Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, con funcionarios del Gobierno Federal.

 

 

PRESENTADOR: Gracias, señor presidente.

 

Bienvenidos todos los miembros de la Junta de Coordinación Política. Bienvenidos todos los servidores que están aquí presentes.

 

Senadoras, senadores, muchas gracias por su presencia.

 

Le voy a dar el uso de la palabra al senador Germán Martínez Cázares, coordinador de los trabajadores de estas iniciativas.

 

Tiene usted el uso de la palabra, señor senador.

 

SENADOR GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES: Gracias.

 

Con su permiso, presidenta.

 

Son bienvenidos los funcionarios federales. Quiero darle una especial bienvenida a la secretaria de Gobernación, a la ministra, senadora y compañera Olga Sánchez.

 

Quiero darle la bienvenida al Fiscal General de la República, don Alejandro Gertz.

 

Al consejero jurídico de la Presidencia, el abogado Julio Scherer.

 

Iniciar estos trabajos. La Junta de Coordinación les da la bienvenida y, la presidenta de la Mesa Directiva tiene la palabra, senadora Mónica Fernández Balboa.

 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA: Gracias. Muy buenos días.

 

A nombre del Senado de la República, le doy la más cordial bienvenida a la ministra secretaria de Gobernación, senadora, nuestra amiga Olga Sánchez Cordero.

 

Al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

 

Al licenciado Julio Scherer, consejero jurídico del Ejecutivo Federal.

 

Y, saludo también al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. Así como a los coordinadores de los grupos parlamentarios de este Senado, y a nuestras senadoras y senadores integrantes del mismo.

 

A las y los representantes de los medios de comunicación.

 

Bienvenidos también todos. Muy buenos días.

 

En este acto, el Senado de la República se complace de recibir las iniciativas en materia de procuración y administración de justicia, enviadas por el titular del Ejecutivo Federal a esta soberanía.

 

De ese modo, entramos a una nueva fase en el diálogo republicano, que comenzamos en octubre del año pasado, cuando presentamos el inicio de los trabajos de la reforma con y para el Poder Judicial, ante la presencia también, de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Hoy, con el envío de este paquete de iniciativas al Congreso de la Unión, arranca formalmente el proceso legislativo de una reforma profunda, compleja e integral; con la que buscamos dar respuesta a uno de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana, una sociedad cansada e indignada por los problemas de violencia e inseguridad que nos aquejan desde hace ya más de una década.

 

Con la convicción de que la paz y la tranquilidad que anhela el pueblo mexicano debe de ser fruto de la justicia, y de que la justicia duradera que México reclama sólo se puede construir con grandes acuerdos políticos que se traduzcan en leyes e instituciones más efectivas; le damos la bienvenida a estas iniciativas enviadas por el Presidente de la República.

 

El Senado, como Cámara de origen, analizará estas iniciativas de manera responsable, abriéndose a la participación de la sociedad de forma consistente con el modelo de Parlamento Abierto que esta LXIV Legislatura ha adoptado en las discusiones más relevantes de la agenda legislativa.

 

Estudiaremos cada una de las iniciativas, con un ánimo constructivo, procurando enriquecer el debate a través de propuestas que contribuyan a garantizar el acceso a la justicia en México y con pleno respeto a la autonomía de los Poderes de la Unión.

 

Particularmente, desde esta Presidencia impulsaremos la adopción de la perspectiva de género, con el sistema de procuración e impartición de justicia; con el fin también de combatir la violencia de género y todas las formas de discriminación que afectan a las mujeres.

 

Tengan la plena seguridad de que en el Senado impulsaremos una reforma integral al sistema de justicia, con el fin de proteger a las víctimas; asegurar que los responsables de los delitos no queden impunes y que las autoridades actúen con la mayor rectitud y honestidad en el cumplimiento de sus funciones, siempre respetando los derechos humanos.

 

Gracias a todos por su atención y sean ustedes bienvenidos y bienvenida.

 

SENADOR GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES: Gracias, Presidenta.

 

Quiero dar la bienvenida al doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

 

Al doctor Héctor Herrera Ordoñez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

 

Al maestro Víctor Olea Pérez, vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

 

Al licenciado Arturo Pueblita Fernández, vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

 

Y al licenciado Adrián Franco Cebada, secretario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

 

Tiene la palabra, en el orden del día, ordenado por la Junta de Coordinación, la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero. Por favor.

