Senado de la República

DISCURSO INICIAL DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG AL PRESENTAR EL PROGRAMA DE POLÍTICA CRIMINAL DEL GOBIERNO FEDERAL ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
My buenas tardes a todos
Senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación
Senador Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Pública
Senadoras y senadores
Con gusto saludarles a los medios de comunicación
Destaco que este encuentro, el primero que se realiza en el marco de la reforma al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se da en el marco de lo que ustedes aprobaron.
La política criminal que hoy vengo a exponer, se inscribe en la política pública de seguridad y procuración de justicia que nos instruyó el presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto desde los primeros días de esta administración.
El 17 de diciembre de 2012, en el marco de la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se realizó un análisis y diagnóstico de las condiciones que enfrentaba el país en la materia, ahí en el seno de la Comisión.
En su siguiente sesión ordinaria, celebrada el 27 de agosto de este año, presenté al titular del Ejecutivo los ejes acordados con las dependencias del Gobierno de la República que garantizan la congruencia de las acciones para lograr la reducción de la violencia, el combate a los delitos y la construcción de la paz en nuestro país.
Se trata de una política que es de Estado, no sólo de un gobierno; su planeación es realista, pues parte de la evaluación de las necesidades del momento que vivimos y es plural, pues escucha ideas y propuestas para abordar el fenómeno de la delincuencia desde una perspectiva multidisciplinaria; es prospectiva pues tiene una visión de largo plazo; es democrática pues apoya los esfuerzos de la sociedad civil organizada y considera particularidades de cada grupo social.
Recoge las discusiones y las propuestas de los tres órdenes de gobierno, que se expresan en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como en sus conferencias nacionales de procuración de justicia, del sistema penitenciario, de seguridad pública municipal y de secretarios de Seguridad Pública.
La política de seguridad y de procuración de justicia del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es incluyente e integral, atiende la prevención del delito, la investigación de los actos delictivos, la persecución de los criminales y la procuración de justicia.
Desde su concepción tiene como ejes estratégicos el fortalecimiento de la legalidad, el respeto y la protección de los derechos humanos, el combate a la corrupción, así como un clima de confianza a las instituciones y una sólida alianza entre las autoridades y su ciudadanía.
Para ello, en el Gobierno de la República concretamos un cambio sustantivo en el enfoque de la política criminal, al pasar de uno policial, basado en el combate, a uno de seguridad ciudadana, que pone a las personas en el centro de la política pública, al tiempo que cumplimos con nuestra responsabilidad de brindar protección en todo el territorio. Así lo hacemos en todo el país, particularmente en aquellos estados y municipios que enfrentan momentos complejos de seguridad actuando con decisión, contundencia e inteligencia.
Al enfocarnos en la seguridad de los ciudadanos, cumplimos también con uno de los ejes transversales para este Gobierno: garantizar el pleno respeto y protección de los derechos humanos, esto incluye la atención a las víctimas de delitos, quienes son una prioridad de la nueva política.
La coordinación y la confianza entre todos los órdenes y niveles de gobierno son primordiales, eje de un trabajo conjunto sin reclamos y en el que acordamos avanzar viendo hacia adelante.
En este sentido, resulta fundamental la articulación de las tareas policiales, el desarrollo de políticas de prevención del delito, la transformación del sistema penitenciario y de readaptación social, el fortalecimiento de las instituciones de justicia, así como el manejo oportuno de la información.
Para hacer frente a la criminalidad, la participación de la ciudadanía se orienta a la denuncia, a la organización vecinal, a la recuperación de los espacios públicos y la reconstrucción del tejido social que son indispensables.
También lo es la suma de experiencias, propuestas, el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad en el diseño, instrumentación y la evaluación de las políticas públicas.
Para ello, hemos establecido indicadores claros en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y lo estará en los planes sectoriales y especiales de todas las dependencias del Gobierno de la República y, por primera vez, serán públicos y transparentes para que los mexicanos tengan conocimiento de lo que sucede en el país en materia de seguridad a partir de datos fidedignos.
