26 de febrero de 2013
Versión de la conferencia de prensa ofrecida por los senadores Roberto Gil Zuarth y Héctor Larios Córdova, durante la sesión ordinaria del Senado de la República
Senador Roberto Gil Zuarth (RGZ): Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En respuesta a lo informado por la Secretaría de Gobernación hace un momento en conferencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional formula los siguientes comentarios:
La Secretaría de Gobernación ha precisado con toda claridad que la base de datos a la que aludió en días pasados integra registros de personas no localizadas a partir de información entregada por las procuradurías estatales. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia se trata de una base de datos que integre o concentre casos de desapariciones forzadas.
Esa base de datos no aporta, bajo ninguna modalidad, una cifra oficial de personas desaparecidas, sino que únicamente se trata de registros, insisto, de personas no localizadas. La diferencia es fundamental, dado que las circunstancias y los participantes en términos de la ley y los tratados internacionales, son diametralmente diferentes.
La Secretaría de Gobernación ha confirmado también que las dudas sobre la metodología, así como sobre las fuentes originarias de la información, no permiten otorgar a esa lista o base de datos, carácter oficial alguno, sino que debe depurarse y, sobre todo, completarse con base en otros listados y registros oficiales. También, la dependencia ha aclarado que en esa supuesta lista existen registros de personas no localizadas anteriores al inicio de la administración del presidente Calderón que concentra datos sobre averiguaciones previas que son competencia de las autoridades locales y que en muchos casos es posible que las personas hubieran sido ya localizadas.
Acción Nacional mantiene su insistencia de que con total transparencia y rigor, la Secretaría de Gobernación haga pública la información sobre personas no localizadas y actúe en el ámbito de sus competencias para depurar los registros oficiales, tal y como lo mandata la Ley General de Víctimas, tal y como lo mandatan otras leyes vigentes y tal como es el derecho de los familiares de las víctimas.
Estamos a sus órdenes.
Pregunta (P): Gracias, Senador. ¿Entonces sigue este, digamos, juego de cifras o circo de cifras que trae el gobierno con algunas ONG´s? Y preguntarle también, Senador, si de alguna manera ¿esta confrontación que se está generando ahora entre Lía Limón y las declaraciones de ustedes mismos de hace unos días ―en fin, este lleva y trae― no evade también un poco la responsabilidad, Senador, se lo pregunto, que tuvieron ustedes como parte de la Secretaría de Gobernación de, bueno, pues haber tenido este listado?, porque finalmente aquí de lo que se habla es de que hay una falta de información.
Mucha gente fue a dar a la fosa común, por ejemplo, se le enterró sin saber ni quién era. Entonces, todo esto habla también de una irresponsabilidad del gobierno anterior; desde luego, también de un manejo también muy desaseado de la actual administración, pero finalmente parece que los dos lo que quieren es evadir responsabilidades, Senador.
RGZ: Agradecemos a la Secretaría de Gobernación que haya precisado el origen de esa base de datos y, sobre todo, sus características; y sobre todo, agradecemos y reconocemos a la Secretaría de Gobernación que haya puesto fin a una confusión que generaron ellos mismos a partir de información no planteada de forma rigurosa.
La administración anterior, desde el segundo semestre de 2011, no solamente estableció mediante decreto presidencial, la Procuraduría Social para Atención a Víctimas, en cuyas funciones está integrar expedientes y apoyar a las víctimas para la localización de personas desaparecidas o no localizadas.
También estableció, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un protocolo de localización de personas no localizadas. Un protocolo que, por cierto, vincula a todas las autoridades estatales, a los gobernadores, ministerios públicos y presidentes municipales. Un protocolo que debe ser implementado por todas esas autoridades.
En abril de 2012, el Congreso de la Unión, a instancias del Ejecutivo federal, aprobó una ley que establece el registro de personas desaparecidas no localizadas, ausentes o extraviadas. Es una ley vigente que ordena a distintas dependencias integrar bases de datos. Todas son acciones del gobierno anterior, de la administración del presidente Calderón con el propósito de no solamente localizar a las personas desaparecidas o no localizadas, sino, sobre todo, dar plena satisfacción a los derechos de las víctimas y de sus familiares.
