SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2012.
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
-EL C. PRESIDENTE ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: (11:47 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.
-LA C. SECRETARIA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 98 ciudadanos senadores.
En consecuencia, hay quórum, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se abre la sesión del martes 30 de octubre del año 2012, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio.
Señoras y señores senadores: Me permito comunicarles, que en la madrugada del día de hoy, falleció el padre de la senadora Hilda Flores Escalera, el respetable y reconocido doctor Humberto Napoleón Flores Padilla.
Esta honorable Asamblea envía un respetuoso abrazo a la senadora y sus familiares.
En solidaridad con nuestra compañera, senadora Hilda Flores Escalera, pido a ustedes guardemos un minuto de silencio en memoria de su señor padre.
(Todos de pie. Se guarda un minuto de silencio)
Tomen asiento, por favor.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta del Senado de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.
Quienes estén a favor, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Quienes porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
Aprobada el acta, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Compañeros senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva, suscribió la mañana de hoy, un acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, enviar las respuestas a las preguntas que se le formularon en el contexto del Sexto Informe de Gobierno.
Este acuerdo se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños.
En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura, solamente, a su parte resolutiva.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Doy lectura a acuerdo:
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a enviar las respuestas a las preguntas formuladas, mediante el acuerdo aprobado en fecha 25 de septiembre de 2012, a efecto de estar en condiciones de concluir el análisis del Sexto Informe de Gobierno, en los términos que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es todo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Está a discusión el acuerdo…
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
Aprobado el acuerdo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: En otro asunto, informo a ustedes que recibimos de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se formulan preguntas parlamentarias a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía del Gobierno Federal, con relación a la firma del Acuerdo Comercial Antifalsificación.
Dicho acuerdo está disponible en el monitor de los escaños.
Le pediría a la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, haga uso de la tribuna, para explicarnos en qué consiste este acuerdo.
-LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Gracias, señor presidente.
Me parece muy relevante que este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, este acuerdo que convoca, una vez más, a las coincidencias, sea presentado por su servidora, a nombre de todos los grupos parlamentarios.
Dado que es la primera vez, que este Senado va a utilizar la modalidad de pregunta parlamentaria, fuera de lo que son las preguntas o lo que ha sido esta herramienta parlamentaria, para desahogar inquietudes de los legisladores en torno a los informes de gobierno.
Trataré de sintetizar, el documento lo tienen todos ustedes.
El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor, a 15 días naturales a partir de su recepción.
Así que empieza a correr el tiempo en este sentido.
Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como todos sabemos, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones, en los que el país sea parte.
También la Secretaría de Economía está facultada para normar y registrar la propiedad intelectual y mercantil.
Desde el año 2008, y a través de dos dependencias, de estas dos dependencias de la Administración Pública Federal, nuestro país inició una serie de negociaciones relacionadas con el Acuerdo Comercial Antifalsificación, conocido como ACTA, por sus siglas en inglés.
El ACTA es un tratado multilateral que busca establecer un marco legal efectivo, para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y el combate al crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados.
Como todos sabemos, son facultades exclusivas de esta Cámara de Senadores, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, que el Ejecutivo Federal suscriba. Incluyendo su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
Y también esta cámara, tiene derecho a ser informada sobre el inicio de esas negociaciones. Eso no ha ocurrido, como tampoco ha ocurrido el hecho de que el Gobierno Federal envíe a esta soberanía este tratado tan importante.
Fue hasta 2010, en 2008 nuestro país inició esa serie de negociaciones. Fue hasta 2010 cuando senadores de las pasadas legislaturas, en ejercicio de su responsabilidad, y alertados por los medios de comunicación, por académicos, por intelectuales, preocupados en la materia, que tuvieron conocimiento del tema y se inició una serie de análisis a través de un grupo plural, que se formó el pasado 5 de octubre de 2010.
El 6 de septiembre de 2011, hace poco más de un año, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, presentó públicamente las conclusiones de este grupo plural de trabajo, creado al interior de la comisión de Comercio y Fomento Industrial, para dar seguimiento a las negociaciones del ACTA.
Y quiero resumir, es un documento extenso, pero yo quisiera, en ahorro de tiempo, resumir brevemente…
(SIGUE 2ª. PARTE)
… y quiero resumir, es un documento extenso, pero yo quisiera, en ahorro de tiempo, resumir brevemente.
En el proceso de negociación emprendido por nuestro país, se violó la ley sobre aprobación de tratados en materia económica, dado que sus previsiones no fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia por las dependencias participantes en esa negociación, lo cual generó opacidad e impidió a la Cámara de Senadores darle el adecuado seguimiento a dicha negociación.
En la hipótesis, y subrayo, en la hipótesis de convertirse en derecho vigente, algunas disposiciones del acuerdo resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas las garantías individuales contenidas en la Constitución mexicana, y se vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico.
Existió también la preocupación de que la ambigüedad de algunas de las disposiciones del acuerdo resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes de nuestro país.
La implementación del acuerdo podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso al Internet en la sociedad mexicana, ampliando con ello la brecha digital que en cualquiera de nuestros estados es bien conocida y la posibilidad de que el país se inserte en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.
Este acuerdo podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo, además, el desarrollo de legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural.
