Las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos analizarán una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, a fin de que se establezca una evaluación psicosocial de niños y adolescentes para la detección de posibles señales de violencia que afecten su desarrollo escolar, entre otros.
Lo anterior a propuesta de la senadora Marcela Guerra Castillo, quien planteó reformas a los artículos 7, 8, 50, 69 y 70 y adiciona el 60 BIS a la Ley General de Educación. en materia de participación infantil y detección de factores de riesgo psicosocial.
En sus argumentos, la legisladora priísta apuntó que el derecho de la educación no sólo abarca el acceso a la enseñanza sino además la obligación de eliminar la discriminación en todos los planos del sistema educativo, así como establecer normas mínimas y mejorar la calidad.
“Sin embargo –sostuvo-, las reformas que fueron impulsadas bajo este contexto (en 1992) sólo fueron de carácter enunciativo, pues no establecieron mecanismos efectivos para garantizar los derechos humanos dentro del sector educativo”.
Ante ello, expuso que uno de los principales objetivos de la iniciativa en mención es la detección de factores de riesgo psicosociales, a efecto de que se erradiquen todas las formas de violencia contra menores y se establezcan mecanismos eficaces para denunciar estos casos.
Con tal propósito, planteó en particular una reforma al artículo 50 para quedar como sigue: “A la par de la evaluación de conocimientos, la autoridad educativa realizará a cada educando una evaluación psicosocial, encaminada a determinar las condiciones sociales, emocional y psicológicas de cada educando”.
En el mismo se dispone que, en caso de detectarse un factor de violencia, la autoridad educativa tiene la obligación de informar al educando, padre, madre o tutor.
Además, la autoridad educativa canalizará y orientará al educando a instituciones de atención psicológica o social que puedan brindarle tratamiento para la atención, cesación y erradicación del origen de riesgos y la restitución plenos de sus derechos.
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