Desafortunadamente, este diferendo se provocó por una irresponsable declaración de una funcionaria de la Secretaría de Gobernación en la cual da por buena una base de datos cuya existencia era desconocida.
Hoy se precisa que esa base de datos tiene como fuentes no solamente averiguaciones previas sino registros de las autoridades locales, ministeriales, y que esa base de datos tiene una serie de problemas metodológicos y que no es posible arribar a conclusiones oficiales precisamente por las dudas que hay sobre la metodología y sobre las fuentes originarias de la información.
Lo que ha dicho la Secretaría de Gobernación es que va a utilizar esa base de datos como un indicador, como un referente para poder comparar y contrastar con el resto de las bases de datos, ésas sí con carácter oficial, como por ejemplo los protocolos de localización, el registro de Províctimas y lo que establece la ley federal vinculante y vigente, precisamente para determinar cifras oficiales sobre este fenómeno.
Lo cierto es que la base de datos y el número que se derivó de esa confusión, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún concepto, representa una cifra de desapariciones forzadas.
P: Senador, más allá de si son oficiales o no ―que incluso la cifra parecería baja, dado los testimonios de familiares―, más bien parecería que están tratando exculpar al presidente Calderón de todas las consecuencias que hubo de su estrategia contra el crimen organizado y que finalmente son desaparecidos, si no están localizados quiere decir que son desaparecidos y son cerca de 27 mil.
Senador Héctor Larios Córdova (HLC): A ver, pero parece que hay que hacer algunas precisiones. Primero: las desapariciones forzadas y también las personas no localizadas, en más del 90 por ciento son responsabilidad del fuero común, de los estados; de hecho, la construcción de esta base de datos parte de los informes que dan las procuradurías de los estados, de tal manera que la afirmación que pudiera hacerse de que lo que tratamos es de exculpar al anterior Gobierno Federal no tiene ningún sustento, porque no hay responsabilidad del presidente Calderón, era responsabilidad de los gobernadores de los estados y se quiere personalizar en una autoridad.
Fue el presidente Calderón el que, mediante decreto, creó Províctima y estableció también mediante decreto las funciones que tenía que hacer y entre las que incluía esto, esa es la primera precisión; la segunda, pareciera, dices, o algunos comentan que pareciera que la cifra de 27 mil es baja. Bueno, como lo ha dicho aquí, y de manera muy contundente, el senador Roberto Gil, esa es una cifra que no tiene ningún sustento.
Y mire, me parece que tratar de elevar la cifra simplemente para poner atención en el problema, hace exactamente el efecto contrario: lo trivializa. Cuando uno compara las cifras de países que han sufrido guerras, en donde o ha habido dictaduras, en donde hay personas de desaparición forzada, es decir, que las autoridades del orden las desparecieron, son infinitamente menores a ese número que aquí se ha manejado y que una funcionaria de Gobernación manejó de manera muy irresponsable.
Es más importante, si son 30 es gravísimo, sin son 200 es gravísimo, tenemos que combatir y tenemos que indagar, pero si son 27 mil o son 50 mil pues vamos a trivializar el tema y vamos a quitar foco de atención en el problema que significan las desapariciones forzadas.
A nosotros nos parece que --y queremos hacer énfasis y eso es lo que ha terminado de decir el senador Gil-- es que es obligación, de acuerdo con la Ley General de Víctimas que está en vigor, en su artículo 23, que el gobierno tiene que hacer pública la lista de desapariciones forzadas para cumplir con un derecho que tienen los familiares, nosotros no quitamos el dedo del renglón en ese tema.
Reconocemos a la Secretaría de Gobernación que haya precisado que esa información que dio origen incluso a nuestra primera rueda de prensa es totalmente equivocada.
Segundo, no quita que no cumpla con la obligación legal de publicar esos nombres.
P: Senadores, muy buenas tardes, yo quiero preguntarles si ustedes no ven detrás de esta estrategia del Gobierno Federal, de cada semana dar una cifra distinta sobre desaparecidos, una estrategia de lucrar electoralmente con este dolor de las personas, en aras de allegarse votos para los comicios que vienen y responsabilizarlos a ustedes de no haber hecho un padrón en la materia.
