Senado de la República

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2012.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

 -EL C. PRESIDENTE ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.

 -LA C. SECRETARIA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 94 ciudadanos senadores.

 En consecuencia, hay quórum, señor presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se abre la sesión del martes 13 de noviembre de 2012, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio.

 El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

 El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta del Senado de este día.
 
 En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

 Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

 Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 Aprobada el acta, señor presidente.
 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Se recibieron dos comunicaciones de la comisión de Energía, por las que informa de la recepción de respuesta a diversos puntos de acuerdo por parte de Petróleos Mexicanos.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

 Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos que corresponde de sus registros, y darlos por concluidos.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Se recibió una comunicación de la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con la que remite su Programa de Trabajo.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Se recibió una comunicación del senador Benjamín Robles Montoya, por la que informa de la realización del Foro “La Perspectiva del Sur”, a realizarse los días  16 y 17 de noviembre del año en curso, en Oaxaca, Oaxaca, y solicita la conformación de un grupo plural de senadores que asista al mismo.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Este asunto queda en poder de la Mesa Directiva.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Se recibió una solicitud de la Secretaría de Gobernación, con el que remite solicitud de autorización para permitir que elementos de la Armada de México, participen en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para la América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre del año en curso.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: También la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con 143 hojas de servicios para la ratificación de diversos grados navales.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a la comisión de Marina,  para su análisis y dictamen.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: También de la Secretaría de Gobernación, nos remitió solicitud de permiso que se refiere al artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a la comisión de Gobernación, para sus efectos correspondientes.
 
 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Igualmente, de la Secretaría de Gobernación, se nos remiten los Indicadores Operativos y Financieros que Petróleos Mexicanos envía, correspondiente al segundo semestre del año 2011.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Remítase dicha documentación a la comisión de Energía.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Se recibió un oficio de la Comisión Reguladora de Energía, con el que remite su Informe de Labores 2011.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Remítase ese informe a la comisión de Energía.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, su Informe de Labores 2011-2012 y Programa de Actividades.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Remítase a la comisión de Seguridad Social.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Se recibió una invitación del Gobierno del Distrito Federal, para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas.
 Del 188 aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal, a realizar el domingo 18 de noviembre del año en curso.

 Del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a realizarse el martes 20 de noviembre del año en curso.
 
 Y del 90 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a realizarse el miércoles 21 de noviembre del año en curso.

 Todas se llevarán a cabo en esta ciudad.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Para asistir en representación de la Cámara de Senadores, a esas ceremonias, se designan:

 Al senador Mario Delgado Carrillo, para la ceremonia de aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal.

 Al senador Adolfo Romero Lainas, para la ceremonia del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

 Y al senador Marco Antonio Blasquez Salinas, para la ceremonia del aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón.

 En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30, 42, 48 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional.

 -LA C. SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, señor presidente.

 Compañeros senadores: Les solicito un momento de su atención, para señalar lo siguiente:

 Hoy el acceso a la información es una garantía que constitucional, tanto en su protección como en su cuidado. Este derecho tiene las limitaciones constitucionales, enunciadas en el propio artículo 6 fracciones I y II, al señalar que tienen carácter de pública toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal. 
 
 Y sólo podrá ser reservada temporalmente, por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes.

 Además establece, que la información relativa a la vida privada y datos personales, será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
 
 La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, define el término, información reservada en la fracción.

 Como aquélla que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de esta ley.

 Es decir, aquélla cuya difusión comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.
 
 Ahora bien, ¿qué es la seguridad nacional?

 Pues en la ley del mismo nombre, que se aprobó hace algunos años, se define como las acciones destinadas, de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleva a proteger al país frente a riesgos y amenazas; preservar la soberanía, independencia, territorio y la unidad de la Federación; mantener el orden constitucional y fortalecer las instituciones democráticas de gobierno; defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional; y preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.

 Y estas tareas organizan también el quehacer del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, y el resto de las instituciones que integran el Sistema de Seguridad Nacional.
 
 El Cisen, como todos lo saben, es un órgano civil desconcentrado y dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuya misión es generar inteligencia en materia de seguridad nacional para México.
 
 Es decir, los ojos del Estado dentro del Estado y no para el Estado; como es la concepción real que debe tener la inteligencia.

 Una de las herramientas de las cuales se hace su haber de esta inteligencia; es mediante la intervención de comunicaciones privadas.

 Es un medio legal por el cual el agente del Ministerio Público de la Federación, con motivo de la investigación de un delito en materia de delincuencia organizada y previa autorización de la autoridad judicial, interviene las comunicaciones para obtener información que sirva para el esclarecimiento de los hechos investigados…

(SIGUE  2ª. PARTE)
...  interviene las comunicaciones para obtener información que sirva para el esclarecimiento de los hechos investigados. La intervención de las comunicaciones privadas es una herramienta jurídica especialmente útil y necesarias que prevé la Ley Federal contra la delincuencia organizada, el empleo de esta figura jurídica especial ha permitido el desmantelamiento de diversas organizaciones delictivas como el tráfico de indocumentados y el secuestro, así como la detección, detención y aprehensión y varios miembros de la delincuencia organizada, dedicados a la comisión de delitos contra la salud, y a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícitas, llámese lavado de dinero. 

Compañeros, el artículo 16 de la Constitución señala que las intervenciones de comunicaciones privadas podrán ser autorizadas únicamente por los jueces de distrito a petición de la autoridad federal, que faculte la ley, a falta de dicha autorización judicial, las investigaciones realizadas por medio de una intervención de comunicación privados, carecerá de valor probatorio. 

Dicha información solamente podrá ser recabada, copilada, procesada y “diseminada”, con fines de seguridad nacional. Esta ley precia que en ningún caso se divulgará información reservada, y que a pesar de no tener vinculación con amenazas a la seguridad nacional o con acciones y procedimientos preventivos de las mismas, lesionan la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales tal como lo establece el texto vigente en los artículos 30 y 34, y nos señala muy claro que constituye un delito ya que la única intervención de medios de comunicación privada, que es legal, se realiza mediante la autorización de una autoridad judicial.

No podemos dejar en soslayo la ley y no debemos dejar inconcluso el trabajo legislativo en esta materia.

Los artículos que se pretenden reformar en la presente iniciativa es donde el delito de intervenciones telefónicas se omite, actualmente establecer sanciones penales, claras para los servidores públicos de todas las dependencias, incluso de áreas de gobierno que no realizan actividades de inteligencia por la divulgación de información reservada o su uso para otros fines.

Por lo cual, se propone sancionar con prisión de seis a doce años, de 500 a mil días de multa, así como la destitución o inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por el mismo plazo que la pena de prisión impuestas.

Los servidores públicos que intervengan las comunicaciones privadas sin autorización judicial correspondientes, o que la realicen en los términos distintos de las autorizadas en el presente ordenamiento, serán sancionados como lo he señalado. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias, compañeros. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Muchas gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.
Tiene ahora la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los senadores Rosa Adriana Díaz Lizama, y Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

-LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: Con su venia, senador presidente. Ha sido importante para nosotros impulsar en este período ordinario de sesiones los cambios normativos que requiere nuestra democracia para lograr que su desempeño mejore; que las instituciones se fortalezcan y que los ciudadanos tengan confianza en la política y en nosotros los políticos.

Estas son condiciones necesarias para que tenga lugar la consolidación democrática en nuestro país. Así como lo hicimos ya hace unas semanas en presentar una iniciativa para establecer la reelección de diputados y senadores en el ámbito federal y local, también presentamos otro para robustecer los requisitos que deben acreditar los partidos políticos para conservar su registro.

En esta ocasión, y hacemos uso de la tribuna para presentar una iniciativa más que va de la mano de las anteriores. Esta tiene que ver con los requisitos para que los partidos acrediten contar con la simpatía de un número significativo de ciudadanos para cumplir de manera eficiente el papel encomendado en la Constitución en materia de representación.

Actualmente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las agrupaciones que busquen su registro como partidos políticos, deberán contar con tres mil afiliados, en por lo menos 20 entidades federativas; o bien, 300 afiliados en  por lo menos 200 distritos electorales uninominales.

Además exige que bajo ninguna circunstancia el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria, inmediata anterior, a la presentación de la solicitud de que se trate.

Hoy proponemos que se reformen los artículos 24 y 28 de dicho Código para que esos márgenes se adecuen a la realidad política del país, y a las exigencias de los ciudadanos.

Tras lejos del cambio que vivimos, es que en sólo 12 años el padrón electoral pasó de 58 millones de votantes a 85 millones, es decir, creció 47 por ciento.  Los mexicanos quieren que la democracia sea funcional y no resulte un gasto excesivo. 

Hoy el sistema electoral y los partidos le cuestan a los ciudadanos cerca de 15 mil millones de pesos al año, por eso es tan importante que establezcamos las condiciones para que en el corto plazo todos los partidos, no nada más los de reciente creación, en primer lugar, cuenten con un amplio respaldo popular.

Segundo. Cumplan verdaderamente con su función representativa de la población y de sus intereses.

Tercero. Que sea reflejo de la pluralidad de nuestro pueblo en una justa dimensión;

Y por último, que no se convierten en un lastre económico para las finanzas públicas.  En este sentido, la de la voz, junto con la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, y el senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, presentamos esta iniciativa con la finalidad de que se duplique el número de afiliados necesarios, incrementándose de tres mil a seis mil en 20 entidades del país, que se pase de 300 afiliados a 600 en 200 distritos electorales uninominales y que bajo ninguna circunstancia el número total de sus afiliados sea inferior al 0.36 por ciento del padrón electoral federal, es decir, que se incremente en una décima porcentual, ese requisito. 

Estoy seguro que con estas reformas los senadores estaremos respondiendo a los ciudadanos, al mismo tiempo fortaleceremos nuestra democracia porque tendremos partidos políticos más cercanos a la gente y verdaderamente representativos sin menoscabo de la pluralidad que distingue a nuestro México. Es cuanto, senador presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Gracias senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda.
A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Piter, para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, se deroga la fracción segunda del artículo 223 del Código Penal Federal, y se reforma el numeral cinco del artículo 228, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el uso de la palabra, señor senador.

