccional, en la que declare alguna responsabilidad.

Es necesario, remarcó, que el Poder Legislativo atienda esa violación a los derechos humanos.

Asimismo, planteó modificaciones a la Ley de Migración en sus fracciones I del artículo 43 y VI del artículo 64, con el fin de que el Instituto Nacional de Migración no pueda cancelar la condición de residente temporal o permanente de un extranjero por estar sujeto a proceso penal, ni que las autoridades migratorias puedan negarle la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia.

“El Estado mexicano está obligado a respetar en todo momento la integridad y los derechos humanos de todas las personas, pero sobre todo de los grupos vulnerables”, reiteró.

México y el mundo, dijo, tienen que dejar de criminalizar la migración, ya que si las personas emigran de su nación de origen no lo hacen con una mala intención, sino en busca de un mejor futuro para ellas y sus familias.

La iniciativa del senador de Acción Nacional se turnó a las comisiones unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.