Senado de la República

(SIGUE 12ª PARTE)
 

....   de esa manera pueda eficientarse la función de la Suprema Corte como garante de los derechos fundamentales, en especial, y de la democracia en general. 

Ese nuevo paradigma de Estado Constitucional ha sido reflejado, incluso, en el ámbito del Derecho Internacional, con gran ímpetu, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, así en diciembre de 1948, la reciente creada organización de las Naciones Unidas estableció y proclamó la declaración universal de los derechos humanos, la que debía ser suscrita por todos los miembros de la ONU,  posteriormente se han producido muchas más convenciones realizadas, relacionadas en materia, tales como discriminación racial, discriminación contra la mujer, los derechos de los niños y similares.

El resultado general es la concreción de modo cada vez más detallado los compromisos a gran escala expresado en la Declaración Universal.  Claramente todo esto da cuenta de una considerable institucionalización de los derechos humanos, tanto internamente como en cada estado como a través de organizaciones internacionales; la forma de esta institucionalización transforma el antiguo debate de los derechos fundamentales.

Puede seguir siendo objeto de controversia, y de hecho lo es, tal como antes lo fue, si es que existen derechos naturales universales fundados en principios morales universalmente válidos.

Muchas escuelas de pensamiento han tratado de demostrar en diversas maneras cómo es que se pueden fundar objetivamente derechos y deberes morales básicos, vinculantes para los seres humanos, simplemente en virtud de la naturaleza humana o de la naturaleza de las cosas.

Otros se oponen, pero esto no por ello ha de oponerse también a la institucionalización de los derechos humanos, lo cual, como se ha dicho, representa un salto cualitativo en la protección de la libertad humana y del ejercicio efectivo de la democracia constitucional.

Así, el nuevo paradigma de la justicia constitucional requiere para estar en condiciones de fungir como un verdadera garante de los derechos fundamentales y de la democracia, que el poder político sea acotado o limitado no meramente mediante límites formales relativos a procedimientos que deben ser observados para la creación de las leyes a través de representantes democráticamente elegidos, sino además mediante límites sustantivos o materiales que permitan garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales.

Esta situación constituye, como se ha insistido, una condición necesaria para la efectiva “juridificación” de la democracia, pues ello resulta el único modo de hacer compatible la existencia del poder político institucionalizado, y la subsistencia de una sociedad libre. 

En  consecuencia, el juzgador está sometido a los derechos fundamentales como se expresa en la gran frase de “Krüger”, que señala, antes los derechos fundamentales valían en ámbito de la ley, ahora las leyes valen en el ámbito de los derechos fundamentales. Nuestro máximo tribunal, en su actual conformación, ha desempeñado un papel fundamental en el tránsito de una constitución nominal a una constitución normativa, con base en un criterio que contrasta las normas constitucionales con la realidad del proceso político.

La idea básica subyacente a este criterio, es que una Constitución escrita no opera por sí misma, una vez aprobada, sino que una Constitución es lo que los detentadores y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica para que sea real y efectiva, esto es normativa, una Constitución tiene que ser observada fielmente tanto por los detentadores como destinatarios del poder, esto es necesariamente por operadores jurídicos del sistema quienes se someten a los límites establecidos por la propia Constitución, y en primerísimo lugar los jueces constitucionales.

Por ello, de ser designado ministro, tendré como uno de mis principales objetivos el que se haga muy patente, el que se conscienticen las conquistas que han sido efectuadas en tiempo recientes por la jurisdicción constitucional a fin de generar las condiciones para continuar el desarrollo y expansión de esta en los términos en que la misma ha sido desarrollada por los tribunales constitucionales, los instrumentos internacionales, y por la doctrina especializada.

Finalmente deseo transmitirles, señoras  y señores senadores que es para mí un honor el ser considerado para ser partícipe como juez de nuestro máximo tribunal, en una continuada elaboración del modelo de Estado constitucional y de democracia que exigen las necesidades heterogéneas y cambiantes de este país. 

El Congreso de la Unión, y muy especialmente esta Honorable Cámara, han dado cuenta de la vida profesional pública de quien está frente de ustedes, pues en tres ocasiones anteriores he acudido a solicitar su confianza para desempeñar delicadas responsabilidades del quehacer público.

En cada ocasión he prometido cumplir cabalmente con las obligaciones inherentes a tales responsabilidades, y hoy, en esta, que sin demérito de las anteriores, representa la de mayor trascendencia, acudo nuevamente ante ustedes con la honra del deber cumplido para comprometer, en caso de que esta soberanía así lo decidiera, todo mi empeño, toda mi cordura y mi lealtad absoluta a la nación, a favor de la noble y anhelada causa de la justicia. Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias al señor Alfredo Gutiérrez Ortiz.  A la misma comisión le solicitamos acompañe al salón contiguo al compareciente; y a la misma comisión que invite a pasar a la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández, quien ocupa el segundo lugar en la terna, para sustituir al Ministro Aguirre Anguiano.  Hacemos un breve receso.

Sea bienvenida, señora Norma Lucía Piña Hernández, tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos, para su exposición.

-LA C. SEÑORA NORMA LUCIA PIÑA HERNANDEZ:  Con su venia, señor presidente.  Señoras y señores senadores, mi presencia en la más alta tribuna del país me honra y me distingue, pero más allá de esos sentimientos estrictamente personales, me responsabiliza.  Fue propuesta por el Poder Ejecutivo,  y si ustedes así lo deciden ocupare el alto cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se eligen a través de sufragio directo, en cambio, el Constituyente dispuso que a propuesta del Ejecutivo en ustedes recaiga la responsabilidad de la elección de los ministros de la Suprema Corte, facultad de gran trascendencia y complejidad, ya que tienen que decidir quien de los aspirantes cuenta con las cualidades y capacidades necesarias para integrar el máximo tribunal, y cumplir tan honrosa encomienda.

El cuidado que impone esta misión, y más en un momento como el que atraviesa nuestra nación, impone que el proceso de elección en curso sea llevado acabo con la mayor acuciosidad, el Estado Constitucional, entendido como el ideal del Estado de Derecho implica el sometimiento completo del poder al derecho, a la razón. 

Un Estado constitucional descansa sobre tres pilares: a dos de ellos los elige directamente el poder soberano, y el pueblo ha dispuesto que el tercero sea el garante de su solidez, reflejado en el respeto y procuración de los derechos humanos, y lo ha facultado como guardián....