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Con su permiso, señor presidente, muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy el grupo parlamentario del PRD, a través de esta iniciativa presenta una posición que busca evitar el uso discrecional de los recursos públicos y de los tiempos oficiales, con la finalidad de censurar aquellos medios de comunicación, y obviamente a las autoridades públicas, sean estas estatales .....

(Sigue 3ª parte)
… con la finalidad de censurar aquellos medios de comunicación y obviamente a las autoridades públicas, sean éstas estatales, municipales o federales, pues que se estén excediendo en el uso de los recursos públicos con la finalidad de aplicarlos a los medios de comunicación.

 El presente proyecto de iniciativa de ley forma parte de la agenda de trabajo en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas de la LVII Legislatura del Senado de la República, específicamente en lo relativo al fortalecimiento de la libertad de expresión, establecida en el artículo 6° constitucional.

 El Senado está obligado a reglamentar la propaganda gubernamental a partir de la última reforma que se hizo el artículo 134 de la Constitución, con la finalidad de eliminar la discrecionalidad de los funcionarios públicos en un afán de promover su figura dentro y fuera de los periodos electorales, con recursos que aportan los contribuyentes.

 Y esto, compañeros y compañeras, es especialmente trascendente, toda vez que se ha caído en importantes excesos en el uso de los recursos públicos para promover la figura de actores, de hombres o mujeres que buscan precisamente a través de los medios de comunicación enaltecer su figura por encima de comunicar las acciones de gobierno.

 Un estudio que recientemente hiciera fundar en su publicación para el 2012, nos da datos interesantes, pero al mismo tiempo alarmante sobre la problemática del uso de estos recursos.

 Durante los cinco primeros años del actual gobierno, del Ejecutivo Federal que está a punto de terminar, del 2007 al 2011, se han ejercido prácticamente 19 mil 658 millones de pesos en publicidad oficial. Esto de acuerdo a los datos de la cuenta pública, es decir, los datos oficiales, no se cuenta con información sobre otro tipo de convenios que pudieran estarse haciendo, no precisamente bajo la lógica de transparencia, sino que estén haciendo con los medios de comunicación en lo oscurito. Pero este dato por sí mismo es relevante y es importante destacarlo frente a esta asamblea.

 ¿Qué podría el país hacer con 19 mil 645 millones de pesos?

 Bueno, podrían construirse 61 hospitales, como el Hospital General que está en la zona de Tabasco, que tiene una capacidad para 112 camas y que costó un monto total de 320 millones de pesos, seguramente no solamente podríamos hacer hospitales ahí en Tabasco, sino los podríamos hacer en el Estado de Oaxaca, en el Estado de Chiapas, en el Estado de Guerrero que son estados que tienen una problemática de infraestructura en materia de salud pública que es grave y que tenemos que tener la capacidad los mexicanos y obviamente quienes definen los recursos presupuestales de poder definir qué es mejor: si comunicarle a la gente, que es lo que está haciendo el gobierno, que muchas veces no logra cumplirse el objetivo, yo solamente les pregunto si el gasto importante que se ha hecho en materia de seguridad pública durante todo este sexenio ha sido suficiente para poder cambiar la percepción en la ciudadanía de que verdaderamente hay seguridad en el país.

 Bueno, ahí hay un dato muy puntual, 61 hospitales con la misma capacidad que logramos darle al hospital de Tabasco, o por ejemplo con 19 mil 645 millones de pesos podrían construirse 1965 escuelas públicas, 1965 escuelas públicas con capacidad para 100 niños.

 ¿Cuántas comunidades, compañeros y compañeras, en todo nuestro vasto territorio nacional no se necesitan escuelas en este momento, o por lo menos cuántas escuelas no necesitan que se les ponga un techo para que los niños no tengan que estudiar debajo de los árboles?

  Bueno, me parece que es pertinente que hagamos una discusión muy profunda, muy formal. Si es pertinente como país seguir gastando esos casi 20 mil millones de pesos en propaganda oficial, o sería más pertinente empezarle a meter recursos públicos ahí donde están las graves demandas y necesidades de los ciudadanos.

 Y el problema no solamente es en el gobierno federal, compañeros y compañeras, es también la parte importante de gasto que se hace a partir de las entidades federativas. El mismo estudio que presenta fundar, nos presenta que solamente 19 entidades de la República estuvieron dispuestas a presentar información, pero el gasto es igualmente importante y amplio, y el problema es que la falta de una regulación comprometida, fundamental en esta materia, está permitiendo no solamente enormes áreas de opacidad, sino que se empiece a construir un circuito que verdaderamente está dañando al Estado mexicano y está dañando a la vida pública nacional, ¿cuál es?

 La relación perversa que se ha empezado a constituir entre los políticos y los propios medios de comunicación, porque hoy precisamente la relación con los medios de comunicación se ha vuelto un mecanismo prácticamente fundamental para el acceso al poder.

 Algún senador o senadora, algún diputado federal o diputada, algún presidente municipal, que desea crecer en su carrera política, sabe que necesita a los medios de comunicación. Y se empiezan a tejer alianzas, y esto lo digo porque esparte de la problemática sistemática que se enfrenta en este país y que es parte del problema que enfrentan todos los políticos de todos los partidos políticos, en una relación que se ha ido pervirtiendo progresivamente, en donde si no tienes una buena relación con los medios de comunicación, entonces tu futuro político se pone en riesgo.

 Entonces al no tener una buena regulación del tema de los medios y especialmente de la propaganda gubernamental, repito la cifra, casi 20 mil millones de pesos que se han asignado por parte del gobierno federal, entonces la relación, esa perversión de la relación se vuelve un círculo vicioso que empieza a entronizar a los medios de comunicación por encima de las decisiones que tienen que ser de la gente y por encima de las decisiones que esos actores públicos tienen que tomar por el bien de la gente, por encima de los intereses de esos medios de comunicación. Por es este tema es fundamental, compañeros y compañeras.

Necesitamos una reglamentación que garantice con toda transparencia y con toda pulcritud que podamos observar cuál es la relación del Estado mexicano, cuál es la relación del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales para con los medios de comunicación.
Y que se entienda muy bien, compañeros y compañeras, la relación con los medios es indispensable para poder comunicarle a la gente hacia dónde va la política pública, hacia dónde se puede establecer una campaña de conciliación nacional para dirigir la ruta del país. Pero esta relación tiene que ser transparente; esta relación tiene que estar acordada y tiene que hacerse de cara a la ciudadanía. De tal forma, compañeros y compañeras, que la presente Reforma que nosotros ponemos a consideración de esta asamblea forma parte de los temas que han estado en la amplia discusión nacional.

Escuchaba el día de ayer una entrevista que hicieron al Presidente electo, Enrique Peña Nieto, quien habló sobre la propuesta que tiene en materia de corrupción y que es parte de tres temas que puso sobre la mesa, incluso en campaña.

Uno el tema de una comisión anticorrupción.
Uno el tema que tiene que ver con la transparencia y la autonomía del IFAI, que ya estamos discutiendo.
Y un tercero que tiene que ver con la regulación de la relación que tenga el Estado mexicano con los medios.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática aporta esta propuesta con la finalidad de no salirnos solamente con un discurso, o no quedarnos con una propuesta que no le dé resultados concretos a la ciudadanía. Habremos de hacer foros especialmente con los jóvenes que alrededor del Movimiento Yo Soy#132 pusieron este tema en el debate nacional.

Y esperamos, compañeros y compañeras legisladoras, que podamos dar un debate de altura y que le podamos entregar al Estado mexicano una nueva ley de regulación de propaganda gubernamental que le ayude al país y que fortalezca el Estado mexicano.

Es cuanto.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor senador Armando Ríos Piter.

Túrnese esta Iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y de diversos senadores, para presentar proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En el uso de la palabra, señor senador……

(Sigue 4ª parte)
...para presentar proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En el uso de la palabra, señor Senador.

-EL C. SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL: Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva.

Compañeras y compañeros senadores:

He solicitado el uso de la palabra para someter a consideración de ustedes, en mi nombre y conjuntamente con los ciudadanos senadores René Juárez Cisneros, Eviel Pérez Magaña, Raúl Aarón Pozos Lanz, Roberto Armando Albores Gleason, Juan Gerardo Flores Ramírez, Layda Elena Sansores San Román, Oscar Ramón Rosas González y Adán Augusto López Hernández, una iniciativa de decreto que reforma la fracción IV del artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Amigas y amigos senadores, cuando se habla de la frontera sur de México se incluyen los estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, y se señala una extensión de 1,149 kilómetros, de los cuales 956 son frontera con Guatemala y 193 con Belice: En el conjunto de los 4 estados en donde viven 9.2 millones de connacionales, de los cuales 16.2% son indígenas; la población fronteriza representa el 1.46% de la población nacional; 19 municipios fronterizos pertenecen a Chiapas, 2 a Tabasco, 2 a Campeche y 1 a Quintana Roo; la población de los 24 municipios situados a lo largo de las línea divisoria es de 1.6 millones de personas; el 74% está en Chiapas, el 7% en Tabasco, el 4% en Campeche y el 15% en Quintana Roo.

En materia de rezago social durante el periodo 2002 al 2010: Chiapas pasó del primero al tercer lugar en rezago, Campeche del noveno al décimo, Tabasco se mantuvo en el 14, y Quintana Roo del 12 al 20.

En el periodo 2003 al 2010 el crecimiento conjunto de los 4 estados fue de 0.5% mientras el promedio anual del PIB nacional fue de 2.3%.

1.9 millones de personas, en promedio, cruzan anualmente dicha frontera, de los cuales alrededor de 300 mil son entradas irregulares, según el propio Instituto Nacional de Migración.

Si a estos datos agregamos la marginación, la miseria, el olvido y la desatención de esta región, nos encontramos frente a un coctel explosivo, que pone en riesgo, sin duda, la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad nacional.

No hay que olvidar que los estados de la frontera sur limitan con la zona más violenta del mundo, la zona más violenta, según datos estadísticos, criminológicos, no es ni Afganistán, ni Irak, ni el Medio Oriente; es Guatemala, Hondura y El Salvador, y son nuestros vecinos.

Como señala el antropólogo chiapaneco, gran antropólogo chiapaneco, Andrés Fábregas Puig, “los límites entre los estados nacionales no se trazan al compás del medio ambiente o de las sugerencias geográficas, sino de las acciones humanas sobre ellas”.

