Senado de la República

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2012.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

 -EL C. PRESIDENTE ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: (11:31 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.

 -LA C. SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 89 ciudadanos senadores y senadoras.

 En consecuencia, hay quórum, señor presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se abre la sesión del martes 6 de noviembre de 2012, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio.
 El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.
 
 El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta del Senado de este día.
 
 En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

 -LA C. SECRETARIA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

 Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

 Quienes porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 Se aprueba, señor presidente.
 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

 Una, de las senadoras María Elena Barrera Tapia y Lilia Guadalupe Merodio Reza, con la que se remite el Informe de su participación en el Seminario de Alto Nivel Parlamentario, realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo, en París, Francia, el 4 de octubre del año en curso.

 Uno, de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite su Programa Anual de Trabajo.
 
 Y una, de las senadoras Adriana Dávila Fernández y Margarita Flores Sánchez, con la que remiten Informe de las actividades y conclusiones de la Tercera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, que se realizó en Guatemala, los días 15 y 16 de octubre del año en curso.
 Es cuanto.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

 Una, de la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la comisión de Gobernación, que exhorta a la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, a emitir el dictamen de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, y se reforman y adicionan diversas leyes en materia.

 Una, de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita a la Cámara de Diputados, presentar a la brevedad el dictamen de proyecto de decreto que adiciona el apartado c) al artículo 102 constitucional.
 Y una, del senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar los proyectos relativos a 200 años del Congreso de Anáhuac, y Proclamación de los Derechos de la Nación.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Todos los asuntos a los que se ha hecho referencia, son proyectos que en su momento fueron aprobados en el Senado, y se han remitido a la Cámara de Diputados, motivo por el cual las solicitudes de nuestros compañeros senadores, se enviarán a la colegisladora, para sus efectos correspondientes.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite las respuestas a las preguntas formuladas por la Cámara de Senadores, en relación con el Sexto Informe de Gobierno, sobre el estado general que guarda la administración pública del país.
 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: En cumplimiento al artículo 268 del Reglamento del Senado, la respuesta recibida se remitirán a los grupos parlamentarios, y a las comisiones del Senado.

 Las respuestas se publicarán en el portal Web del Senado.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el que remite el Informe Semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al período de enero-junio de 2002.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Remítase dicha documentación a la comisión de Comunicación y Transportes.

 Pasamos al siguiente anuncio.

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el que remite punto de acuerdo del diputado Raúl Paz Alonso, que exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desarrollo metropolitano.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Remítase el punto de acuerdo referido a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

 Compañeros, senadoras y senadores: El Senado de la República ha recibido los votos de la mayorías de las legislaturas de los estados de la República, con los que se aprueba el proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de mayoría de votos que aprueban el proyecto de decreto.

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor presidente, informo a esta Asamblea, que se recibieron los votos aprobatorios de los congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, respecto al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 constitucional.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: En consecuencia, está Secretaría da fe…

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 16 votos aprobatorios del proyecto de decreto de referencia.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Solicito ponerse de pie, a efecto de dar solemnidad a la declaratoria de modificación constitucional.

(Todos de pie)
 A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales, la Cámara de Senadores declara:

 “Se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 Remítase a la Cámara de Diputados.

 Muchas gracias.

Esta Mesa Directiva, seguirá atenta a la recepción de otras aprobaciones que remitan los congresos estatales.

 En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna, el senador Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX R, al artículo 73 constitucional.
 Lo dejaremos al final del apartado de iniciativas.

 Tiene, ahora, la palabra el senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.

 -EL C. SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES: Gracias, señor presidente.
 
 Compañeras y compañeros senadores: Vengo a presentar una iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

 Sin lugar a dudas, la política social tiene una gran trascendencia, en un país como el nuestro, donde es indudable, que todavía hay muchas personas y muchas familias que requieren de la solidaridad del Estado, para poder salir adelante y garantizar los servicios básicos elementales, a los que tiene derecho cualquier persona para tener una vida mucho más digna.
 Por ello, es importante que se pueda garantizar, que los servicios de salud, educación, alimentación e infraestructura elementales como son: piso firme, agua potable y drenaje, entre otros. Sean servicios que los ciudadanos, de más escasos recursos económicos tengan la garantía de poder acceder a ellos.

 Y si vemos, hoy, la Ley de Desarrollo Social, que fue creada en el año de 2004, lo que buscaba era, precisamente, hacer de ésta, de la política social, una política de Estado, que realmente…

(SIGUE 2ª. PARTE)
… del 2004, lo que buscaba era precisamente hacer de ésta, de la política social, una política de Estado que realmente le garantizara a los ciudadanos que más allá de las situaciones de carácter político partidario, todas las personas que vivan en una situación de vulnerabilidad deban de contar con ese apoyo, con ese respaldo hasta poder lograr salir adelante.

 Con la nueva Ley General de Desarrollo Social, la política social se fortalece y genera la autoridad dentro de un marco de políticas de Estado que se ha venido institucionalizando, pero que indudablemente las reglas de operación que se dieron en ese momento no logran involucrar a todos los órdenes de gobierno para garantizar que haya una verdadera política de estado en la que haya un padrón único y que en ese padrón, independientemente de quien reciba el recurso, si es del gobierno federal, de un gobierno estatal o de un gobierno municipal, ningún ciudadano pueda quedar excluido de estos programas.

 Lo que pretendo con esta iniciativa es que hagamos las reformas a la Ley de Desarrollo Social que permitan garantizar que todas aquellas personas que están en los diversos programas sociales, independientemente del nombre que tenga cada uno de los programas. Y con esto no pretendemos acotar al próximo gobierno a que tenga qué mantener ciertos programas. Lo que sí tenemos qué hacer es que el beneficio que están recibiendo hoy en día las familias que están en una situación de vulnerabilidad, esas familias, independientemente del nombre que puedan tener los programas sociales, se siga garantizando el acceso, primero, a la salud, a la educación, a la alimentación y, desde luego, que puedan gozar de los programas de infraestructura que los lleven a tener una mejor calidad de vida.