(Sigue 13ª parte)
. . . y procuración de los derechos humanos  y lo ha facultado como guardián  para evitar los excesos en que pudiesen incurrir todas las  autoridades del país.

 La historia nos dice que  en tiempos de crisis  es frecuente  que tales excesos se cometan,  y por ello es un hecho notorio que el Constituyente ha incrementado extraordinariamente el poder de los jueces,  y en particular el de los jueces  constitucionales.

 Vivimos,  como “Bovio” escribió hace ya muchos años, en la edad de los derechos y al juez de manera muy especial, al juez constitucional le ha sido confiada la protección de esos derechos.

  En eso radica, entre otras cosas su alta función, en contribuir a garantizar los derechos de las personas, todos los derechos y de todas las personas, he ahí la relevancia de este proceso democrático en el que  el Senado ejerce la elevad función de elegir a quienes integrarán el máximo tribunal del país.

 Soy profesora normalista y como jurista empecé en la Academia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 
 Tengo 24 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación, ocupé el cargo de juez por  oposición  y soy magistrada también por concurso de oposición y he seguido preparándome personal y académicamente para cumplir con la elevada función  de juzgadora,  así lo refleja mi historia de vida.

 Estoy convencida que la capacidad no es una cuestión de género, provengo de una familia de cuatro mujeres y ahora  por ironías de la vida, soy madre de tres hijos hombres y comparto mi vida con mi esposo desde hace más de 27 años.

 Sin embargo también estoy convencida que en una democracia las mujeres debemos participar en la construcción del país que queremos, elegir nuestro destino, actuar y pensar no sólo  o no únicamente en función del bienestar familiar, sino  en nosotras mismas, es decir, asumirnos no como medio, sino como fin,  la teoría y la realidad indican que generalmente eldesarrollo de las naciones auténticamente democráticas, se mide entre otros parámetros por el número de mujeres que ocupan los cargos públicos.

 La solución de los conflictos en las sociedades democráticas se han confiado a los jueces y a un ministro le corresponde decidir tales conflictos con un gran impacto nacional.

 Se dice, reiteradamente que un ministro debe cumplir una función de estado, pero no se explica en qué consiste la misma.

 El juez dirime una controversia entre partes, atendiendo a los intereses particulares de quienes en ella intervienen, el juez constitucional va más allá, ser juez constitucional entraña primordialmente una alta responsabilidad social, política, jurídica, profesional y personal, circunscrita respeto  de la Constitución y de los derechos fundamentales en ella contenida, conlleva fidelidad a los principios que  sustentan nuestra convivencia  y que marca los límites del respeto a la esfera de lo individual sin afectar la esfera de lo colectivo, teniendo siempre en cuenta que la ingeniería constitucional sólo se explica en relación con la cultura de un país y en el caso de México  con nuestra identidad nacional.

 Las decisiones del os ministros deben estar inspiradas en la imparcialidad, que como todos sabemos, quiere decir que el criterio del juez no ha de estar sesgado en favor o en contra de ninguna de las partes que accione nuestro sistema de justicia constitucional, el juez ha de esforzarse por ser objetivo, ha de facilitar  que pueden expresarse todos los argumentos que sean relevantes en el caso a resolver  y a de elegir los más justos, incluso cuando éstos lleven a una solución que no sea la que él como individuo particular hubiese preferido.

 Pero imparcialidad no significa neutralidad, en el sentido de que el juez constitucional  no puede prescindir de los valores que informa la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Las soluciones imparciales y objetivas tienen que ser al mismo tiempo soluciones comprometidas  con los valores de nuestra Constitución que legitimen a sus intérpretes.

 La legitimación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  se construye también con la transparencia.

 Entiendo por tal la claridad y justificación de su sentencias, que supere las pruebas más estrictas de los peritos en derechos y de quienes no lo son. Es decir, en suma, entendibles por todos, sentencias que justifiquen una decisión  por más complicado y debatido que sea el tema, sentencias que se dicten por y cada una realidad mexicana, sentencias que contribuyan a la democracia y a hacer realidad la justicia en una nación pluricultural, sentencias que dicten el activismo judicial y que no olviden que el primer deber del juez es actuar conforme a derecho y de manera prudente.

 En otro país como México, la justicia constitucional es una instancia  fundamental para luchar contra todo tipo de discriminación, práctica que lamentablemente ha sido una constante en nuestra historia.

 Algunos de los casos más relevantes de discriminación están relacionados por la condición de ser mujer, de pertenecer a algunas de las comunidades indígenas que conforma nuestra nación  o de estar en cualquier tipo de situación que implique un riesgo de exclusión social.

 Mención especial requiere el caso de la protección de los grupos vulnerables y del caso de los guiños y de adolescentes, quienes como presente y futuro de nuestra nación necesitan la máxima tutela.

 El gran pedagogo “John  Dewey” expresó: “Si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás”. 

 Nuestro sistema de justicia constitucional le impone a un ministro  la obligación de salvaguardar el equilibrio entre los órganos del estado y en sus diversas . . .

(Sigue 14ª parte)
…constitucional, le impone a un ministro la obligación de salvaguardar el equilibrio entre los órganos del Estado y en sus diversos órdenes para garantizar un sistema democrático a través de la solución de controversias que se susciten entre ellos, y el garantizar el acceso a las minorías parlamentarias, a los organismos reconocidos que actúan a favor de los derechos humanos, al Poder Ejecutivo por conducto del Procurador, y a los partidos políticos tratándose de leyes en materia electoral, y para ello el ministro tiene que ser independiente, lo que no implica tener la capacidad, perdón, lo que implica tener la capacidad para resistir a todas las presiones externas a su función, como las provenientes de los poderes políticos y económicos, y de lo que ahora suele llamarse “Los poderes blandos”.

 El juez constitucional tiene que tomar sus decisiones considerando únicamente las razones provenientes del derecho para no decidir de manera arbitraria, tal circunstancia constituye uno de los principios que garantiza la existencia de una sociedad democrática.

 La independencia no es una prerrogativa del juez constitucional, es un derecho del que acciona esa justicia, ya sea a través del juicio de amparo las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales.

 Además, independencia no quiere decir: “Formalismo”.