El 11 de julio de 2012, el Ejecutivo Federal firmó el acta a través del embajador de México en Japón, lo cual fue informado a la sociedad, no al Senado, a través de un comunicado de prensa que emitió en su momento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
En función de lo anterior, el 25 de julio de 2012, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que rechaza la firma por parte del Ejecutivo Federal del ACTA, y exhorta al Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias a fin de que previamente a su ratificación se establezca una reserva de México a efecto de que no sea aplicable en nuestro país el artículo 27 de dicho instrumento internacional, así como cualquier otra disposición que pueda afectar derechos fundamentales.
Quiero decirles, compartirles y agradecer la participación activa, rigurosa de los senadores Raúl Cervantes y Teófilo Torres en el análisis de este tema, y está aquí el acuerdo, primero, de la Junta de Coordinación Política de esta Legislatura.
La Cámara de Senadores aprueba remitir al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, las siguientes preguntas parlamentarias dirigidas a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía.
Primera.
¿Cuál es la postura oficial del Ejecutivo Federal con relación al acuerdo comercial antifalsificación, conocido como ACTA?
¿Cuáles son las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió suscribir dicho acuerdo?
¿En qué términos fue suscrito el ACTA a través del embajador de México en Japón?
¿Qué reservas tiene planeado introducir el Ejecutivo Federal al ACTA, previo a su envío a la Cámara de Senadores, con el fin de asegurar el pleno respeto de las garantías individuales, específicamente a la libertad de expresión y la salvaguarda de la privacidad de los ciudadanos y las organizaciones en nuestro país?
¿Por qué la Cámara de Senadores no ha sido informada hasta la fecha, oficialmente de la firma de ACTA por parte del Ejecutivo Federal?
¿Cuándo finalmente será remitido oficialmente el ACTA a la Cámara de Senadores para su análisis y, en su caso, ratificación?
Segundo.
Las respuestas que los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía entreguen a esta soberanía, se harán del conocimiento del pleno, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet, y se remitirán a los grupos parlamentarios para el análisis correspondiente.
Tercero.
El plazo para que las autoridades requeridas den contestación a las preguntas parlamentarias formuladas es de 15 días naturales a partir de su recepción en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 93 constitucional.
Hace algunos días en esta tribuna se decía que había Senado para los próximos seis años. A ninguno de los que estamos aquí nos cabe la menor duda.
Lo que queremos saber es si hay Ejecutivo Federal de aquí a finales de noviembre. Con respeto, pero también con energía, exigimos al Ejecutivo Federal de una pronta respuesta.
Muchas gracias.
(Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Está a discusión el acuerdo. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la asamblea, en votación económica si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente)
Es aprobado el acuerdo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muy bien, senadora. Pasamos al siguiente asunto, por favor.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió una comunicación.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Me permite, senadora.
Aprobado el acuerdo por el que se formulan preguntas parlamentarias a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía del gobierno federal, con relación a la firma del Acuerdo Comercial Antifalsificación.
Comuníquese.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió una comunicación de la senadora Lucero Saldaña Pérez, representante del Senado ante el Consejo de Premiación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la que informa de la realización y actividades de la primera sesión ordinaria de dicho consejo el pasado 23 de octubre.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos un acuerdo relativo al procedimiento que debe de seguirse para ocupar la vacante existente en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional, de los Derechos Humanos, derivada del fallecimiento de la doctora Graciela Rodríguez Ortega.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Dicho acuerdo está publicado en la Gaceta para su conocimiento. En tal virtud, está a discusión.
Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente)
Es aprobado el acuerdo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Aprobado el acuerdo relativo al procedimiento que debe seguirse para ocupar una vacante en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Comuníquese.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Asimismo la Comisión de Derechos Humanos entregó a esta Mesa Directiva otro acuerdo, éste relativo al procedimiento de sustitución de los ciudadanos María Patricia Cursain Villalobos y Rafael Estrada Michel, quienes son los integrantes de mayor antigüedad en el cargo honorario de miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Este acuerdo está publicado en la Gaceta para conocimiento de la asamblea. En consecuencia, está a discusión.
Consulte la secretaría, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente)
Se aprueba el acuerdo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Aprobado el acuerdo relativo al procedimiento en sustitución de dos integrantes en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Comuníquese.
Publíquense ambos acuerdos en la página electrónica del Senado.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, devuelto para los efectos de las fracción e) del artículo 72 constitucional……
(Sigue 3ª parte)
. . . . . . . . . .......relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, devuelto para los efectos de la fracción E, del Artículo 72, Constitucional.
- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Informo a la Asamblea que la colegisladora aplicó modificaciones en los artículos 8, 9, 23, 77, 80, 85, y cuarto transitorio respecto del proyecto que esta Cámara aprobó el pasado 26 de septiembre.
Se turna el proyecto devuelto a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente.
Pasamos al siguiente asunto.
- LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: La Cámara de Diputados remitió también un punto de acuerdo de la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena en relación con las ternas para la designación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentadas por el Ejecutivo Federal.
- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Remítase dicho asunto a la Comisión de Justicia. Pasamos al siguiente asunto.
- LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Asimismo, la Cámara de Diputados remitió oficio con similar de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que diversos ciudadanos han dejado de prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.
- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Remítase dicha información a la Comisión de Gobernación para sus efectos. Pasamos al siguiente asunto.
- LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los siguientes instrumentos internacionales. Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre la asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing el 3 de septiembre de 2012.
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros, firmado en la Ciudad de Manila, Filipinas, el 31 de agosto de 2012.
Y, acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre asistencia administrativa mutua en los asuntos aduaneros, firmado en Nueva Delhi, el 15 de octubre de 2012.
- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnense los tres instrumentos referidos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores Asía Pacífico y de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto.
- LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: También de la Secretaría de Gobernación se recibieron los siguientes instrumentos.
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo, hecho en la Ciudad de México el 19 de octubre de 2012.
Y, enmiendas al Artículo 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo adoptadas en Londres el 30 de septiembre del 2011.
- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnense ambos expedientes a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores Europa, y Hacienda y Crédito Público para sus efectos correspondientes. Pasamos al siguiente asunto.
- LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió el tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la Ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana el 10 de agosto de 2012.
- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe y, de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto.
- LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros oficio con el que remite, según lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2012, el Informe Final de Evaluación Externa en Materia de Procesos.
- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente asunto.
- LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió una invitación del Gobierno del Distrito Federal para asistir a la Ceremonia Conmemorativa del 105 Aniversario Luctuoso de Jesús García Corona, Héroe de Nacozari, a realizarse el miércoles 7 de noviembre en esa ciudad.
- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Para asistir en representación de la Cámara de Senadores a esa ceremonia se designa en comisión a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.
En nuestro apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.
- EL C. SENADOR PEREZ MAGAÑA: Muchas gracias, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Uno de los principales objetivos por los que estamos en este recinto es el procurar leyes que apoyen a quienes más los necesitan en nuestro país.
En este sentido, el día de hoy quiero plantearles la temática de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que como ustedes bien saben, es un organismo descentralizado de la administración pública federal que tiene por objetivo el apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública.
Destinado a ese fin los recursos que obtengan mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo, pero lejos de todo ente meramente jurídico y administrativo, la Lotería Nacional ha brindado oportunidades a miles de familias mexicanas, y no sólo en los sorteos, sino ser un organismo de autoempleo que ha beneficiado a un sinfín de mexicanos a lo largo de su historia, algunos aquí presentes, muchas gracias.
La compra-venta de billetes de lotería es una actividad excepcional en el ámbito de los juegos y sorteos, toda vez que la copia y destino de los recursos que se obtienen es la asistencia pública y no la producción de riqueza lisa y llana en el marco de la inversión privada.
La venta de billetes de lotería es una actividad que llevan a cabo los expendedores de carácter fijo o vendedores ambulantes.
De la venta del producto bajo la denominación genérica de billetes de lotería.
Lo anterior no significa que exista una relación laboral entre el organismo y los expendedores o los vendedores ambulantes, y en la ley se precisa puntualmente.
Si bien es cierto, a partir de 1974, por decreto presidencial se incorporó al régimen de Seguro Social a los vendedores de billetes de lotería, también es cierto que es un derecho limitado, sólo a servicios médicos y jubilados, y no a todas las modalidades que brindan el Seguro Social, y tampoco a todos los billeteros, por lo que hace elevar a la calidad de ley, este derecho es de reconocerlo en plenitud.
Por lo tanto, la iniciativa que hoy someto a su consideración plantea fundamentalmente otorgar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública la obligación irrestricta del derecho de salud de todos los vendedores ambulantes de billetes de lotería elevando a rango de ley su incorporación al régimen voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social.
A fin de recibir la asistencia social mínima del organismo al que sirven, y del cual se sirven para generar un modo digno de autoempleo, para lo que se plantea elevar a rango de ley esta prestación, preservando el carácter comercial en el ámbito del derecho privado de la relación entre los mismos.
La iniciativa parte del supuesto de que se trata de trabajadores sui géneris al no contemplar relación laboral alguna entre los vendedores y el organismo, pero debemos reconocer que son los vendedores de billetes los que hacen de la venta del billete de lotería su actividad principal para el sustento personal y familiar que se ha convertido ya en una tradición generacional para este oficio.
No debe obviarse que el sector productivo de billeteros ambulantes conforman la base principal de recursos para el organismo. Por lo que la concesión de seguridad social conlleva un elemento de justicia natural; debemos dejar claro que no hablamos de vendedores ambulantes en el sentido estricto del intercambio mercantil para la producción de riqueza personal, sino de una base de trabajo que nutre mediante relaciones contractuales específicas el objeto de este importante organismo con fines de asistencia social, y que paradójicamente deja fuera de cualquier asistencia....
(Sigue 4ª. Parte)
...el objeto de este importante organismo con fines de asistencia social, y que paradójicamente deja fuera de cualquier asistencia a quienes representa en el sector más vulnerable que lo alimenta.
De ahí la importancia por integrar a este sector productivo de la población a la seguridad social, que otorga el Estado, a través de la proyección del mandato constitucional, del derecho a la salud, específicamente.
De contar con su apoyo compañeras y compañeros legisladores, la Lotería Nacional asumirá la carga del pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de los billeteros ambulantes, que acrediten mediante las actividades propias del organismo, dedicarse a la actividad que comento, de manera continua en los términos que establezca la LOTENAL.