 Por ello propongo esta reforma que indudablemente con los esfuerzos que se han hecho, que habrá qué reconocer lo que en el año 2004 la Ley de Desarrollo Social fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión, y hoy lo que buscamos es hacer una adición para que tengamos la certeza de que todos los ciudadanos que están en estos programas van a seguir recibiendo ese beneficio hasta que termine su situación vulnerable. Y una vez indudablemente que la situación de vulnerabilidad se determine de una familia, esa familia estará en condiciones de que pueda ya acceder a otro tipo de programas o a otro tipo de beneficios para que podamos dar cabida a quienes no han podido ingresar a estos programas.

 Por eso propongo, compañeras y compañeros senadores, que podamos reformar la Ley de Desarrollo Social para que podamos tener la garantía, la seguridad de tener un sistema nacional de información de programas sociales, el cual deberá incluir el catálogo de programas sociales federales, estatales y municipales, y el padrón único de beneficiarios de dichos programas para que de esa manera le demos certeza a la sociedad.

 Hoy la sociedad no debe de estar sujeta sólo a las cuestiones de carácter político partidario, tenemos que sobrepasar esas diferencias que se presentan en la sociedad.

 Hoy lo que tenemos que hacer es generar esa confianza a los habitantes que están en esta situación de que habrá una política social de Estado que realmente les garantice esos derechos.

 Por ello propongo la reforma a la Ley de Desarrollo Social, en la que se pretende modificar los artículos 8°,26,70,72,80,81,84 y adicionar un párrafo 27 a las fracciones 11 y 12 del artículo 5° de la Ley de Desarrollo Social para que realmente podamos garantizar que en este país los esfuerzos que se han venido construyendo en los últimos años en el gobierno del Presidente Calderón, no los vayamos a echar por la borda y que realmente eso sea un legado que les sirva a todos los ciudadanos, independientemente de la militancia partidista que pueda tener cada uno de ellos.

 Muchas gracias.
 (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, senador José Rosas Aispuro.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la tribuna al senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI…..

Sonido en el escaño del senador López Brito.

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO (Desde su escaño): Presidente, sólo para preguntarle al autor de esta iniciativa si me permite sumarme a ella.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muy bien. Tomamos nota, senador López Brito.

Se concede el uso de la tribuna al senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proyecto de decreto que adiciona la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Con su permiso, senador presidente.

Esta iniciativa tiene sustento en la intención de reformar el primer párrafo del apartado b) que pertenece al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es preciso recordarle a la asamblea que la semana pasada, para ser exacto el día miércoles 31 de octubre, presenté la reforma al precepto constitucional aludido, con el propósito de persuadir a la colegisladora y allende a ésta al propio Constituyente, para que afirmemos en el texto de la norma suprema la participación activa de la federación en la realización de los derechos humanos, en una oportunidad de materializar las disposiciones constitucionales en el ámbito de los derechos fundamentales a través de su contribución con recursos específicos que se sumarán al presupuesto que los estados de la República asignan anualmente a los organismos de protección de la esfera jurídica que es la intrínseca de los derechos del ser humano.

En gran medida la propuesta de adecuación a los arquetipos de la redacción constitucional y ahora de forma vital con esta adición de un nuevo título al final de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se vinculan de manera indisociable a una hermenéutica jurídica que parte de reconocer esencialmente que la eficacia de las normas es proporcional en obra y magnitud a la efectividad con la que impone su observancia a la autoridad facultada para hacerlo frente a quienes deben acatarla.

De lo contrario a manera de corolario, la ley, sus normas y directrices, no trascenderán de la letra y del espacio en un libro o compendio que ocupa.

Con la referencia anterior, cumplo con la disposición reglamentaria del orden interno del Senado de la República que obliga a los autores de una iniciativa a expresar puntualmente cuando una reforma constitucional guarda relación con otra que trastoca al marco jurídico secundario. Pues a decir del artículo 171 del citado reglamento, una propuesta íntegra que involucra disposiciones de jerarquía primordial y a otros de ordenamientos derivados que les son relativos, se presenta mediante un proyecto para la reforma constitucional y otro u otros para legislación secundaria y que en todo caso constriña al iniciador a señalar en cada uno la correlación entre los mismos.
Ahora bien, comenté que el objeto central de la reforma constitucional es permitir que la federación aporte recursos económicos a los organismos de protección de los derechos humanos, lo que pudo estimarse a partir del impacto presupuestal en una cantidad que no supere los 129 millones de pesos inicialmente y que a posteriori conservará un esquema modesto que lo incrementará cada quinquenio en razón del porcentaje anual en que hubiera crecido la sumatoria del Presupuesto de Egresos de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, correspondiente al año siguiente que comience el cómputo del periodo de…….

(Sigue 3ª parte)

. . . . . . . . . ...........egresos de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, correspondiente al año siguiente que comienza el cómputo del período de cinco años.

Esa es una acción que mantendrá intocado el equilibrio presupuestal del gasto público de la federación al tiempo que hará posible canalizar recursos indispensables para las Comisiones de Derechos Humanos en la geografía estatal, permitiéndoles hacer frente a las nuevas atribuciones que les arroga el marco constitucional mexicano.

Del presupuesto etiquetado que se distribuirá en una inversión per cápita para robustecer la capacidad financiera de los organismos de protección de los derechos humanos, un porcentaje ínfimo que será aplicado en menor medida para los estados con menor número de población y antagónicamente para los que concretan un índice superior de habitantes.

Se concentrará en un fondo que dará origen a un fideicomiso a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuya finalidad está descrita por el nombre del título VII que le da luz en el ámbito normativo tratándose de la asistencia para los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.

El fondo, su fideicomiso y sus recursos que inicialmente representan alrededor de 5 millones 600 mil pesos, y que podrá crecer con las aportaciones de los gobiernos estatales benefactores y con las donaciones que realicen persona de derecho privado que tengan el interés de cooperar con la consecución de los derechos humanos y su protección encomendada a las y los presidentes en las localidades del país.

¿Cómo apoyará este fondo a las Comisiones de los Derechos Humanos?

Obsequiándoles recursos adicionales para la adquisición de bienes y activos fijos que les permitan cumplir de manera cabal con sus metas y objetivos.

Es cuanto, senador Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias, Senador Chico Herrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera.

Sí, senador Gerardo Sánchez.

- EL C. SENADOR SANCHEZ GARCIA (Desde su escaño): Senador Presidente, solamente quisiera saber si acepta el sumarme a su propuesta.

- EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Senador Chico Herrera, tiene inconveniente de que se sume el Senador Gerardo Sánchez.  Muy bien, se toma nota de quienes han estado solicitando.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto que reforma el párrafo VIII del Artículo 16, Constitucional.

- EL C. SENADOR DEMEDICIS HIDALGO: Con su venia, compañero Presidente. Senadoras, senadores: El pueblo de México está sediento de justicia y cansado de tanto inseguridad que parece no tener límites, y que al conservar constitucionalmente instituciones como el arraigo penal afectan directamente la libertad de un individuo sin un debido proceso y después de 80 días en encierro, decirle a la gran mayoría de esas personas que lo han padecido, usted disculpe, puede retirarse; es intolerable en un modelo constitucional, democrático y social de derecho.

El arraigo penal es una figura muy sensible que ha sido definido por los doctrinarios como una medida cautelar que se impone con vigilancia de la autoridad al indiciado para los efectos de que éste cumpla con los requerimientos del ministerio público en razón de la investigación de un hecho delictivo, y aunque fue planteado constitucionalmente para casos de delincuencia organizada sabemos cómo las instituciones persecutoras del delito son ineficaces e ineficientes, cuya gravedad implica limitar la libertad de la persona y atentar contra su seguridad pública, contra su seguridad jurídica.

La reforma integral al sistema de justicia penal incorporó el sistema adversarial oral el 18 de junio de 2008, incluyendo el arraigo junto a la figura de la persecución de inocencia, ya de por sí cuestionable, pero que tras la reforma del 10 de junio de 2012 que consagra la más amplia protección sistemática y conforme a los derechos humanos, seguirlo sosteniendo sería inaudito.

A cuatro años de la constitucionalización del arraigo penal no ha aprobado una efectividad plena en todos los casos que se ha utilizado, y por lo tanto, se hace responsable al Estado Mexicano de una flagrante violación de derechos humanos en los casos fallidos donde la autoridad no pudo acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados lo que exigiría, de oficio, una reparación del daño con pago de daños y perjuicios generados con la debida restitución pública de derechos.

En esta tribuna, el 13 de diciembre del 2007, antes de aprobarse la minuta de reforma que incluye el arraigo, senadores de mi partido, el de la Revolución Democrática, generaron diversas posturas que criticaron esa incompatibilidad y que fueron argumentos que no prosperaron como reserva, ni para que se sometiera a discusión; quizá ante las circunstancias criminógenas de la época, circunstancias por cierto menos violentas que las actuales, pero que a más de cuatro años de inclusión ha demostrado que no ha tenido los resultados esperados, por lo tanto, resulta un desacierto más de la política criminógena de Felipe Calderón.

El Senador Pablo Gómez Alvarez, del PRD señaló argumentos que hoy en día, a casi cinco años, han sido una crónica de la apología a las torturas de la gente común, que ha sufrido un arraigo y que culminó en una inocencia plena, desde entonces.

Me referiré a la detención sin causa, la detención sin proceso que se llama arraigo, donde una autoridad judicial decide no obrar, autoriza la retención del indiciado, y se dice que es para una investigación exitosa, ese es el punto. Entonces, vamos a hacer una constitución facista para que no haya crímenes; eso de gobernar a veces hace daño cuando nos falta criterio, convicciones y firmeza de principios.

En violación de derechos fundamentales esos derechos son para todos, señores, métanse eso en la cabeza, porque les van a aplicar la ley algún día, a alguien cercano, a ustedes, o ustedes mismos van a cambiar la opinión, van a recibir quejas de electores suyos de cómo les va a éstos, y las quejas de las organizaciones internacionales de derechos humanos también, porque esta práctica puede ser una constitución que es para proteger derechos y ahora convertida en negadora de derechos es un constitucionalismo que luego va a tener que explicar, es la torcedura del constitucionalismo como base del estado democrático, históricamente hablando, que atenta contra la libertad de las personas, porque mete a la cárcel a la gente, a todos parejos iguales sin derecho de defensa, sin debido proceso, sin acceso a la jurisdicción del estado, 80 días embotellado sin ninguno de estos derechos, van a decir 80 días es poco, pues por poquito que sea, aquí no es el problema, si es poco o es mucho, sino el hecho que se da o no se da. Esta es la cuestión, sigan con estos métodos de investigación que traen ahora con los narcos, y otros, metiendo presos políticos a las cárceles de alta seguridad, persiguiendo a la gente por protestar y organizarse, ahí van revueltos ya. La gente, van revolviendo ya narcos con poderes políticos, es la llave del estado policiaco, siempre hemos luchado contra eso, y reiteramos no estamos aquí, no hemos venido aquí a improvisar.

La incertidumbre del arraigo al ser una detención vigilada por autoridad con privación de los principales derechos de libertad, del uso y disfrute de todos los derechos que plasma cualquier constitución como el acceso libre, inmediato y sin restricciones a la familia, papeles, derechos, prerrogativas en general a su esfera constitucional es una investigación criminal por meros indicios, por una investigación mal llevada, por venganzas personales políticas, económicas o religiosas o de cualquier índole; base en la existencia de un testigo protegido con una simple imputación para que la autoridad pueda argumentar que hay una posibilidad que se evada la justicia y ordenar su arraigo.

En ese. . ..  ..  .....

(Sigue 4ª. Parte)
. . . con una simple imputación para que la autoridad pueda  argumentar que hay una posibilidad que se eleva, que se evada la justicia y ordenar su arraigo, en ese momento esa presunción de inocencia que debería de garantizar que sólo merecería prisión quién es plenamente responsable por un simple arraigo, está aprisionado hasta 80 días, sin haberle imputado una responsabilidad penal  a ese individuo, sin haberle respetado el  acceso a la jurisdicción pronta, completa e imparcial.

 Nuestra iniciativa de reforma no es una apología de la delincuencia organizada, ya que el artículo 19 en su segundo párrafo de la Constitución Federal establece claramente  que el juez ante la hipótesis de delincuencia organizada oficiosamente ordenará la prisión preventiva, la cual debe ceñirse a las modalidades que establece  las forma reglamentaria, ya con un debido proceso eso lo puede y debe de hacer la autoridad investigadora, en este caso el octavo párrafo del  artículo 16 en el mismo sentido  otorgará al juez de la causa la obligación para que dicte bajo su más estricta responsabilidad las medidas cautelares sin que subsista el controversial arraigo.
 