 

SECRETARIA OLGA SÁNCHEZ CORDERO: Muchísimas gracias.

 

Saludo con mucho afecto, con mucho cariño, a mis compañeros, a mis amigas, a mis amigos senadores de la República.

 

A mi amiga, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández. Muchas gracias, Mónica.

 

Al presidente de la Junta de Coordinación Política, también mi muy querido amigo Ricardo Monreal.

 

A los coordinadores de los grupos parlamentarios. A los medios de comunicación, a mi compañero Julio Scherer; al señor fiscal general, Alejandro Gertz.

 

También a don Rafael Guerra, que acaba de llegar. Muchas gracias, Rafael.

 

A los medios de comunicación.

 

Para el Gobierno Federal y para la Secretaría a mi cargo, es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia; tanto en la procuración, cuanto en la impartición.

 

Por eso, deseo que este esfuerzo sea el inicio conjunto de poderes, para buscar soluciones y mecanismos que consideran a las instituciones de justicia los temas más sensibles para nuestra población.

 

Por ello, dentro de la Secretaría de Gobernación, hemos creado la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia y estamos atendiendo, a través de nuestras mesas de justicia, los casos que nos han estado llegando, que ya son casi 2 mil, los estamos acompañando; y en los que ha sido necesario estamos asesorando a los justiciables para evitar injusticias y ayudar a los más desprotegidos.

 

Es un compromiso institucional, pero es un compromiso también personal este fortalecimiento a las instituciones de justicia.

 

En el Gobierno Federal, estaremos atentos al estudio y al análisis de lo que se ha presentado, a la espera de que con pleno respeto a la independencia de poderes, tengamos en conjunto un sistema que atienda a plenitud las necesidades de justicia que debe existir en nuestro país.

 

Deseamos que la discusión sea prolífica, que se genere el debate, que se discuta y que se llegue a la mejor construcción normativa.

 

Estoy cierta que los proyectos que se presentan el día de hoy, permitirán al Senado y en su momento a la Cámara de Diputados, cumplir con estos objetivos; abrir el debate, abrir el debate plural entre todas las fuerzas políticas que están aquí representadas.

 

Sin duda, el fortalecimiento del sistema de justicia y de las garantías penales, es de extrema importancia para vivir en un Estado de Derecho, y es muy, muy importante para el Estado mexicano y para la Cuarta Transformación.

 

Muchas gracias.

 

SENADOR GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES: Gracias, secretaria.

 

Tiene ahora la palabra el consejero jurídico de la Presidencia, don Julio Scherer Ibarra.

 

CONSEJERO JURÍDICO JULIO SCHERER IBARRA: Muchas gracias.

 

Senadora Mónica Fernández, presidenta de la Cámara de Senadores.

 

Senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.

 

Senadores. Amigos todos.

 

La República, obra inmortal de Platón, contiene una síntesis de ideas que formaron su filosofía. Básicamente es un diálogo entre Sócrates y algunos personajes, como discípulos y parientes. Abarca temas como la ontología, la filosofía política y la ética.

 

La importancia de la República radica en ofrecer respuestas ni proponer soluciones a problemas específicos de Gobierno; sino poner en relieve dudas y angustias esenciales.

 

El escrito de Platón se ocupa primordialmente de la justicia y del proyecto de una polis o ciudad ideal, regida por principios y por valores.

 

Antes de discurrir acerca del hombre justo y del injusto, y por ende del concepto de justicia, Sócrates propone investigar el concepto de una sociedad justa y una injusta. El eje de los diálogos en la República, gira en torno a que, si contempláramos sin perjuicios cómo nace una ciudad, podríamos observar también cómo se desarrollan con ella la justicia y la injusticia.

 

La conclusión, que no es tal en realidad, resultaba dramática al no considerar a ninguno de los regímenes de la época, adecuado para gobernar sabiamente.

 

Si toda forma de gobierno es de algún modo adversa, si ninguna sociedad puede ufanarse de ser ética y moralmente perfecta; si la política se torna despiadadamente una actividad infame; si toda actividad colectiva se reduce a mezquindad, ¿qué posibilidad tenemos de vivir en paz y armonía, respetándonos y cuidándonos entre todos?

