Versión estenográfica de la intervención de la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, con la participación de miembros del Poder Judicial, gobernadora, gobernadores, legisladoras, legisladores, catedráticos y barras de abogados del país.
Muchas gracias, mi querido senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, por darme la palabra.
Agradezco la invitación para participar en este espacio que ha abierto el Senado de la República para dialogar sobre los desafíos de la justicia mexicana, en un contexto de transformación mundial como el que estamos experimentando actualmente.
Por ello, saludo y agradezco a la senadora Mónica Fernández, presidenta del Senado de la República.
También al coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, al senador Ricardo Monreal, a mi amigo. Muchas gracias, mi querido Ricardo.
También, desde luego, a Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Y saludo con mucho afecto y cariño al señor ministro presidente Arturo Zaldívar, muchas gracias mi querido Arturo.
Y también a mi amigo, y querido Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.
A todas mis amigas y amigos senadores de los diferentes grupos parlamentarios.
A todos los distinguidos funcionarios que nos acompañan el día de hoy, a las barras de abogados, a los catedráticos, a los funcionarios públicos y a todos ustedes, a magistradas y magistrados de los diferentes tribunales, muchas gracias.
Desde el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Secretaría de Gobernación hay nuevo espacio para la justicia.
Es atribución de la Secretaría de Gobernación, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, y las relaciones también con todas las entidades federativas y los municipios.
También se confiere la atribución de auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones.
Tiene la difícil pero honrosa atribución, de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de todas las autoridades del país.
Esta atribución la ejerce desde el ámbito administrativo, con la idea de que la justicia es un servicio público que no solamente corresponde a los tribunales; la ejerce también, desde el difícil equilibrio de respeto por la autonomía del Poder Judicial, del que me declaro abiertamente defensora, y la difícil labor conjunta de todas las autoridades para proteger y la promoción y defensa de los derechos humanos.
Y es por ello que, con mi camino por la justicia por más de 25 años en el Tribunal Superior de Justicia los primeros, y en la Suprema Corte los 21 últimos, concretamos esta tarea.
Por primera vez en la historia de México, la Secretaría de Gobernación, como encargada de formular y conducir la política interior, institucionalizó el fortalecimiento al sistema de justicia en nuestro país.
Para ello, se creó la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, como una atribución reglamentaria, implementando acciones de coordinación entre las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas e inclusive municipales, para el fortalecimiento de todo el sistema de impartición y procuración de justicia, al igual que fungir como enlace operativo y de coordinación entre las autoridades locales y federales, también con esta finalidad.
La coordinación entre los actores que componen el sistema de justicia, requerían de un ente articulador que le diera unidad al sistema, promoviendo la comunicación y la retroalimentación entre todos, como un engranaje de precisión para que funcione.
Fortaleciendo las instituciones, fortalecemos la justicia. Si se debilitan las instituciones, debilitamos la justicia.
En la Cuarta Transformación, estamos convencidos de una justicia accesible para todas y para todos los mexicanos, de manera tangible, que no se quede únicamente en las narrativas oficiales sino que se haga realidad en nuestras acciones.
Por eso, la Secretaría de Gobernación es hoy ese ente articulador que requieren las instituciones para su fortalecimiento.
Nuestro compromiso es ser la Secretaría del diálogo y del consenso. Dejar atrás ese halo autoritario que en décadas pasadas se había construido alrededor de dicha Secretaría.
Hoy, queremos ejercer la importante atribución de ser un puente democrático y un canal comunicativo entre todos los órdenes de gobierno y entre los tres poderes y demás órganos constitucionales.
Queremos reformar a la justicia, sí, para que desde la justicia se reforme y se transforme la vida pública del país. Queremos que la política interior se enfoque también con ese objetivo.
Ahora, desde la Secretaría de Gobernación los escuchamos y construimos juntos; por eso fue necesario contar con una unidad para fortalecer, tanto a tribunales superiores de justicia como a fiscalías y procuradurías de todo el país.
Existe un clamor popular, y ese clamor popular es precisamente el de la justicia.
Ya es momento de que el acceso a la justicia sea para todos los mexicanos, sin importar su condición socioeconómica, y ese es un compromiso de este Gobierno; de este Gobierno de la Cuarta Transformación, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, una auténtica justicia social.
Una justicia social que vea también con perspectiva de género, que vea con la inclusión de las minorías; que el Estado de derecho proteja a los grupos más vulnerables.