 Compañeros senadores, compañeros senadoras, la eliminación del arraigo penal en la Constitución Federal  contribuye al respeto pleno de los derechos humanos, fundamentales de todo ciudadano, que en un estado democrático y de derecho debe garantizar, por lo que con lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía  la siguiente iniciativa.

 Artículo UNICO.- Se reforma el párrafo VIII del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

 “La autoridad judicial federal, bajo su más estricta responsabilidad, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, decretará las medidas cautelares necesarias con las modalidades de lugar y tiempo que la Ley señale, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de la persona o bienes jurídicos o cuando exista un riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.

TRANSITORIO.

 UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

 Ciudadano Presidente, solicito se incluya en el Diario de los Debates la iniciativa integral que no fue leída  por respeto al tiempo reglamentario asignado.

 Por su atención, muchas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias Senador Demédicis.
 
 Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.
 
 Se recibieron las siguientes iniciativas, una del Senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con Proyecto de Decreto por el que se  adiciona una fracción Vigésima Novena R, al artículo 73 constitucional, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera.

 Y otra más del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario  el Partido Revolucionario Institucional, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos penales,  que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 Se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un Proyecto de Decreto que reforma los artículos 184ter, 254, 467bis de la Ley General de Salud, que se turna a las  Comisiones de Salud y e Estudios Legislativos.

  Se concede la palabra al Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas a nombre propio y de los senadores Fernando Herrera Avila, Angel Benjamín Robles Montoya, la Senadora Marcela Guerra Castillo, el Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar Proyecto de Decreto que reforman los artículos 2º, 3º y 4º transitorios de la Ley de Economía Social y  Solidaria.

 -EL C. SENADOR JOSE ASCENCION ORIHUELA BARCENAS: Gracias, señor Presidente, con su autorización.

 Los suscritos José Ascensión Orihuela Bárcenas, Fernando Herrera Avila, Angel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo y Teófilo Torres Corzo, Senadores de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa  con proyecto de decreto que reforman los artículos 2º, 3º y 4º transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria, bajo la siguiente exposición de motivos.

 La Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo 7º del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2012 prevé la creación del Instituto Nacional de la economía social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Economía con autonomía técnica operativa y de gestión en los términos establecidos en al misma.

 El Instituto tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía  con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

 Entre las funciones conferidas al Instituto, se encuentran las de promover y apoyar la creación de organismos del sector y organismos de integración que constituyan y operen  conforme a las leyes que regulan sus materias específicas, encontrándose entre otros aquellos para la prestación de servicios financieros al mismo sector, así como establecer y mantener actualizado el registro nacional de los organismos del sector y propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del mismo, mediante el establecimiento del programa de fomento a la economía social.

 De los artículos 36, 37 y 38 de la Ley, se desprende que el registro es el instrumento público encargado de la sistematización, de la información y que aquellos organismos del sector y organismos de integración que deseen acogerse a los beneficios y prerrogativas de los programas a que se refiere la Ley, además de constituirse, podrán solicitar su  inscripción ante el registro conforme a las disposiciones marcadas en el reglamento que al efecto se emita.

 Para tal fin, el Instituto se rá el responsable de integrar la información del registrote manera económica, electrónica y simplificada así como de su resguardo y actualización.

 El tercero transitorio, primer párrafo de la referida Ley, señala que el Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a 180 días naturales,  posteriores a la entrada  en vigor de la Ley, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la coordinación general del Programa Nacional  de apoyo para las empresas de solidaridad FONAES.

 En este sentido considerando que uno de los objetivos de la Ley es facilitar la organización y  expansión de la actividad económica del sector social de la economía, así como el fomento e impulso a éste por parte del estado, es importante que el Instituto cuente con todas las herramientas para la consecución de sus fines como lo es el registro nacional de organizaciones del sector, de igual manera, es importante que este sector no se vea afectado en el acceso a los apoyos económicos.

 Para llevar a cabo la debida operación del registro,  implica desarrollar una aplicación informática, capacitar a los operadores del mismo,  emitir los lineamientos del propio registro, así como alimentra la base de datos, con la información de las inscripciones entre otras acciones, las cuales requieren que el Ejecutivo Federal destine mayor tiempo al estipular a la ley, por lo que es necesario extender el plazo, lograr la implementación e  inscripción al citado registro, de lo contrario no se daría  tiempo suficiente para que los organismos del sector y los organismos de  integración quedaran oportunamente registrados, a fin de que puedan   gozar de los derechos y beneficios derivados de la Ley.
 
 Por todo lo anterior es necesario reformar  el prime párrafo del  segundo transitorio de la Ley que otorga. . .

(Sigue 5ª parte)
...a fin de que puedan gozar de los derechos y beneficios derivados de la ley.

Por todo lo anterior, es necesario reformar el primer párrafo del segundo transitorio de la ley que otorga seis meses para la realización de convocatorias, asambleas y Congreso constituyente del sector, eventos cuya realización de propone ampliar a un plazo no mayor de 18 meses con el objeto de que se lleve a cabo con pleno respeto a lo establecido por la ley, según la cual la participación de los organismos del sector y sus organismos de integración queda condicionado que todos ellos se encuentren inscritos en el registro.

Como la ampliación de plazo referido permitirá que el instituto ya se encuentre instalado éste podría realizar dichos eventos, por lo que se propone en dicho artículo que en lugar de las delegaciones estatales de la Secretaría de Economía se mencione al instituto. Asimismo, es necesario reformar el tercero transitorio, párrafo IV de la Ley por el que se continuaría aplicando el acuerdo de organización y funcionamiento interno de FONAES, en tanto se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, únicamente.

Pero como el instituto contará con su propio reglamento interior se agrega la referencia a este otro reglamento para evitar que se pudiera dejar sin efecto dicho acuerdo cuando aún no estuviera completamente reglamentado el instituto.

Finalmente, es necesario reformar el IV transitorio de la ley, el cual establece que las normas del registro y del programa deben expedirse en un plazo no mayor de 180 días naturales posteriores a su instalación. La propuesta sólo ampliará el plazo para expedir la normatividad del registro a fin de que éste pueda iniciar sus actividades en el plazo previsto originalmente.