La problemática de la región sur, se concentra principalmente en los siguientes rubros:

Primero.- En el ámbito económico, las amplias riquezas naturales y atractivos con que cuenta la región no han generado el dinamismo económico esperado, a pesar de contar con importantes actividades extractivas, agropecuarias, agroindustriales y de turismo, tanto de playa, como cultural y de aventura, las cuales no ha tenido el impulso necesario y suficiente por falta de una infraestructura física moderna que implique en la frontera sur tenga altos niveles de competitividad en el plano nacional y global en el que vivimos.

En materia de seguridad en la zona hay serias dificultades para aplicar a plenitud el Estado de derecho por falta de autoridades competentes, de normas adecuadas y personal especializado en temas de seguridad nacional y de seguridad interior a nivel federal, estatal y municipal; y, en consecuencia, se registran fenómenos de extorsión, robo, trata de personas, tráfico de drogas y de armas, donde están implicados grupos de la delincuencia organizada que se disputan las rutas de abasto de una frontera absolutamente porosa donde entra y sale el que quiere con lo que quiere.

El principal desafío es instrumentar una política de seguridad nacional que implique enfrentar los desafíos del crimen organizado que opera en ambos lados de la frontera, tanto en México, como en Guatemala y Belice.

Tercero.- La migración, se registran flujos crecientes de trabajadores indocumentados, migrantes ilegales y transmigrantes en tránsito hacia Estados Unidos, provenientes principalmente de Centroamérica, pero también de Asia, e incluso de África, en busca de un mejor nivel de vida

El volumen del tránsito y tráfico de personas, como lo he señalado, es de casi 2 millones de personas, y significa un gran desafío a las políticas migratorias y de control de fronteras que hay que enfrentar con urgencia y decisión por parte del gobierno federal con apoyo de las autoridades estatales y municipales.

Y por último, en el cuarto punto, en el ámbito de los derechos humanos, se registran frecuentes situaciones de maltrato, secuestro de migrantes, trata y explotación de personas y la negación de derecho por actos perpetrados por las propias autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

En contraste con todo ello, está presente en la región su gran riqueza natural de flora y fauna, más de 200 tipos de ecosistemas, 22 ecorregiones, importantes yacimientos de petróleo y gas, abundancia en cauces de agua superficiales y subterráneos, en donde Tabasco simplemente se considera la séptima reserva mundial de agua, población joven y disponible de mano de obra, un notable patrimonio cultural y un gran potencial para el desarrollo de las actividades ligadas con el turismo.

A pesar de ello, el desarrollo social y económico está rezagado en relación al centro y norte del país, principalmente por no contar con una infraestructura, insisto, física competitiva que genere las inversiones y los empleos que los estados y municipios están demandando, carreteras modernas, puertos, ferrocarril, parques industriales, telecomunicaciones de alta tecnología, entre otros servicios estratégicos son indispensables para el desarrollo y crecimiento de la frontera sur.

Los derechos que reclaman los millones de personas que habitan esa frontera ponen nuevamente sobre la mesa la añeja polémica en torno a la justicia social.

Como señala Joel Flores Rentería en su obra “Los Derechos Diferenciados”: “No hay nada más injusto que tratar a los iguales como desiguales, y a éstos como iguales”.

Lo comento porque mientras que la frontera norte cuenta con estímulos fiscales, programas emergentes de empleo, infraestructura física moderna, políticas sociales diferenciadas, apoyos específicos para seguridad y programas de combate a la pobreza, el sur sigue esperando, a pesar de los esfuerzos por concretar políticas públicas específicas, que contribuyan al desarrollo de la región.

Existen importantes diagnósticos y programas que coadyuvan a atender el tema, como los mecanismos denominados Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste, el mecanismo de Tuxtla, el proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla- Panamá, los fondos de apoyo en el Banco Interamericano de Desarrollo y de la Unión Europea, entre otros muchos.

Se requiere, entonces, un cambio de estrategia sustentada en una visión transversal, oportuna y concurrente entre la federación, los estados y los municipios involucrados en los temas prioritarios del sur.

Compañeras y compañeros senadores, a través de la presente iniciativa abordaré solamente, de esos, dos temas prioritarios: el impulso a la inversión pública y privada y el desarrollo integral de la zona, en los siguientes términos:

Primero.- La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo 28, que el proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones: uno, la administrativa; dos, la funcional y programática; tres, la económica; cuatro, la de género; y cinco, la geográfica que agrupa a las previsiones de gasto con base a su destino geográfico, para entidades federativas, municipios y regiones.

Se propone entonces en esta iniciativa adicionar a la…

(SIGUE 5ª PARTE)
. . . . . . .........en base a su destino geográfico para entidades relativas, municipios y regiones.

Se propone entonces en esta iniciativa adicionar a la clasificación geográfica que forma parte de la estructura del presupuesto de egresos de la federación, el factor territorial con la denominación de fronteras, sur y norte para abrir la vía legal que permita para cada ejercicio fiscal contar con un subfondo para el desarrollo de los municipios fronterizos; insisto, la reforma contemplada implica tanto a los municipios de la frontera norte como de la frontera sur.

Dichos recursos serían distribuidos directamente a los municipios fronterizos a través de programas y proyectos de inversión para incrementar el capital físico, la capacidad productiva e impulsar el desarrollo regional mediante infraestructura pública y equipamiento en los mismos términos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se aprobó por un solo año, pero exclusivamente a través de un punto de acuerdo un fondo similar para los municipios de la frontera norte, dejando excluidos a los municipios de la frontera sur.

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Está en tiempo, señor senador.

- EL C. SENADOR MAYANS CANABAL: Concluyo ya, señor Presidente. La ley del Impuesto al Valor Agregado en su Artículo Segundo establece la aplicación de una tasa del 11 por ciento de este impuesto cuando los actos o actividades por lo que se debe pagar se realicen por residente de Baja California, Baja California Sur; Quintana Roo y los municipios de Caborca y de Cananea en Sonora, siempre que la entrega de los materiales de los bienes o la prestación de los servicios se lleve a cabo en esas localidades.

Como un acto de justicia y equidad con nuestros hermanos del sur de nuestro país, propongo con esta reforma incorporar a los municipios de Tenosique, Tabasco; y Comitán de Domínguez, Chiapas como receptores de ese beneficio para incentivar en alguna medida la inversión privada productiva y la generación de empleos y el desarrollo social y económico de ambos.

Cabe destacar que ambos municipios ya fueron considerados como fronterizos para efecto del impuesto general de importación por el Ejecutivo Federal a través de un decreto de fecha 24 de diciembre de 2008.

Los privilegios se tienen que terminar en este país, el federalismo hacendario debe de fortalecerse.

Como lo escribió el gran poeta uruguayo Benedeti, y lo cantó Joan Manuel Serrat, el sur también existe, esperando contar con la solidaridad de las y los señores senadores de esta legislatura, agradezco la atención prestada.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor Senador. Se turna a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Robledo.

- EL C. SENADOR ROBLEDO ABURTO (Desde su escaño): Solamente para preguntarle al Senador Mayans si me permite sumarme a su propuesta.

- EL C. SENADOR MAYANS CANAVAL: Con mucho gusto.

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, tome nota, por favor, la Secretaría.

En uso de la tribuna el señor Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto que reforman los artículos.

Perdón, senador Lavalle, ¿para el mismo asunto?

- EL C. SENADOR LAVALLE MAURY (Desde su escaño): Sí, con el mismo fin, por favor,  si me permite el Senador sumarme a su propuesta.

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Tome nota la Secretaría, muy bien, se toma nota de las solicitudes de adhesión.

Tiene la tribuna el Senador Rosas Aispuro para presentar proyecto de decreto que reforma los Artículos 26 y 71, de la Ley Orgánica del Congreso General.

- EL C. SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros senadores: Hoy vengo a presentar una iniciativa que tiene que ver con la vida misma, con la función fundamental de este órgano colegiado, tanto de la Cámara de Senadores como del Poder Legislativo en general, no olvidemos que la función formalmente que tiene este órgano es la de crear y modificar las normas jurídicas que rigen la vida de toda la sociedad. Por eso, debemos de buscar los mecanismos que permitan que haya una mayor agilidad en el trabajo legislativo.

¿Cuál es la inquietud que hoy en día presentan los ciudadanos?

La parálisis legislativa, la falta de actividad legislativa que se traduzca en acuerdos, eso es lo que a la sociedad la lastima y eso es lo que a la sociedad hoy en día no quiere ver a un Poder Legislativo que a finales de cada legislatura hay un sinfín de iniciativas que la gran mayoría nunca pasaron, siquiera se discutieron en las comisiones respectivas; y si bien es cierto que hoy nuestra legislación interna a través de la Ley Orgánica del Congreso señala los tiempos en los cuales las comisiones deben de desahogar los temas que se le han turnado, la verdad, lo cierto es, que sigue habiendo un vacío que nos lleva a que el Poder Legislativo no esté tratando, no esté discutiendo los temas que son de mayor preocupación de la sociedad, y producto de la llamada Reforma del Estado, de la Reforma Política se dé un avance muy importante en dotar hoy, en darle la facultad al titular del Poder Ejecutivo Federal para poder presentar una iniciativa en calidad de preferente, o sea, hasta dos iniciativas al inicio de cada uno de los períodos ordinarios del Congreso de la Unión. Y ahora, estamos precisamente por finalizar el trámite que se les dio a las dos iniciativas que presentó el Presidente Felipe Calderón y que lo hizo de manera seria, de manera responsable haciendo uso de esa nueva facultad que hoy el 71 de la Constitución le asiste.

Por ello, a mi me parece que al finalizar este proceso en el cual ya se aprobó por las dos Cámaras la iniciativa de reforma en materia de contabilidad gubernamental, y que todo mundo avalamos, y que todo mundo respaldamos en ambas cámaras, hoy estamos por finalizar otra de las iniciativas preferentes como lo es la laboral.