 

En realidad la mayoría de nosotros, incluso cometiendo injusticias sabemos, como Sócrates y sus interlocutores, qué es justo y qué no lo es. Lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, no son abstracciones, deben traducirse en el ejercicio de la voluntad y de la consciencia.

 

Lo que ignoramos es cómo ser justos en todo momento y circunstancia, en conjunto como sociedad y cada uno por su parte, y cómo debemos protegernos entre todos.

 

Miramos a la justicia hoy en día, como una serie de valores esenciales, sobre los cuales deben establecerse sociedad y Estado; estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.

 

La justicia en sentido formal puede definirse como el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces, sobre las cuales el Estado imparte justicia cuando éstas son violadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común.

 

Los problemas del mundo, sus dudas e inconsistencias siguen siendo los mismos a través de los siglos. De la Grecia clásica, vuelvo la mirada a la realidad nacional.

 

Así vemos a México, como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos.

 

Así, vamos a proponer ante esta soberanía, de común acuerdo con la Fiscalía General, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; una Ley Nacional de Justicia Cívica, un nuevo Código Penal Nacional, un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, un proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, un proyecto de Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

 

Todas estas iniciativas, pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México.

 

Todo lo que han que saber de los hombres, se aprende viéndolos actuar. Conscientes de que, medidos estrictamente por sus actos, no hay uno en el universo que no se haya ganado una condena al menos una vez.

 

Cada uno es, en su propio mundo y en su propio principio, el resumen de sí mismo, la totalidad de su historia.

 

Lo que la gente quiere no es siempre lo que más le conviene, ni siempre lo que ordena la ley.

 

Hoy, los invito a reflexionar sobre este tema, en el cual no reparamos con frecuencia posiblemente, porque no nos afecta de manera directa.

 

Como mexicano, título que me permite acercarme a cada uno, pertenezco a un grupo de individuos que vive convencido y comprometido con la transformación de esta, nuestra nación; sin más empeño que trabajar por y con ustedes en beneficio de la sociedad mexicana, que es en el cual se explican nuestras metas, nuestro quehacer y, por supuesto, nuestro deber.

 

El servicio público es una tarea de privilegio, porque se ejerce para los demás y es, desde esa circunstancia, la que el servidor público, que les exhorto a sumar esfuerzos para trazar unidos las líneas que habrán de definir el proyecto de justicia que queremos para este país.

 

Muchas gracias.

 

SENADOR GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES: Muchas gracias, consejero.

 

Quiero, a nombre de la Junta, agradecer la presencia y mencionar a mis compañeros que están relacionados con estos temas, que reciben estos documentos y que los trabajarán y los analizarán, los que están aquí presentes.

 

Quiero agradecer al senador Ramírez, de Chiapas; al senador Añorve, de Guerrero; al senador Narro, de Zacatecas; la senadora Antares, de Guanajuato; a la senadora Anaya, de Zacatecas; a la senadora Trasviña, de Baja California Sur; al senador Zepeda, de Sonora; a la senadora Rivera, de Tlaxcala; al senador Arias, de Michoacán; a la senadora De la Sierra, de Puebla; al senador Bolaños, de Oaxaca; a la senadora Ruiz Massieu, de la Ciudad de México; al senador Menchaca, de Hidalgo, a la senadora Vázquez Mota, de la Ciudad de México; a la senadora Murguía, de Querétaro; al senador Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua; a la senadora Astorga, de Veracruz; a la senadora Luci Meza, de Morelos; y al senador Lucero, de Durango, que no son miembros de la Junta de Coordinación.

 

La Junta de Coordinación les da la bienvenida a ustedes.

 

Tiene la palabra el Fiscal General de la República, don Alejandro Gertz Manero.

 

FISCAL ALEJANDRO GERTZ MANERO: Señora presidenta, señor presidente. Señoras y señores senadores. Señoras y señores, muchas gracias.

 

Vengo a esta Soberanía porque ustedes me eligieron. Yo estoy aquí gracias al voto que ustedes me dieron.

 

Mi obligación es darles cuenta a ustedes e informarles de mi trabajo y de los temas que están a mi cargo, por esa razón estoy aquí.

 

En el mes de junio nos reunimos, creo que con todos ustedes, para tratar precisamente el problema de la crisis de seguridad y de justicia que había en el país, y yo les hice una promesa de que iba a trabajar con todos quienes pudieran acercarme información y datos, y capacidad técnica y jurídica para poder ir generando un proyecto que realmente diera una respuesta global a un problema que es de carácter también global.