Lo anterior toda vez que como el proceso de inscripción requiere de un tiempo razonablemente amplio para que la mayor parte de los organismos del sector queden registrados no sería adecuado exigirles en el año 2013 este requisito para proporcionarles los apoyos a que se refiere la ley, facilitándoles así registrarse en tiempo hasta finales de ese año para tener la posibilidad de acceder a los apoyos del ejercicio fiscal 2014.

En congruencia con esto, se propone que las normas relativas al nuevo programa se expidan durante el año 2013, pero que su vigencia inicie a partir del ejercicio fiscal 2014; por otra parte, con el objeto de no interrumpir el otorgamiento de apoyos al sector, se hace necesario prorrogar durante el ejercicio fiscal 2013 la vigencia del Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas de operación FONAES para el ejercicio fiscal 2012, evitándose aplicar una doble normatividad en el mismo ejercicio fiscal.

En razón de ello y de manera comprometida con la construcción del marco jurídico que permita realmente al Instituto promover y apoyar la creación, así como el registro de organismos del sector, consideramos que es viable el tiempo que se está planteando la iniciativa, debido a que, en términos administrativos, estamos próximos a concluir el ejercicio fiscal 2012 e iniciar una nueva administración a partir del próximo primero de diciembre.

Es necesario reformar el primer párrafo segundo transitorio de la Ley que otorga 180 días para la realización de convocatorias, asambleas y Congreso constituyente del sector, a efecto de que se amplíe el plazo a 540 días naturales, 23 de noviembre de 2013, con el objetivo de que puedan acceder a los apoyos del ejercicio fiscal 2014.

Modificar el artículo tercero transitorio, párrafo cuarto, para continuar aplicando el acuerdo de organización y funcionamiento interno de FONAES, en tanto se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; no obstante se recomienda continúe que el Instituto contará con su propio reglamento para no dejarlo sin efecto.

Modificar el cuarto transitorio el cual establece las normas del Registro y del Programa. La propuesta es únicamente ampliar el plazo para expedir la normatividad del Programa y no del Registro con el objetivo de que quede constituido y no afecte los trabajos del proceso de inscripción.

Se propone que las normas relativas al nuevo Programa se expidan durante 2013, pero su vigencia inicia a partir del ejercicio fiscal 2014.

Las adecuaciones que se están proponiendo van a permitir que, una vez creado el Instituto Nacional de la Economía Social, se pueda generar la ruta crítica para llevar a cabo la instalación de la plataforma electrónica, la cual permita conocer el padrón de beneficiarios y así empezar la definición de una autentica política de Estado en la promoción de los organismos que son parte de la economía social…

-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Solicito al orador pudiera concluir su intervención.

-EL C. SENADOR JOSÉ ASCENSIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: Que, al mismo tiempo, estoy convencido mejorará el sector productivo y la calidad de vida de todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Muchas gracias, Senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se…

Tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

Para información de la Asamblea la discusión de este asunto sólo podrá referirse a los artículos en los que la Colegisladora aplicó modificaciones, y éstos son los relativos al artículo 8, al 9, al 23, al 77, 80 y 85, y el cuarto transitorio.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen.

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente.)

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente.)

-Sí se omite la lectura, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias.

Se concede entonces el uso de la tribuna al Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con el permiso del Senador Presidente de la Mesa Directiva, y agradeciendo la atención que sirvan dispensarnos las señoras senadoras y los señores senadores.

Yo quisiera que las primeras palabras en torno a la discusión de este proyecto de decreto tornaran en el reconocimiento al trabajo que la Comisión ha realizado, un trabajo que se apegó al interés nacional, al interés público, un trabajo que implicó el esfuerzo y el tiempo, la experiencia de senadores sumamente comprometidos con este país.

Por eso que estas palabras sean para reconocer el esfuerzo que todos los integrantes, señores senadores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, realizaron para poder desahogar este trámite legislativo. Reconocemos el trabajo…

(SIGUE 6ª PARTE)
.... Estudios Legislativos, primera, realizaron para poder desahogar este trámite legislativo. Reconocemos el trabajo del señor presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, senador Raúl Gracias, y de quienes juntos con él acompañaron este esfuerzo.

Acudo a esta alta tribuna del Senado de la República para fundamentar, como Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el contenido del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

Señalo, en primer lugar, que debe recordarse a esta minuta como una iniciativa preferente, presentada por el Ejecutivo Federal, y esa calidad de iniciativa preferente se le confinó y se le trató en todo el proceso legislativo.  Trata esta iniciativa preferente como objetivo central de homogenizar la información financiera de los tres órdenes de gobierno en la aplicación de los recursos públicos.

La iniciativa también planteaba, entre otros temas, el establecer la obligación de incluir a las respectivas Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egreso “aportadas” específicos con información de las fuentes de los ingresos.  Obligaciones de garantía o pago, causante de la deuda pública u otros pasivos, las prioridades de gasto, así como la distribución del presupuesto, y el listado de programas prioritarios para ser sometidos a evaluaciones del desempeñó, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y la aplicación de recursos.

Después de un proceso de análisis en la que participaron todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Senadores, esta asamblea aprobó 30 modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo Federal centrados en cuatro ámbitos fundamentales.

Primero. Se establecieron plazos realistas para el cumplimiento de las disposiciones en virtud de la falta de recursos de infraestructura, de normas jurídicas locales y por la complejidad de la armonización y homologación contable.

Segundo. Se le otorgó la facultad al Consejo Nacional de Armonización Contable para determinar los formatos y  las estructuras de información por medio de los cuales los tres órdenes de gobierno elaboren y publiquen la información financiera presupuestaria y contable.

Tres. SE propone que se reforme el marco jurídico de la deuda pública en los tres órdenes de gobierno a fin de modificar, ampliar y hacer más transparente a los registros de deuda, pasivos y obligaciones.

Y el cuarto ámbito fue relacionado con aquellas normas que adecuan las obligaciones de divulgación de la información para que estas sean armónicas, con lo que establezcan las normas jurídicas locales.

Además en dicho dictamen esta soberanía estableció que la información financiera de los entes gubernamentales deberá presentarse de forma clara, de forma sencilla y deberá ser accesible no sólo para los órganos fiscalizadores y evaluadores, sino para la sociedad en general, razón por la cual se determina la obligación de transparentar los recursos desde la elaboración de los presupuestos hasta la rendición de cuentas.