Por eso, con ese antecedente y viendo que en otros países ya se da una especie de iniciativa preferente no sólo para el Ejecutivo, sino también para los grupos parlamentarios, me parece muy importante que hoy en día le digamos a la sociedad que sí tenemos la capacidad, primero para crear los mecanismos que nos lleven a poder darle un seguimiento mucho más rápido, más puntual a todos los asuntos de carácter legislativo, que esa es la función primogenia de este órgano: la de crear y modificar las normas jurídicas, y en ese entendido es que hoy, presento una reforma iniciativa para que podamos votar a los grupos parlamentarios del derecho de iniciativa al inicio también de cada uno de los períodos, en vez de que sea a la apertura del período, que sea la primera sesión formal de cada una de las cámaras donde se puedan presentar por parte de los grupos parlamentarios esta iniciativa preferente  que nos lleve a darle certidumbre, confianza a la sociedad, que los temas que son de su mayor interés los diversos grupos parlamentarios las estamos tomando, esas inquietudes, y les estamos dando el seguimiento de manera seria, de manera responsable, porque hoy nadie podrá decir que una de las mayores críticas de la sociedad a este órgano legislativo, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado es que no hemos tenido la capacidad para poder desahogar los temas que son de interés de la sociedad.

Por ello, hoy, compañeras y compañeros viendo que la iniciativa.....

(Sigue 6ª. Parte)
. . . para poder desahogar los temas que son de interés de la sociedad. Por eso hoy, compañeras y compañeros viendo que la iniciativa preferente que hoy se le ha dado esa facultad al Titular del Poder Ejecutivo que se establece en el artículo 71 de nuestra Constitución, hoy viendo que para hacer un trámite mucho más rápido  mi propuesta es no que reformemos el 71, porque ahí está la facultad de iniciativa tanto para el Titular del Ejecutivo Federal, para los diputados y senadores al Congreso de la Unión  y para las legislaturas locales y ahora recientemente incorporada también la llamada iniciativa popular  donde los ciudadanos también con el apoyo, con el respaldo de un porcentaje de los electores pueden presentar iniciativas.
 
 Por ello mi propuesta  concreta es que podamos modificar en los artículos 26 y 61 de la Ley  Orgánica del Congreso  General De los Estados Unidos Mexicanos para dotar  a los legisladores a través de los grupos parlamentarios de hacia dos iniciativas preferentes que habrán de desahogarse durante el transcurso de los 45 primeros días del periodo ordinario correspondiente.

 Esa es, compañeras y compañeros el ánimo que hoy me trajo a esta tribuna, un ánimo propositivo que nos lleve a destrabar las cuestiones que tanto han lastimado y afectado a la sociedad.
 
 Hoy este congreso, hoy el Poder Legislativo  está obligado a dotar a la sociedad  del marco jurídico que le dé confianza para que podamos tener un mayor avance, para que podamos  tener un mayor crecimiento, y  el mejor ejemplo lo estamos viendo en las iniciativas preferentes, la iniciativa laboral, cuántos años tenía que este Poder Legislativo no había podido  avanzar en esa materia  y ahora se pudo gracias a esa iniciativa preferente del Titular del Poder Ejecutivo Federal.

 Por ello propongo que también los grupos parlamentarios  tengamos esa posibilidad.

 Por su atención, muchísimas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, Senador Rosas Aispuro.

 Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos  Segunda.

 En uso de la tribuna el señor Senador Angel benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos  de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN  ROBLES MONTOYA: Compañeras, compañeros senadores, el Grupo Parlamentario del PRD  mantiene  como interés fundamental  hoy y siempre  velar por el desarrollo e impulso de las actividades económicas, rurales de nuestro país.

 En este sentido y bajo esta óptica no nos es ajena la enorme  importancia que tiene  la actividad cafetalera en el desarrollo económico de México.

 La relevancia de este grano, sobra decirlo, tiene un impacto directo en la calidad de vida  de miles de nuestros connacionales y como tal debe ser atendido.

 Sin embargo,  compañeras y compañeros, a pesar de la relevancia que tiene el café dentro de las comunidades mexicanas, sus productores enfrentan  una serie de problemas que tienen que ver con sus condiciones de vida ya producción así como con las políticas públicas  implementadas para fomentar su producción  desde la federación.

 México produce café de excelente calidad, ya que su topografía, altura, clímax y suelo, le permiten cultivar y producir variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo.

 Como productor de café, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial y el segundo productor a nivel de café orgánico.

 La cafeticultura genera más de 4.5 millones  de empleos en el país. La producción del café en resumidas cuentas involucra a más de 282 mil productores entre los cuales se encuentran una gran cantidad  de minifundistas  e indígenas.

 Dentro de este océano de productores, compañeras y compañeros, los productores indígenas del café cobra especial relevancia, y es que la actividad cafetalera que los pueblos indígenas desarrollan marca en buena medida el destino de sus comunidades enteras.

 Es por eso que en el grupo parlamentario del PRD  nosotros mantenemos que la atención a los cafeticultores no puede ser orientada solamente a partir de políticas de desarrollo rural, pues se debe considerar de manera específica a los estados de mayor concentración de  población indígena dedica a esta actividad.

 Por esta razón, cualquier política de  fomento al café,  debe estar fundamentada en un enfoque que considere tanto  las formas de organización como las necesidades y las preocupaciones de estos grupos de atención prioritaria.

 En las regiones cafetaleras, la política gubernamental debe ser una que aborde la problemática desde una óptica de fomento productivo para combatir la pobreza.

 Antes, compañeras y compañeros, antes de que entrara en vigor la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, todo lo relacionado con el sector cafetalero era normado desde el Consejo Mexicano del Café, instancia que mantenía una personalidad jurídica propia.

 Actualmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable  en lo que al café se refiere no establece las reglas claras y precisas  para normar las cadenas productivas.

 La figura del café, del sistema producto café, prevista en esa ley  no responde a las necesidades que este sector demanda como producto estratégico de doce estados  de la República Mexicana.

 Hoy en día existe el Comité Nacional del Sistema Producto-Café, sin embargo, como podemos  observar en la Ley vigente, este comité  no cuenta con una figura jurídica que le mandate ser instancia normativa y ejecutora.

 Ante esta deficiencia de la Ley la SAGARPA decidió crear como medida emergente   la AMECAFE A.C. para cubrir una laguna legal y poder ejercer como instrumento de operación del Comité Nacional del Sistema Producto y de la Comisión Intersecretarial.

 Sin embargo los resultados no han sido los esperados,  y ahora atestiguamos cómo la normatividad vigente denota laxitud y acusa una serie de vacíos legales que dificultan la organización y funcionamiento de la actividad cafetalera  sobre todo en lo que respecto a la consolidación de las cadenas productivas.

 Y si bien, algunos esfuerzos legislativos se han emprendido para corregir esta situación, la verdad es que todos, y lo digo con respeto, han sido  tímidos e insuficientes.

 Miren, estimadas senadoras y senadores, a partir de una revisión de las propuestas presentadas en años anteriores ante el Congreso de la Unión encontramos la Ley de Desarrollo  Integral y Sustentable de la cafeticultura misma que fue desechada por la Sexagésima Primera Legislatura por la Comisión de Desarrollo Rural.

 El argumento entonces esgrimido fue que se duplicaban funciones existentes  en la Ley de Desarrollo Rural del año 2001.

 Sin embargo en el dictamen emitido por dicha Comisión no se contempló la factibilidad  de notar  de personalidad jurídica a un órgano dentro del sistema producto de acuerdo a la demanda de la cadena productiva del café.

 Ante esto resulta imperativo tomar acciones decididas.

 Es menester de la presente legislatura  acatar el problema de fondo y dar respuesta a las exigencias de nuestros productores de café, mostrando sensibilidad política y sobre todo voluntad de contribuir a que la producción de café se convierta en un verdadero motor de desarrollo regional con un impacto positivo y contundente en el mejoramiento de las condiciones  de vida  de los pobladores de los estados cafetaleros.

 Es por eso que en nombre propio y de mis compañeros. . .

(Sigue 7ª parte)
…condiciones de vida de los pobladores de los estados cafetaleros.

 Es por eso, que en nombre propio y de mis compañeros senadores de Chiapas, Zoé Robledo; y de Morelos, Fidel Demédicis, sometemos a esta soberanía una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20, 25, 150 y 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de, en primer lugar, realizar las modificaciones pertinentes a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que el Comité Nacional del Sistema Producto tenga personalidad jurídica y patrimonios propios como instancia normativa y rectora de la cafeticultura a nivel nacional.

 También buscamos fortalecer la representación de las organizaciones nacionales y de los sistemas producto-estatales al interior del Comité Nacional del Sistema Producto.

 También buscamos extinguir a la AMECAFE, A.C., como instancia mediadora entre el sistema producto estatales y el sistema producto nacional.
 Y asimismo, con esta Iniciativa se busca fortalecer el sistema nacional del producto café para establecer criterios uniformes con los sistemas producto café de cada uno de los 12 estados productores para estar en condiciones de capacitar y de asesorar a los productores sobre las variantes del comercio interior y exterior del café.

 En nombre de todos esos productores indígenas, pido a esta soberanía el apoyo para impulsar estas modificaciones a la ley correspondiente.

 Muchísimas gracias.

 Y es cuanto, Senador-Presidente. (Aplausos).

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor Senador Robles Montoya.

 -Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

 -En uso de la tribuna el señor Senador Oscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 y se adiciona el 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 -EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ: Con la venia de la Presidencia.