 Sometimiento al derecho, no significa dejarse esclavizar por la letra de la ley.
 
 Las normas deben de interpretarse para lograr la justicia de acuerdo con los propósitos, los objetivos y los valores que subyacen en las mismas.

 En su función de garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los individuos, un Ministro de la Suprema Corte no debe actuar de manera formalista.

 Lo que razonablemente se espera de él, no es que use de la letra de la ley como una especie de escudo frente a los riesgos de soluciones innovadoras, sino que sea capaz de innovar el derecho.

 “Renovar” no significa apartarse del derecho, sino desarrollarlo cuando la protección efectiva de los derechos de los individuos así lo requiera.

 Buscar la justicia a través del derecho, debe ser el objetivo del juez constitucional. Es la capacidad para encontrar soluciones justas a los casos que ha de decidir, y capacidad para argumentarlas, motivarlas, sin abandonar el derecho.

 En la actualidad, con la lección del caso Radilla, que todos ustedes ya conocen ampliamente, y a partir de las reformas a la Constitución, nuestro sistema jurídico se está redefiniendo.

 La vereda que conduce a la justicia está franqueada por 2 precipicios, ahora que está de moda hablar de precipicios ¿verdad? el formalismo y el activismo judicial.

 A los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corresponde, además, marcar el rumbo que todos los jueces del país debemos seguir, de ahí, repito, la relevancia de su decisión en este proceso democrático.

 Tenemos la fortaleza del orgullo por nuestra nacionalidad y la obligación, como servidores públicos, de realizar nuestra función como lo exige nuestra ley fundamental.

 La congruencia de las decisiones debidamente justificadas, y derivado de ello, la seguridad jurídica, son valores que no se deben menospreciar como atributos de un ministro, porque además, en sí mismo, son derechos fundamentales, como son el de legalidad y el de igualdad ante la ley, y son la base sobre la que se erige como condición necesaria la satisfacción y procuración de los derechos humanos, derechos que no implican ninguna concesión, sino que constituyen la condición o el límite para la actuación de la autoridad, correspondiendo a los jueces constitucionales la elevada misión de velar porque no se transgredan.

 Estoy segura que la decisión que ustedes adopten, como culminación de este proceso democrático, será la correcta.

 Mis compañeros son reconocidos juristas y personas destacadas.

 El estado constitucional de derecho precisa de jueces comprometidos con los valores de libertad y de igualdad, leales con el derecho, pero ampliamente entendidos y abiertos a las exigencias de una sociedad democrática, como es la mexicana, en que la exclusión social es más que un riesgo.

 La función de un ministro implica: analizar la regularidad constitucional de las normas generales a través de juicios de amparos promovidos por los gobernados, lo que en algunos casos, y con las condiciones requeridas por nuestra Constitución, podría conducir a una declaratoria general de inconstitucionalidad.

 Es examinar esa misma regularidad garantizando el derecho de las minorías parlamentarias, de las instituciones que actúan en defensa de los derechos humanos, del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos en materia federal electoral para hacerse oír a través de la acción de inconstitucionalidad, y además conlleva el resolver controversias entre los diversos órganos de los órdenes Federal, Estatal, del Distrito Federal o Municipal, para hacer valer y proteger sus atribuciones.

 La tarea de un ministro supone, por lo tanto, hacer frente a grandes dificultades y enormes retos. Eso, en mi opinión, es en lo que consiste la responsabilidad de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ello, como lo mencioné al principio, participar en este proceso, más que una distinción, implica una gran responsabilidad, responsabilidad que estoy segura todos ustedes asumen en la participación de este proceso democrático, y que tomarán su decisión por el bien de México.

 Hablar de democracia es hablar de justicia. Si nos preciamos de ser una nación democrática, debemos hacer efectiva la justicia en México.

 Como decía mi padre: “En toda la posibilidad de nuestro destino”.

 Muchas gracias. (Aplausos).

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias por su exposición, señora Piña Hernández, y solicito a la comisión acompañe a la ciudadana Norma Lucía Piña, al salón contiguo e invite a pasar al señor Ricardo Romero Vázquez, quien es el tercer…

(Sigue 15ª. Parte)
… y solicito a la comisión, acompañen a la ciudadana Norma Lucía Piña, al salón contiguo, e invite a pasar al señor Ricardo Romero Vázquez, quien es el tercer integrante de la terna para cubrir la vacante del Ministro Aguirre Anguiano.

(La comisión cumple)

 Sean usted bienvenido, ciudadano Ricardo Romero Vázquez, dispone de hasta 20 minutos, para su exposición.

 -EL C. RICARDO ROMERO VÁZQUEZ: Muchas gracias.

 Con su venia, señor presidente.

 Respetables señoras senadoras y señores senadores de la República: Comparezco ante el pleno de esta honorable Cámara, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución General de la República y del acuerdo de la Mesa Directiva, que establece el procedimiento para la elección de dos  Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del día 13 del mes que transcurre.
 Ser parte en este proceso democrático, para la designación de dos integrantes del máximo tribunal del país, me distingue y honra; por el solo hecho de haber sido considerado para integrar la terna, para cubrir la vacante de don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, sobre todo al lado de dos notables juristas, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, quien además me distingue, desde hace algunos años, con la más noble de las virtudes del ser humano: su amistad.
 
 Y de don Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, maestro en derecho tributario, impecable servidor público y actual jefe del Sistema de Administración Tributaria.

 Mi trayectoria profesional en el Poder Judicial de la Federación, comprende 32 años de servicio, durante los cuales tuve la oportunidad de fungir como Actuario Judicial, un breve tiempo.

 Como secretario de Acuerdos y Proyectistas, en un juzgado de Distrito, especializado en materia civil en el Distrito Federal, y después secretario Proyectista en un Tribunal Colegiado en materia civil, del Primer Circuito, por más de siete años.

 Posteriormente secretario de Estudio y Cuenta, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte, y unos cuantos meses en la actual Primera Sala, pues a principios de 1995, fui designado Juez de Distrito en el estado de Campeche, que no tiene ni tenía especialización y, por tanto, conocía de todas las materias.
 
 Finalmente, tengo 15 años como integrantes de tres Tribunales Colegiado en materia civil, con sedes, uno en el Distrito Federal, y dos en la ciudad de Toluca, en el estado de México.