Para cumplir con el proceso legislativo de revisión, el proyecto de decreto fue enviado a la Cámara de Diputados para ser analizada conforme al marco constitucional. Como resultado de este sano proceso parlamentario de revisión, la Colegisladora turno sus observaciones para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional proponiendo modificar seis artículos y un transitorio del dictamen original, los cuales fueron analizados por los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, primera.

Las comisiones dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en que las modificaciones realizadas fortalecerán la ley, ya que precisan disposiciones para respetar las competencias de cada orden de gobierno y para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos. 

Las modificaciones propuestas por la Colegisladora fueron las siguientes:

Artículo ocho, segundo párrafo. Agregando la frase “procurando invitar”, en sustitución de “podrá invitarse”.

El artículo noveno, fracción novena, se especifica que los municipios menores a 25 mil habitantes, así como aquellos de usos y costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley.

Artículo 23, último párrafo, se especifica que los formatos a utilizar serán electrónicos. 
El artículo 77, fracción primera, se agrega como criterio de evaluación el cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas de beneficiados que marca la Ley General de Desarrollo Social.
El artículo 80, último párrafo, se incluye a la Ley General de Desarrollo Social como fuente de los indicadores de evaluación. 

El artículo 85, primero y segundo párrafo, se propone que las sanciones a los servidores públicos sean del orden de la Ley de las Responsabilidades Administrativas.

Y el cuarto transitorio, primer párrafo, se reduce el plazo de marzo a febrero de 2013, para que el Consejo Nacional de Armonización Contable emita las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto al  título quinto, relativo a la transparencia y a la difusión de la información financiera.

Compañeras y compañeros senadores, esta reforma dota de nuevas formas de transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno, a fin de que la sociedad cuenta con mayor y mejor información sobre el destino de los mismos, además de que se establecen mecanismos que permiten a los órganos fiscalizadores conocer la información fidedigna con el objeto de sancionar prácticas de corrupción y desvío de recursos.

Con este esfuerzo legislativo el Senado de la República, pensando en aquello que le interesa a los mexicanos, cumple con su responsabilidad, hace a un lado aquello que genera confrontación para convocar de manera precisa y fundamental aquellos temas que generan consensos, que implican mejoría en la calidad de vida de los mexicanos, y que aporta, de manera decisiva, un nuevo tránsito en la vida democrática de este país.

En consecuencia, señoras senadoras, señores senadores, este dictamen está a su disposición, y a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pedimos su voto aprobatorio. Es cuanto, senador presidente, muchas gracias senadoras, muchas gracias, senadores. (Aplausos).

EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ:  Gracias, senador Yunes.
Se concede ahora el uso de la tribuna al senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, para presentar el dictamen.

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  Con la venia  de la presidencia, agradecerle a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al senador Yunes que también fundamentó este proyecto de dictamen, a los integrantes de las comisiones de Estudios Legislativos, primera, a los diputados federales, integrantes de esta legislatura, y a los senadores, ¿por qué? Porque el día de hoy vamos a hacer historia, vamos a concluir el primer trámite de una iniciativa preferente, y a la mejor aunque no generó la expectativa o el revuelo mediático del tema de la Reforma Laboral, consideramos que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, con gran puntualidad atinó al presentar con este carácter, tanto la reforma laboral como esta reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

¿Por qué lo digo?  Porque con esta reforma que hoy con su voto se aprobará, lograremos garantizarle a nuestro país que no se puedan generar “chicanas” de opacidad ...

(Sigue 7ª parte)
…con su voto se aprobará, lograremos garantizarle a nuestro país que no se puedan generar chicanas de opacidad, de falta de transparencia, de falta de armonización, para que estados y municipios abusen en el despilfarro de los recursos públicos en el uso de deuda, en el uso de presupuesto.

 Creo que la forma de mejor rendir cuentas, que como gobernantes podemos tener, es que toda la comunidad, que toda la sociedad pueda tener acceso a esta información. Y esta Iniciativa que hoy aprobaríamos daría este planteamiento.

 También se demostró la validez y la vigencia de la figura novedosa que la figura política nos dio la Iniciativa Preferente.

 ¿Cómo se pueden cumplir con los tiempos, cabalmente?

 ¿Cómo, diputados y senadores podemos, cuando tenemos un tiempo finito, ponernos de acuerdo en temas de gran relevancia nacional??

 Y que aún cuando había duda respecto de qué acontecía, cuándo el proceso legislativo pasaba de la primera instancia en cada una de las cámaras, con gran celeridad y sin mayor retraso en tiempo, podemos tener este planteamiento.

 Nos congratula por haber hecho bueno uso, por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo, de esta figura de la Iniciativa Preferente.

 En cuanto a las modificaciones que hace la Cámara de Diputados, y que bien refirió el Senador Yunes, creo que la más importante, la más relevante, y que creo que era un planteamiento que nos generó duda, desde el primer momento, pero que a lo mejor como Cámara de origen no se atendió puntualmente, es el tema del apoyo material, del apoyo financiero a aquellos municipios que tengan una población menor a 25 mil habitantes, creo que es un planteamiento muy atinado, que le dará garantías de vigencia efectiva en toda la nación; que no haya excusa, que por tener municipios con una población reducida, con un presupuesto reducido, no se cumpla a cabalidad esta normativa, esta Ley de Contabilidad Gubernamental.
 Yo festejo que el día de hoy podamos discutir y votar esta propuesta, igual que el Senador Yunes les pido su voto a favor, y poder darle a este país, a todos los mexicanos una herramienta que garantice que sus gobernantes utilicemos con discrecionalidad, prudencia y decoro los recursos que son de todos, los recursos públicos.
 
 Muchas gracias. (Aplausos).

 -EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Muchas gracias, Senador Gracia.

 -Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente, y por un tiempo de 10 minutos cada uno, como lo marca la fracción II del artículo 199 de nuestro propio reglamento.

 En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: Con su venía, señor Presidente.

 Señoras senadoras y senadores:

 Vengo a fijar la posición de la Fracción Parlamentaria y del Partido del Trabajo.
 
 El Partido del Trabajo está  --desde luego--  con el mayor entusiasmo a favor de la transparencia, y ha considerado que esta Iniciativa tiene aspectos muy positivos, lo cual hemos celebrado.

