.... no puede sustentarse en la pauperización de los trabajadores, por el contrario, nuestro éxito está en la amplitud e capacidades y en sus calidades, en ello deberá también impulsarse una reforma de modelo educativo que integre a los sectores productivos y educacional a los fines del desarrollo nacional tal como se describe el artículo 25 constitucional.
En la ampliación de esta reforma se establece un proceso gradual de ampliación, de aplicación, a fin de que paulatinamente las empresas y los trabajadores vayan organizando y ajustando los procesos de producción a la reducción de la jornada.
Otro tema que se plantea en esta iniciativa es la transformación del sistema de impartición de justicia laboral. En 1917 el Constituyente creó un sistema de justicia laboral, alejado del formalismo jurídico propio del civilismo del siglo XIX, creó así las Juntas de Conciliación y Arbitraje, mismas que desde su creación generaron profundas discusiones sobre su naturaleza jurídica.
Hoy en día las “bondades”, con las que fue diseñado el sistema de Justicia Laboral en México se han agotado, en la realidad las representaciones de trabajadores y patrones no actúan en un ánimo de generar un real justicia social.
Se ha perdido el carácter del derecho procesal del trabajo, y en un gran porcentaje de actuaciones se da paso a la corrupción en perjuicio, tanto de trabajadores como de empleadores. Por ello acorde a las grandes transformaciones que el régimen constitucional vive, en el ámbito de la administración de justicia proponemos la creación de tribunales de lo social, inmersos en la doctrina de los fundamentos doctrinales del derecho social, tribunales sujetos al potestad del Poder Judicial de la Federación o de los estados, según sea su competencia, con especialización y profesionalismo plenos, tribunales que atiendan ante todo al sentido tutelar del derecho del trabajo y que propicien seguridad jurídica para los factores de la producción.
Al respecto, se reforman los artículos 94 y 99 constitucionales para integrar plenamente al Tribunal de lo Social del Poder Judicial de la Federación, a las reglas de ese poder, a un sistema civil de carrera y al control del Consejo de la Judicatura Federal.
Para el caso de los estados el decreto que presentamos a su consideración ordena reformar la legislación estatal de sus poderes judiciales a fin de instituir los tribunales de lo social de los tribunales superiores de justicia de los estados, de la República y del Distrito Federal.
Finalmente, proponemos modificar la fracción quinta del apartado A del artículo 123, para instituir la participación de madres y padres en el cuidado y la crianza de los recién nacidos, como ya ocurre en muchas partes del mundo.
Compañeras y compañeros, México tiene por delante la oportunidad de construir un espacio real de convivencia social que en el reconocimiento de las contradicciones sociales, la tolerancia, y la aceptación de las diversidades, generan que todo cohesión social, la productividad no es un fin en sí mismo, es un medio para dar solución a nuestras necesidades materiales, al bienestar, al que todos tenemos derecho, por ello es vital reformar y dignificar el papel de los trabajadores en la economía nacional, ampliar sus derechos y proporcionar un espacio de cohesión social que nos permita a todos la realización de nuestras aspiraciones. Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO: Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera, con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se concede el uso de la palabra al senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y del senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presenta proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. En el uso de la palabra, señor senador.
-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchísimas gracias, con la venia el señor presidente, de los integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros senadores. Es raro, aunque ciertamente gratificante que nuestra calidad de legisladores se nos presente la oportunidad de contribuir a la solución de conflictos sociales latentes, y que a partir de nuestros buenos oficios podamos atacar problemas que exigen solución inmediata y que actualmente causan tensión, y que son factor de descontento ciudadano.