 

Es decir, se han hecho esfuerzos durante los últimos 20 años, generando respuestas parciales, que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución, no solamente que contenga, sino que no deje que siga creciendo esta situación, que es quizá la más aflictiva de todo el país.

 

En razón de eso, no podemos iniciar un proyecto si no entendemos la globalidad de la situación.

 

La falta de justicia se sustenta en tres factores fundamentales: una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad.

 

En esas condiciones, estos tres elementos son los que nos mueven a resolver global y coordinadamente una situación de esta naturaleza.

 

¿Qué es lo que nosotros hemos visto?

 

Que el fenómeno criminal que comienza en la inseguridad más elemental, cotidiana que vivimos todos los mexicanos, se vincula inmediatamente con estos elementos, se vincula con la procuración y con la impartición de justicia y con la prevención y readaptación social.

 

Si no hacemos un proyecto completo que vea y que analice con claridad dónde comienza el fenómeno delictivo y cómo lo vamos a poder detener, nos va a volver a pasar lo mismo.

 

Si ustedes ven la cantidad de reformas y de leyes que se han hecho en los últimos 20 años en esta materia, se sorprenderían. ¿Por qué? Porque es tal el número que se ha hecho, como el número de problemas que se han multiplicado. Quiere decir que eso no funciona.

 

En atención a todo esto, nosotros tenemos la convicción absoluta de que el delito y la seguridad tienen que detenerse en el momento de que son un germen, en el momento en que comienza el problema; comienza el problema en la vida cotidiana de cada uno de nosotros.

 

Cuando un estado no tiene control sobre su territorio y hay otro grupo que hace funciones de poder dentro de un territorio, ese territorio está perdido para la comunidad y perdido para el Estado.

 

Allí es donde debemos de dar primer esfuerzo.

 

Ese primer esfuerzo tiene que ser una ley que defienda a la vida cotidiana de todos los mexicanos en todos los municipios y en todos los estados del país, con un criterio general de la aplicación, pero con una competencia local de cumplimiento de funciones.

 

Tenemos ejemplos en la legislatura mexicana, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, que es una ley de carácter federal y que se aplica para efectos locales en cada una de las localidades y en cada uno de los estados de la República.

 

Con esa idea, nosotros iniciamos nuestro proyecto con la Ley de Justicia Cívica, para ir de ahí al Código Penal, después el procedimiento para poder aplicar el derecho positivo, y después cómo vamos a manejar las sanciones en este sentido.

 

Yo quisiera darles a ustedes, si me lo permiten, una idea de cómo estamos planteando estos aspectos fundamentales; primero, en la Ley de Justicia Cívica.

 

Esta ley pretende lo siguiente: La prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales.

 

Habrá de priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables.

 

Este es un aspecto fundamental para todos los que sufren diariamente el delito.

 

Y déjenme decirles, de los 33 millones de delitos que se producen al año, el 90 por ciento están en contra de las gentes más desprotegidas del país; y de ellos, el 90 por ciento son temas de carácter económico que no pasan de 10 mil pesos.

 

El Estado tiene que hacerse cargo, porque esa es su función primaria de reparar el daño cuando no lo repara el causante.

 

Después promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos.

 

Las multas se vuelven una especie de subasta, de que yo pago una multa pero no me comprometo con lo que hice.

 

El trabajo comunitario significa entender el daño que se le causa a la comunidad y cómo se tiene que reparar con una conducta personal que le dé, tanto a la víctima como a la propia comunidad, la reparación que necesita.

 

Y establecer la diferencia toral entre los primodelincuentes que todavía son rescatables, frente a los habituales y reincidentes que deben ser sometidos a sanciones penales eficaces.

 

Es decir, ¿qué es lo que sucede?

 

En la primera instancia donde realmente es donde se debe de contener al delito, no hay una sanción que prevenga y otra que identifique al que está delinquiendo ya en forma habitual para que pase de una justicia cívica a una justicia penal; porque si no, nos pasa que los que se roban un país pueden andar en la calle, y los que se roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel. Eso es verdaderamente lo más perverso que puede ocurrir y eso es lo que nos pasa en este país.

 

Estas son las bases fundamentales de la Ley de Justicia Cívica.