 Sin embargo, es preciso subrayar algo que es de enorme circunstancia y que va más allá del contenido de esta Iniciativa llama Preferente.

 Desde los primeros días de septiembre, para ser exactos, el 18 de septiembre, presentamos un punto de acuerdo de urgente resolución que fue rechazado por la Asamblea y remitido a la Junta de Coordinación Política, en el que señalamos con toda precisión que el trámite de estas iniciativas preferentes, y en particular la que estamos analizando, es y era inconstitucional.

 Expusimos con todo detalle el ¿Por qué consideramos que el procedimiento es inconstitucional?

 La reforma política, que así se llamó, en su artículo 71 estableció, ésta que yo considero una aberración de la Iniciativa Preferente, que obliga a votar a una velocidad inadecuada temas de una enorme trascendencia, pero en fin, está en la Constitución.

 Sin embargo, les recuerdo a ustedes que el artículo 71 forma parte de un decreto general, que termina con un artículo transitorio, el segundo artículo transitorio que establece: “Que para la aplicación de ese decreto, incorporando todas las reformas políticas que trajo ese decreto, el Congreso de la Unión tenía que legislar para regular ese procedimiento”.

 Y los artículos transitorios de una reforma constitucional son parte de la Constitución.
 No es posible hacer a un lado, aplicar el artículo 71, y poner en operación un procedimiento para llevar a término una reforma prioritaria y nefasta como ésta, si no cumple el artículo 2º transitorio.

 Y el artículo 2º transitorio establecía y establece: “Que para poder procesar esas iniciativas, el Congreso de la Unión tenía que haber legislado en un período no mayor de un año”.

 Se dijo, aquí en este punto de acuerdo, se envió a la Junta de Coordinación Política, se discutió en la Junta de Coordinación Política y no se tomó ninguna decisión.

 Hubiera sido muy fácil, entonces, hubiera sido muy fácil haber iniciado un proceso de reglamentación a través de esa ley que exige la reforma política, sin embargo no se hizo caso.

 Más adelante, ya en la discusión, la Senadora Dolores Padierna presentó una moción suspensiva, una moción suspensiva que defendió, articuló y fundamentó, y nuevamente el Pleno desechó esa moción suspensiva.
 Hemos estado siguiendo, durante todo este tiempo, con todo cuidado el buscar que se regualizara el proceso, nunca se ha hecho.

 Y es extremadamente grave que el Senado de la República, y ahora la Cámara de Diputados violen la Constitución de la República, y eso es lo que estamos haciendo al aprobar una Iniciativa Preferente sin haber atendido lo que orden el artículo 2º transitorio.

 ¿Qué es lo que ha pasado, además de esa aberración, de que el Congreso de la Unión y este Senado de la República violen la Constitución por la prisa y los compromisos que existieron en torno de estas dos iniciativas? Es verdaderamente grave.

 Se ha venido estableciendo en nuestro país la costumbre de pasar por encima de la Constitución.
 
 Reformas energéticas, una tras otra, violen el artículo 27 Constitucional.
 Diversas medidas de carácter económico, de corte neoliberal, violan principios y artículos específicos de la Constitución de la República.

 ¿A dónde vamos a llegar, si el Senado de la República y la Cámara de Diputados no toman el cuenta el aspecto esencial que es cumplir con la Constitución? como todos los que estamos aquí protestamos hacerlo cuando iniciamos nuestra función.

 ¿Qué es lo que ha pasado con esta violación constitucional? Que el manejo ha sido totalmente irregular, han sido producto de una serie de improvisaciones, una tras otra.

 Recordemos aquí que para dictaminar esa ley positiva, en su conjunto, lástima que sea inconstitucional su procedimiento, se inventó una Comisión Especial, esa comisión estuvo trabajo, y después, de la noche a la mañana se nombra a la Comisión de Hacienda, y esa Comisión de Hacienda, como por arte de magia, con un dictamen privilegiado, el mismo día dictamina a favor.

 Y ¿Qué es lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, también ahora, recientemente?

 Recordemos que esto también tiene que ver con esa otra Iniciativa igualmente sometida a una presión la reforma a la Ley Federal del Trabajo, una de las más graves decisiones que se ha tomado en los últimos años en este país.
 
 Discutir una reforma de la Ley Federal del Trabajo…

(Sigue 8ª. Parte)
…una de las más graves decisiones que se han tomado en los últimos años en este país.

 Discutir una reforma, de la Ley Federal del Trabajo, en 30 días, es una absoluta aberración.

 Y lo hemos comentado, yo sé que muchísimos de los miembros de este Senado, no saben ni qué se aprobó, ni analizaron nada, porque no hubo tiempo, una vez que se terminó la recepción de opiniones, todas en contra, de líderes y trabajadores de todo el país de todos los partidos, se sometió inmediatamente un dictamen, también, prefabricado.

 ¿Y qué pasa ahora en esas violaciones, incoherencias y absurdos en la Cámara de Diputados? En donde se está definiendo la iniciativa o la minuta que regresamos, en un acto democrático de gran valor a la Cámara de Diputados.
 
 Bueno, resulta que el coordinador de una fracción, Beltrones, decide hace unos días, lo leímos en todos los medios, que ya no es iniciativa preferente.
 Ya no es iniciativa preferente, dice Beltrones. ¿Y quien es el señor Beltrones, para decir que ya no es preferente?
 
 ¿Por qué dice que ya no es preferente? Si no hay ninguna ley, y ningún principio que establezca qué es preferente, porque se está violando la Constitución, al trabajar estos temas tan delicados, sin la reglamentación que ordena la reforma constitucional.

 ¿Ya no es preferente la iniciativa de reforma de la Ley del Trabajo?  Ya no es preferente.
 
 No, pero ahora sí. Hoy leemos en la prensa, que ya sí es preferente. Cómo, si ya no era preferente, por mandato de Beltrones, uno de los autores de este despropósito de la iniciativa preferente.

Ahora resulta, que la comisión de Trabajo, allá en la Cámara de Diputados, el presidente se permite decir, por cierto un líder obrero, se permite decir, que siempre sí es preferente.

 ¿Cómo es posible que diga el señor, ah, ya nos explicó por qué?  Porque dice el señor presidente de la comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, en contra de la sabiduría de Beltrones, que dijo que ya no era preferente; él dice, sí es preferente. Hoy está en los periódicos.