 Compañeras senadoras;
 Compañeros senadores:
La inversión en infraestructura y en general la obra pública realizada por el gobierno federal constituye una palanca de desarrollo económico fundamental para el país, no sólo por su capacidad de gestión económica, si no por su contribución a la generación de empleos y cadenas de proveeduría de bienes y servicios que impulsan la participación de los sectores público y privado en diversos sectores de la economía.
La inversión física presupuestaría que se destina a la construcción o conservación de obra pública, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2012, se tienen presupuestados 672 mil millones de pesos, que serán y se están utilizados para la construcción de puentes, carreteras, puertos, presas, escuelas, hospitales y otras obras de infraestructura.
El gasto en infraestructura representa un porcentaje superior al 23 por ciento del gasto programable del Gobierno Federal y los sectores prioritarios son: energía, comunicaciones, transportes, salud, educación y recursos hidráulicos.
Para llevar a buen puerto las obras que requiere el país y su adecuada realización, el Gobierno Federal cuenta con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como pieza clave del sistema de contrataciones públicas, mediante la cual se regulan las contrataciones del gobierno para la realización de diferentes obras y servicios.
Una de las reformas más importantes que ha tenido este sistema de contrataciones públicas, es la de prever que en los diversos procesos de asignación y contratación de obras se contemplase la utilización de recursos humanos del país, además materiales, bienes y servicios con un porcentaje de contenido nacional.
Dicha modificación, forma parte de diversas reformas que sufrieron la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009.
Dentro del mismo paquete de reformas, antes señalado, se estableció en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tratándose licitaciones nacionales los bienes a adquirir deberán contar, por lo menos, con un 50 por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y otros aspecto aspectos.
Para el caso de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el artículo 30, último párrafo, se introdujo la disposición para prever que en las licitaciones públicas se contrate como mínimo el 30 por ciento de mano de obra nacional, asimismo se especifica que podrá requerirse de materiales, maquinaria y quipos nacionales.
Por otro lado, este mismo ordenamiento en su artículo 29, establece que en todos los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se optará en igualdad de condiciones por el empleo de los recursos humanos del país y la utilización de bienes de procedencia nacional.
Estas 2 disposiciones de la Ley en comento, abonan en la regulación de la contratación de mano de obra e incorporación de bienes que contenido nacional significa importancia para todos los trabajadores.
Sin embargo, no existe disposición alguna que contemple el empleo de la mano de obra local, no sólo como condicionante para la adjudicación de la obra, sino como mecanismo de desarrollo regional y estatal.
Para ello, es imprescindible que en una ley tan importante como el de desarrollo económico del país, como lo es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se contemple un porcentaje mínimo de recursos humanos locales para las obras o servicios a realizarse.
De esta manera, se pretende reformar el artículo 30, en su primera fracción, para que en las licitaciones públicas nacionales se exija la incorporación de por lo menos del 70 por ciento de la mano de obra local para los requerimientos totales de una obra o servicio, dicho porcentaje, aplicará siempre y cuando existan los recursos humanos disponibles en la localidad o entidad federativa.
Asimismo, sufrirá modificaciones el último párrafo, del mismo artículo, para precisar que la incorporación del 30 por ciento de mano de obra nacional que se fija como mínimo, sólo aplicará para licitaciones internacionales abiertas o bajo la cobertura de tratados.
Finalmente, se adiciona la fracción Vigésimo Primera, al artículo 31, para que en las bases de licitación sea requisito de participación para los contratistas o licitantes la incorporación de mano de obra local en los trabajos a realizarse.
De aprobarse estos cambios, coadyuvaríamos decididamente con el desarrollo económico de las entidades federativas, así como impulsaríamos la creación de fuentes de empleo en aquellas regiones, que a pesar de contar con recursos humanos disponibles, no han logrado ocuparlos eficientemente y se encuentran subutilizados.
Con base en lo anterior, presento ante este Pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto.
UNICO.- Se reforma el artículo el artículo 30, fracción I y el último párrafo, y se adiciona la fracción Vigésima Primera al 31, recorriéndose las demás de manera subsecuente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:
Artículo 30.- El carácter de las licitaciones públicas, será:
Uno.- Nacional…

(Sigue 8ª. Parte)
… para quedar como sigue:

 Artículo 30.  El carácter de las licitaciones públicas será:

Uno. Nacional en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por encontrarse por debajo de los umbrales previstos en los tratados o cuando habiéndose rebasados estos, se haya realizado la reserva correspondiente.

 Tratándose de licitaciones, de las que se refiere esta fracción, se incorpora, por lo menos, el 70% de la mano de obra local, para los requerimientos totales de los trabajos a ejecutarse, siempre y cuando existan los recursos humanos disponibles para tales efectos.

 En las licitaciones públicas podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante.
 
 Asimismo, deberá incorporarse, por lo menos, el 30% de la mano de obra nacional. Con excepción de las previsiones contenidas en la fracción I de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

 Artículo 31. La Convocatoria a la licitación pública en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación deberá contener.

 Vigésimo primero. Señalar el porcentaje de la mano de obra local que incorporan los licitantes por las obras o servicios a realizarse.

 Transitorio.

 Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y

 Segundo.- El Ejecutivo Federal realizará las modificaciones necesarias en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, a efectos de armonizar las disposiciones contenidas en la presente reforma, en un plazo no mayor de 90 días.
 
 Por su atención, muchas gracias. (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor senador Rosas González.
 
 Se turna a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 En uso de la tribuna, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal.
 -LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Con su venia, presidente.

 Señoras y señores senadores: A nombre propio y de las senadora Maki Esther Ortiz Domínguez y Luisa María Calderón Hinojosa, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal.

 Solicitando que el contenido íntegro de la misma, se inserte en el Diario de Debates.

 Y me permito obviar su lectura por economía parlamentaria.
 
 Y me permito solamente destacar las siguientes consideraciones.

 Todo país que se precie de ser democrático y apegado al orden constitucional debe regirse por parámetros y reglas claramente establecidas, con el objeto de que el actuar del Estado y de la sociedad, coexistan dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales.

 En ese sentido es importante señalar, que la función de los cuerpos de seguridad dentro de una instancia estatal, conllevan múltiples obligaciones, pero también derechos primarios respecto a la forma operativa en que estas instituciones deben actuar bajo diversas contingencias y supuestos, que en ocasiones, ponen al riesgo al propio estado de derecho, así como a la paz socia, que exige todo Estado democrático.

 Pues la fuerza del Estado, debe estar debidamente regulada a efecto de evitar la inobservancia de los derechos mínimos fundamentales de los ciudadanos.

 Para el Partido Acción Nacional, el empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales, debe conciliarse también con el respeto irrestricto a los derechos humanos; debiéndose utilizarse ésta, solamente cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y con plena observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para salvaguardar un bien jurídico en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho.

 A raíz de diversos episodios y abuso de poder y de mala aplicación en el uso de la fuerza, en diversas latitudes del mundo, se ha hecho imprescindible regular este aspecto, para dotar a las fuerzas del orden público, de parámetros debidamente regulados y concatenados con el respeto a los derechos mínimos fundamentales de los ciudadanos.

 Es por ello que a través de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, del 27 de agosto de 1990, se estatuyó lo siguiente, que cito a la letra:

 “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, contra personas por parte de funcionarios o encargados de hacer cumplir la ley.

 Al establecer estas normas y disposiciones, los gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley, examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionados con el empleo de la fuerza y las armas de  fuego”. Concluyo la cita.

 Asimismo, como objetivo fundamental del uso racional de la fuerza, se debe prever su ejercicio moderado y su actuación debe llevarse a cabo de manera proporcional conforme a la gravedad del delito y el objetivo legítimo que se persiga. Además de reducir los daños, respetando y protegiendo en todo momento la vida humana.
 
 Aunado a lo anterior, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1988, señala que ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión, será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
 
 Del mismo modo, debe analizarse que el uso de la fuerza, desde la óptica del respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, así como la aplicación irrestricta de la razonabilidad, atendiendo a este último aspecto, a las circunstancias del caso, la persecución de un fin lícito, la necesidad de desplegar la acción o acto de policía y la proporcionalidad  de los medios empleados para realizar dicho acto.

 Bajo esta tesitura el propio Constituyente, ha establecido que, expresamente en el artículo 21 de la Constitución mexicana, que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, reconocidos por la Constitución, partiendo de la necesidad de garantizar la adecuada conducción de las instituciones de seguridad pública, en el marco de la preservación de la paz, orden y armonía social. Siendo el empleo en el uso de la fuerza, un elemento fundamental, al respecto.

 Asimismo, cabe destacar que las cifras que proporcionadas por el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la estadística correspondiente ha estado de fuerza, para establecer el porcentaje de policías municipales. El estado de fuerza policial en el país, entre los cuerpos de policía ministerial, estatal y municipal, oscila en los 397 mil 664 operativos, situación que hace necesaria el establecimiento de legislación clara, precisa y homogénea, en relación al uso de la fuerza, de la cual se puede derivar instrumentos, protocolos y demás normatividad que establezcan estándares de actuación de las instituciones policiales, en turno al uso de la fuerza.

 Con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha dado un paso importante, al establecerse con claridad que el uso de la fuerza pública, por parte de los cuerpos de seguridad, debe regirse mediante disposiciones normativas y administrativas adecuadas.
 
 En efecto, en su artículo 41,  el último párrafo, establece la obligación para las autoridades de hacer uso de la fuerza pública de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos.
 
 Cabe señalar también que con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y de la instrucción presidencial, del 9 de diciembre de 2011…

(SIGUE  9ª. PARTE)
...  publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de 2011, y de la instrucción presidencial del nueve de diciembre de 2011, en el sentido de regular el uso legítimo de la fuerza, se publicaron en el mes de abril del 2012, en el Diario Oficial de la Federación, la normatividad relacionada con el tema que nos ocupa a saber, un acuerdo el cuatro del 2012, del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emitan los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública de las instituciones policiales de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Seguridad Pública.

En el mismo sentido, el acuerdo 80/12, de la Procuraduría General de la República, y también el acuerdo secretarial 3/9, mediante el cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte el personal  Naval en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en coadyuvancia al mantenimiento del estado de derecho y la directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Es importante en ese sentido reconocer la preocupación mostrada y los esfuerzos realizados por la presente administración federal, para contar con una normatividad aplicable al uso de la fuerza en las distintas dependencias ubicadas al interior del Poder Ejecutivo, ante la falta de una ley en la materia.

Es importante también señalar que diversas entidades federativas han regulado el uso de la fuerza sin existir, también debo decirlo, una homogeneidad al respecto, ya que hasta donde se tiene conocimiento, mientras entidades como el Distrito Federal y Oaxaca, cuentan con una legislación especial en la materia, entidades como Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, entre otras, cuentan con una regulación general inmersa en otras leyes.

Bueno, no obstante los esfuerzos antes señalados, se hace relevante que la regulación en el uso de la fuerza conlleve la creación de un cuerpo legal en materia federal, que obligue en su cumplimiento a todos los cuerpos de seguridad y de aquellos que utilizan la fuerza para hacer cumplir el mandato de la autoridad, incluso para mitigar acciones civiles que en un momento dado puedan afectar a terceros de manera grave, e incluso puedan poner en riesgo la vida, y por tanto la estabilidad social.