La propuesta conlleva la inhibición de un doble gasto del Estado en la seguridad social, al obligar la prestación a la solicitud de quienes verdaderamente la requieran, ya que se reconoce que habrá vendedores de billetes que en razón de su estado civil, entre otras causas, ya cuenten con esa garantía.
Tengamos en cuenta que la población que se vería más beneficiada, de aprobarse la presente Iniciativa, es justamente aquella que más lo necesita, considerando los riesgos de trabajo propios del oficio, las condiciones climáticas a las que se ven expuestos para su desarrollo, así como el evidente estado de vulnerabilidad e indefensión para el ejercicio del empleo.
Nadie puede dudar que la venta ambulante de billetes de lotería es un empleo que se remonta, desde luego, a la creación de la Institución, que el oficio requiere un esfuerzo importante de quien lo ejerce, y que redunda en ingresos para la asistencia pública. No debemos olvidar que el gremio de los billeteros ambulantes representa la forma más clara de autogeneración de empleo.
En congruencia a la prestación que se propone, la Iniciativa plantea robustecer el marco jurídico en lo relativo al elemento humano del que se nutren los recursos del Organismo como fuente toral, bajo el supuesto de la derrama económica que representa la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el marco económico nacional.
La Lotería Nacional, a lo largo de su historia, en nuestro país ha beneficiado a miles de familias mexicanas, y a cientos de ellas les ha dotado de empleos dignos. En este tenor, la iniciativa propone difundir el impacto y beneficios generados por el organismo en torno a su objeto, que es justamente la asistencia pública a fin de abonar en la transparencia y buena imagen de trascendente institución mexicana, capitalizando así la experiencia de los vendedores de billetes de lotería, atrayéndolas con voz pero sin voto a la Junta Directiva de este Organismo.
Desde su fundación, hace 243 años, la LOTENAL no sólo ha brindado entretenimiento a las familias, sino, más allá, ha constituido un organismo que ayuda irrepetible para los ciudadanos. En la época de Don Benito Juárez participó en la construcción de las vías ferroviarias y hospitales.
La Lotería Nacional es una institución de asistencia pública, ayuda a los mexicanos. Imaginemos a todos aquellos que trabajan en ella, el orgullo de contribuir a la Federación para lograr el apoyo a millones de familias. Los vendedores de billetes de lotería de una u otra forma contribuyen a la salud, educación y bienestar de todos y cada uno de los hombres de este país, es justo que se les otorgue el derecho al servicio de salud.
Es cierto que los apoyos brindados por la LOTENAL ya no son tan palpables como lo era, es necesario pues hacer las reformas necesarias a su Ley Orgánica vigente desde 1985, para reforzar la transparencia, dignidad, fortaleza y nobleza de esta institución; pero sobre todo para dar a los vendedores de billetes y a sus familias la certidumbre que merecen y necesitan.
Es de su propia historia y de su gente de donde deben retomar la experiencia para continuar apoyando a los mexicanos a través de la asistencia pública.
Finalmente esta Iniciativa plantea la reducción del plazo de prescripción para el cobro de los billetes premiados, a fin de agilizar la operación económica y tránsito de recursos al erario público, en beneficio del organismo, los agentes y las actividades inherentes al mismo.
Garantizar la calidad de vida es responsabilidad nuestra, señoras y señores senadores. Garanticemos el futuro y démosle certidumbre a esta institución y también a sus familias.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Se adiciona un tercer párrafo al artículo 2°, un quinto párrafo al artículo 5°; se reforman las fracciones IV y X y se adiciona la fracción XI al artículo 6°; se reforman las fracciones V y VI y se adiciona las fracciones VII y VIII al artículo 7; se reforma el segundo párrafo del artículo 9°; y se adiciona el artículo 15 a la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.
Presidente, por la amplitud del decreto y toda vez que está publicado en la Gaceta, le solicito se inserte el texto íntegro de esta iniciativa.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, Senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.
Tiene ahora la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez a nombre propio y de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama…
-LA C. SENADORA MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO: (Desde su escaño) Presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño de la Senadora Mónica Arriola, por favor.
-LA C. SENADORA MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO: (Desde su escaño) Únicamente para pedirle al Senador Magaña si me puedo suscribir a su iniciativa.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sí, Senadora.
Senador Fayad, ¿con el mismo objeto? Sonido en el escaño del Senador Fayad, por favor.
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: (Desde su escaño) Así es, Presidente. Con el mismo objeto, si es tan amable.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muy bien. Gracias. Tomamos nota.
Tiene ahora la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez a nombre de la senadora Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama y Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 34 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
-LA C. SENADOR MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias. Con su permiso, Presidente.
Vengo a nombre propio y de mis compañeras senadoras Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama y Silvia Guadalupe Garza Galván a someter a consideración del Pleno, de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el último párrafo del artículo 12, así como el segundo párrafo el artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo contenido solicito se asiente íntegro en el Diario de los Debates, y cuya lectura obviaré por economía procesal parlamentaria, y al respecto me permito realizar las siguientes consideraciones:
Por varias décadas el tema de la seguridad pública ha sido un tema prioritario para la sociedad en su legítimo anhelo para poder gozar de condiciones adecuadas de orden, paz, convivencia y armonía social a través de políticas estatales que tengan por objeto el garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los miembros integrantes de la sociedad.
