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En el marco de la comparecencia de la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, Gobernación y Justicia, fuerzas políticas representadas en el Senado coincidieron en reforzar los mecanismos que garanticen la transparencia e impidan el uso electoral de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Al fijar sus posicionamientos respecto al actuar de Robles Berlanga al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, PRD, PT y PAN manifestaron su rechazo al uso electoral de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en tanto que el PRI y PVEM destacaron las bondades de este programa.
En representación del PRD, el senador Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que la Cruzada Nacional Contra el Hambre es un programa con un altísimo “contenido electorero” y con “una política focalizada que no forma parte de un cuerpo de derechos y garantías, sino de programas sociales con alto contenido clientelar y corporativo, que busca el control de los pobres y no de la pobreza”.
Hizo notar que la operación de ese programa no está a cargo de especialistas en combate a la pobreza sino “de operadores políticos del PRI que tienen una vasta experiencia en medrar con la pobreza de los mexicanos”.
Asimismo, señaló que no será la inversión privada quien vaya a resolver el problema del hambre, pues “la lógica del mercado es la acumulación y no el combate a la desigualdad”.
En este sentido, consideró que el derecho a la alimentación no puede estar sujeto a ningún regateo o manipulación política, por lo que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos.
Para el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción son indispensables en cualquier gobierno democrático, por lo que condenó “cualquier presunto acto delictivo o de corrupción que pudo haber existido” en esa dependencia.
Reconoció que la Sedesol ha hecho un “esfuerzo muy importante” en implementar y difundir medidas preventivas para evitar cualquier uso ilícito de los recursos que se entregan mediante los programa sociales, pero, acotó, “algo falló´”.
Ante esta situación, propuso que la dependencia pida ayuda a organizaciones de la sociedad civil, expertos y de legisladores, a fin de aplicar acciones preventivas y que lo ocurrido en Veracruz no vuelva a suceder.
“Vale la pena incluir a sociedades civiles y representantes de partidos para evitar que vuelva a suceder”, apuntó.
Por el grupo parlamentario del PT, el senador David Monreal Ávila lamentó que la administración actual pretenda “erradicar el hambre y la pobreza --que ellos mismos crearon décadas atrás-- a través de la compra de votos”.
A poco más de cuatro meses de haber iniciado la nueva administración --agregó-- la Secretaría de Desarrollo Social ya se vio involucrada en dos casos “extremadamente polémicos”.
Desde que se dio a conocer la lista de municipios contemplados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, enfatizó, se generaron dudas e incertidumbre, además se percibió un sesgo partidista y parcial en este programa, pues en más de la mitad de ellos habrá elecciones locales este año.
Por ello, insistió, es imprescindible se clarifique qué es la Cruzada, pues la selección de municipios no contempla a una elevada población que vive en pobreza extrema y que se encuentra dispersa en otras zonas del país.
En otro tenor, a nombre del PRI, el senador Manuel Cavazos Lerma expresó que tanto en el Congreso como el gobierno federal coinciden en construir un México próspero, seguro e incluyente, que disminuya la pobreza y la desigualdad.
Por ello, sostuvo, “estamos de acuerdo en que no se perviertan, distorsionen o mal usen cualquiera de las acciones públicas que buscan lograr estos objetivos, especialmente los programas sociales orientados a ayudar a los que menos tienen”.
En este sentido, se pronunció porque “el marco de la ley se investigue a los que ayer, hoy o mañana utilicen los programas sociales con propósitos electorales”.
Además, exhortó a los partidos políticos, poderes y órdenes de gobierno para que juntos, mediante un diálogo constructivo, “blindemos todos los programas públicos” de la “tentación de usarlos con propósitos electorales, sectarios o particulares”, porque estamos a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la legalidad y el combate a la impunidad.
En representación del PAN, la legisladora Adriana Dávila Fernández apuntó que el problema de la pobreza es profundo pues la padecen grandes grupos en municipios, zonas y regiones donde hay estructuras de gobiernos locales, “lamentablemente avalados por el Gobierno Federal”, que no buscan beneficiar a los más pobres y lo que más les interesa es ganar una elección, como sea”.
Se pronunció porque este fenómeno social sea tratado de manera integral “y no con un plan temporal electoral”, como lo hace el Gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
Los recientes hechos registrados en Veracruz, agregó, demuestran “cual falso es el discurso federal y de su Secretaría. Ni quieren combatir el hambre ni quiere ayudar a los pobres, lo que quieren es ganar las elecciones de 2013”.
Afirmó que al hablar del lucro con la pobreza es detectar actitudes para un fin específico “que no es otro que la continuidad electoral y eso por desgracia involucra muchos recursos humanos e instituciones que no cumplen con la misión asignada y se convierten, de manera voluntaria, en participes de la delincuencia electoral organizada”.
En respuesta, Rosario Robles manifestó que se trata de fortalecer a las instituciones para combatir el hambre y pobreza, por lo que “es absolutamente falso” que sólo se busquen destinar recursos “como si fueran migajas”.
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