 Es preferente, dice, ¿Por qué? Porque ya lo dijo Peña Nieto.

 Entonces, Peña Nieto ya dijo públicamente, y ya les ordenó que sea preferente.

 Eso es lo que está pasando.

 Una reforma a la Ley del Trabajo, que ha sido cuestionada, viola también la Constitución.  Y diga lo que diga la celeridad de Beltrones, o el señor Peña Nieto, que ahora desde ya casi Presidencia, les dice, no señores, saben ustedes, sí era preferente, es preferente, porque lo digo yo, es preferente.

 Si no es preferente o la quieren considerar preferente, es inconstitucional, como ésta que estamos y vamos a votar hoy. Las dos son inconstitucionales.
 
 Y eso va a dar lugar a una lluvia de amparo. Y se lo recuerdo a los dirigentes obreros que están aquí, no se preocupen, eh… no se preocupen, nadie estaba de acuerdo en el sector del trabajo, nadie está de acuerdo, de esa barbaridad de reforma neoliberal, que va a acabar con el mercado de trabajo de este país y va a empobrecer a los trabajadores. No se preocupen, pueden pedir amparos, eh… pueden pedir amparos y los van a ganar.  Es inconstitucional…

 -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Solicito al orador, concluya…

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: De manera que… si, señor presidente, termino.

 Ya termino.  Es muy grave, es muy grave que empecemos este período ordinario, de una nueva legislatura, violando la Constitución.
 
 Yo les pido a ustedes, señores senadores y senadoras, que reflexionen. 

 Ya están anunciando una reforma energética, verdad. El manejo de la energía en este país, está en la Constitución, eh…

 Y han venido violando la Constitución, el señor Calderón que ya se va, ha violado con reformas energéticas la Constitución, verdad…

 Y si el Congreso de la Unión se suma a esta actitud de violar la Constitución, para sacar reformas que están urgidas por los que mandan, allá afuera, vamos acabar con el estado de derecho en este país, y no sé a dónde vamos a llegar.

 Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias, por su atención. (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, a usted, señor senador Bartlett.

 Tiene, ahora, el uso de la tribuna el senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos.

 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Muy buenas tardes todos.

Con su permiso, señor presidente.

Amigas y amigos senadores: El gasto público constituye la herramienta fundamental, con la que el Gobierno opera, con la que el Gobierno hace y cumple con todo el mandato que le es otorgado.

Y partamos de la base de un principio, que lo que no se puede medir, no se puede mejorar.

Y transitar hacia una mejor administración pública, informar sobre ciertos, pero también sobre insuficiencias y ámbitos susceptibles de mejora, de mejora continua.

La Ley de Contabilidad Gubernamental, que reglamenta el artículo 71 constitucional, es mucho más que un asunto de ajuste a formatos burocráticos.

 Implementa con diligencia y se mete a detalle a transparentar, a vigilar y a ser los ojos de la sociedad.
 
 Lo que el Senado tendrá que aprobar, son las modificaciones hechas a la Cámara de Diputados, si a la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
 
 Entre los puntos más importantes de esta iniciativa, sin ser redundante, por lo que ya aquí fue comentado por mis compañeros senadores que me antecedieron, básicamente lo podríamos resumir: en la obligación de armonizar la información financiera, desde la integración de las respectivas leyes de Ingresos y Presupuestos  de Egresos en los tres órdenes de gobierno.

 En materia de Ingresos, detalla participaciones, aportaciones, subsidios y convenios de reasignación, así como ingresos locales.

 Para las deudas estatales y municipales,  ahora será obligatorio incluir todos los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de si son o no considerados deuda, en términos de la legislación local.
 
 Este punto constituye uno de los grandes avances, dado la problemática que las deudas municipales y estatales han presentado en los últimos tiempos. Algo que es urgente que se pueda observar y resolver, sobre la vía de la prevención.

En materia de  Presupuesto, hay que detallar cuáles son las prioridades de gasto corriente y de  gasto de inversión.
También se incluyen temas de evaluación de programas y de generación de indicadores consistentes entre gobiernos locales.

 Se van a establecer parámetros, para las obligaciones en Internet de documentos. Y hay otros puntos importantes, como obligar a los gobernadores y a los presidentes municipales, a informar, no solamente de la deuda en carácter general, sino entrar a los detalles de contratadas, créditos solicitados y todo tipo de comisiones que pagan.
 
 Ahora los padrones de beneficiarios de programas sociales, tendrán que ser públicos, para evitar la discrecionalidad en este tipo de gasto.

 Susceptible de manipulación política, hasta siete años de prisión podrán enfrentar quien incumpla con las disposiciones de esta ley.
 
 Como parte de la necesidad del marcaje en corto que necesitan los gobernadores y los alcaldes, esta obligación de hacer los cortes trimestrales en las finanzas de los estados y los municipios, más allá de 25 mil habitantes, constituye una de las piedras angulares también de esta legislación.
 
 No obstante tengamos en cuenta que la transparencia no es un fin en sí misma, es parte de un proceso político y jurídico, que debe de culminar en una mejor orientación del gasto público, con resultados tangibles y medibles; para que toda la sociedad  y para cada uno de sus componentes, sirva para construir este gran sentido de transparencia que se le trata de dar con esta ley.

 Pasar de la transparencia supuesta a la real, nos requiere como sociedad no sólo aprovechar lo que hemos aprendido en la práctica durante la última década.

 Hace 10 años, con ingenuidad esperábamos que la realidad cambiara por decreto. Por tres años el país avanzó muy poco, a pesar de que las leyes nos pintaban ya una realidad prometedora de la apertura.

 Las cosas empezaron a cambiar cuando las instituciones académicas, las organizaciones cívicas y los medios de comunicación, empezaron a señalar los incumplimientos con nombre y con apellido, a evaluar dependencias y exhibir a las más rezagadas. Y hacer los rankings con los que se pudieran repartir premios y castigos a los gobernadores y alcaldes.

 Ahora es momento de dar un paso hacia adelante, con una actitud de congruencia, con una actitud concreta, hacia las normas administrativas que nos deben de dar certeza, que nos deben de dar transparencia, para cumplir con este sentido de darle al gasto público la mayor probidad posible.

 Involucrar a los ciudadanos…