Hoy, compañeras y compañeros senadores tenemos es oportunidad. A través de la iniciativa que ahora vengo a poner a consideración de todos ustedes, en nombre del senador Miguel Barbosa, y por supuesto, del mío propio, y que lo hago planteando que es con un sentido de urgencia por el tema que voy a plantearles, insisto, que nosotros creo que podemos contribuir de manera clara y de manera determinante al aliento de miles de familias; familias que han visto perdido su patrimonio por la actividad de defraudadores, me refiero a decenas de miles de ciudadanos que actualmente no encuentran solución a una situación muy grave, y que ha provocado que sientan su futuro truncado, a que sientan que no tienen posibilidades reales de levantar la cabeza, y de continuar con sus vidas.
Es para aliviar ese profundo dolor humano, para remediar en la medida de la posible la injusticia de que han sido objeto, que ponemos a su consideración esta iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de FIPAGO, Ley que fue creada en el año 2000, producto precisamente de lo que sucedió en aquel entonces, me refiero a una serie de actividades fraudulentas, de cajas de ahorro irregulares, en la que miles de mexicanos se vieron despojados de su patrimonio.
La quiebra de estas instituciones causó, lo quiero recordar, graves estragos a la economía de familias y de regiones enteras, principalmente en Estados como Veracruz, como Jalisco y como Oaxaca, ese descontento social no se hizo esperar haciéndose presente a través de protestas y de movilizaciones, que exigían la pronta resolución, tanto en el resarcimiento de los daños, como en el castigo a los culpables, se trataba ni más ni menos de que habían perdido gran parte de su patrimonio familiar.
Así con el propósito de atender ese justo reclamo de los ahorradores que perdieron ese patrimonio, ya sea porque las sociedades o cooperativas incumplieron sus obligaciones fiscales, o porque los ahorradores fueron defraudados, es que el Congreso de la Unión crea en diciembre del año 2000 la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de Apoyo a sus Ahorradores, mejor conocida como la Ley FIPAGO.
Su motivación era dar certeza jurídica a la inversión depositada en estas instituciones. El patrimonio inicial del FIPAGO fue de mil 785 millones de pesos, cifra que se consideró en la aquel entonces viable para resarcir el daño patrimonial causado a esos ahorradores.
Sin embargo, compañeras y compañeros, la realidad superó los cálculos y esa cantidad fue rápidamente insuficiente. Actualmente hay que reconocerlo, es imposible conocer el número exacto de ahorradores engañados y, sobe todo el monto de lo defraudado debido a que son pocas las entidades federativas que cuentan con estudios estadísticos.
Sin embargo, se calcula que la cifra de lo defraudado asciende a más de 25 mil millones de pesos, cantidad que claramente rebasa los pocos más de diez mil millones de pesos que hoy se tienen como patrimonio de este fideicomiso.
Y si bien es cierto que la creación de este fideicomiso resulta ser un alivio para muchos de estos ahorradores, que consideraban perdido su patrimonio familiar, también lo es, y por eso lo traigo a colación, que en esta ley que crea el FIPAGO, no se consideró la multiplicación que habría de las cajas de ahorro en las entidades federativas, ampliadas bajo la figura de la prórroga condicionada, plazo que tuvieron dichas sociedad de crédito para tramitar su regularización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio, del decreto de la mencionada ley, reformada el 13 de agosto del 2009.
Es esto resulta.....
(Sigue 7ª. Parte)
…en el artículo Décimo Primero Transitorio del decreto de la mencionada ley, reformada el 13 de agosto del 2009.
De esto resulta que las popularmente llamadas cajas de ahorro hoy en día sigan proliferando sin sus operaciones cumplan con la normatividad que las avale como entidades autorizadas.
En ese sentido, el artículo 8 de la ley que hoy se propone reformar, sólo considera como entidades crediticias a las cajas que se constituyeron antes del 31 de diciembre del año 2002, lo anterior significa que los ahorradores defraudados, después de esa fecha, no cuentan con la capacidad de recurrir al auxilio de este ordenamiento legal, quedando entonces en una situación de grave estado de indefensión y sin ningún mecanismo de resarcimiento a su alcance.