Es por ello que el día de hoy presentamos esta iniciativa que pretende inscribirse en un referente positivo en la confección de un marco normativo que regule de manera adecuada el uso de la fuerza por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, en aras del respeto y observancia a los derechos fundamentales de todo ciudadano plasmados en nuestra Constitución, así como en los tratados internacionales, misma que ponemos a consideración de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:  Muchas gracias senadora Ortega Martínez. SE turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, primera. Senadora Angélica de la Peña. Sonido en al escaño de la senadora.

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ:  (Desde su escaño). Sí, señor presidente, para solicitarle turno de la iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos, por favor.

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:  Se amplía el turno. Gracias. En uso de la tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ:  Muchas gracias, presidente, apreciables senadoras, senadores. A partir de la reforma del diez de junio del 2011, en materia de Derechos Humanos, es importante hacer varias adecuaciones a nuestro marco jurídico porque evidentemente esta reforma ha sido, constituye, sin duda, es tan trascendental, que trastoca nuestro marco jurídico hacia cambios de fondo en la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

En la parte sustantiva de la reforma se incorporan principios del Derecho Internacional en el que estamos vinculados, porque formamos parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de manera voluntaria como Estado parte, por lo que toda las autoridades tienen ahora la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este principio de interpretación pro persona, los tribunales deben interpretar la norma siempre pronunciándose por aquella que brinde mayor protección al derecho fundamental.  En esta iniciativa que hoy presento a la consideración de esta soberanía, para su estudio y eventual dictamen, se implementa una serie de reformas importantes que están inscritas para lograr que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En ese aspecto, las iniciativas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tendrían que ser reformadas en los términos de la siguiente referencia.

En el caso del artículo 50 bis, de la Ley de la Administración Pública Federal, estamos proponiendo que en este articulo que estamos proponiendo se adicione, se refiera que en los casos en que los funcionarios de la Administración Pública Federal, centralizado, paraestatal, no respete o cumplan una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta podrá dar vista a la Cámara de Senadores, o en sus recesos a la Comisión Permanente, a fin de que las comisiones respectivas citen a los o a las funcionarias o a las autoridades responsables, con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa.

En cuanto a la reforma que estamos promoviendo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estamos inscribiendo, siguiendo el curso del articulo 47, que establece que todo Servidor Público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que  correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las reformas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido, la adición que establecemos en la fracción 21, es que se refiera, que para proporcionar en forma oportuna y veraz toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquella pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan.

El añadido es: para los efectos de no aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

En la reforma que estamos proponiendo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, igualmente se pretende establecer en el artículo octavo, en la fracción décimo novena, que al final también se establezca que para los efectos de no aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

En cuanto a la Ley de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, establecemos otorgarle en el artículo sexto, que define las atribuciones de la propia Comisión, justamente al final del inciso quinto, una adición que diga: que en los casos en que las autoridades no acepten o incumplan ....

(Sigue10a. parte)
… quinto.- Una adición que diga que en los casos en que las autoridades no acepten o incumplan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta podrá dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente a fin de que las comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa.

 Señor presidente, quiero que me permita brevemente también incluir la siguiente iniciativa que tengo apuntada para que curse, como la que acabo de presentar, hacia el estudio y eventual dictamen de la Comisión de Derechos Humanos. Si me permite, señor presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sí, adelante, senadora Angélica de la Peña.

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias. La siguiente iniciativa que pongo a su consideración refiere a una adición al artículo 98 bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

 También está relacionada a la omisión que por desgracia mantienen ya como una norma ordinaria muchas dependencias de la administración pública respecto de no tomar en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 En este sentido, el artículo 98 bis, que estamos integrando, diría lo siguiente.

 98 bis.-

 Uno.- Para las competencias de los servidores públicos a los que hace referencia el segundo párrafo del apartado b) del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente.

 Dos.- Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar el servidor público compareciente, la presidenta o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, procederá a tomarle protesta correspondiente de decir verdad y le hará saber las responsabilidades de los servidores públicos que incurran en falsedad.

 Tercero.- Posteriormente la presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos, le otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la recomendación que le emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 Cuatro.- Posteriormente hará uso de la palabra un o una legislatura por cada uno de los grupos parlamentarios, representados en la comisión.

 Estas intervenciones se realizarán en orden decreciente en razón del número de legisladores y legisladoras de cada grupo parlamentario y cada una de ellas no excederá de diez minutos.

 Cinco.- En el caso de que existan cuestionamientos o interpelaciones al servidor público o compareciente, él o la presidente de la comisión le preguntarán si desea responder a la misma en ese momento o al final de su intervención.

 Seis.- A continuación las o los legisladores podrán formular sus preguntas de manera directa al servidor público o compareciente. Al final de cada una de ellas el servidor público citado hará uso de la palabra para dar respuesta a cada una de ellas.

 Siete.- Una vez finalizado los cuestionamientos al o a la servidora pública, compareciente, emitirá un mensaje final. Acto seguido la presidenta o el presidente de la comisión hará uso de la palabra para un mensaje final sobre el tema al que fue citado el servidor público.

 Es cuanto. Muchas gracias por su atención y reitero que por favor sean publicadas textualmente en Diario de Debates y también, por favor, que sean turnadas a la Comisión de Derechos Humanos.

 Gracias.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese la Primera de las iniciativas a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con opinión de la de Derechos Humanos; y la segunda túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforman los artículos 304 y 310 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 21 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.

 En el uso de la palabra.

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Con la venia de la presidencia.

 Vengo a presentar propuesta de Iniciativa de los artículos 304 y 310 del Código Penal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 21 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 Como sabemos, después de la elección de 2006, donde el margen de diferencia entre la elección presidencial, primero y segundo lugar, fue de 1 por ciento, se hizo una reforma para garantizar el recuento total en las elecciones que tuvieran una diferencia menor a este 1 por ciento.

 En 2009 la primera vez que se implementó esta reforma fue elección intermedia y únicamente se eligieron diputados federales, los cuales se computan en un solo evento en el cómputo distrital y la norma aplicable no tuvo mayor problema.

 Pero llegamos a 2012, y como bien sabemos, los cómputos de senadores y de presidentes de la República se hacen por etapas, se hacen en un acto complejo, iniciando en los cómputos distritales.

 Y es aquí donde la reforma posterior a la elección de 2006 fue incompleta o fue equívoca.

 ¿Por qué?

 Porque no se establece la posibilidad el recuento total de elección de senadores o de Presidente de la República cuando la diferencia sea menor al 1 por ciento en su totalidad.

 Sí hay una incongruencia y un absurdo de que cuando en esas elecciones un cómputo distrital tenga una diferencia menor al 1 por ciento, aunque el cómputo global de elección estatal o nacional sea muy superior, sí se hace este recuento, lo cual a todas luces es inoperante, inocuo y estéril.

 Es en ese sentido que en las elecciones de 2012, donde en senadores hubo una diferencia en 1 por ciento, se llegó al litigio.

 Y en el caso que me trae a esta tribuna, la Sala Regional, en una interpretación armónica, estableció que se daba el recuento total por esta diferencia menor al 1 por ciento, pero la sala superior se fue a la albitralidad de la norma y estableció que no se daba esta posibilidad.

 Es por eso que es menester para evitar una gran tragedia nacional si en 2018, o en subsecuentes elecciones presidenciales se da una diferencia del 1 por ciento, que no vayamos a caer en la situación absurda de que no se pudiese dar un recuento total en una elección donde haya menos de 1 por ciento de diferencia por una mala redacción de legislador al COFIPE.

 Es por eso que propongo se modifiquen estos artículos a efecto de que en todos aquellos casos que la elección presidencial a nivel nacional o la de senadores a nivel estatal tenga una diferencia menor al 1 por ciento en primero y segundo lugar, se dé este recuento que fue el objetivo inicial de la Reforma posterior a 2006.

  Muchas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador Raúl Gracia Guzmán.
 Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 En el uso de la palabra, señora senadora.

 -LA C. SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores.

 Este mes es un mes que se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres. Hablar de violencia y política es algo novedoso en un concepto que hoy vengo a proponer.

 Inicio con algunas palabras de la directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Michelle Bachelet: “Expandir los procesos de empoderamiento de las mujeres y su mayor presencia en la esfera política, es un, sin temor a equivocarme, la demanda más avanzada en términos de construcción de ciudadanía, de derechos humanos y de igualdad”.

 El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación ha estado ya establecido en los tratados internacionales…..

(Sigue 11ª parte)
...Mujeres a vivir una Vida Libre de Violencia y sin Discriminación ha estado ya establecido en los tratados internacionales y también en el marco legal nacional.

Hay que destacar que para que la legislación en materia de género es imprescindible remitirnos siempre a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como la “Belém Do Pará”, esta convención ha sido ratificada por nuestro país desde la década de los 90.

Asimismo, el vigor de este instrumento es que tiene un carácter jurídicamente vinculante y representa una acción concertada para eliminar la violencia contra las mujeres basada en su género y condena todas las formas de violencia perpetradas incluso por el Estado o sus agentes, además de fomentar el conocimiento y la observancia del derecho a esta vida libre de violencia.

El Estado mexicano ha avanzado también en la consecución de dicho instrumento internacional, reconociendo, como en cualquier otra materia de derechos humanos, el principio de contar con leyes progresivas y no violatorias a los derechos humanos de las mujeres.

México también ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres, mayor conocida por sus siglas en inglés la CEDAW, y ha adecuado su marco jurídico con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Es importante señalar que en nuestro país, la presencia de las mujeres en las estructuras de poder y toma de decisiones ha ido en incremento en los últimos años. Sin embargo, este incremento ha sido lento en lo que refiere a los gobiernos y en sus tres órdenes de gobierno, principalmente a nivel local.

Al respecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece desde el 2008 que las listas de candidaturas integren al menos con el40%. No todas las entidades federativas han hecho la armonización, 11 mantienen todavía el 30/70, y sólo 9 han elevado en sus listas de plurinominales a un 50/50%.

Aunque la legislación mexicana ha ido incorporando paulatinamente estas medidas vemos que los congresos locales del 2011 se tiene una participación de un 23%. Vemos también que un 6.8% de presidentas municipales representa el mayor déficit de la democracia genérica.

A medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política incrementa también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, dado a que su presencia pareciera un desafío y transgresión que obliga a la redistribución del poder.

