• La consulta popular que impulsan en el Senado busca poner fin a omisión legislativa, advierte
El senador panista Roberto Gil Zuarth expresó que en México los altos funcionarios de los distintos órdenes gobierno reciben prestaciones “absolutamente discrecionales, irracionales y poco objetivas, que no corresponden con la función que desempeñan”, mientras que profesionistas como médicos y enfermeras no perciben los salarios que merecen por sus capacidades técnicas y profesionales.
En la actualidad, añadió, hay alcaldes que ganan más que el Presidente de la República y de acuerdo con cifras de la organización civil Mexicanos Primero, se han detectado más de 298 mil pagos ilegales a trabajadores del sector educativo, lo que representa una distracción de 35 mil millones de pesos al año del presupuesto que debe destinarse a la educación.
Para frenar lo anterior, dijo, un conjunto de 50 senadores de distintos partidos políticos solicitaron iniciar el proceso de consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie a favor o en contra de que se emita una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional.
Con ello, sostuvo, se fijarían límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos y se establecería la reducción de los ingresos que actualmente perciben el Presidente de la República y altos servidores públicos de la Federación, en un 50 por ciento.
En este sentido, urgió poner fin a la omisión legislativa que ha impedido la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la Ley Federal de Salarios Máximos, la cual también regularía las percepciones del presidente de la República y de los altos funcionarios de este país.
“Es evidente que la clase política no está en la disposición de concluir este proceso legislativo para poner orden a los salarios del sector público, y en consecuencia se hace necesaria la intervención de los ciudadanos; nosotros queremos pedir la opinión de los ciudadanos, queremos que ellos nos den un mandato claro para que legislemos en esa materia”, dijo.
Gil Zuarth recordó que en 2009 se reformó la Constitución para poner límites al salario de servidores públicos de alto nivel, pero desde entonces no se ha emitido la legislación reglamentaria, la Ley Federal de Salarios Máximos
“En la Cámara de Senadores se avaló la minuta correspondiente, pero no se logrado esa aprobación en la Cámara de Diputados, y creemos que ese es uno de los casos en los cuales se exige la intervención de los ciudadanos, porque siempre hay una suerte de conflicto de interés entre a quienes les toca decidir, en este caso los legisladores, y quienes van a ser los afectados por una decisión de ponerle límite a los salarios máximos del sector público.
“Creemos que esta omisión legislativa tiene que romperse de inmediato, tenemos que poner orden sobre la determinación de los salarios máximos”, expresó el senador Roberto Gil.
El legislador panista expuso que de ponerse límites a los salarios máximos del sector público, podrían generarse ahorros por 20 mil millones de pesos al año, comparado con el ahorro de tan sólo 600 millones de pesos que se lograrían con la propuesta del PRI, de reducir el número de legisladores plurinominales.
“Hay una enorme discrecionalidad en prestaciones para servidores públicos, que si vehículos, seguros de retiro, seguros de desempleo, en fin, hay una prueba evidente de circunstancias que son totalmente inadmisibles, y hay funcionarios del sector financiero que ganan mucho más que el presidente y mucho más que sus equivalentes en el sector privado, y eso tiene que ver con una ausencia legislativa importante”, agregó Gil Zuarth.
Insistió en que han pasado cinco años sin que la legislación secundaria se emita, a pesar de que hay una reforma constitucional y de que 14 entidades del país han legislado en esta materia.
Detalló que los senadores promotores de esta consulta popular realizaron un estudio jurídico sobre las opciones legales que hay para llevar a cabo este ejercicio democrático, y existe la convicción de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tendrá reparo en aprobarla, porque no se trata de ninguno de los temas que están vedados para las consultas populares.
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