La presente Iniciativa, compañeras y compañeros, también propone que la reparación del dado causado a los ahorradores no se limite a una cantidad ajena a la realidad. Y es por ello, que el objetivo de la actual propuesta es extender también la cobertura de dicho fideicomiso a efecto de proteger, no sólo a los ahorradores defraudados por instituciones creadas antes del 31 de diciembre del 2002, sino a todos aquellos quienes confiaron en esas cajas de ahorro y que han sido agraviados en su patrimonio y en el de sus familias.
Compañeros y compañeros:
Es importante significar que de aprobarse esta modificación a la “Ley de FIPAGO” estaríamos beneficiando a poco más de 300 mil familias en el país.
Por eso, como ven, este tema resulta, desde nuestro punto de vista, de la mayor relevancia en al agenda socioeconómica de México.
No podemos obviar, por otra parte, que la actual redacción de la ley limita la capacidad del Estado para auxiliar a los ahorradores, muchos de los cuales perdieron su patrimonio debido a estas acciones fraudulentas.
Por eso, compañeras y compañeros senadores, hoy debo decirlo: nuestros conciudadanos están clamando, con justificación, el socorro de las autoridades. No seamos indiferentes y acudamos en su apoyo.
Por lo anteriormente expuesto, Senador-Presidente; compañeras, compañeros, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 3º, 8º, 10º y 11 de la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamos y de apoyo a sus ahorradores.
Es cuanto, Senador-Presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.
-Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
-En el uso de la palabra, Senadora.
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, Presidente.
En las últimas tres décadas, la capacidad adquisitiva del salario mínimo en México ha disminuido de manera acelerada y alarmante.
México vive una crisis continua desde los inicios de los 80s. Los salarios han entrado en una espiral decreciente que a la fecha nos coloca como uno de los países con los más bajos salarios del mundo.
La desaceleración económica trajo, además, la desocupación y una gigantesca acumulación de mano de obra que repercute a su vez en los bajos salarios. En pocas palabras, hemos caído en un círculo vicioso del que no hemos logrado salir.
Las políticas salariares han sido adversas a la mayoría de las y los trabajadores.
Los salarios mínimos están establecidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y ambas leyes ordenan que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de una familia.
En la Constitución también se estableció que los salarios mínimos fueran fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que es de carácter tripartita integrada por trabajadores, patrones y gobierno.
La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 constitucional, en su artículo 90 establece también: que los salarios mínimos deben ser suficientes para cubrir las necesidades de una familia, y también reconoce en su 94, la vigencia de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
En 1963 se creó una Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos.
En 1986, el Congreso de la Unión aprobó establecer, como objetivos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fortalecer los salarios mínimos con base en las condiciones económicas y sociales del país, revisar los salarios mínimos profesionales para incluir o excluir profesiones y oficios, y además contribuir a elevar el nivel de vida de las y los trabajadores y abatir los niveles de pobreza, entre otros.
Esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tiene una pesada estructura de 101 servidores públicos, y para esto año, 2012 se le asignó un presupuesto de 168 millones de pesos, cantidad con la que se podría duplicar el programa de empleo temporal que tiene asignados 187 millones para este año.
Es obvio, es evidente que la comisión no ha cumplido con sus objetivos, ya que el salario mínimo ha sufrido un deterioro constante mayor al 55 por ciento.
El trabajo de esta comisión no se ha orientado bajo el mandado constitucional, sino uno negociación aparentemente política entre los trabajadores, patrones y gobierno, pero al final termina plegándose a los intereses gubernamentales de castigar los salarios (entre comillas) “Para evitar la inflación”.
También se pliegan al interés de los patrones, de abatir sus costos de producción, dejando los intereses de las y los trabajadores al último lugar.
No se necesita este aparato burocrático tan costoso y tan pesado para tan pingües resultados.
La política salarial aplicada ha sido un constante deterioro de las condiciones de las y los trabajadores.
Por otra parte, el INEGI y el CONEVAL establecen criterios para definir las líneas de bienestar y para medir la pobreza; definen el valor de la canasta alimentaria, por personal, al mes; definen la canasta no alimentaria, por persona, al mes, y la canasta de otros bienes y servicios básicos.