 No obstante, considero que la preparación de un juzgador, no sólo debe comprender la experiencia profesional. No, el juzgador no sólo es escuela, el juzgador debe vivir y aprender a juzgar el entorno en que vive y se desarrolla.

 Los tribunales, no son laboratorios de la imaginación, en donde se experimente con la vida, la libertad o el patrimonio de las personas.

 Los tribunales, con la conclusión de la experiencia y del estudio. Para dictar una sentencia, es necesario aprender y comprender la existencia del ser humano; en su familia, en la comunidad en la que se desarrolla y en la sociedad en la que participa activamente.

 Desde luego, no se niega, que el Livio contiene experiencias, pero por si solas, nunca serán suficientes…

Gracias…

 El de la voz, es el primero de ocho hermanos. Mis estudios los realicé en la ciudad de México. La licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y los postgrados, Maestría en Derecho de Amparo y Doctorado en Ciencias Penales, en la Universidad Tepantlato.

 Desde entonces aprendí que todos tenemos la posibilidad de triunfar en la vida, por medio del estudio y del trabajo.

 Antes de comenzar a desempeñarme en el Poder Judicial de la  Federación, en el año 1980, desempeñé los más variados trabajos, en el comercio, en la fábrica y en la oficina. También fue pasante de derecho, en donde mi primera experiencia la viví en un despacho jurídico, en el que me dijeron que fuera al entonces Palacio de Lecumberri, en la sección en donde estaban instalados los juzgados del fuero común. Con la indicación, observa bien a las personas que ahí se encuentran, si les ves con cara de preocupación o llorando, acércate a ellos y diles: “que le pasa, señor; qué le sucede, señora, le puedo ayudar en algo, soy abogado”.

 Sí, me estaban mandando a coyotear.
 
 Desde luego que no lo hice, me marché a casa, y no regresé.

 ¿Qué más aprendí en esa época? Muchas cosas.
 
 Algunas positivas. Como por ejemplo, que a través del estudio te superas. Que a través del trabajo prosperas. Que con lealtad y amor, disfrutas la vida y eres feliz.

 Algunas otras, no muy agradables. Como ocurría con los comerciantes ambulantes, que se instalaban, muy de madrugada allá en las lecherías o en los molinos de nixtamal, a vender algunos productos y eran prácticamente correteados por la camioneta de la vía pública. O el despido de los trabajadores, esto que era tan común en aquellos tiempos, por el solo hecho de haber incurrido en una grave falta: la de haber cumplido 40 años. Antes, era casi un delito llegar a los 40 años y ser un trabajador.

 O bien, otras actitudes autoritarias, como la detención por parte de policías, por no haber invitado un refresco o un cigarro, de los normales, no de otros. O por traer el cabello largo, en los años 60-70, pero todo eso, todo es, es experiencia.

 Pues bien, en atención al acuerdo de la Mesa Directiva, que me referí en un principio, y basado en las experiencias narradas.

Ahora les daré a ustedes la visión que tengo de la impartición de justicia.

Desde siempre, se imparte por una persona que estudia y se especializa, precisamente para llevar a cabo esa actividad, la de administrar justicia.
 
Por ello, debe conocer la ley. Entenderla y aplicarla a situaciones que se generan en la vida cotidiana, y que debe saber comprender, la tarea del juzgador es difícil, debe tener, como decía Sócrates, ya lo decía alguno de mis compañeros, cuatro características: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.

Esas circunstancias y cualidades…

(SIGUE  16ª. PARTE)
… ponderar prudentemente y recibir imparcialmente.

 Estas circunstancias y cualidades deben satisfacerlas el juez constitucional que integre la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir los asuntos y controversias que se dirimen en tan alto tribunal y que indefectiblemente comprenden derechos no sólo de carácter fundamental, sino más sutiles aún, los denominados derechos humanos que son más amplios por cuanto a su reconocimiento previsto no sólo en el código político más importante del país, la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que comprenden el conjunto de prerrogativas inherentes a la persona, indispensables para su desarrollo comunitario y que deben ser respetada por todos, especialmente por las autoridades gubernamentales.

 Y como no siempre es así, las controversias correspondientes deben resolverse ante el órgano jurisdiccional que tiene la característica de ser terminal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 En la actualidad los derechos humanos comprenden las prerrogativas civiles y políticas, como so la vida, la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad de derechos, la prohibición de la esclavitud en toda sus formas, la servidumbre, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el respeto a la vida privada, a la intimidad, a la correspondencia, al libre tránsito, a tener una nacionalidad, a buscar asilo y disfrutar de el en cualquier país, a casarse y decidir libremente el número de hijos que desea tener, a que se le reconozca su libertad de pensamiento, opinión y expresión de ideas y de religión, de reunión y asociación política.

 Algunos de estos derechos, aunque recientemente reconocidos en la Carta Maga, desde hace mucho tiempo eran identificados como tales en la doctrina y clasificados como de primera generación.

 También comprende los derechos humanos de la segunda generación que incluyen las prerrogativas económicas, sociales y culturales, las cuales se materializan mediante la implementación de acciones, programas y estrategias, como la seguridad social, condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias, también a un nivel adecuado de vida en la que se asegure salud, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica, así como los servicios sociales indispensables y el derecho a la educación gratuita, hasta la preparatoria a partir del 9 de febrero del presente año.

 Actualmente se reconocen los denominados derechos humanos de tercera generación que ven no sólo al progreso social en una determinada región, sino al marco de respeto y colaboración mutua en la comunidad internacional, destacando la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la cooperación regional, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y en general el desarrollo que permita una vida digna.

 Con el conocimiento de estos derechos también se ampliaron los conceptos de parte agraviada en la promoción del juicio de amparo que constituye por antonomasia el único medio de control constitucional de que disponen el individuo o el gobernador, pues ahora se comprende el interés jurídico y además el interés legítimo.

 En este sentido, la visión de la justicia por un Ministro de la Suprema Corte implica estar al día en el conocimiento de la normatividad nacional e internacional, sobre todo a conocer y ponderar el desarrollo de esos derechos en otras latitudes. De manera que no se limite a decidir igual que en otros lugares, sino que compare la tradición y la idiosincrasia que prevaleció en el caso resuelto y lo pondere con la tradición, cultura e idiosincrasia de nuestro pueblo, pues antes que nada debe velar por preservar nuestra identidad.