 

Después pasamos al Código Penal Nacional, que debe homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país.

 

No podemos tener 32 códigos, porque al final de cuentas, si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas.

 

Eso tiene una lógica elemental y en ese sentido también es muy importante que este Código y así lo estamos empezando a plantear, permita a las entidades federativas establecer delitos específicos, considerando sus raíces culturales y sus características regionales.

 

Uno de los grandes obstáculos de un código único es que hay ciertos delitos que son específicos de una cultura o de una región. Hay que dar la oportunidad de que esa defensa jurídica se pueda dar de conformidad con esas áreas culturales y con esas tradiciones y con la defensa de esos valores morales que muchas veces son fundamentales para una determinada comunidad.

 

Después, que establezca con toda precisión la competencia local y la federal, en razón de la defensa de los derechos individuales, por un lado, y por el otro los derechos inalienables de la nación.

 

Ese juego perverso de que el que no cumple, que el otro sea el que se responsabilice y que los delitos locales los atraiga la federación, porque el estado o municipio no cumplen, eso no nos ha dado el menor resultado, porque ni unos tienen la capacidad para poder resolver, déjenme darles nada más un dato.

 

La Policía Federal Ministerial que tiene la función de defender todos los aspectos policiacos de carácter federal, tiene 3 mil 500 personas. Las policías locales tienen más de 400 mil.

 

Entonces, si no establecemos con toda claridad las responsabilidades, de acuerdo con el tipo de delito, con las características y conocimiento que la policía tiene y nos apoyamos en esto, eso no va a funcionar porque, ustedes lo saben, nunca ha podido funcionar.

 

Otro tema fundamental: para que en los delitos que más deben combatirse, tales como el feminicidio, el infanticidio no sea más complicada su judicialización y para que cuenten con los agravantes necesarios para su combate y su ejemplar sanción.


Les pongo el caso del feminicidio: es más difícil para nosotros, los litigantes, en defensa de las víctimas, consignar y judicializar un feminicidio que un homicidio con agravantes.

 

Entonces, se hizo una ley supuestamente para proteger a un sector que está desprotegido y resulta que es más complicado defenderlo, cuando lo único que se tiene que establecer, con toda claridad, es que, en el caso de estas personas que están en esa situación, el agravante sea el que mande para poder castigarlos en razón del daño que han causado.

 

Una cosa de sentido común y de lógica, que parece que no se había podido nunca resolver.

 

Corresponsabilizar a las autoridades federales y a la de las entidades federativas de una manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada, que es el flagelo que más daña profundamente a la sociedad.

 

Hemos visto durante los últimos 25 años como se acusan unos a otros y se dice, no, esto lo tienen que hacer las autoridades federales, esto lo tienen que hacer las autoridades locales, hay que establecerlo con toda precisión.


Si hay un delito de carácter federal, todos los elementos locales tienen que estar, como lo dice la Constitución y la Ley del Ministerio Público, bajo las órdenes del Ministerio Público, que es el que va a investigar el asunto y el que se va a responsabilizar y lo va a llevar a juicio y establecerlo con toda claridad, para que no se vuelva un asunto de carácter político, en el cual se están mandando y jaloneando con los temas de competencia con los resultados que ya conocemos.

 

Entonces, teniendo esas bases, quiero hablarles del Código de Procedimientos Penales.

 

Se hizo, como ustedes saben, un Código único, que era un poco contradictorio, es un Código único para manejar treinta y tantos códigos individuales, es decir, el Derecho Positivo totalmente segmentado y el Derecho Jurisdiccional en uno solo. Eso no funcionaba, tiene que ser armónico.

 

Se hizo un gran esfuerzo y así se hico público también, que con la compactación y con la presencia del juez y con la transparencia se iba a resolver el problema de la criminalidad.

 

Lo han tenido que confesa ro lo han tenido que reconocer y aquí hay funcionarios que lo han dicho con mucha claridad, se creó lo que se llama una puerta giratoria y entonces, por un lado, entraban y por ese mismo salían, se multiplicó el número de delincuentes, algunas cárceles redujeron su número de internos, pero multiplicaron su daño a la sociedad.

 

Es decir, el sistema, en lugar de mejorar se complicó.