Sin embargo, también es cierto que por mucho tiempo el gran ausente en la definición de las políticas de seguridad pública había sido la propia ciudadanía, quien paradójicamente es quien percibe y reciente de primera mano los efectos de la inseguridad. Si bien es cierto que a finales del siglo pasado se presentó una importante evolución sustantiva y operativa de los cuerpos de seguridad pública, también lo es que dicha evolución fue concebida particularmente a nivel de las instituciones gubernamentales.
En Acción Nacional estimamos que no se puede disociar la función del Estado a proporcionar seguridad pública de la participación ciudadana en dicha asignatura al ser, por una parte, la seguridad pública razón primigenia de la existencia del Estado. En tanto que por la otra el Estado mismo, el ente que se crea por y para las personas constituyendo así un binomio indisoluble.
Por ello, el principal reto de un estado democrático será el establecer una vinculación activa y permanente con la sociedad organizada a efecto de establecer espacios de participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad. En ese sentido ha sido el interés, el impulso, la tenacidad y el esfuerzo constante de la propia sociedad civil organizada la que ha generado que con el paso del tiempo se hayan abierto espacios importantes de opinión y de coadyuvancia en temas relacionados con…
(SIGUE 5ª PARTE)
... organizada la que ha generado que con el paso del tiempo se hayan abierto espacios importantes de opinión y de coadyuvancia en temas relacionados con la agenda en materia seguridad pública, lo que en otras épocas parecía imposible.
Y ese impulso ciudadano ha sido también el que ha obligado a que se reconozcan en distintos cuerpos legislativos la importancia de la participación ciudadana. Sin embargo, consideramos que el avance más significativo en el reconocimiento de la participación de la sociedad se genera en la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 en donde se replanteo a nivel constitucional el esquema de la seguridad publica del país en el artículo 21 constitucional, mismo que en su inciso D establece como parte de las bases mínimas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la participación de la comunidad quien coadyuvarán, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Publicad.
En ese sentido, una de las consideraciones que en ese momento ...la Comisión Dictaminadora señalaba lo siguiente, inciso, textual, la participación social es un elemento imprescindible para el sistema, por ello se ha considerado pertinente incluir que las bases del sistema deben imperativamente tomar en cuenta la participación de la sociedad para que esta pueda coadyuvar entre otros aspectos en la evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de los resultados de la propias instituciones.
Por su parte, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgad el dos de enero de 2009, se establecen una serie de disposiciones en la que queda de manifiesto el papel de la participación ciudadana en distintos ámbitos de la seguridad pública.
Lo anterior denota un importante esfuerzo legislativo y de la presente administración que no podemos soslayar en el avance del reconocimiento de la necesaria participación ciudadana en las labores de seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, toda norma debe evolucionar en función de la realidad social a efecto de ser funcional y operativa, en este sentido cabe señalar que tal y como se ha precisado con anterioridad la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé en el último párrafo del artículo 12 lo siguiente.
El Consejo podrá invitar por la naturaleza de los asuntos a tratar a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública, dicha participación será con el carácter honorífico, asimismo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente en este consejo.
De lo anterior se desprende que de acuerdo la legislación vigente, el mecanismo legal para lograr la participación de la sociedad civil en las reuniones de Consejo Nacional de Seguridad Pública, es por invitación del propio Consejo, lo que supedita su intervención a que medie requerimiento o invitación expresa y no le garantiza continuidad y permanencia adecuada en su función de instancias coadyuvante en materia de distribución de políticas públicas, no obstante que el artículo sexto del referido cuerpo normativo señala que es responsabilidad de las partes que integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública, fomentar la participación ciudadana.
En tal virtud, ante el convencimiento de lo integrantes del propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, de la importancia de la participación activa de la sociedad civil, en los acuerdos del referido Consejo, y ante el reconocimiento expreso de la necesidad de que se realicen las adecuaciones correspondientes, recientemente el Consejo Nacional en uno de sus acuerdos aprobó la asistencia de cinco representantes de la sociedad civil, quienes mediante un procedimiento presentado por el Secretario de Gobernación, fungirán como invitados permanentes en dicho Consejo Nacional, teniendo una permanencia de seis meses en forma rotativa.
De igual manera se estableció el carácter transitorio de dicho acuerdo en tanto se realicen las adecuaciones legales correspondientes.
Lo anteriormente precisado denota dos aspectos fundamentales en relación con el tema que motiva la presenta iniciativa. Primero. La necesaria participación permanente de la sociedad civil en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, reconocido por todas las instancias, y operadores del propio Sistema Nacional.
En segundo término, la necesaria adecuación de la legislación correspondiente para establecer la posibilidad de una participación permanente dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Y tercero. Lo relevante y urgente formalización de espacios públicos en los cuales se de margen a la participación ciudadana para que esta exponga su opinión y coadyuve en los temas relacionados con la seguridad pública.
Por tal motivo, la presente iniciativa plantea reformar el último párrafo del artículo 12, así como el segundo párrafo del artículo 34, ambos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de establecer lo siguiente:
En el artículo 12, en el último párrafo, establecer el carácter de invitados permanentes a cinco representantes de la sociedad civil, quienes serán designados conforme al mecanismo que al efecto acuerdo el Consejo Nacional de Seguridad Pública en la primera reunión que se celebre a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, y también al artículo 34, párrafo segundo, establecer el carácter de invitados permanentes a tres representantes de la sociedad civil en los consejos locales de los estados y del Distrito Federal, respectivamente, quienes serán designados conforme al mecanismo que al efecto acuerdo el Consejo de Seguridad Pública.