Para lograrlo, precisamente se requieren foros como este, donde exista información, coordinación y, como bien podemos ver, voluntad política, donde todos debemos saber escuchar y sumar, para atender, como ya se dijo aquí, la deuda de justicia que tienen nuestras instituciones.
Uno de los activos más importantes de la justicia y también ya se dijo, es la confianza ciudadana. Yo diría, tal vez el más importante. Por ello es necesario y urgente que las instituciones de justicia recuperen esa confianza de la ciudadanía.
Esa es nuestra apuesta a futuro, esa es mi apuesta de vida. Por eso, mejorar la comunicación entre todos los actores del Sistema de Justicia es mejorar la inclusión de cada uno de ellos.
Durante más de un año hemos estado escuchando, nos hemos reunido con los actores del Sistema de Justicia de las 32 entidades federativas; hemos generado estadísticas, hemos detectado necesidades de cada uno de ellos.
Es con esa información que se toman decisiones para fortalecer el Sistema de Justicia y se trabaje en la consolidación del Sistema de Justicia Penal.
Comparto con el señor Fiscal que no solamente es el Sistema de Justicia Penal que, como él dice, es el más visible. También la justicia familiar, la justicia mercantil, la justicia laboral, la justicia civil.
Y precisamente, en febrero de este año, tuvimos para hablar de este Sistema de Justicia Penal, una reunión nacional de órganos de consolidación del Sistema de Justicia Penal de las 32 entidades federativas, quienes han sido grandes aliados para lograr una coordinación entre todas las instituciones estatales.
Tenemos que retomar y fortalecer estos órganos de consolidación del Sistema de Justicia Penal en todas las entidades federativas. Quisiera compartir algunos datos que debemos considerar para fijar nuestra atención en la justicia estatal, que es la justicia que hoy en día lo necesita.
Es evidente que en la mayor carga de trabajo está a nivel estatal, porque bien nos informa el INEGI, los 32 tribunales superiores de justicia atienden 31 millones de trámites y servicios y con un presupuesto de 35 mil millones de pesos y esta es la justicia del día a día.
Y de ahí la necesidad de aumentar el presupuesto de los tribunales superiores de justicia y, como es mi compromiso, solicito a este honorable Senado retome la iniciativa que como senadora impulsé, sobre la reforma al artículo 116 constitucional, para garantizar la independencia, la carrera judicial y nombramiento de jueces y magistrados.
Pero sobre todo, en el mismo artículo 116 constitucional garantizar la autonomía presupuestal y un techo mínimo que asegure el fortalecimiento de los tribunales.
Quiero aprovechar agradecer a todos los presidentes de los tribunales superiores de justicia, al magistrado presidente de las CONATRIB, con quien nos hemos sumado y trabajado en diversos programas, así como en esta iniciativa que acabo de señalar, desde luego siempre respetando la autonomía y siempre buscando fortalecer la impartición de justicia.
Quiero también referirme a los defensores, que ya lo hizo en su momento el señor Ministro Presidente, o como el Presidente de la Repúblico los ha llamado y se ha referido a ellos como los defensores del pueblo.
Quienes dedican su trabajo diario a la defensa de los derechos y al debido proceso, para lo cual también estamos trabajando con ellos, para revisar sus necesidades, fortalecerlos y queremos también y lo comparto, institucionalizar el día 5 de marzo como el Día del Defensor Público.
Existen alrededor de 4 mil 200 defensores públicos estatales, pero es para una población de 120 millones de mexicanos. Debemos voltear a ver a cada defensoría pública de las entidades federativas y sabremos que en los estados a veces pertenecen a diferentes instituciones y no cuentan, en su mayoría, con una autonomía presupuestal o recursos suficientes y de ellos depende un derecho fundamental de todos los mexicanos al debido proceso.
El Poder Judicial de la Federación tiene una defensoría publica muy consolidada y me alegra escuchar por parte del Ministro Presidente, que van a estar siendo capacitados por el mismo Instituto de la Judicatura.
Sin embargo, no pasa lo mismo con las defensorías públicas de las diferentes entidades federativas.
Por eso debemos voltear hacia estas defensorías públicas para poder fortalecerlas y sacar a la mejor una ley marco y establecer la normativa general para que puedan funcionar debidamente estas defensorías públicas en los diferentes estados.
Respecto a las fiscalías, existen aún algunas que siguen siendo procuradurías y otras sin autonomía presupuestal.