Señoras y señores senadores, hoy la política criminal es un medio más que un fin en sí mismo. Es el camino para fortalecer la gobernabilidad y la convivencia democrática, en una sociedad de derechos a partir de 10 aspectos fundamentales que detallo a continuación:
Prevención
El Gobierno de la República tiene claro que la prevención es la mejor ruta para mejorar nuestro entorno social y poder así disminuir la violencia y la delincuencia en el país. Se trata de atender de manera integral las diversas causas y factores de riesgo que generan la violencia y la delincuencia, a través de acciones orientadas a reducir las condiciones de rezago social, reactivar la economía y fortalecer la cohesión de las comunidades que han sido afectadas por la violencia.
Con tal propósito se creó el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. El programa tiene un enfoque transversal focalizado que prioriza territorios y grupos poblaciones que por su exposición al riesgo son más vulnerables a la violencia, como las mujeres, la juventud y la infancia.
Incorpora acciones de alcance nacional, entre las que se destacan prevención de la violencia en el entorno escolar, prevención de adicciones, prevención de la violencia familiar, de género y en el noviazgo; de detección y atención temprana de problemas de aprendizaje y conductuales.
Para coordinar la ejecución de estas acciones, así como alinear las distintas políticas públicas en la materia, se instaló la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en la que participan 9 secretarías en 85 programas federales, que representan más de 118 mil millones de pesos.
En estos meses, hemos trabajado de manera focalizada y coordinada en la recuperación y apropiación de espacios públicos, promoción de proyectos productivos, reactivación económica, generación de empleos, fomento de la convivencia escolar, promoción del deporte y la cultura como medios para el desarrollo de estilos de vida saludable e impulso de una cultura de la legalidad que favorezca la confianza ciudadana en las instituciones, esto lo hacemos en 57 demarcaciones prioritarias de las 32 entidades federativas, lo hicimos junto con los gobiernos de los estados, la determinación y los factores se pusieron en la mesa para que los conocieran, que comprenden 80 municipios, dos delegaciones y mil 168 colonias beneficiando a casi cuatro millones de habitantes.
La participación proactiva de la sociedad es indispensable para lograr el objetivo de construir la seguridad y la tranquilidad, pues son precisamente los ciudadanos el centro de todos estos esfuerzos, por ello, estamos incorporando a las comunidades en la búsqueda de soluciones a los problemas, ya que son éstas quienes conocen mejor sus contextos y realidades.
Justicia eficaz
Es indispensable con un Estado de hecho sólido y eficaz, donde la ley se cumpla sin excepciones ni demoras, por ello, el Gobierno de la República trabaja de manera decidida en el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia.
Por un lado, la Procuraduría General de la República se encuentra en un proceso de reestructura y reorganización con objetivos y líneas de acción definidas, que le permitan contar con las capacidades para reducir la impunidad y perseguir el delito. Entre otros aspectos se trabaja en la especialización y profesionalización de sus servidores públicos, en un nuevo esquema de operación y despliegue de las delegaciones de la Procuraduría, en el fortalecimiento de la inteligencia y el rediseño de protocolos y procedimientos con énfasis en el respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, es necesario materializar el nuevo modelo de justicia penal acusatorio y adversarial previsto en nuestra Carta Magna. Uno de los primeros logros para cumplir con este propósito fue la reciente reforma constitucional que facultará al Congreso para expedir un código único de procedimientos penales, ello permitirá la aplicación homogénea de criterios judiciales para generar mayores condiciones de certeza y seguridad jurídica en las tareas de procuración y administración de justicia.
Respecto de la implementación del nuevo modelo, se han logrado avances importantes gracias a las acciones que se llevan a cabo por la…, en coordinación con la Procuraduría General de la República y otras dependencias del Gobierno Federal, estatal y del DF para este fin.
Al día de hoy, señoras y señores senadores, en 16 entidades se opera el nuevo sistema. En tres de manera total y en 13 de forma parcial.
A fines del año 2013, en 18 entidades operará el nuevo sistema de justicia penal. Se espera que en el año 2016 opere en las 32 entidades federativas.
Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad
Los policías son el vínculo más importante que existe entre el Estado y la población en materia de seguridad, para fortalecer ese vínculo y tener los resultados que demanda la ciudadanía, debemos contar con cuerpos más profesionales, con mejor entrenamiento y mayores capacidades, por tal motivo, el Gobierno de la República trabaja en una estrategia integral que contemplan la formación, capacitación, adiestramiento y entrenamiento mediante un nuevo modelo de formación policial, la creación de cinco academias regionales y un centro nacional de formación de mandos que el pasado 18 de octubre anunciamos públicamente que será instalado en el estado de Puebla, salarios, certeza de carrera y prestaciones sociales, equipo y tecnología para llevar a cabo su trabajo con eficacia, protección y menor riesgo para los policías.
Otro aspecto fundamental es la evaluación y certificación de los cuerpos de seguridad, al respecto les informo que las dependencias federales de seguridad pública reportan un 99 por ciento de avance, es decir, han evaluado a 75 mil 714 funcionados federales. En el ámbito estatal, el avance es del 77 por ciento.
Como los números lo muestran, las entidades han tenido dificultades para completar la certificación de sus elementos, esto se debe principalmente al tipo de evaluaciones que se practican y la rotación del personal, principalmente a nivel municipal. Para atender esta situación, se desarrolla un esquema de evaluación focalizado, a fin de diferenciar el tipo de evaluación con base en las funciones del puesto y que tome en cuenta las diversas problemáticas que enfrentan las entidades.
La meta es invariable: contar con policías al servicio de la ciudadanía, con las capacidades para enfrentar el crimen y con una formación ética y disciplinaria que les impida corromperse.
Transformación del sistema penitenciario
Un eje fundamental es la transformación del sistema de nuestro país. Por ello el Gobierno de la República impulsa una política integral que, por un lado, fomente la reinserción social de los internos al concluir su sentencia y, por otro lado, dote al Estado de herramientas para prevenir y atender fenómenos de sobrepoblación que tenemos -y grave, en algunos casos- y autogobierno en los centros penitenciarios.
En este sentido, se han realizado diversas acciones entre las que destaco la profesionalización y especialización del personal mediante la elaboración del programa de capacitación de personal penitenciario, la implementación de políticas de respeto a los derechos humanos, la mejora de instalaciones y el fortalecimiento de programas de trabajo, educación, deporte y salud.
Adicionalmente, se trabaja en la operación de un nuevo centro federal en Oaxaca, se está revisando el lugar donde ha sido construido; la construcción de dos penales más, en Durango y Chiapas que entrarán en operación próximamente y la implementación de un nuevo modelo de libertad vigilada mediante unidades de transición a la comunidad y de vigilancia.
Hoy, senadoras, senadores, estamos trabajando con los gobiernos de los estados porque creemos que el déficit, el problema más grave, lo tenemos ahí en las entidades y, por ello, tenemos que respaldar desde el ámbito federal para su fortalecimiento.
Como parte del nuevo modelo penal, se impulsa la implementación de figuras de solución alternativa, con el fin de resolver conflictos penales, evitar costos humanos y materiales, así como en última instancia, descongestionar los centros penitenciarios.
Promoción y articulación de la participación ciudadana
Para este Gobierno es fundamental contar con mecanismos de participación ciudadana que abran espacios de diálogo y que permitan enriquecer las políticas públicas en materia de seguridad.
En específico, se busca encauzarla por medio de tres rutas: la participación ciudadana orientada hacia la denuncia, promoviendo la denuncia ciudadana como un pilar fundamental en la obtención de información por parte de las instituciones de gobierno; la participación ciudadana orientada hacia la organización de comités vecinales, con el objetivo de coadyuvar en el diagnóstico de las necesidades de sus localidades, así como de contar con mecanismos que vinculen a los ciudadanos con los cuerpos de seguridad y procuración de justicia y la participación ciudadana orientada a proyectos de servicio social y de reconstrucción del tejido social, promoviendo el involucramiento de los ciudadanos en tareas que beneficien a sus propias comunidades.