 También en este sentido es importante que el ministro esté convencido de qué es lo más conveniente para los individuos y para el país, como integrante de la Comunidad Internacional de la que voluntariamente forma parte ante el planteamiento de la supremacía del orden jurídico, sin perder de vista y en todo caso armonizar el reconocimiento y sujeción a las resoluciones de los tribunales internacionales con todo lo que ello involucra.

 La aspiración general de la ciudadanía, en materia de administración de justicia, consiste en que las resoluciones de las controversias se lleve a cabo de manera pronta y expedita, uno de los factores que tradicionalmente obstaculiza ese ideal lo constituyen las cargas de trabajo que en el mejor de sus efectos produce rezago y eso molesta a los justiciables.

 Ya lo dice el adagio: “Justicia que no es pronta, o sea, rápida y expedita, o sea, libre de todo estorbo, no es justicia”.

 Para abatir ese mal, se ha puesto de moda la oralidad y la informática, o si se quiere la cibernética. Para agilizar el trámite de los asuntos en la Suprema Corte, para hacer efectivo el imperativo constitucional, sólo se puede emplear la tecnología. Veo en propio para ello la oralidad, dada la naturaleza de los asuntos que conoce y, para ello, en el proyecto de Ley de Amparo se reglamenta el uso de la firma electrónica que es el preámbulo de los juicios en línea. Por ello, en breve los ministros de la Suprema Corte deben estar a la altura de las circunstancias. Con ello, desde luego, se agilizarán la solución de los conflictos, porque se podrán allegar de la información indispensable actual y de la más variable índole, previendo la implantación de redes, de comunicación, ligadas a la potencialidad de los instrumentos para almacenar, gestionar y transmitir información, con lo que se logrará una rápida tramitación de los tradicionales modos de organización social y económica, lo que tiene impacto en el estilo de vida patrones de convivencia y administración política eficiente.

 Otro de los factores que también pueden contribuir a la agilización y resolución de los negocios jurisdiccionales, la constituye el adecuado uso de la facultad de dictar acuerdos generales para la remisión de asuntos a los tribunales colegiados de circuito. De modo que de la manera más acertada se logre abatir el rezago a lo que se debe de agregar que la Reforma Constitucional también prevé la tramitación de juicios colectivos y la instauración de procedimientos relacionados con acciones colectivas, con las que, sin lugar a dudas, se administrará justicia a un mayor número de personas en muy pocos actos jurídicos.

 En los últimos tiempos la Suprema Corte de Justicia desempeña un papel destacado en la consolidación de la democracia que se erige en un principio fundamental, basado en la soberanía que representa la voluntad popular, que exige el respeto irrestricto a sus derechos jurídicos y legítimos.

 La Suprema Corte se alza como el fiel de la balanza en el sistema de pesos y contrapesos que implica la tramitación de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, las cuales son sometidas a su decisión y deben garantizar la preservación de condiciones aceptables para lograr una convivencia social, política y……..

(Sigue 17ª parte)
. . . . . . . . . . . .  .........y acciones de  inconstitucionalidad, las cuales son sometidas a su decisión y deben garantizar la preservación de contenciones aceptables, para lograr una convivencia social, política y armónica mediante el fortalecimiento de las instituciones del Estado, donde, respetuosa, y haciendo respetar la esfera de competencias de cada autoridad se erija la Suprema Corte de Justicia.

De las instituciones más sólidas que caracterizan la vida institucional del país sobresalen los medios de control constitucional a través de los cuales se salvaguardan los derechos constitucionales y los derechos derivados de los tratados internacionales a favor de los gobernados, incluso por invasión de la esfera de competencia de las autoridades gubernamentales.

Por ello, mi vehemente convicción sobre la necesidad de que por medio de la actuación efectiva de la Suprema Corte de Justicia a través de los medios legales y pacíficos que tiene, que consolide el imperio del derecho, el respeto a los bienes de las personas y el clima de paz y justicia que es el anhelo del pueblo de México y que estoy dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias, si es que ustedes, señores y señoras senadores así lo creen conveniente.

Señoras y señores senadores: Gracias por permitirme compartir mis anhelos. El sueño de que nuestra patria cuente con una justicia moderna, transparente, accesible, eficiente, rápida y comprensiva para todos, bajo una premisa justa con cara humana pues la justicia es y será la reina de las virtudes, no se ve, no se siente, no se toca, pero cuando se imparte adecuadamente se logra el anhelo más importante del hombre, la paz social.

Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor Magistrado Romero Vázquez, muy amable. Solicito a la comisión designada se sirva acompañarle al salón contiguo.

(LA COMISION CUMPLE)

- Concluidas las exposiciones de los candidatos de las dos ternas, procede su comparecencia ante la Comisión de Justicia, conforme al acuerdo aprobado por sus integrantes, y del cual dimos cuenta al inicio de nuestra sesión de este día.

Se recibió de los senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que se turna a la Cámara de Diputados.

Asimismo, se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Verde Ecologista de México un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al último párrafo el Artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y,  de Estudios Legislativos Primera.

Vamos a dar lectura a los que se turnan a la Cámara de Diputados, Secretaria, por favor.

- LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Doy lectura a las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con punto de acuerdo por el que se solicita  a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se destinen 165 millones de pesos para el control y mitigación de la plaga THLV en el Estado de Colima que se turna a la Cámara de Diputados.

Otra proposición de los senadores Marcela Torres Peimbert y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con punto de Acuerdo que exhorta asignar una ampliación presupuestal al Instituto Politécnico Nacional para finalizar la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada en los estados de Querétaro que se turna a la Cámara de Diputados.

Otra más de la Senadora Martha Elena García Gómez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con punto de acuerdo que exhorta a contemplar dentro del anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento de recursos dirigidos a la atención de madres solteras que deseen concluir sus estudios de educación profesional especializada, técnica o de licenciatura que se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

El último, de los senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer una ampliación presupuestal para el Ejercicio 2013 destinado exclusivamente a la resolución definitiva de los conflictos agrarios que se turna  la Cámara de Diputados.

Es cuanto, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, esta Presidencia ratifica los turnos de los que se ha dado cuenta.

Honorable Asamblea: Me permito informarles que realizaremos un simulacro de evacuación por caso de sismo, escucharemos primero una alarma de advertencia que servirá para saber que tenemos 20 segundos para colocarnos en un sitio seguro.

