Senado de la República

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En la comparecencia del secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, senadores del PAN, PRD y PT manifestaron su preocupación porque la Cruzada Nacional contra el Hambre tenga propósitos electorales.
El funcionario se reunió con las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Social para dar a conocer la opinión técnica de la estrategia anunciada por el Ejecutivo federal, así como el diagnóstico sobre la selección de los 400 municipios en los que se implementará y los mecanismos que se deberían de aplicar para que su impacto  sea correctamente evaluado.
Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora consideró que lo que debe de llamar la atención de los legisladores es apoyar a las 7.4 millones de personas que se encuentran en pobreza extrema y alimentaria y no juzgar a la Cruzada desde una “óptica electoral”.
Dijo que este mecanismo es el primer paso para reducir los índices de pobreza “y lo peor que les puede pasar a los programas sociales” es que se partidice no sólo su implementación sino las opiniones sobre ella.
Ríos de la Mora enfatizó que la evaluación de esta medida “tiene que ser con datos duros” y en este momento no se podría hablar de resultados, pues es “algo que acaba de nacer”.
Destacó que de los 7.4 millones de personas que se pretende atender, 3.7 millones habitan en zonas urbanas y 3.6 en rurales, por lo que se atiende a ambos sectores en igualdad de circunstancias.
Sin embargo, el senador Luis Fernando Salazar Fernández, de Acción Nacional, expresó que “existen sospechas fundadas de que el plan del Gobierno Federal se enfoca en las ciudades que serán las más disputadas de los comicios que se llevarán a cabo el próximo 7 de julio en 14 entidades federativas”.
Si bien es cierto que aún no ha llegado el tiempo para evaluar este programa, afirmó, “tenemos el conocimiento puntual de que hay algunos municipios que no cumplen con ninguna de las cualidades o las características que el propio programa establece en su decreto”.
Agregó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social no se puede deslindar de las comunidades escogidas por la Secretaría de Desarrollo Social en la Cruzada contra el Hambre, ya que las personas o grupos en situación de pobreza que identifique la Sedesol deberán sujetarse a los lineamientos y criterios para definir e identificar la medición de la pobreza que haga la propia dependencia.
Para la senadora perredista Lorena Cuéllar Cisneros existe “una distribución política de los municipios”, pues “llama la atención que si hacemos de lado los de usos y costumbres de Oaxaca, el 73 por ciento son gobernados por el PRI o sus aliados, el Partido Verde y Nueva Alianza”.
“Así como resulta ingenuo argumentar que no existe intencionalidad político-electoral alguna, es inocente creer que sus autores reconocerán alguna vez que efectivamente existe tal propósito”, expresó.
Consideró que de no corregirse la política macroeconómica, la Cruzada Nacional contra el Hambre “no podrá ser otra cosa que una política asistencial”, por lo que es necesario recuperar la rectoría del Estado para regular el mercado desde una estrategia de responsabilidad y derechos sociales en beneficio de todos y no sólo de unos cuantos mexicanos.
Por el PT, la senadora Martha Palafox Gutiérrez cuestionó al funcionario cómo se organizarán las secretarías involucradas para implementar un programa que no sea “populista y electorero”, pues no debe tratarse de eso.
Manifestó que “de lo que tenemos hambre es de que ya haya políticas claras, eficientes, transparentes, equitativas y justas” que permitan atender a la gente que se encuentra en situación de pobreza.
En la ronda de preguntas, el senador priista Patricio Martínez García advirtió que el Consejo Nacional de Evaluación proporcionó un diagnóstico contundente en la materia, pero no da seguimiento para resolver el problema.
A su vez, la también senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa manifestó su preocupación porque “se descubra la zona rural”, pues en México la dispersión poblacional sigue siendo un problema y se dificulta el acceso a servicios educativos y de salud.
En opinión del senador Armando Ríos Piter, del PRD,  “lo único que estamos revisando es cómo se van a volver a mal llamar programas que tienen un gran complicación de coordinación interinstitucional porque no tienes las mismas reglas de operación ni se aplican en la misma ventanilla”.
En respuesta, Hernández Licona reiteró que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia encargada de diseñar la estrategia y los programas, así como de elegir a los municipios donde se implementará.
Coincidió en que el crecimiento económico, la creación de empleos y el aumento sostenido de los salarios son elementos fundamentales en la política social.
Informó que de los 400 municipios que eligió la Sedesol para implementar la Cruzada, 16 no cumplen con los indicadores que estableció dicha dependencia, entre ellos, San Pablo del Monte, El Carmen y Tequexquitla, en Tlaxcala; Cuernavaca, Morelos; Escárcega, Campeche; Olinalá, Florencio Villarreal  y Copala en Guerrero; San Bartolo y Tutotepec, en Hidalgo; así como Ixtapan del Oro en el Estado de México; Oaxaca de Juárez y San Juan del Río en Querétaro.
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