Es indispensable que todas cuenten con fiscalías especializadas, también, en delitos contra las mujeres, y para las entidades con mayor población indígena, deben tener un padrón de intérpretes de lenguas indígenas, al igual que todas deben contar con instalaciones para la atención de personas con discapacidad, y de ser posible, también, fiscalías especializadas en temas de personas con discapacidad y por supuesto también, inclusive fiscalías para menores de edad.
Hemos también escuchado en reuniones anteriores, henos también escuchado en reuniones nacionales a los centros penitenciarios estatales.
Las propuestas legislativas urgentes, también, que están ellos analizando y van a proponer para una mejor y más segura administración de estos centros penitenciarios.
Quiero compartirles también, que, en el ámbito internacional, por primera vez, se establece una coordinación y seguimiento de la cooperación internacional, desde luego con el acompañamiento y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el fortalecimiento del Sistema de Justicia en México.
Con estas acciones, también, se busca optimizar la inversión de los proyectos de autoridades internacionales en los programas de justicia, al igual que ir con las políticas nacionales actuales para atender problemas puntuales en las diversas entidades federativas que más lo requieran.
Uno de los proyectos que más destacan, que se ha implementado en nuestro país anteriormente y que se sigue implementando con la Embajada de Estados Unidos, es la Justicia Digital, en el que, de manera indispensable, se integren todas las instituciones y se digitalice el proceso penal desde la Secretaría de Seguridad, Fiscalía, Defensoría y tribunales, hasta el centro penitenciario, con un solo número de expediente.
El gran beneficio de esta Justicia Digital, es un acceso restringido en donde se pueden medir los tiempos de atención de cada actor sobre el expediente y todo esto nos lleva a la reducción de la corrupción e impunidad dentro de todo el procedimiento penal, ya que tenemos una puntual fiscalización sobre las actuaciones desde la Secretaría de Seguridad, con las policías, las fiscalías, las defensorías, los tribunales, hasta el centro penitenciario, repito, con un solo número de expediente.
Otro programa importante a mencionar y que se trabaja desde la Secretaría de Gobernación, es el de la justicia terapéutica con la OEA.
Sé que ya existen diversas entidades federativas que precisamente en sus códigos penales establecen la justicia terapéutica, sin embargo, no todos la tienen.
Pero esta justicia terapéutica con la OEA, está dirigida a las personas que cometen delitos relacionados con un trastorno por el consumo de substancias psicoactivas y a través de una atención integral, pero desde luego tienen que ser delitos que cometan sin violencia. Pero los cometen, obviamente, por este trastorno por el consumo de sustancias psicoactivas.
Desde la Secretaría de Gobernación, con una coordinación entre autoridades y con un absoluto respeto a las atribuciones de cada uno, desarrollamos un área que el Presidente tuvo a bien llamar “mesas de justicia”, en la que se han recibido más de 2 mil 500 casos que recibe el mismo Presidente en sus giras o que las personas acuden directamente a la unidad, y desde donde se analizan rutas jurídicas para su apoyo, se gestiona atención médica, inclusive, dentro de los centros penitenciarios.
Se les asigna defensor, se hacen liberaciones y detenciones, y es el caso a través de acudir a las diversas instancias de procuración y de impartición de justicia. Todo a través de las sinergias creadas con las autoridades, y esto es de los tres niveles de Gobierno.
En este sentido, agradezco al señor ministro presidente Arturo Zaldívar; al fiscal general Alejandro Gertz; al igual que a todos los presidentes de tribunales y a los fiscales que, con un absoluto respeto y autonomía, se han sumado a esta gran tarea de justicia social.
El 18 de diciembre de 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública otorgó a la Secretaría de Gobernación, concretamente a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, fungir como un enlace operativo del Poder Ejecutivo Federal e integrante de la instancia tripartita coordinadora para la consolidación del sistema de justicia penal, como ya fue notificado a este Senado de la República.
Porque, para proponer mejoras y reformas, hay que tener información de todos los integrantes del sistema de justicia. Por eso, a todos ustedes los invito a no dejar a nadie atrás, de todos los actores que integramos el sistema de justicia o que integran el sistema de justicia, para que todos aquellos que requieran apoyo, tengan este apoyo para lograr al final del día, la consolidación de este sistema.
Desde la Secretaría de Gobernación, queremos ser el puente, el enlace por el que transite la justicia. Queremos ser el puente por el que el ciudadano transite así a la justicia. Queremos ser un puente y un punto de encuentro, hasta que la justicia sea una realidad en nuestro país y podamos saldar, como dijo el señor Fiscal, la deuda histórica de los mexicanos con el sistema de justicia.
Muchas gracias.