Según los datos oficiales, el salario mínimo apenas cubre el 33 por ciento de la canasta básica. Y según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el salario perdido, el 72 por ciento de su valor adquisitivo.
En este sexenio, la pérdida del poder adquisitivo se ubica en 42 por ciento.
Ante ello, senadoras y senadores, proponemos la disminución orgánica de la comisión nacional de salarios mínimos, eliminando el consejo de representantes, la dirección técnica y las comisiones consultivas para quedar como un organismo de carácter honorífico, compuesto por 3 representaciones del gobierno, 3 de los patrones y 3 de las y los trabajadores, que funcione en pleno, y cuya principal facultad sea la definición de los salarios mínimos generales y profesionales.
La presente Iniciativa plantea…
(Sigue 8ª. Parte)
… y cuya principal facultad sea, la de definición de los salarios mínimos generales y profesionales.
La presente iniciativa plantea el establecimiento de un salario mínimo en la República Mexicana, adoptando el que mejor se posee hasta hoy, que es el correspondiente a la zona A.
El salario mínimo, también, como regla general se establece, que debe de ir aumentando anualmente, cuando menos dos puntos porcentuales adicionales al promedio de inflación de la canasta básica alimentaria; misma que será determinada por la Comisión del Coneval.
Reconcebir los salarios mínimos profesionales, con características que se mencionan en esta iniciativa, y que el Coneval determine la canasta básica alimentaria, cuya inflación anual sería el nuevo indicador, para calcular los aumentos salarios, estableciendo como dos por ciento adicional, a la fijada inflación.
Consideramos que estas medidas pueden abonar al establecimiento de una nueva política salarial en México, que de ahorcar a las y los trabajadores. Resulta urgente definir esta nueva política salarial en el Estado mexicano, sobre todo en estas fechas, en que esta misma soberanía, aquí se discute una propuesta regresiva, que atropella los más elementales derechos de las y los trabajadores y que tiene por objeto, a sumir a México como un mero país maquilador, con una mano de obra barata.
Compañeras y compañeros: Los derechos de las y los trabajos no deben regatearse. Ojalá esta representación popular, no traicione a la clase trabajadora.
Quiero manifestar la firma oposición de mi partido, a la reforma laboral patronal, que está por votarse en este recinto.
Agradezco a todas y todos ustedes, su atención.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Dolores Padierna Luna.
Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera Sección.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar con aval del grupo, un proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo del artículo tercero constitucional.
En el uso de la palabra.
-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso.
Suplico a la Mesa Directiva de este Senado de la República, considerar el texto íntegro de la iniciativa, motivada y fundada que presento, cuando sea turnada a las comisiones correspondientes.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con gusto, señora senadora.
-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Asimismo, considerar la adhesión a esta iniciativa, a todos mis compañeros del grupo parlamentario del PRD, quienes amablemente así me lo han solicitado. Muchas gracias, compañeros senadores.
Señoras senadoras y señores senadores: La reforma aquí propuesta nace de la sociedad civil. No tiene afiliación partidista, credo o religión, no discrimina orígenes étnicos o nacionales, géneros, edad, discapacidad o capacidad, condiciones sociales de salud, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier acción que atenta contra la dignidad humana.
La reforma es un imperativo urgente de la sociedad global, para educar con principios universales.
Todos los días nos damos cuenta que el comportamiento individual y colectivo de nuestra gente, refleja una trágica ausencia de valores; de los que hoy más que nunca necesitamos urgentemente para vivir mejor.
En los hogares, en las escuelas, y entre quienes tienen la oportunidad de gobernar, hemos descuidado la educación de nuestros niños y jóvenes.
Existen vínculos indisolubles entre las condiciones económicas que padecen nuestro país, y los efectos sociales negativos que estamos sufriendo.