Este tipo de violencia puede ser físico, patrimonial, psicológico, sexual, económico, que son ya tipos reglamentados en la Ley de Acceso; y las modalidades están en el ámbito familiar, laboral y docente, la comunidad, institucional y la violencia feminicida.

Aquí ha habido legisladoras apoyando esta ley, creando estos tipos y modalidades.

Hoy la propuesta es que haya una modalidad de violencia política de género, y esto significa que reconozcamos que la cultura no debe prevalecer a todos los ambientes. Si ya está en el económico, la reforma contra el acoso, el hostigamiento, en el ámbito político es relevante.

Podemos dar caso de muchos casos recientes, como el de la alcaldesa de Lerdo, Durango, Rosario Castro Lozano, al ser llamada por el diputado Carlos Aguilera “burra alborotada”.

La Diputada Violeta Dávila, del Congreso de Coagula, al ser comparada con una “serpiente enroscada de lengua viperina”, por el diputado Alfredo Habib.

La regidora Margarita del Río, en la reunión del cabildo de Torreón, al ser llamada por el regidor Elías “Gánem” “Vieja sesentona”.

Estos son algunos de los ejemplos cotidianos como tanto se están sucediendo día con día.

En tal sentido, hay que destacar que el término de violencia política no se utilizado, y por lo tanto ha sido invisibilizada esta violencia en el ámbito político. Hasta ahora no se reconoce, y mucho menos se realizan las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar.

Por eso, además el derecho comparado nos refuerza y nos muestra que existen modelos exitosos en el mundo, uno de ellos en este sentido es el que nos encontramos en Bolivia donde recientemente se publica la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, reciente, mayo de este año.

Sin embargo, en el espíritu de la legislación, impulsada en ese país, se refleja la necesidad de tipificarlo porque las mujeres bolivianas eran obligadas a renunciar a sus cargos por directivos de las mismas instituciones y sufrían congelamiento de salario, discriminación, difamación y calumnia.

Trasciende fronteras, y por eso es importante impulsar la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres sin que su integridad física, dignidad, patrimonio o salud física, emocional, se vean amenazados, comprometidos.

Colocar este tema en la Agenda Nacional e Internacional rumbo a la tipificación de este tipo de delito es una necesidad para eliminar toda discriminación violenta que pueda realizarse. Documentar los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito político sería una acción en consecuencia, e impulsar la investigación sobre estos temas.

Es por ello que presento, y a su consideración de mis compañeras y compañeros senadores, el proyecto de decreto para, de iniciativa de decreto para que se reformen y se adicionen diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que haya en el capítulo de sanciones también su reforma.

Con ello pues estaríamos dando el mensaje de que en México queremos un ambiente más equitativo, una sociedad que no discrimine y que avance, independientemente del sexo, edad, razón social, o cualquier otra condición.

Por sus atenciones y su respaldo, muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora.

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: (Desde su escaño) Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

¿Para qué asunto, senadora?

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: (Desde su escaño) Senadora Saldaña, ¿Me permite acompañarla en su iniciativa?

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora Saldaña, ¿acepta usted la incorporación, a su iniciativa, de la Senadora Angélica de la Peña?

-LA C. SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Con todo gusto, y espero que también nuestros compañeros nos apoyen en esta iniciativa.

Gracias.

-EL C. SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: (Desde su escaño) Señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sonido en el escaño del Senador Aarón Pozos.

-EL C. SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: (Desde su escaño) Para adherirme, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Para lo mismo. Igual el Senador Rosas también, el Senador Miguel Ángel Chico.

Pido a la secretaría que tome nota de quienes deseen adherirse, igualmente al Senador Jesús Casillas, a la iniciativa de la Senadora Lucero Saldaña.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

En el uso de la palabra, señor Senador.

-EL C. SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ: Con su permiso, Senador Presidente.

Señoras y señores senadores, muy buenas tardes:

Vengo a presentar una iniciativa para reformar la ley y hacerle frente a una problemática que lamentablemente se ha arraigado, y que lejos de alcanzar su fin…

(SIGUE 12ª PARTE)
. . . . . . . . .........una problemática que lamentablemente se ha arraigado y que lejos de alcanzar su fin, entorpece la preparación y el desarrollo de millones de jóvenes mexicanos. Se trata del Servicio Social.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el significado semántico de la frase se refiere al aprovechamiento y utilidad que desde el ámbito social se refiere al servicio socialmente útil y que una persona presta a la comunidad.

En el año de 1945, la ley retoma este espíritu, y en el afán de contribuir al desarrollo del país, establece la obligatoriedad del Servicio Social a cargo de los jóvenes universitarios, definiéndolo como el trabajo de carácter temporal, y  mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.

Sin embargo, el Servicio Social tiene otros beneficios fundamentales para el desarrollo de la juventud.

1.- Constituye un vínculo natural de aprendizaje teórico-práctico entre lo que se enseña y aprende en las aulas y entre lo que se enseña y aprende en el campo del trabajo.

El Servicio Social constituye la ocasión creada  para brindar a los jóvenes y futuros profesionistas la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que han adquirido en las aulas, pero también de aprender mucho  más y de vincularlos en el desarrollo del ejercicio profesional.

Instituye el momento oportuno para aprender a trabajar y para desarrollar sus conocimientos, sus habilidades y sus aptitudes.

2.- Representa la oportunidad de generar experiencia laboral, requisito importantísimo en el ámbito laboral que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para muchos jóvenes que buscan empleo.

Lamentablemente la experiencia cotidiana nos hace ser testigos de una realidad totalmente diferente.

Vemos con tristeza que en muchos centros de trabajo, sobre todo en instituciones gubernamentales los prestadores del Servicio Social realizan actividades ajenas a las que se vinculan con su formación profesional, tales como: archivistas, mensajeros, telefonistas, recepcionistas, entre otras; actividades modestas y muy respetables, que quizá deben formar parte de las actividades de aprendizaje, pero que de ninguna manera deben ser las únicas.

De acuerdo con el informe relativo al diagnóstico del servicio social en México, por Julio Rubio Oca, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de 1997 al año 2000, se encontró lo siguiente: Sobre la relación que debe existir entre el programa en que el estudiante ha sido formado durante la carrera y el Programa de Servicio Social en que ha sido inscrito para realizarlo, generalmente hay una relación directa para el 21 por ciento de los casos. En algunas ocasiones es el 48 por ciento, y en ninguna el 31 por ciento. Es decir, cerca de una tercera parte de los prestadores del Servicio Social, en todos los casos realizan actividades totalmente ajenas a la carrera que estudiaron.

Señoras y señores senadores: No podemos permitir que siga pasando esto.

Por todas estas razones debemos retomar el tema del Servicio Social en la ley.

Establecer mecanismos legales que contribuyan a redimensionarlo y garantizar el cumplimiento de sus fines. Para lograrlo, propongo adicionar el Artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, y generar sinergia entre los congresos estatales a fin de adecuar sus legislaciones en la materia con los propósitos siguientes:

1.- Institucionalizar como uno de los fines del Servicio Social, la generación de experiencia laboral.

2.- Establecer los mecanismos que garanticen la vinculación entre la formación académica de los prestadores del Servicio Social y los programas que se le asignen como Servicio Social.

3.- Establecer una retribución para los prestadores del Servicio Social, que ya está prevista en la ley, que no podrá ser menor al salario mínimo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Estoy seguro que con estas modificaciones redimensionaremos la naturaleza del Servicio Social, estaremos contribuyendo al establecimiento de las condiciones necesarias para generar mayores oportunidades de empleo de millones de jóvenes mexicanos al mejoramiento de su economía, y en general estaremos ayudando  a impulsar de manera eficaz el desarrollo de la juventud mexicana.

Por su atención, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Daniel Avila Ruiz, túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

En otro apartado de nuestra agenda, el día de hoy tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión Contra la Trata de Personas con punto de acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad el reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura a la parte resolutiva del mismo.

- LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Doy lectura a los resolutivos del dictamen.

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que emita a la brevedad el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos.

Segundo.  El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2013 se asignen los recursos necesarios que permitan la implementación de las siguientes acciones:

1.- Programa Contra la Trata de Personas de la CNDH.

2.-  Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, previstos en la Ley General de la Materia, y por último.

3.-  El Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los delitos en materia de trata de personas establecido por la Ley General respectiva.

Tercero.      El Senado de la República exhorta a los gobernadores de las entidades federativas, al Jefe del Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia impulse la amortización de sus legislaciones como lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

Cuarto.         La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que aprueben todas las reformas legales que deriven en la amortización de su marco  jurídico con lo dispuesto a la ley para prevenir, sancionar.......

(Sigue 13ª. Parte)
. . . reformas legales que deriven en la amortización de su marco jurídico con lo dispuesto a la Ley para Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y la asistencia a las víctimas  de estos delitos.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Gracias, ciudadana Secretaria.

 En consecuencia, está a discusión dicho dictamen, y a nombre de la Comisión para fijar un posicionamiento, ha pedido hacer uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez a la cual se le concede hacer el uso de la palabra.

 Hasta por cinco minutos.

 -LA C. SENADORA LUCERO SALDAÑA PEREZ:  Gracias, señor Presidente.

 A nombre de la Comisión contra la Trata de Persona y con relación a la propuesta presentada por su servidora con punto de acuerdo, para exhortar a trabajar de manera conjunta  a las autoridades federales locales y municipales en la lucha contra la trata de personas, y también hacer un exhorto al gobierno  federal actual, para que  en estos días nos presente el reglamento correspondiente a la Ley que fue este año aprobada y que en términos también ya se ha cumplido y no se tiene el reglamento.

 Es importante que esta Comisión  haya votado a favor y hoy presentamos este punto de acuerdo para que pueda  llevarse a cabo los resolutivos aquí mencionados.

 La importancia del tema de la trata de personas en este momento es el poder tener los recursos suficientes para  la prevención, la atención y el combate a la misma.
 
 Podemos hablar de un avance, tener la ley, sabemos que hay aspectos que se pueden modificar, se ha trabajado en algunas asesorías, capacitaciones, pero hay programas que requieren de los recursos.

 Y por ello estamos solicitando también a nuestra colegisladora  poder aprobar los recursos necesarios para la  prevención y atención en el tema.

