Senado de la República

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a las y los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones a una reunión de trabajo con la finalidad de definir con claridad la metodología y alcances del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre y la definición de mecanismos para evitar el uso electoral del mismo.
En el documento, la legisladora perredista planteó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe de manera completa y detallada las causas por las que se decidió repartir televisores en lugar de decodificadores para atender la Política de Transición a la Televisión Digital Terrestre, que comprenda un análisis económico detallado de ambas opciones.
Padierna Luna recordó que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica dispuso, en su artículo Quinto Transitorio que la transición digital terrestre culmine el 31 de diciembre de 2015 e instruyó a Los Poderes de la Unión a “promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios.”
"Cabe advertir del contenido del Programa que, el 30.7% de los televisores serán entregados en enero de 2015, en pleno inicio del proceso electoral federal. Los municipios y delegaciones contempladas, permiten advertir un uso electoral de los mismos, toda vez que se realizará primordialmente en Entidades gobernadas por la oposición como son el Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla. Es por ello que no resulta clara la manera en que dichos televisores no serán usados de manera clientelar o electorero", advirtió.
A consideración de la legisladora perredista el reparto de televisores no sólo es controversial por el momento en que se realiza, sino por el costo de representan. Lo anterior en razón de que la SCT argumenta en el citado Plan que es más barato el reparto de televisores, aun costo promedio de $2,000 que los decodificadores usados en Tijuana a un costo de $800 cada uno. Sin que la lógica matemática nos permita entender lo anterior. Por si fuera poco, afirman que dar televisores, en lugar de los decodificadores, reducirá en 60% el consumo de electricidad. Y, además, señalan sin demostrar cómo ocurriría, que por este cambio de televisor analógico a digital, “las familias tendrán ahorros económicos anuales “del orden de 1,638 millones de pesos al año y el gobierno federal dejará de erogar al año 3 ,276 millones de pesos por conceptos de subsidios, son anuncios falsos para que la gente crea, pero lo que hay detrás es el millonario negocio de la SCT en compra de televisores"
La senadora cuestionó que el programa de compra de televisores iniciara sin un estudio previo, y con un costo de entre 11 mil y 26 mil millones de pesos, según las declaraciones del Subsecretario de Comunicaciones. Es más, se compraron 120 mil televisores antes de que existiera el Programa, mismas que se destinarían a Nuevo Laredo y Reynosa, aunque todavía no han sido repartidas, por el retraso en el “apagón analógico” resuelto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
"Parece que la adquisición de millones de televisores con cuenta al presupuesto público será un gran negocio para unas cuantas personas, además de un claro acto electorero. Lo anterior se confirma al quitar al Instituto la facultad de operar el reparto de televisores o decodificadores y pasárselos a la SCT y a la Sedesol", abundó.
Aún más -dijo-, el Programa contempla el reparto de televisores digitales por “huellas de cobertura” y no por ciudades, como lo contempla el Acuerdo del Instituto, lo cual puede resultar como un incumplimiento de las disposiciones de la autoridad en materia de telecomunicaciones, o más aún la confirmación de la postura de debilitar al mismo, contenida en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones del Ejecutivo y que se encuentra actualmente en discusión en el Senado.
La senadora propuso que sea el IFT el que lleve a cabo el programa tal como lo marca la Constitución y que la SCT se abstenga de repartir televisiones en forma electorera y oportunista con cargo al erario público
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