Quienes están ubicados debajo del tragaluz y la línea de iluminación deberán subir por los salones y escalones hacia la pared del fondo; los que estamos en la Mes Directiva, deberemos colocarnos a un lado de las escaleras.

Posteriormente escucharemos otra alarma con un sonido distinto que nos indicará que debemos desalojar el recinto de manera ordenada hacia Paseo de la Reforma en el parque “Luis Pasteur”.

Nuestros invitados en los palcos recibirán instrucciones de brigadistas asignados.

Una vez que concluya el simulacro, regresaremos a este salón a reanudar nuestra sesión.

Muchas gracias.

(BREVE RECESO A LAS 14:30 HORAS)

(Sigue 18ª. Parte)
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se reanuda la Sesión.
En el apartado de iniciativas, la Mesa Directiva acordó realizar únicamente una ronda de intervenciones en tribuna para su presentación.
En consecuencia, tiene la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
-LA C. SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ: Gracias, Presidente. Con su permiso.
A nombre del Senador Arturo Zamora Jiménez, de los senadores Miguel Ángel Chico Herrera, de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, de la Senadora Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, María Lucero Saldaña Pérez, y del mío propio, Margarita Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de Delitos de Trata de Persona cuando sean cometidos por parte de la delincuencia organizada.
Hoy en día el estado mexicano enfrenta el grave problema que representa la delincuencia organizada, cuyas redes criminales se han mezclado de muy diversas maneras y en varios sectores de la población, pero siempre con la constante de estrechar y degradar la seguridad de la población.
Si bien es cierto que durante muchos años juristas y sociólogos restringieron las actividades de la delincuencia organizada casi exclusivamente a la esfera del narcotráfico, desde hace algún tiempo esta situación ha progresado, al grado que hoy se acepta, casi por unanimidad, que la delincuencia organizada ha extendido sus actividades a la comisión de otros ilícitos de muy variada naturaleza y la trata de personas es precisamente uno de los delitos en que la delincuencia organizada registra mayor actividad.
Según cifras de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, en México existen diez mil mujeres que son traficadas con fines de explotación sexual; cinco mil son trasladadas a Estados Unidos y Canadá cada año. Los estados con mayor incidencia de mujeres traficadas son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo, en tanto que los principales puntos de destino son Acapulco, Cancún, Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana.
Sin duda estamos en presencia de un problema mayúsculo que debe ser atendido rápida y efectivamente.
El artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, prevé que el delito de delincuencia organizada se comete cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o re iterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que se mencionan en las fracciones I y VII del mismo numeral, que son a saber:
En la primera, el terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter.
Segundo, acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Tercero, tráfico de indocumentados, previstos en los artículos 159 de la Ley de Migración.
Cuarto, tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud.
Quinto, corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal.
Sexto, delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.
Séptimo, las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre del 2010, el legislador adicionó al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, algunas conductas definidas como delito en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; sin embargo la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar este tipo de delitos, tal y como se refiere en ambas leyes, es jurídicamente dudosa y fácilmente controvertible, ya que dicha competencia no se encuentra específicamente prevista en el artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; es por ello que, aún que la trata de personas se incluye en la ley como conductas susceptibles de ser cometidas por la delincuencia organizada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los delitos en materia de trata de personas, no cuenta con claras atribuciones legales que le permitan investigar con toda libertad y sin restricciones este tipo de delitos, para luego y proceder contra los autores ante los tribunales de la Federación sin riesgo de que sus actuaciones sean reputadas como nulas.
En virtud de lo anterior y a fin de que se cuente con un marco que brinde certeza jurídica y de evitar lagunas en materia de competencia, formulamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en Materia de Delitos de Trata de Personas cuando sean cometidos por parte de la Delincuencia Organizada.
Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
Artículo 3.- Los delitos señalados en las fracciones V, VI y VII de dicho artículo no serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
T R A N S I T O R I O
Único.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Torres…
-LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: (Desde su escaño) Presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño de la Senadora Dávila.
-LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: (Desde su escaño) Solicito si esta iniciativa sea turnada también a la Comisión Contra la Trata de Personas, por favor, por el tema que se toca.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Concedido. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de diversos senadores, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: Con su permiso, señor Presidente.
La presente iniciativa no es sólo a nombre mío, es a nombre del Senador Ernesto Ruffo, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios, Dolores Padierna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, María Lucero Saldaña Pérez y María del Rocío Pineda Gochi, así como de la Cumbre Ciudadana, realmente somos la voz de estas ciudadanas y ciudadanos que han estado trabajando fuertemente por la sociedad mexicana…

(SIGUE 19ª PARTE)
..... realmente somos la voz de estas ciudadanas y ciudadanos que han estado trabajando fuertemente por la sociedad mexicana. 

Estamos ante un cambio de época, fenómenos como la migración, la inclusión de la mujer en el mercado laboral, la transformación de la institución familiar, entre otras cosas, han ocasionado que la sociedad mexicana sufra fuertes modificaciones.

Desde hace algunos años la conformación familiar se transformó. Según cifras del INEGI,  tan solo siete de cada cien niños viven con ambos padres, mientras que el tiempo promedio de duración de un matrimonio es de diez años, existen en la actualidad una conformación diversa de familia, esto implicó necesariamente un cambio en la estructura social, tareas básicas como la transmisión de valores, la formación de una identidad nacional de unión y de trabajo en equipo, de protección a los niños, a los adultos mayores, y a los enfermos, ya no se viven únicamente en el seno familiar.

Hoy tenemos un hueco en el proceso de formación del ser humano, el cual no se cubre con el deficiente sistema educativo mexicano, y es paulatinamente reemplazado por los medios masivos de comunicación, que acompañan a nuestras niñas y niños en promedio cinco horas diarias.

El fenómeno de transformación de la familia es mundial, y plateó un reto a las sociedades actuales, adaptarse y buscar la manera de sustituir las funciones que antaño eran exclusivas de las familias.

En países como Alemania, donde cada ciudadano participa en promedio en al menos siete organizaciones sin fines de lucro, las tareas que antes realizaba la familia ahora las realiza esta sociedad organizada, es así que la participación ciudadana a través de la conformación de organizaciones de la sociedad civil, se pondera en el siglo XXI como el mejor medio para trasmitir valores, para formar identidad nacional, para proteger a los desvalidos, para generar unión y enseñar a trabajar en equipo a los jóvenes que forman parte de una sociedad determinada.