Por otro lado, la sociedad ha tenido una participación activa en diversas instancias. Se conformaron cuatro mesas de trabajo con organizaciones civiles, con quienes hemos realizado 15 reuniones para atender sus inquietudes y propuestas. Más de 350 organizaciones de la sociedad civil y 75 universidades han contribuido en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Para la definición de la Gendarmería se sostuvieron diálogos con expertos y organizaciones ciudadanas, quienes ayudaron a perfeccionar el proyecto. Se integraron cinco representantes ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad Pública y seguiremos motivando la participación como lo hacemos en los temas de difusión del Gobierno de la República en la que, junto con ellos, se pueden ver los datos y validar la información.
Cooperación internacional
Hoy, las agendas naciones e internacionales de los Estados se han transformado para encontrar soluciones a sus problemáticas y necesidades a través de respuestas globales. Es por eso que el Gobierno de la República ha intensificado la relación con otros países, particularmente con los de nuestra región, con el fin de establecer estrategias de cooperación mutua para atender retos comunes en materia de seguridad.
Entre otro, hemos avanzado en los siguientes aspectos: se definió un nuevo esquema de cooperación en el que la Segob es el conducto único para la comunicación entre las diferentes dependencias de México y la comunidad internacional -si gustan, más adelante les explicaré el protocolo-; hemos fortalecido los esquemas y mecanismos de cooperación con nuestros vecinos del sur para garantizar una mayor seguridad en la zona; se reorientó la relación con Estados Unidos para buscar congruencia con las directrices de esta política que he venido señalando.
Información que sirva al ciudadano
En toda la sociedad democrática, la comunicación, información y transparencia son principios fundamentales. Con la convicción de que el Gobierno de la República tiene la responsabilidad de informar de manera oportuna y veraz, la comunicación está orientada hacia tres lineamientos generales: información útil para el ciudadano. En coordinación con académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil trabajamos en la revisión permanente de indicadores y metodologías que permitan conocer información precisa sobre seguridad pública.
Comunicación que respeta los derechos humanos. El Gobierno de la República trabaja en estrecha coordinación con los gobiernos estatales y con expertos en la materia en la elaboración y perfeccionamiento de protocolos que garanticen los objetivos de informar, respetando los derechos humanos y la presunción de inocencia.
La comunicación social orientada a que los ciudadanos se involucren en la estrategia. En este rubro, se inscriben los programas de difusión para la denuncia anónima, los de prevención de delito, los de la vinculación ciudadano-policía, las convocatorias para reclutamiento de policías, entre otros.
En este sentido, resalto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difunde mensualmente los índices delictivos enviados por las instituciones de procuración de justicia del país, las cuales se revisan en coordinación con expertos y miembros de organizaciones de la sociedad civil. A la fecha se han celebrado 12 reuniones con este propósito.
Coordinación entre autoridades
Reducir la violencia y recuperar la tranquilidad de los mexicanos requiere de responsabilidad compartida de todas las instituciones y órdenes de gobierno que se traduzca en una coordinación efectiva. Para ello, se estableció un sistema de coordinación y cooperación conducido por esta Secretaría que promueve el orden, la confianza, las responsabilidades y las competencias claras.
Este principio de coordinación se ve reflejado en las siguientes acciones: la organización hacia el interior del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, en el cual la Secretaría de Gobernación ha asumido la responsabilidad de la seguridad pública del país y la coordinación de las autoridades involucradas en la materia; las reuniones mensuales del gabinete de seguridad del Gobierno de la República con todos y cada uno de los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; las reuniones semanales de los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal con los delegados de las autoridades federales del gabinete de seguridad en las 32 entidades federativas.
Regionalización
Así como cada región del país tiene características geográficas, étnicas, económicas, culturales y sociales diferentes, cada una de ellas tiene dinámicas delictivas distintas que presentan retos y necesidades particulares. En este sentido, la seguridad pública del país demanda soluciones a la medida de cada región.
Con el propósito de coordinar los operativos, estrategias y acciones en materia de seguridad, el consenso de los gobiernos estatales y del gobierno del Distrito Federal, en su consenso, el territorio nacional se dividió en cinco regiones operativas -están en el mapa que les presentamos-: la zona noroeste, noreste, la occidente, el centro y el sur-sureste.