En suma, se puede señalar que la participación de la sociedad en el tema de seguridad pública es de vital relevancia para así contar con una inclusión plural dentro de la definición de políticas públicas en materia de Seguridad Pública, que son trascendentes para el futuro de nuestro país.
Por ello pongo a consideración de ustedes esta iniciativa. Muchas gracias por su atención.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones...Sonio en el escaño del senador Fayad, por favor.
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: (Desde su escaño). Gracias, presidente. Es para efecto del turno, me parece que está propuesta a la Mesa Directiva para que se vaya la Comisión de Seguridad Pública, así que su servidor preside, así como a Estudios Legislativos, por una razón sencilla que se la comento.
Quisiera pedirle también turno a la Comisión de Gobernación, este Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nació en Gobernación, cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública, luego regresa a la Secretaría de Gobernación. Hoy creo que sería prudente para que no haya problemas en los turnos en lo que se termina de definir si se queda en Gobernación o se va a Seguridad Pública, que además de las comisiones solicitadas pudiera también la Mesa turnarla a la Comisión de Gobernación.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias, senador Fayad. A esta Mesa le parece muy razonable su petición, y tomamos su sugerencia.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda. Sonido en el escaño de la senadora Calderón, por favor.
-LA C. SENADORA LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA: (Desde su escaño). Gracias, presidente, solo pedirle a la proponente si me permite sumarme a su propuesta.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muy bien, senadora. Senador Pilar Ortega. Muy bien, pasamos a la siguiente proposición. Tiene el uso de la tribuna el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto que reforma la Ley Federal para la Prevención e Indentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
-EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: Gracias, presidente, con su venia. Compañeros senadores, compañeras senadoras, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, discutida y aprobada en esta Cámara de Senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federal, el pasado 17 de octubre del mismo año, me obliga a ser consecuente con mi pronunciamiento en esta tribuna sobre los conceptos contenidos en el artículo 6, fracción quinta, y ocho, fracción décima, misma que amablemente fue acogida por las bancadas parlamentarias de esta soberanía, que no llevaron a las posiciones que agregaron los senadores Alejandro de Jesús Encina Rodríguez, Arturo Zamora Jiménez, Raúl Cervantes Andrade, que concordando con la propuesta presentada, se acordó su inclusión en el Diario de los Debates, como una interpretación auténtica del legislador, a efecto de que surta efectos en el criterio de los jueces al resolver sobre la aplicación de la norma.
Sin embargo, reiteramos que en la responsabilidad de ejercer el cargo con plena conciencia y disposición.....
(Sigue 6ª. Parte)
. . . sobre la aplicación de la norma.
Sin embargo, reiteramos que la responsabilidad de ejercer el cargo con plena conciencia y disposición, debemos someter a esta soberanía la respectiva iniciativa para que se discuta y en su caso se apruebe a través de los cauces legislativos, la Ley señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como atribuciones en la fracción V del artículo 6º requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de laso obligaciones derivadas de la presente Ley.
En este sentido, el concepto de presuntos infractores es discordante en la misma norma constitucional federal, desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, en las diversas reformas al segundo párrafo del artículo 16 constitucional federal, donde se precisan elementos que autorizan la entonces garantía individual, tras aprobarse las reformas publicadas el 8 de marzo de 1999, el 18 de junio del 2008, el 1º de junio y su fe de erratas de fecha 25 de junio ambas del 2009, hasta convertirlas ahora en el derecho humano de la libertad y su garantía, conforme a las disposiciones vigentes de junio del 2011, la cual fortalece el principio de que debe existir la probabilidad de que el indiciado cometió un hecho tipificado como delito, estando plenamente acreditado el cuerpo del delito.
En este mismo orden de ideas, la autoridad puede hacer comparecer a presuntos infractores, la cual se aparta de la norma constitucional expuesta, por lo que la propuesta en el artículo 5, fracción V, es sustituir ese término por el de probables infractores, lo que implica una calidad jurídica de indiciado, sus tentado en un hecho tipificado como delito, y la probabilidad de esa persona ha sido autor o partícipe, lo que constituye un cambio de actitud que debe de asumir la autoridad.
Por otra parte, en el artículo 8, fracción X, nos referimos a la unidad especializada en análisis financiero, que deberá implementar la Procuraduría General de la República prevista en el artículo 7 de la Ley citada, la cual esta unidad tiene como atribución requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales y aquellas personas responsables de dar avisos en las organizaciones con actividad sujetas a supervisión previstas en esta ley.
En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una averiguación previa, lo que confrontado con el marco constitucional federal mexicano resulta inaceptable con la reforma constitucional publicada el 16 de junio del 2008, que generó un cambio de paradigma, que sustituye a la averiguación previa por el concepto genérica de carpeta de investigación, lo que en concordancia con el artículo 21 constitucional federal es el Ministerio Público quién investiga los delitos y los presupuestos de la carpeta de investigación consagrados en el artículo 20, apartado b) Fracción VI dentro de los derechos humanos de imputado.