Pero también es cierto que el deterioro en nuestra calidad de vida, se debe al descuido enorme que hay en la formación de valores de nuestra gente, desde una temprana edad.
Lo anterior adquiere síntomas alarmantes, y eso es lo preocupante.
Los riesgos a los que ahora están expuesto los escolares, son tan grandes, que en poco tiempo podríamos enfrentarnos a problemas de imposible solución.
Podían citarse numerosas cifras de evidencias, los gravísimos problemas que actualmente enfrentan las escuelas de nuestro país.
Pero son cifras dramáticas y alarmantes, pero la realidad supera cualquier gráfica o porcentaje.
Por si fuera poco, lo anterior y con relación al tema en los últimos años, se subestimó en el sistema escolarizado nacional, la enseñanza de valores y las normas de urbanidad, como parte sustancial en la educación, incluso, llegó a eliminarse la materia de civismo.
Ha llegado el día, en que es necesario que desde las escuelas, de manera organizada y urgente, mediante el desarrollo de los respectivos planes y programas de estudio, por expertos en la materia, se fortalezcan y se amplíen las enseñanzas sobre valores sustanciales y universales, como lo son, entre otros, el respeto a la legalidad, el rechazo a la violencia, el comportamiento honesto, la protección y mejoramiento del medio ambiente, la convicción de erradicar la corrupción y la impunidad como una forma de vida de nuestra sociedad, la participación democrática, para que se comprenda que ésta, no se agota con una sola acción de valor… de votar.
La tolerancia hacia quien piensa diferente, la eliminación de conductas discriminatorias de cualquier tipo, y la solidaridad con los que menos tienen.
Necesitamos sembrar, fortalecer, incrementar valores a nuestros niños y jóvenes. No sólo desde los hogares, sino desde las escuelas también, por medio del proceso enseñanza-aprendizaje.
Debo decir, que en algunos estados del país, como Puebla, ya han iniciado esfuerzos significativos para fortalecer la enseñanza de valores en las escuelas, y cuyos resultados empiezan a ser evidentes.
Además, es de importancia señalar, que a pesar de que los valores universales están en boca de todos; en lo particular nadie realmente puede decir con precisión, cuáles son y a qué se refieren.
Tratar de llegar a un acuerdo sobre un concepto universal, puede ponerse tan complicado, que incluso corremos el riesgo de atentar contra su propia naturaleza universalizadora.
Por lo que tal vez, lo mejor, sea no tratar de definir ni de delimitarlo. Sin embargo, aparentemente el concepto de los valores universales, están íntimamente ligados a los derechos universales, particularmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es una realidad que no existe, una lista de valores universales. Sin embargo, es primordial que la sociedad y el Estado se den a la tarea de determinar cuáles son aquellos valores que busca fomentar en los ciudadanos para que por medio del sistema educativo, puedan empezar a transmitirse.
No obstante lo anterior, se puede plantear doctrinariamente, un panorama general de valores universales.
En el pasado encontraremos los antecedentes. El factor fundamental e inherente al hombre referente a sus valores. La sociedad mexicana actual, es un resultado de nuestra historia y de su proceso de desarrollo como nación, con sus características propias.
Para que una sociedad funcione, hay que aprender a convivir, y la convivencia es el producto de la educación que recibimos en la casa, en la escuela, con los amigos, los medios de comunicación, etcétera.
En una sociedad como la nuestra, los valores expresan el perfil de los seres humanos, que resultan de un contexto cultural y un concepto de nación.
Se entiende que valores universales, al conjunto de normas, de convivencia, válidas en un tiempo y época determinada.
La doctrina reconoce doce valores universales: el amor, la cooperación, la libertad, la felicidad, la paz, la humildad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la sencillez, la tolerancia y la unidad como la capacidad…
(SIGUE 9ª. PARTE)
...la libertad, la felicidad, la paz, la humildad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la sencillez, la tolerancia y la unidad como la capacidad de poder estar con otros y compartir causas comunes para llegar al éxito, visión compartida y sentido de pertenencia.