En nuestro país la figura de Estado paternalista que subsistió durante muchos años, generó una codependencia de los mexicanos y mexicanas hacia la resolución de los problemas sociales mediante medidas estrictamente gubernamentales, esta codependencia ha impedido fortalecer a la ciudadanía y trascender de una mera democracia formal a una democracia de calidad.

La gran cantidad de legislación electoral nos demuestra que los esfuerzos por fortalecer la democracia no debe ser solo legislativos, por el contrario, la democracia no se logra exclusivamente por las leyes; la democracia se logra sólo a través de las ciudadanas y ciudadanos, que son capaces de construir una democracia sólida cuando se les permite participar y deliberar los asuntos públicos.

En nuestro país existen tan sólo 36 mil organizaciones de la sociedad civil, para aproximadamente 112 millones de mexicanos, mientras que en países como Argentina, existen cien mil para 30 millones de argentinos.

En México no comprendemos que la ciudadanía es lo que hace fuerte al país. Como legisladores de esta situación nos exige tomar medidas, a efecto de reformar el marco fiscal de las organizaciones con el objetivo de incentivar la creación de nuevas y fortalecer las ya existentes. 

En el entendido de que como medida de largo plazo se liberará al Estado de realizar muchas actividades que se pueden realizar de manera mucho más eficiente, desde la sociedad civil organizada.

Actualmente la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece un límite de siete por ciento a la deducibilidad de los donativos otorgados por personas físicas y/o morales, a donatarios autorizados.  Este bajo margen no incentiva la donación, y mucho menos permite la proliferación de recursos que financien la operación de organizaciones de la sociedad civil, que por vocación y compromiso atienden a grupos vulnerables, minorías y dan solución a problemas sociales, “ecológicos”, y de distinta índole en el país.

Esta situación de falta de fuentes de recursos para apoyar la operación ciudadana a través de las organizaciones, sólo limitan el tamaño del sector social, su capacidad de acción y desincentiva la donación, haciéndolas dependientes mayoritariamente del recurso público. 

Las organizaciones de la sociedad civil han cobrado verdadera importancia en el desarrollo social de México y en la reintegración de las minorías mexicanas a la sociedad y a las actividades cotidianas. Este tipo de organizaciones realizan actividades de remediación social, que no realiza ni el sector privado ni el sector público, no sólo por falta de capacidad técnica, humana y operativa, sino también por una verdadera falta de visión para empoderar a la sociedad civil y fortalecer a los grupos menores favorecidos de la sociedad.

Si bien la publicación de la Ley Federal para el Fomento de las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, permitió que este tipo de organizaciones se constituyera en México un canal eficiente para la participación ciudadana y para la atención de demandas sociales, el crecimiento y el fortalecimiento de este sector depende fuertemente del nivel de recursos con el que cuenta.

Por ello se propone aumentar el límite existente en la legislación en los artículos 31 y 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del siete por ciento al 25 por ciento.  La ampliación de límite de la deducibilidad de donativos otorgados por personas físicas y/o morales, a donatarias autorizadas al 25 por ciento, privilegiaría a la actividad que realizan estas organizaciones, fortalecería al sector dándoles mejores esperanzas de supervivencia.

Respecto al artículo 93 del mismo ordenamiento jurídico, en 2009 el Ejecutivo Federal propuso, y posteriormente se aprobó, precisar que los ingresos que obtiene las donatarias autorizadas por la enajenación de bienes o prestación de servicios no relacionadas a su objeto social, o los fines para los que fueron creadas, no podrían exceder del diez por ciento de los ingresos obtenidos por el desarrollo de actividades directamente relacionadas con su objeto.

Es correcto obligar a las organizaciones de la sociedad civil y, en particular, a las donatarias autorizadas, a dedicar mayoritariamente a las actividades que se definen por la consecución de su objeto social y a no encubrir la realización de actividades empresariales, pues de esta manera se transparenta la actividad en este sector.

Adicionalmente se evita la evasión o elusión fiscal por esta vía, en la medida en que actividades empresariales pudieran disfrazarse de actividades sociales.

Sin embargo, también es cierto que esta reforma al artículo 93 presupuso de forma errónea que las actividades directamente definidas por el objeto social de las organizaciones, son suficientes para financiar su actividad y su supervivencia.

Si los ingresos derivados por las actividades enmarcadas por el objeto social de estas organizaciones fueran suficientes, estas no se verían obligadas a realizar actividades distintas a la de su objeto social; más aún, si los ingresos provenientes por fuentes distintas a su propia actividad, es decir, donativos, y apoyos económicos provenientes de la filantropía del sector privado, empresarial,  y público fueran suficientes y distribuidos de forma mucho más equitativa entre todas las organizaciones, estas no se verían obligadas a realizar actividades que las distraen de su realización y cumplimiento cabal de su objeto social, pero que sin duda les generan ingresos para poder sobrevivir y seguir realizando actividades sociales en apoyo de la sociedad mexicana, principalmente la más vulnerable o la menos protegida.

Sin duda, y con un afán de evitar la evasión y elusión fiscal, efectivamente obligar a las organizaciones a que cumplan con su misión y objeto social para lo que fue creada, es importante no abrir completamente este límite, pero sí es fundamental para la sobrevivencia y crecimiento del sector, de las organizaciones sin fines de lucro, que este límite se revise a la laza.

Por lo anterior, esta iniciativa de reforma propone cambiar la redacción actual del artículo 93 a obtener ingresos por actividades con fines no lucrativos a los que se refiere el artículo 95 de esta Ley, susceptibles de ser consideradas para recibir donativos en los términos de este título, siempre que no excedan de una tercera parte de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate.

Esta modificación, sin duda, daría un respiro a las organizaciones de la  sociedad civil, y haría una sociedad más justa socialmente hablando. En virtud de que este sector no obtuvo apoyos económicos para sortera la crisis económica mundial, del 2009 y del 2010, también significa incrementar las oportunidades que tienen los sectores más vulnerables de la sociedad y las minorías por tener a su alcance ayuda y auxilio, como el que prestan estas organizaciones y que no necesariamente prestan ni .....