En este sentido se hace imperante que la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sea coherente con el marco constitucional federal, por lo que se propone reformar, sustituyendo el concepto de averiguación previa por carpeta de investigación, por lo que anteriormente expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la presente iniciativa de reforma a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Artículo UNICO.- se reforma la fracción V del artículo 6 y la fracción X del artículo 8 de la Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita para quedar como sigue:
Artículo 6, fracción V.- Requerir la comparecencia de probables responsables y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley.
Artículo 8.- Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno y a otras autoridades, organismos públicos y autónomos incluso constitucionales y aquellas personas responsables de dar aviso a las organizaciones con actividades sujetas a supervisión previstas en esta ley.
En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como individuos y hechos consignados en una carpeta de investigación; en el caso de las entidades financieras los requerimientos de información y opinión y pruebas en general serán a través de la Secretaría.
TRANSITORIO.
UNICO.- La presente reforma entrará en vigor el día que señale el artículo 1º transitorio de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
México, D.F, dado en el recinto oficial del Senado de la República a los 30 días del mes de octubre del año 2012.
Atentamente.
Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
Por su atención, muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arreola Gordillo, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En el uso de la palabra.
-LA C. SENADORA MONICA ARREOLA GORDILLO: Muchas gracias Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores.
Por una noche, por un día, en definitiva por un instante deseo hacer de mi voz una voz una voz más que pide, más bien, pide a voces que en nuestro país se siga la línea de respeto a la libertad sexual del individuo en la tendencia de progreso que está marcando un antes y un después desde hace poco más de dos décadas, Sebastián Agulló, libre pensador.
La discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género, limita la libertad de las personas para vivir a plenitud su sexualidad, lo cual constituye una grave violación a los derechos humanos de la legislación internacional.
Al respecto, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó, a aquello que son lesbianas, gueys, bisexuales o transgénero, déjenme decirles, no están solos, su lucha para terminar con la violencia y la discriminación es compartida, cualquier ataque a ustedes es un ataque contra los valores universales de las Naciones Unidas y he jurado defenderlos y protegerlos, hoy estoy con ustedes y llamo a todos los países y pueblos a estar junto a ustedes también.
En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución histórica en defensa de las personas homosexuales, el texto programa, la igualdad para todos independientemente de su orientación sexual y condena la discriminación y la violencia contra el grupo de los lésbico, gueys, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual.
Cierto es que nuestro país se encuentra a la vanguardia internacional en materia de derechos humanos al adoptar y consagrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección de todas las personas, de todas las edades, de todas las opiniones y de todas las preferencias sexuales.
El texto constitucional deja en claro que las y los mexicanos somos idénticos en cuanto a dignidad humana y derechos, debemos considerar que cada hombre y cada mujer poseemos una identidad propia, personal e irrepetible, que nos hace ser diferentes y diversos, llevándonos a tener deseos e intereses igualmente distintos.
En el pasado los psicólogos y psiquiatras concordaban en que la homosexualidad no era una enfermedad ni un trastorno mental ni un problema emocional.
En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría, confirmó la importancia de una investigación nueva y mejor diseñada y suprimió a la homosexualidad del manual oficial que detalla los trastornos mentales y emocionales.
Dos años después, la Asociación Americana de Psicología promulgó una resolución apoyando esta supresión.
Es de resaltar que un avance más en materia lo dio en el año de 1990 la Organización Mundial de la Salud al eliminar la . . .
(Sigue 7ª parte)
…Es de resaltar, que un avance más en la materia lo dio en el año de 1990 la Organización Mundial de la Salud al eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
A las personas denominadas de los grupos minoritarios, por ser considerados diferentes, no les quedan muchos sitios a donde mirar: no pueden mirar a la naturaleza, no pueden mirar a la evolución, no pueden mirar a la historia, pues las 3 vertientes los han defraudado.
La sociedad no ha evolucionado lo suficiente como para incluir la hot edad en su vocabulario, y el Estado no los ha respaldado.
A su vez, los denominados hombres de la ciencia siguen argumentando que la homosexualidad no es una conducta normal ni natural.
Habría que preguntarles ¿Qué es normal? Y ¿Qué es natural?
No hay argumento alguno que sostenga la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, puesto que no existen evidencias naturales, evolutivas, históricas o sicológicas concretas y lo suficientemente sólidas que amparen una teoría consistente de por qué sí o por qué no la diversidad sexual es algo tolerable o no.
Algunos profesionales en la materia, en países como Argentina, por ejemplo, aseguran que una tendencia sexual es perfectamente normal, siempre que no suponga un impedimento en el desarrollo de la vida del individuo, es decir, las personas de la diversidad sexual tienen ciertamente el derecho a hacer lo que les plazca en el momento que así lo decidan si con ello se respetan así mismos y a los demás.
Por consiguiente es tiempo de ajustar el término de diversidad sexual y romper el paradigma que vivimos.
No utilicemos más un lenguaje lesivo de rechazo, de burla, de humillación y ofensivo hacia las personas que integran este grupo social.
Según datos de la encuesta nacional sobre discriminación en México 2010, 7 de cada 10 personas del colectivo LGBTTTI, expresaron que no se respetan los derechos de las personas de la diversidad sexual.