 

Tenemos también y eso hay que conservarlo, la oralidad, la transparencia y realmente tener una compactación. Resulta que ahora tenemos un Ministerio Público y luego tenemos como cuatro jueces distintos que nos van manejando los asuntos en forma secuencial, cuando lo que tenemos es que fortalecer a los jueces, no generar una distorsión y una multiplicación del número de juzgadores, porque finalmente eso, y lo estamos viendo también, nos ha dado los resultados que ustedes conocen.

 

Proteger a las víctimas para que aquél que conozca de un delito, fundamentalmente la policía y la autoridad puedan denunciarlo con toda fortaleza.

 

Los que tenemos experiencia como abogados sabemos que un policía llega, presenta a alguien que acaba de robar y si no viene parte acusadora, que se vaya. No, pero soy el policía, lo acabo de ver, vi lo que le pasó, esta pobre señora está interna o se fue a su casa y ahí se pierde el procedimiento.

 

Otro aspecto que es fundamental es el debido proceso.

 

Cuantas veces estamos viendo en esta ocasión que, porque un policía no cumplió con los requisitos rigurosos de su documentación, ponen en libertad a un delincuente.

 

No, deben castigar al policía y deben de reponer el procedimiento, pero no darle impunidad al delincuente, eso no tiene sentido, es algo de lógica elemental.

 

Entonces, es este Código también tenemos algo que es muy importante: la prescripción.

 

La prescripción debe defender a la víctima, no al victimario y en los delitos que dañan a la sociedad no debe haber prescripción, así de clarito.

 

Tercero, que es también fundamental: el monopolio de la acción penal solamente para la defensa de los intereses de la Nación y del Estado; el resto que tengamos las víctimas el derecho de ir ante un juez, que no tengamos un tutor obligatorio, eso va contra los derechos más elementales de un ser humano.


Nada más plantear que en materia penal la víctima no es parte, porque el Ministerio Público es la parte, es una ofensa verdaderamente incalificable.

 

Que el Ministerio Público sea auxiliar del que lo necesite; que el Ministerio Público actúe como lo manden los jueces; que el Ministerio Público defienda los intereses de la Nación y los intereses de la comunidad, pero que los particulares podamos ir ante los jueces a defendernos, eso es fundamental.

 

Otro aspecto que es toral: la multiplicación de recursos procesales inútiles, son la delicia de los delincuentes y de los abogados, que, bueno, verdaderamente gozan de la cantidad de recursos que se tienen con un solo propósito: que no haya justicia.

 

Por qué no compactamos esos recursos, los fortalecemos, nos llevamos la mayor parte de ellos para que se manejen como se manejan en muchos aspectos procesales, en el momento de la sentencia y no estamos haciendo de eso un verdadero mosaico de impunidad, que es verdaderamente inaceptable.

 

Después pasamos a la parte de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nosotros tenemos y lo sabemos y no se los voy a repetir a ustedes lo que está sucediendo en las cárceles y está sucediendo por una razón muy sencilla: porque no hay lógica en el sistema de readaptación social.

 

Miren, todos los primodelincuentes deben tener cárceles abiertas, para no convertirla en alumnos de las escuelas del crimen, cárceles abiertas bajo control, pero cárceles abiertas.

 

Todos los reincidentes, todos, tienen que ir a la cárcel, y las cárceles tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de autocapacidad; para que realmente ahí se preparen y que uno no puede obligar a alguien a que trabaje, pero el juez sí puede decir “pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse”.

 

Y luego, todos los peligrosos, totalmente aislados de todo el resto de los primodelincuentes, de los habituales, porque esa combinación, de ahí están saliendo las extorsiones telefónicas, lo que ustedes ya saben. Eso no es aceptable.

 

La justicia para adolescentes. Está creciendo el número de niños y adolescentes dedicados al delito; tenemos que hacer algo para detenerlo.

 

Y, tiene que haber una visión muy clara para ellos, para sus padres y para el Estado, de que aquel que entiende se le sanciona; y aquel que tiene la patria potestad o la guardia y custodia, tiene responsabilidades, y también el Estado tiene que reparar el daño. Y cuando se sentencia, se sentencia por la cantidad de años consecuentes a la comisión de ese delito. No es que yo ya cumplí 17 y ya me voy, no. Tú tienes consciencia, tú tienes responsabilidad, tú tienes que tener una responsabilidad frente a tu comunidad.