(Sigue 20ª parte)
. . . a su alcance, ayuda y auxilio, como el que prestan estas organizaciones y que no necesariamente prestan  ni las empresas privadas ni el sector público en el país.

 Es cuánto, Senador Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias señora Senadora.

 Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos.

 Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, para presentar  con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto que reforma los artículos  21, 73, 76, 1205, 109 y 110 constitucionales. 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores.

 La presente iniciativa con proyecto  de decreto se inscribe en una discusión amplia que hemos venido dando en este cuerpo  colegiado desde el propio momento en el cual empezamos a discutir la iniciativa preferente  en materia  de contabilidad gubernamental, la discusión que se dio alrededor de la reforma laboral en materia de transparencia de rendición de cuentas y que hoy  viene a acompañar un debate que sin duda alguna será amplio respecto a las iniciativas que han sido presentadas especialmente por el Partido Revolucionario Institucional alrededor de la  conformación de una comisión anticorrupción.

 En el Partido de la Revolución Democrática y en la izquierda del país, hemos venido subrayando la importancia de avanzar en nuevas instituciones que garanticen una revisión profunda de la manera en la cual la sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas tienen forma de garantizar que cada peso, que cada centavo del erario público  realmente sea utilizado en aquello para lo cual fue dispuesto para la Cámara de Diputados.

 El debate no solamente tiene que ver  con la corrupción que ha carcomido muchos de los espacios de la vida pública nacional, sino tiene que ver con una lógica mucho más profunda que implica la rendición de cuentas, la eficiencia del gasto público, es decir, que cada peso, que cada centavo sea utilizado en beneficio  de la ciudadanía en virtud de que son los ciudadanos y las ciudadanas quienes a partir de los impuestos  están disponiendo precisamente dicho gasto público.

 Y el tema de la corrupción  es un tema de especial preocupación en este momento d la vida nacional.

 Para el 2010 transparencia mexicana identificó al menos  200 millones; 200 millones de actos  de corrupción en los tres niveles de gobierno. La cifra realmente es espeluznante, estamos hablando de actos de corrupción de distinto tipo, de distinta magnitud, pero que están ahí, que forman parte de la estadística nacional y que no han generado  la alarma que en otros países generaría una cifra de esta naturaleza, pareciera ser  un dato más, un dato que la Cámara de Diputados o que el Senado puede escuchar, puede oír, pero que no atiende.

 Otro ejemplo es, el dado por el Centro de Estudios Económicos del sector privado, quién estima que el impacto de la corrupción es de alrededor del 10 por ciento del valor del Producto Interno Bruto, y el mismo centro de estudios estratégicos para el sector privado establece que las empresas gastan alrededor del 10 por ciento del total de los recursos destinados a la producción en el país, precisamente en este tema, en pagar mordidas, en atender  la problemática de una condición institucional pues que evita el crecimiento, que inhibe la innovación y que inhibe a final de cuentas el desarrollo tanto empresarial como del país.

 Continuando con estas cifras, porque  en realidad cuando uno hace un examen, una revisión muy puntual  hay muchos  organismos  de la sociedad civil organizada, muchas organizaciones no gubernamentales  que se han esmerado precisamente en darle información a los políticos, en darle información a los representantes populares sobre este flagelo de la sociedad.

 Por ejemplo la encuesta de fraude y corrupción en México, ésta salió en el 2008, destacó que el  44 por ciento, casi la mitad de las empresas que operaban en México para ese año  reconoció haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos, ya fuera en los municipios, ya fuera a nivel federal o ya fuera a nivel de las entidades federativas.

 Y para cerrar  con tan solo alguna parte de las cifras que conglomeran  esta numerología de lo que es la corrupción en el país, la encuesta nacional  de calidad de impacto gubernamental para el 2011  elaborada por el Instituto Nacional  de Estadística y Geografía, por el INEGI y que precisamente es medir la percepción sobre las prácticas de corrupción en las que se realizan trámites y servicios, señala que los mexicanos estiman que la corrupción es, sobre todo prevalerte en la policía con el 91.8 por ciento de los encuestados señalando que los cuerpos policiacos están infiltrados por la corrupción, el 88.6 por ciento señalando que son los partidos políticos los que se encuentran pues mucho más infiltrados por este flagelo  y por último las agencias del Ministerio Público con el  80.8 por ciento.

 ¿Qué es lo que queremos presentar en el Grupo Parlamentario del PRD compañeras y compañeras? Pues una iniciativa que amplia en la mira si es que verdaderamente se le quiere entrar al tema de la corrupción, de la rendición de cuentas, de la eficiencia en la calidad del gasto, pues que no nos quedemos con una institución que lo que busca  es taparle, como dicen en mi tierra el ojo al macho, que simple y sencillamente quiera   tapar el sol con un dedo, lo que necesitamos es que verdaderamente en esta Asamblea, los senadores y las senadoras tomemos esta bandera como una de las principales banderas de la nueva etapa de la transición democrática  del país.

 Hemos logrado la democracia electoral  para  que cada ciudadano y ciudadana tenga en el voto la capacidad de ejercer plenamente su ciudadanía.

 Dotémosle, compañeros y compañeras de un nuevo engranaje institucional, un nuevo andamiaje que garantice que cada ciudadano y ciudadana tenga capacidad de supervisar   que ese peso, que ese centavo que está siendo gastado  con los recursos del pueblo, con los recursos de la gente, verdaderamente se vaya hacia dónde se tiene que ir, que no acabe en el bolsillo de  los funcionarios públicos y que no acabe dando muestras de que la impunidad en materia de corrupción es algo que está presente en todas las cifras y a lo cual no le quieren entrar  los políticos de este país.

 Esperamos, compañeras y compañeras que esta iniciativa fortalezca el debate, fortalezca las instituciones y fortalezca  la nueva etapa de la vida  democrática del país.

 Es cuanto, señor Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias Senador.

 Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con opinión  de las Comisiones de Gobernación y de  Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 Compañeros senadores, y compañeras   senadoras, les informo que las demás iniciativas y proposiciones  inscritas en al agenda de hoy se turnarán a comisiones.

 Los senadores que deseen mantener inscrito su asunto sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.

 Les informo también que las intervenciones de la agenda política y las efemérides  se insertarán en el Diario del os Debates.

 Se cita a la siguiente  sesión el próximo jueves 22 de noviembre  a las 11:00 horas.

 Se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 15:27 horas.

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