Versión estenográfica de la intervención de la senadora Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, en el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, con la participación de miembros del Poder Judicial, funcionarios del Gobierno Federal, gobernadora, gobernadores, legisladoras, legisladores, catedráticos y barras de abogados del país.
Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos.
Saludo con gusto al ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A nuestra amiga, la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
Al doctor Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.
Al consejero jurídico del Ejecutivo Federal.
A los coordinadores parlamentarios; a las legisladoras y legisladores que están en esta transmisión.
Al gobernador de Oaxaca.
Al diputado Mario Delgado, Presidente de la JUCOPO de la Cámara de Diputados; a los presidentes del Tribunal Electoral de la CONATRIB, y de los Tribunales de Justicia, fiscales, procuradores que están en esta transmisión.
Al titular de la UIF, Santiago Nieto.
A las personas que nos ven de manera remota.
A nuestro querido anfitrión, el senador Menchaca.
Y, desde luego, al senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a quien le agradezco la invitación a este encuentro nacional digital y aprovecho para iniciar felicitándolo por esta iniciativa.
Acabamos de escuchar cómo los desafíos que enfrentamos en materia de justicia no son menores, pero hoy como nunca, existen las condiciones para acabar con la impunidad y para hacer de México un país en el que las leyes por fin se cumplan en beneficio de la sociedad.
La cita a este foro por videoconferencia, obedece al objetivo compartido por las fuerzas políticas del Senado de la República, de proseguir el esfuerzo que iniciamos hace algunos meses para la construcción de un Estado de derecho más robusto, en el que se administre justicia con rectitud y rapidez, para dirimir los conflictos de los particulares, que se protejan los derechos humanos, se garantice la observancia de las leyes que permiten a la sociedad mexicana vivir en orden y paz social.
Pero ahora además a ese objetivo se añade la dificultad de cumplir con la importante función de administrar justicia en el contexto de una pandemia letal que pone en riesgo la salud y la vida de los miles de compatriotas que diariamente la solicitan.
El reto es formidable, pero juntos, con la vista en el bien superior de la nación y mediante el diálogo informado, superaremos este nuevo desafío que enfrenta la República.
Reconozco la imprescindible participación en esta construcción institucional de los impartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación, así como a los abogados de la Fiscalía General de la República, quienes nos han presentado los problemas cotidianos de la justicia mexicana, tal y como ellos lo viven, que son los operadores del sistema de justicia.
Reconozco también, en la construcción conjunta de las políticas del país, el acompañamiento institucional del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica.
Es sumamente importante, y me congratulo de la participación de los gobernadores de los estados en esta Cámara de representación territorial.
El Pacto Federal se nutre con el diálogo, mediante el cual se construye la voluntad federal. Su competencia constitucional de iniciativa legislativa en sus respectivos estados es necesaria para construir lo que puede llegar a ser un marco jurídico del nuevo derecho procesal digital, en los distintos órdenes territoriales de la República Federal.
Como ya se ha dicho, debemos actualizar nuestro marco jurídico para abrirnos decididamente al derecho procesal de la era digital; pero no se trata solamente de una configuración del derecho procesal, habrá que democratizar más el espectro telemático para que efectivamente accedan desde todos los rincones del país los mexicanos que intentan ejercer su derecho de acceso a la justicia.
Ello implica un desafío de tecnología y de recursos económicos, pero también un desafío pedagógico, pues debemos imaginar cómo vamos a superar el analfabetismo digital.
Requerimos mantener un eficiente funcionamiento de las instituciones del Estado Mexicano y, en ese sentido, el Senado de la República se ha incorporado una serie de herramientas tecnológicas para dar cumplimiento al papel fundamental que le ha sido conferido al Poder Legislativo; y seguimos trabajando para conciliar las labores a las que nos obliga nuestra Constitución, con la salvaguarda de la salud e integridad de todas las personas que aquí laboramos.
El uso eficaz de estas herramientas, nos ha otorgado la posibilidad de considerar mecanismos innovadores para atender nuestras responsabilidades.
Por otro lado, es necesario mejorar el sistema de mecanismos alternativos de solución de controversias para aligerar la carga de los juzgados y que estos puedan concentrar sus esfuerzos en los delitos de mayor impacto para la sociedad.
El Senado analizará con la mayor responsabilidad y ánimo constructivo, la propuesta elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de la Fiscalía General de la República, la de los gobernadores y, por supuesto, la que ha mencionado la Secretaria de Gobernación, así como todas las presentadas en este Senado, como Cámara de Origen; y, en su caso, serán enriquecidas a partir de las propuestas de las y los legisladores, así como de las lecciones que han surgido de esta pandemia, sobre todo en el aspecto de la justicia digital.
En lo que respecta a las materias civil y familiar, en el Congreso de la Unión tenemos el pendiente de cumplir la obligación, de expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La cirugía de nuestro sistema de justicia debe de ser mayor, pero debe de ser también inteligente, prudente y progresista.
Y aquí aprovecho para hacer tres precisiones de muchas polémicas que se suscitaron en el pasado.
En el Senado no habrá una contrarreforma al Sistema de Justicia Penal. No admitiremos regresiones en materia de derechos humanos ni transgresiones a la autonomía del Poder Judicial.
Y de manera particular, no permitiremos retrocesos en cuanto a los tipos penales de los delitos que afectan a las mujeres, como en el caso del feminicidio; y seguiremos empujando la perspectiva de género como una de las directrices de actuación de policías y ministerios públicos, así como uno de los criterios de las y los juzgadores del Poder Judicial.
En el Poder Judicial de la Federación, bajo el liderazgo del ministro Saldívar, se han realizado acciones sin precedentes contra el nepotismo y la corrupción. Y, por si fuera poco, las mujeres hemos tenido a un gran aliado en el impulso de la paridad de género en el seno de la justicia federal.
Tenemos hoy una Fiscalía General de la República autónoma, que ha actuado con contundencia en casos emblemáticos de corrupción e impunidad, cuya sanción antes era impensable.
Existe un gran trabajo de análisis y diagnóstico metodológico del contexto que aporta la Secretaría de Gobernación.
En el Poder Legislativo, la reforma al Sistema de Justicia de México, ya forma parte de la agenda legislativa del periodo de sesiones que iniciará el próximo 1º de septiembre, gracias al impulso del coordinador de la Junta de Coordinación Política.
Sumemos, pues, esfuerzos. Vamos por construir un sistema de justicia propio de un auténtico Estado de Derecho. Un sistema que le dé a cada quien lo que le corresponda, que brinde protección y amparo a las víctimas y castigo a los delincuentes.
Que sea para el bien de México.
Muchas gracias.