 

Eso se tiene que manejar con un gran cuidado y precisamente por eso, nosotros en este momento… y luego, todos los cambios a la Constitución que esto requiere, porque hacer una reforma de esta naturaleza, requiere una serie de cambios.

 

Entonces, hemos estado trabajando con los Colegios de Abogados, con juristas muy preclaros y que han hecho un trabajo muy importante con el señor Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México.

 

Y vamos a seguir trabajando para que el día 1º de febrero, yo pueda, si ustedes lo permiten, ya tener una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento; y que si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy, muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos.

 

Yo le quiero agradecer al consejero jurídico de la Presidencia, todo el apoyo que me ha dado durante todo este año, a todos los que me han estado ayudando en esto. Y a ustedes, mi respeto y mi deber de informarles.

 

Muchas gracias por toda su atención.

 

SENADOR GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES: Tiene la palabra el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Monreal Ávila.

 

SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA: Muchas gracias.

 

Quiero, primeramente, darle la bienvenida a la representación del Ejecutivo Federal, encabezada por la Secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Bienvenida.

 

Quiero también, al mismo tiempo, darle la bienvenida al consejero jurídico. Bienvenido, Julio, siempre con mucha atención y respeto hacia ti.

 

Y, al fiscal general de la nación, Alejandro Gertz Manero.

 

También aclaro que están todos los coordinadores, porque hay mucho interés en el tema.

 

Está el senador Mauricio Kuri, coordinador del Partido Acción Nacional.

 

Está el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

 

El senador Dante Delgado, que a pesar de que está en proceso de restablecimiento de un asunto que ya superó, de salud, está aquí por el interés que implica el tema.

 

El senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

 

Está el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

El senador Óscar Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

 

La senadora Marybel, de la Junta de Coordinación Política.

 

La senadora Josefina Vázquez Mota, también de la Junta de Coordinación Política.

 

Joel Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

 

El senador Manuel Añorve, del Grupo Parlamentario del PRI.

 

Y, está toda la Comisión de Justicia.

 

Secretaria de Gobernación. Estimado Julio Scherer. Estimado Alejandro Gertz.

 

Está toda la Comisión de Justicia, que será la encargada de revisar puntualmente. Está encabezada por Julio Menchaca, presidente de la misma; está Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación; obviamente los integrantes Germán Martínez, senador Cruz Pérez, la senadora Lucía Trasviña que, a su vez, es la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública; la senadora Ana Lilia Rivera, también presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos; la senadora Luci Meza, el senador Damián Zepeda, la senadora Claudia Anaya, la senadora Claudia Ruiz, el senador Samuel García, el senador Miguel Ángel Lucero, el senador Raúl Bolaños; la senadora Elvia Marcela Mora, la senadora Lupita Murguía de la Mesa Directiva; el senador Ernesto Pérez, la senadora Nancy de la Sierra, el senador José Narro, la senadora Antares.

 

Esto les da idea del enorme interés que el Senado de la República tiene sobre este tema tan importante; y agradecemos la presencia de Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y de quienes representan a los abogados, a la Barra, al Colegio, a Héctor Herrera, a Víctor Olea, a Arturo Pueblita, a Adrián Franco.

 

Nosotros queremos actuar con mucha seriedad.

 

Por el momento, como Presidente de la Junta de Coordinación Política, no emitiré opinión, hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas; que, según nos expresa el Fiscal y el Consejero Jurídico, será el 1º de febrero o los primeros de febrero.

 

Hemos escuchado la descripción sobre el contenido de los proyectos de reformas, en voz del Fiscal General y el Consejero Jurídico de Presidencia; y hemos escuchado novedosos planteamientos.

 

Les aseguramos a los representantes del Ejecutivo y al Fiscal General de la Nación, que para hacer un análisis puntual, juicioso sobre el tema, esperaremos la documentación formal.

 

Sé, porque así lo han expresado, hay dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales: la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y el Código Penal Nacional, y hay reformas a cuando menos seis leyes.

 

Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, reformas a la Ley de Amparo, reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, reformas a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en este momento yo pediría que si se va a plantear no se plantee hasta en tanto no tengamos un acuerdo con el Poder Judicial y su organismo cúpula, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que vaya muy consensado el proyecto; y reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

 

Es una reforma, según nos la anuncian, de gran calado; por eso es que tenemos que actuar con mucho cuidado.

