• Por ello presentó iniciativa que reforma las Leyes Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa así como Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
• Se propone incorporar a las empresas productivas del Estado y los órganos reguladores coordinados en materia energética, al catálogo de instituciones públicas contratantes para que los actos de corrupción derivados de procesos de contrataciones puedan ser sancionados
• Se faculta a la Secretaría de la Función Pública aplicar la ley anticorrupción en las contrataciones públicas que realicen PEMEX y CFE, en tanto entra en funcionamiento el órgano constitucional anticorrupción
• Se precisan las acciones que se podrán interponer ante el tribunal de justicia fiscal y determiar que “la acción” referida en la iniciativa del Ejecutivo pueda ser un juicio contencioso administativo en vía sumaria
Con el propósito de evitar vacíos legales, falta de certeza jurídica e impunidad en las contrataciones públicas de las empresas productivas del Estado, PEMEX y CFE, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández presentó una iniciativa de reformas y adiciones para incorporar disposiciones anticorrupción complementarias en las reformas a las leyes secundarias que se dictaminan en materia energética.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la también integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana expuso que se proponen modificaciones a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa así como a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
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Rojas Hernández alertó que en estos momentos, con la reforma constitucional anticorrupción detenida en la Cámara de Diputados y, con la Secretaría de la Función Pública, viviendo una lenta agonía a la que no se le ve fin, no se puede asegurar que se camina en la ruta del combate a la corrupción, uno de los males más arraigados en México y un enorme pendiente en la lista de tareas del Estado.
“La agenda de combate a la corrupción debe ser tan prioritaria como las otras grandes reformas porque conlleva el marco de control para que éstas cumplan con sus objetivos y porque nuestras omisiones legislativas y de implementación le cuestan al país millones de pesos y en confianza para atraer nuevas inversiones”, puntualizó.
Recordó que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 106 de 177 países; en tanto que Price Waterhouse Coopers, reporta que el 47 por ciento de las empresas globales consideran a la corrupción como el mayor riesgo al hacer negocios en nuestro país, el 25 por ciento indica que le fue solicitado, en 2013, algún tipo de dádiva y, el 33 por ciento haber perdido un negocio a causa de sobornos por parte de sus competidores.
Por ello, Rojas Hernández resaltó que si no se diseña el mejor marco jurídico posible para evitar la corrupción, la promesa de bonanza pública que ha ido aparejada de la reforma energética se esfumará, dejando las oportunidades que deben ser para una mayoría en manos de unos cuantos.
Se propone incorporar, en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a las empresas productivas del Estado y los órganos reguladores coordinados en materia energética, así como a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, al catálogo de instituciones públicas contratantes para que los actos de corrupción, derivados de procesos de contratación, puedan ser sancionados.
Es importante destacar que la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas sanciona a empresas y otros agentes privados que cometen actos ilícitos como ofrecer o dar "mordida" a funcionarios públicos para obtener un contrato; que participen en licitaciones pese a estar impedidos; que presenten información falsa en el proceso de licitación; que presenten información falsa; o que recurran al tráfico de influencias para obtener beneficios.
Se incluye además que la facultad para aplicar la ley anticorrupción en las contrataciones públicas que realicen PEMEX y CFE y los órganos reguladores coordinados en materia energética, se establezca a favor de la Secretaría de la Función Pública, misma que continuará ejerciendo sus atribuciones hasta que entre en funcionamiento el órgano constitucional anticorrpción.
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En el caso de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administativo, se proponen reformas para precisar las acciones que se podrán interponer ante el Tribunal en esta materia.
Además, determiar que “la acción” referida en la iniciativa del Ejecutivo pueda ser un juicio contencioso administativo en vía sumaria, lo cual garantiza un proceso expedito (70 días) a diferencia de un juicio en la vía tradicional que puede durar más de un año. Ello en cumplimiento de tratados internacionales.
La senadora Rojas Hernández explicó que con esta iniciativa, las personas físicas y morales que participen en procesos de licitación de contratos públicos, tendrán acceso a medios de inconformidad ante los fallos de asignación de dichos contratos justos y expeditos.
Al garantizar que las impugnaciones contra fallos en la asignación de contratos sean resueltos en un plazo no mayor a 70 días, se contribuirá a inhibir y sancionar actos de corrupción y a que las oportunidades de ser proveedores de estas empresas, sean accesibles, equitativas y no queden sólo en manos de unos cuantos. También contribuirá a que sólo quienes ofrezcan la mejor calidad al menor precio obtengan los contratos cuidando el patrimonio público.
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