Aunado a ello, no podemos pasar por alto el informe de crímenes de odio por homofobia elaborado por letra “S”, que señala: “Que en México se cometieron aproximadamente 705 asesinatos entre 1995 y 2009, por este concepto. Esto confirma que nuestro país la homofobia cobra cada vez más víctimas.
Con estos argumentos podemos afirmar que México no cuenta con un sistema efectivo de procuración de justicia en la materia.
No existe interés en denunciar los crímenes por homofobia, y en caso de que se denuncien no son canalizados a las instancias adecuadas. Es así como se forma un vacío legal en torno a la información y el procedimiento que se sigue para la resolución de estos casos.
En el ámbito judicial, nos enfrentamos con la misma situación. En el país no existen tribunales de justicia y los que funcionan son de derecho, circunstancia que resulta en un grave impedimento para el combate a los crímenes homofóbicos.
En el ámbito internacional, el caso más extremo, y que representa una contradicción la libertad, la democracia, la tolerancia y el respeto, es el castigo de pena de muerte para homosexuales que se aplica en Arabia, Saudita, Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Sudán, Somalia, Irán y Nigeria.
En ciertos países como Afganistán, la homosexualidad puede ser penalizada con la muerte por lapidación.
Si bien es cierto que en México hay 13 códigos penales, en igual número de entidades federativas que tipifican la discriminación, nunca ha habido una sentencia por este delito.
No es concebible que en pleno Siglo XXI, los homicidios por discriminación a la diversidad sexual no se tipifiquen.
Por ello en Nueva Alianza buscamos la creación de un nuevo tipo penal, denominado “Homicidio por discriminación a la diversidad sexual”.
Que se estipule en el Código Penal Federal, el cual permita combatir, sancionar y castigar a quienes lo cometan.
Asimismo, contribuirá a mejorar el funcionamiento de las instituciones de procuración y administración de justicia que constituyen un problema humano, grave y complejo con mucho eco.
Como ha citado en varios ocasiones el poeta y educador mexicano, Abel Pérez Rojas: “Defender el derecho de elegir la preferencia sexual no es un asunto exclusivo de las lesbianas y los homosexuales, es un asunto que compete a todos, porque llegará el punto de elegir libremente su sexualidad es un derecho que ha costado sangre, sudor y lágrimas a las naciones modernas”.
Por lo anterior, y expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo VI al título décimo noveno, recorriéndose los subsecuentes, un artículo 328-Bis, y se reforma el inciso e) de la fracción I del artículo 85; los párrafos II y III del artículo 265 y la fracción III del artículo 266, todos del Código Penal Federal; y se reforma el inciso 23 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y se adiciona un inciso f) a la fracción XV y la fracción XX del artículo 5, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Mandemos desde esta tribuna un mensaje claro a las tentaciones tradicionales y discriminatorias.
“Es difícil que se dé un trato ecuánime a la homosexualidad en tanto la sexualidad en sí no reciba ese trato”.
William Barteley III.
-Es cuanto, señores y señoras legisladoras. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE AISPURTO TORRES: Gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo.
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: ¿Para qué asunto?
-Sonido al escaño del Senador Omar Fayad.
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES (Desde su escaño): Gracias, Presidente.
Para felicitar a la Senadora Mónica Arriola y pedirle me permita adherirse a esta propuesta de protección de los derechos.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: La Senadora Guevara y también la Senadora Angélica de la Peña, igualmente a la Senadora Dolores Padierna.
-Pregunto a la Senadora Mónica Arriola ¿Si acepta…
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: ¿Para qué asunto, Senadora?
-Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Angélica de la Peña.
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ (Desde su escaño): Sí, simplemente que me dé voz para que yo diga, desde mi persona, que la Senadora me permita, por favor, adherirme a su Iniciativa.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Es lo que estoy preguntándole a la señora Senadora Mónica Arriola ¿Si acepta las adhesiones? Por lo cual pido a la secretaría que tome nota de cada una de las senadoras y senadores que han manifestado el interés de adherirse a esta Iniciativa.
-LA C. SENADORA MONICA ARRIOLA GORDILLO (Desde su escaño): Sí, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese esta Iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
-A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se adicionan y reforman los artículo 215-Bis y 221 de la Ley de Propiedad Industrial.
-En el uso de la palabra el señor Senador.
-EL C. SENADOR SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Compañeras senadoras, senadores:
En nuestro país el procedimiento para hacer valer los derechos de la propiedad industrial es muy poco práctico.
Los trámites son muy burocráticos, muy complicados, como dicen allá en mi pueblo, y en la mayoría de las veces no se paga el daño causado al titular de los derechos transgredidos.
Los dueños de alguna marca o patente están obligados a realizar diversas etapas procesales para poder acceder a una resolución definitiva, y con mucha suerte, quizás, hasta favorable.
El sistema que se tiene en México es un esquema muy complejo en donde se ha considerado que la violación a un derecho de propiedad industrial se debe sancionar con una multa administrativa a favor de la Tesorería de la Federación, pero no se repara el daño causado al dueño de dicho derecho, de la marca o del patente.
Suele darse que es más importante sancionar al infractor de una ley a través de una multa, que pagar inmediatamente a quien es titular del derecho afectado.
Por esa circunstancia…
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