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El grupo parlamentario del PAN en el Senado presentó una iniciativa de reformas a la Constitución, a fin de crear el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
Esta propuesta “integral” busca prevenir, detectar, investigar y sancionar todo acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos que deben observarse en el desempeño de un empleo, cargo o comisión públicos.
Plantea la división del ejercicio de la acción penal, compartida por el ministerio público y una Fiscalía General de Combate a la Corrupción, y que no se considere confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito y demás delitos en la materia.
Además, faculta al Congreso a expedir una Ley General de Combate a la Corrupción y establecer el Registro de Servidores Públicos y su Patrimonio.
La Federación, el Distrito Federal y sus órganos político administrativos, los estados y los municipios se prestarán mutuamente “la más amplia asistencia posible” en la identificación, rastreo, aseguramiento y, en su caso, el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de actos de corrupción, se subraya en el texto.
También sugiere crear una Comisión Nacional de Combate a la Corrupción como órgano autónomo con capacidad de fiscalizar los recursos públicos, sin invadir facultades de la Auditoría Superior de la Federación, así como investigar y sancionar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares.
Se deja en claro que la Fiscalía General, la Comisión Nacional, así como sus homólogas locales, podrán interponer acciones de inconstitucionalidad sobre leyes federales, estatales y del Distrito Federal y tratados internacionales, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la tribuna, la senadora María del Pilar Ortega Martínez hizo notar que “estamos convencidos de que el desempeño en el servicio público debe invariablemente conducirse bajo una dimensión de carácter ético y profesional, basado en la cultura de la transparencia, adecuada rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos”.
Al precisar los alcances de la iniciativa, aseguró que ésta pretende construir un instrumento normativo “potente” en el combate a la corrupción, fortalecer los principios éticos de la función pública, prevenir y combatir eficazmente los fenómenos delictivos inherentes y afirmar el respeto a la legalidad como eje central del quehacer público.
Mencionó que de acuerdo al último informe del Índice de Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el lugar número 100 del índice de corrupción.
Por ello, agregó, la prevención y el combate a estas prácticas constituyen un aspecto de interés nacional que debe estar latente de manera permanente en la agenda pública, para la búsqueda de soluciones integrales que abonen en la erradicación de esta problemática que desafortunadamente está presente en los órdenes de gobierno.
La iniciativa que reforma diversos artículos de la Carta Magna y suscrita además por los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega Casillas, con el aval del grupo parlamentario del PAN, fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera.
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