Los responsables de las áreas de seguridad y procuración de justicia del Gobierno de la República acudimos permanentemente a cada una de ellas para analizar y atender junto con las autoridades estatales las problemáticas específicas que se viven en las regiones del país. Ello nos permite evaluar acciones de manera constante y ajustar la estrategia para lograr mayores resultados. A la fecha, se han llevado a cabo 23 reuniones regionales y 5 especiales.
Fortalecimiento de la inteligencia
Privilegiar el uso graduado de la fuerza con base en inteligencia policial es fundamental para reducir la violencia y la impunidad. El procesamiento de información y su utilización sistematizada constituyen un factor determinante para hacer más eficiente las acciones del Estado en el combate a la delincuencia.
En este aspecto, el Gobierno de la República trabaja en las siguientes acciones: el mejoramiento sustancial de las capacidades para procesar datos susceptibles de convertirse en inteligencia policial para la toma de decisiones; la mejora constante de las plataformas tecnológicas que permitan intercambio seguro de inteligencia entre instituciones federales, de gobiernos estatales y del Distrito Federal; el empleo de inteligencia financiera en el entorno de procuración de justicia con el propósito de neutralizar la capacidad económica de los delincuentes; la coordinación de tareas operativas de las instituciones del Estado Mexicano, con el propósito de optimizar todos los recursos financieros, humanos y materiales destinados a cumplir con dichas tareas y potencializar las capacidades de todos.
Un mecanismo fundamental para este propósito es la fusión de inteligencia que promueve la creación de conocimiento nuevo y útil con la aportación de diversas dependencias.
Como parte de la estrategia, se establecerá un centro en cada una de las cinco regiones, hemos avanzado en dos de ellos. Se cuenta, el avance en estos dos son en las zonas región centro y sureste y se avanza en la puesta en marcha de los tres restantes.
Hacer frente al crimen es una demanda legítima de la sociedad. Es también senadoras, senadores, una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano.
La política criminal que estamos instrumentando se enfoca más en la seguridad de las personas que en las estadísticas, pues las acciones tienen como propósito central devolver la tranquilidad a los ciudadanos y sus familias.
Las labores derivadas de la política pública de seguridad y procuración de justicia han sido consecuencia de un plan claro con metas y objetivos compartidos. Todas nuestras tareas las hemos llevado a cabo con estricto apego a los derechos humanos y a nuestro marco legal.
Sabemos que no puede haber una política criminal efectiva si no tenemos leyes adecuadas y un Estado de Derecho que las haga valer. Somos un gobierno consciente de que ninguna política pública tiene éxito si se diseña de manera unilateral.
Hemos partido de escuchar a los ciudadanos y de tomar consideración a todas las voces, por ello la importancia de estos encuentros.
Recordemos también que ningún gobierno puede actuar con eficacia si le falta acompañamiento ciudadano. Por ello, en un ánimo decidido de hacerle frente al futuro, hemos decidido, hemos defendido el camino de escuchar todas las ideas y actuar con la razón, con la experiencia de lo que ha dado resultado, modificando estrategias y acciones para atender rezagos e insuficiencias.
Esta tarea es de todos.
El Gobierno de la República ha honrado su palabra, la ha honrado, de no mezclar cuestiones políticas con temas de seguridad. Existe trabajo conjunto entre gobernadores y autoridades federales, pues nada está por encima de la tranquilidad y la seguridad de las familias. Existe, senadoras y senadores, confianza entre los diferentes órdenes de gobierno.
Fortalezcamos y reconozcamos los avances y los planteamientos serios derivados de diagnósticos claros, hagámoslo con entrega y sin regateos. Que no sean los impulsos los que nos lleven a tomar decisiones, que sea el ánimo objetivo el que nos lleve a tener éxito.
Señoras senadoras, senadores, la política criminal de este gobierno se orienta a fortalecer las instituciones, el tejido social y la convivencia, así como promover el desarrollo del país en todas sus reuniones.
Nuestro compromiso es derribar cualquier obstáculo que frene el bienestar o ponga en riesgo los procesos de afirmación ciudadana. La seguridad pública debe estar al servicio de todos para generar oportunidades de desarrollo y crecimiento.
Por su atención, senadoras, senadores, muchas gracias. Estoy a sus órdenes.
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