RGZ: Nuestra posición es justamente la contraria, nuestra posición es que no es cuestión de estadística o de cifras, nuestra posición es que cada persona que no está localizada debe ser hallada, debe ser puesta en cercanía con su familia y que las víctimas directas o indirectas de cualquier supuesto de no localización deben ser satisfecha su demanda de justicia.
De eso se trata, se trata de casos con nombre y apellido, de personas. Justamente lo que estamos tratando de hacer, nuestras posiciones, es que la autoridad se ponga a trabajar no solamente en el registro adecuado de la información oficial, sino también integrar las averiguaciones previas, realizar las investigaciones y, en su caso, determinar cuál es la causa o el supuesto de no localización.
Nosotros no estamos en la guerra de cifras, lo que queremos es que no solamente la autoridad cuente con una base de datos oficial que le permita satisfacción a la demanda de los ciudadanos, de las víctimas, sino también que cada caso quede resuelto.
P: Preguntarles básicamente, se habla de un periodo del sexenio de Felipe Calderón, pero también ustedes tienen información de cuántos desaparecidos o no encontrados hay o hubo en el sexenio de Vicente Fox, y por irnos un poquito más atrás en el de Zedillo y en el de Carlos Salinas, porque entiendo que sobre todo en los últimos dos gobiernos del PRI en aquella época había cifra negra, ¿tienen alguna información al respecto?
RGZ: Lo que sí tenemos claro es la forma en la que funcionaba el modelo antes del presidente Calderón. Como lo ha dicho bien el senador Héctor Larios, la no localización en cualquiera de sus supuestos, secuestro, desaparición, desaparición forzada, ausencia, es competencia del fuero local.
Antes las autoridades locales no tenían la obligación de registrar y reportar esos casos, a partir de la creación de Províctimas y de la emisión de la ley que establece el Registro Nacional de Personas no Localizadas, Ausentes o Desaparecidas, existe esa obligación.
Antes no había la posibilidad de contrastar una cifra, hoy existe precisamente porque se han integrado registros oficiales. La base de datos que encontró la Secretaría de Gobernación, y que ha estado en el debate público en las últimas fechas, integra datos de averiguaciones previas sobre supuestos de no localización abiertas previamente al inicio de estas administraciones, es decir, puede haber casos de averiguaciones previas de hace 20 años, cuando una persona que se fue a Estados Unidos no fue localizada y sus familiares fueron a presentar la denuncia ante el Ministerio Público.
Justamente lo que le estamos pidiendo a la Secretaría de Gobernación es que haga esa depuración por fechas, por supuesto, el supuesto indicado por la persona que se acercó al Ministerio Público y sobre la base de los indicios con los que cuente la autoridad.
Es una cuestión de transparencia, sí, pero también es una cuestión de mínimos derechos de las víctimas y de sus familiares para conocer no solamente la verdad, sino saber el paradero y el destino de sus familiares.
P: ¿O sea que puede haber desaparecidos de hace 20 ó 30 años?
RGZ: No hay ninguna duda porque hay averiguaciones previas que se han de haber abierto en momentos previos a estas dos administraciones.
P: Entonces ¿ustedes creen que están “inflando” este padrón?
HLC: Ya lo dijo, no se trata de entrar a una guerra de cifras, evidentemente si hablamos de desapariciones forzadas es un número totalmente irreal, no tiene, vamos, no hay ni un país en el mundo que haya tenido una dictadura, que haya habido persecución política donde haya habido ni siquiera la décima parte de desapariciones forzadas.
Son diferentes conceptos: desaparición forzada, no localización, como dijo una persona que se fue a vivir a Estados Unidos, alguien que se fue por problemas familiares, alguien que sufrió un accidente, pero todas son personas que tienen nombre y apellido y un familiar que va y presenta la denuncia y hay que darle seguimiento, muchos de ellos desde luego en el padrón que pueda haber, ya están resueltos, ya apareció, se había ido a otro lado, se cambió de familia, lo que sea, no es un tema de decir si la cifra está exagerada, es un tema de precisar y de cumplir la ley, lo que importa no es, y eso es lucrar políticamente decir que son muchos o más o todavía más.
El problema es que no respetemos los derechos de la persona y el familiar quiere saber que su familiar que tiene nombre y apellido, están haciéndose acciones conducentes a la localización de esa persona, eso es lo que insistimos.
Gracias.
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