 

Según entiendo, se plantean reformas a 14 artículos de la Constitución, 14 artículos de la Constitución: El 5, el 16, el 18, el 19, el 20, el 21, el 73, el 76, el 94, el 97, el 101, el 102, el 116 y el 122. No es un asunto tan fácil.

 

Nosotros tenemos la voluntad de analizarlo, de revisarlo. El Senado actuará con toda responsabilidad y seriedad en la dictaminación.

 

Construiremos, mediante un amplio consenso, la normatividad que el país y la ciudadanía exigen.

 

El análisis de las propuestas, una vez que nos la envíen formalmente, será amplia y será mediante los mecanismos que hemos adoptado últimamente, que es el Parlamento Abierto.

 

Es decir, no nos vamos a apresurar, porque queremos otorgarle a la ciudadanía instrumentos jurídicos que permanezcan y que sean eficaces para poder enfrentar con éxito el problema de la inseguridad, de la impunidad, el problema de la violencia.

 

Les comentamos que no impondremos normas que afecten derechos fundamentales, escucharemos a todos, intelectuales, académicos, investigadores, sociedad civil, organismos no gubernamentales, colectivos y creemos que, en la construcción de las normas jurídicas, en los nuevos proyectos de modificación constitucional y legal, sí nos podemos poner de acuerdo.

 

Yo plantearía un mecanismo similar al que hicimos con la Guardia Nacional, en una mesa en donde estemos todos los grupos parlamentarios representados, con el Ejecutivo; que esté el Fiscal General o su representante, que esté el Consejero Jurídico y su representante o su representante y que esté obviamente la Secretaria de Gobernación o su representante.

 

Es decir, lo que queremos expresar es voluntad para analizar, para revisar y para lograr un proyecto de modificaciones amplio, si se puede, por unanimidad y si no, por una amplia mayoría.

 

Porque son instrumentos que debemos considerar como duraderos y estamos dispuestos a revisar todos los temas. No hay dogmas, no hay tabúes, es un momento de actuar con mucha responsabilidad.

 

Quiero expresarles, al Consejero Jurídico, nuestro respeto, aprecio, y felicitarlo por este paquete legislativo junto con Alejandro Gertz Manero. Estaremos puntales, porque el propio Fiscal tiene la obligación de rendir informe.

 

FISCAL ALEJANDRO GERTZ MANERO: Puedo hacer una…

 

SENADOR RICARDO MONREAL: Sí, claro.

 

FISCAL ALEJANDRO GERTZ MANERO: Aparte del Informe que les di a ustedes, tengo la obligación de hacer, ente ustedes también, un informe de labores del año.

 

Tengo que presentar también ante ustedes el Plan de Persecución Penal y el proyecto de Ley de la Fiscalía, los tres están ya a disposición de ustedes, para que en el mismo momento en que ustedes lo requieran, yo estaré a su disposición para poderles dar todas las explicaciones sobre los tres aspectos que no los quise meter en esto, pero que son una obligación que tengo ante ustedes.

 

Muchas gracias.

 

SENADOR RICARDO MONREAL: Me parece muy bien, la aclaración es pertinente.

 

Me parece que estamos en ánimo de construcción, es importante atender este reclamo social y hacemos votos por que todo salga de manera correcta.

 

Enseguida han pedido el uso de la palabra los coordinadores de los grupos parlamentarios, si es que desean hacerlo por tres minutos. Como no tenemos material, pues yo dije para qué.

 

Pero pues aquí es libre y no lo puedo evitar, todos somos pares, sólo les pido que, si se puede en otra ocasión, mejor esperemos los proyectos y discutamos.


Pero si quieren hacer el uso de la palabra, le pido a nuestro amigo Germán pueda darles la palabra.

 

SENADOR GERMAN MARTÍNEZ CÁZARES: Les pregunto si alguno de los coordinadores, miembros de la Junta de Coordinación Política, desean hacer uso de la palabra, levanten la mano.

 

No, Presidente, ninguno.

 

SENADOR RICARDO MONREAL: Actuaron con sensatez, porque este Senado es muy sensato, son muy sensatas y muy sensatos y para tener el caldo de pollo hay que tener pollo.

 

Entonces, vamos a empezar, el día primero nos envían todo el material, hoy está el informe u muchas gracias a nuestros invitados.

 

Muchas gracias Secretaria de Gobernación, que ya la extrañábamos y que la queremos mucho.

 

 

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