 Hoy subrayamos como programas que atienden el programa contra  la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Programa Nacional para prevenir, sancionar, y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a ls víctimas de estos delitos previstos en la Ley General en la materia, y el fondo de protección y asistencia a las víctims de los delitos en materia de trata de personas establecidos  por la Ley General respectiva.

 También está el punto de acuerdo a que el Senado de la República exhorte a los gobernadores de las entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia impulsen y armonicen en sus legislaciones y marcos legales con lo dispuesto a la propia ley de la materia.

 Y como cuarto punto, la Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a los congresos  de las entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que apruebe todas las reformas legales que se deriven de la armonización del marco jurídico.
 
 Tenemos ya una Comisión Especial  en la que indistintamente de los partidos estamos con el propósito de avanzar y que se den las medidas suficientes que ya contenga la ley, que se mejore la ley y que los mecanismos sean aplicados.

 Con ello pues le solicitamos la aprobación al punto de acuerdo que presentó hoy la Comisión de Trata de Personas  en el Senado.

 Muchas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senadora Lucero Saldaña.

 En virtud de que no hay más oradores registrados, pido a la Secretaría que consulte en votación económica,  si es de arpobarse dicho acuerdo.

 -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, quienes estén a favor de que se apruebe el presente acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea asiente)

 -Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea asiente)

 -Aprobado, Presidente.

   -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Aprobado el acuerdo.

 Comuníquese.

 Informo a la Asamblea, que las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera,  remitieron a esta Mesa Directiva, un dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y con fundamento en lo dispuesto  por el artículo 75 del reglamento de este Senado,  pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, si es de autorizarse la incorporación de dicho asunto al orden del día.

 -LA C. SECRETARIA MEDONZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica,  si autoriza que este dictamen  se incorpore en este momento al orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano.

 -Quienes estén a favor. (La Asamblea asiente)

 -Quienes estén en contra de que sea incorporado. (La Asamblea no asiente)

 -Se autoriza la incorporación del orden del día, señor Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria.

 Debido a que se encuentra a su disposición en el monitor  de su escaño,  dicho dictamen, solicito a la Secretaría que consulte en votación económica si se autoriza que se omita su primera lectura.

 -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura  del dictamen.

 -Quienes estén a favor, levanten su mano. (La Asamblea asiente)

 -Quienes estén en contra de que se omita  la lectura, favor de manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea no asiente)

 -Se omite la lectura, Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias. Es de primera lectura.

 Consulte ahora la  Secretaría a la Asamblea en votación económica,  si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen  y se ponga de inmediato a discusión.

 -LA C. SECRETARIA MEDONZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea,  en votación económica, senadoras y senadores que estén a favor de dispensar la segunda lectura, favor de manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea asiente)

 -Quienes estén en contra de dispensar la segunda lectura del dictamen, manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea no asiente)

 -Se dispensa la segunda lectura, Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señora Secretaria,  se dispensa  la segunda lectura.

 Para conocimiento de la Asamblea informo lo siguiente.

 El proyecto que nos devolvió la Cámara de Diputados se refiere  a los ocho artículos que el Senado modificó cuando en su función de Cámara revisora discutió y votó el proyecto identificado como iniciativa preferente por el Presidente de la República.
 
Los ocho artículos modificados  o adicionados son, el 364bis, 365bis, 371 fracciones IX y XIII, 373, 388bis, 390, 391bis y 424bis.

 En el texto que recibimos de la Cámara de Diputados, los ocho artículos descritos. . .

(Sigue 14ª parte)
…388-bis, 390, 391-bis y 424-bis.
 
 En el texto que recibimos de la Cámara de Diputados, los 8 artículos descritos quedan de la siguiente manera:

 364-bis, se acepta la adición del artículo.
 365-bis, se acepta la adición del artículo.
 371, fracción novena, se modifica el texto propuesto por el Senado.
 371, fracción décima tercera, se acepta en sus términos.
 373, se suprime la parte final del primer párrafo de este artículo.
 388-bis, se elimina este artículo.
 390, se elimina este artículo.
 391-bis, se acepta en sus términos.
 424-bis, se acepta en sus términos.
 
 En consecuencia, quedan aprobados por las 2 Cámaras los artículos:

 
364-bis,
365-bis,
391-bis y,
424-bis.

Corresponde ahora a esta Cámara pronunciarse únicamente por los artículos que fueron modificados en el texto y también tenemos la posibilidad de insistir en adicionar los artículos 388-bis y 390, es decir, que tendremos que dar resolución a las modificaciones aplicadas a los artículos 371 y 373.

Y podemos también insistir en que se incorporen los artículos 388-bis y 390 que no están contemplados en el proyecto que nos devolvió la Colegisladora.

Si aprobamos el proyecto en los términos en que lo envía la Colegisladora, estará concluido el proceso legislativo del decreto y lo remitiremos al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Si no lo aprobamos en los términos estrictos, como se recibió el pasado día 8, e insistimos en las versiones que originalmente esta Cámara aprobó para construir el proyecto, se abrirán 2 escenarios, ambos previstos por la fracción e) del artículo 72 Constitucional:

El primero provocará que el proyecto no vuelva a presentarse a discusión, sino hasta el siguiente Período de Sesiones.

El segundo escenario, es que esta Cámara coincida con la Colegisladora en que se remitan al Ejecutivo únicamente los artículos que ya han recibido la votación bicameral, y que con ellos se expida el decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, para lo cual se requiere que esta Cámara apruebe el acuerdo correspondiente.
 
En esa virtud se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou…

-EL C. SENADOR LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sí, sonido, por favor, en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

¿Para qué asunto, señor senador?

-EL C. SENADOR LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA (Desde su escaño): Señor Presidente, primero para definir de manera muy clara el desahogo, acá en el Pleno, de este dictamen, que consistiría, de acuerdo a las reglas generales de cómo se ha hecho en la presentación por parte de la comisión que emite el dictamen, quien determine seguramente será su Presidente; después el posicionamiento de los grupos parlamentarios, inmediatamente después la discusión en lo general: 5 en contra, 5 a favor, para seguir con el desahogo de las reservas que presentaren los senadores, senadoras en ese momento.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Es correcta su apreciación, señor senador, así está establecido en el reglamento y desde luego se hará conforme a ello.

-EL C. SENADOR LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA (Desde su escaño): Segundo, señor Presidente, Vicepresidente, en funciones de Presidente, el artículo 72, el inciso e) del 72 Constitucional, la posición del Grupo Parlamentario del PRD no es el sentido, como acaba usted de dar lectura, es nuestra posición.

La Cámara de Diputados se anticipó en tomar un acuerdo, una votación para el efecto de que se mandara a promulgar y publicar una vez que la revisora, por segunda ocasión, si es que fuere el caso, insistiere en su posición de la sesión del 23 de octubre.

La redacción, el sentido literal de la interpretación de esa fracción e) del 72 Constitucional es: que primero la Colegisladora, por segunda vez, si insiste en sus posiciones, aquí se tomaría esa votación para que se mandara a promulgar y publicar y para que se enlistara en siguientes sesiones la discusión sobre los artículos, y en ese momento enviarlo a la Cámara de Diputados.

Nosotros hemos dicho de manera pública, que si no es así, se estaría violentando el procedimiento legislativo que prevé el 72 Constitucional.

Más allá de cómo haya ocurrido en otros antecedentes ¡Eh! porque los antecedentes no anulan las disposiciones que claramente establece el 72 Constitucional, y por tanto, lo digo de manera muy clara, si no es así, nuestro grupo parlamentario interpondrá amparo en contra del procedimiento legislativo, que aquí estoy viendo, pretende desahogarse.

-EL C. PRESIDENTE ASIPURO TORRES: Es correcta su apreciación, señor Senador Miguel Barbosa.

En su momento se habrá de someter a esta Asamblea el procedimiento que establece precisamente el artículo 72 de nuestra Constitución, y se remitirá, si es aprobado por esta soberanía, se remitirá a la Cámara de Diputados, a la Colegisladora, para que ella pueda en su momento tomar la decisión que corresponda. (Aplausos).

-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMENEZ (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMENEZ (Desde su escaño): Gracias, Presidente.

Sólo para precisar que el trámite que ha dictado la Mesa Directiva hace unos momentos es muy claro en torno a las disposiciones del 72 Constitucional.

Nosotros estamos actuando ya como Cámara revisora en segunda vuelta, y por tanto no podemos, en un momento dado, desechar esto o modificarlo porque se corre el riesgo, como ya lo apuntó, precisamente la Mesa Directiva, de que este tema se tenga que reservar para que se vuelva a presentar en el siguiente Período de Sesiones.

Luego, entonces, nosotros estamos de acuerdo con la manifestación de voluntad que hacen los señores diputados de la Cámara de Diputados en el sentido de que lo que envían a esta Cámara revisora, lo aprobado por ambas Cámaras, sea lo que en todo caso se remita al Titular del Poder Ejecutivo para los efectos correspondientes.

Sin duda alguna, sin duda alguna la Cámara de Diputados está actuando de acuerdo a lo que dispone la Constitución General de la República, en el artículo 72, en la fracción e), sin duda alguna, por supuesto que los señores legisladores tendrán derechos de promover acciones en su momento, y nosotros estaremos respetando en todo momento el trámite que ha dictado la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Y por cierto también está sujeto a una determinación final, que es el acuerdo del Pleno de esta Cámara de Senadores.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con todo gusto, señor Senador Arturo Zamora.

Vamos a desahogar este tema conforme lo señala el propio artículo 72, y en su momento, una vez que se tenga que tomar ese acuerdo, si hay necesidad se vuelve otra vez, se retoma el acuerdo parlamentario que se había decidido originalmente, pero una vez que desahoguemos todo el procedimiento que señala el propio artículo 72…

-EL C. SENADOR LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sonido en el escaño del señor Miguel Barbosa.

-EL C. SENADOR LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA (Desde su escaño): Sí, señor Senador.

Comparto con usted que primero lleguemos al momento y después desahoguemos el punto.

Pero, sólo para mejor proveer y para que nos sirva a todos, dar opiniones más cercanas al contenido del artículo constitucional, pediría que disponga que una de las secretarias de la Mesa Directiva dé lectura al artículo 72, fracción, nos va a ayudar para, de acá a que lleguemos a un punto, ya abramos entendido el sentido el sentido de ese dispositivo.