El objetivo de la presente iniciativa es lograr que en las escuelas del sistema educativo nacional de nuestro país se incremente y se fortalezca la enseñanza de los valores sustanciales y universales, como los que se han mencionado en el texto de este documento mediante el desarrollo de los actuales planes y programas de estudio, de los libros de texto respectivo con la participación de expertos en la materia tendiente a ayudar a las personas integrantes de las comunidades escolares que sean mejores seres humanos tanto en lo individual, como dentro de la sociedad en la que vivimos.
Por todo lo expuesto y fundado, someto ante esta soberanía la siguiente iniciativa con:
Proyecto de Decreto
Que adiciona al segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente texto: “Los valores Universales”, para que dicho párrafo quede como sigue:
Artículo 3º- Párrafo Segundo: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, los valores universales y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Finalmente, agradezco la presencia en este Pleno de Don Armando Prida Huerta y distinguidos acompañantes, Presidente y consejeros de la Fundación Educación por la Experiencia, que han impulsado grandes cambios en la educación de este país, y promotores de la iniciativa presente.
Muchas gracias por su presencia. Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda sección.
-A continuación se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
-En el uso de la palabra Senadora Iris Vianey.
-LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias. Buenas tardes. Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros senadores:
Vengo en representación propia y del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática a presentar esta iniciativa en el marco de la discusión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2013, la presente iniciativa tiene como objeto derogar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), a los servicios que se prestan a través de la red pública de telecomunicaciones.
Como la mayoría conocemos, ese impuesto, el IEPS, fue concebido, entre otras causas, como un impuesto especial para los bienes y servicios que producen efectos negativos en la sociedad como el tabaco y el alcohol, esta fue la denominación que desde el 2010 se le etiquetó a este impuesto. Claramente las telecomunicaciones no encuadran en dicho perfil de servicios; sin embargo así está concebido desde el año 2010.
Los servicios de telecomunicaciones están gravados, como la mayoría ya conocemos, de un 3%, que se aplica al precio cobrado, y sobre este resultado que tenemos se suma el IVA de 16%, el IEPS ha significado un aumento al precio de los servicios que los consumidores deben absorber.
Asimismo, el impuesto especial a las telecomunicaciones impone una barrera adicional a la adopción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esta dificultad adicional se da al existir una correlación directa entre los impuestos y el costo total de propiedad, lo cual incide en mayores precios para el consumidor, incrementa también los costos para los posibles nuevos competidores, lo que a su vez significa una menor competencia y menores inversiones en el desarrollo tecnológico, entre otros factores negativos que hoy estamos viendo en todo el país.
Al aumentar el costo e inhibir el desarrollo de las telecomunicaciones, el gravamen ha tenido un efecto regresivo y adverso en la economía nacional: afecta negativamente el crecimiento económico, la creación de empleo y la productividad; y obviamente es regresivo para consumidores actuales y futuros, lentificando la adopción de las nuevas tecnologías.
Se ha demostrado que la aplicación del gravamen ha implicado un aumento en los precios que pagan los usuarios en un 19.5%, un menor avance en la penetración de líneas móviles y pérdidas de ingresos para la industria de las telecomunicaciones aproximadamente por 3 mil 194 millones de pesos por año.
Asimismo, uno de los efectos más preocupantes de la aplicación del impuesto es la merma en la penetración que genera. Actualmente nuestro país debería contar con más de 100 millones de líneas móviles, casi 4 millones más de los 96.6 millones que actualmente tenemos. Ese diferencial corresponde principalmente a niveles socioeconómicos bajos, la presencia de impuestos especiales, como éste, que encarecen y elevan la barrera que entra en el mercado, quedan desfavorecidos aquellos consumidores que no cuentan con los recursos económicos para acceder a ellas, esto contribuye de manera directa a la brecha digital en nuestro país.
Así, además de tener un bajo impacto recaudatorio, a dos años de haber instrumentado este impuesto, son evidentes las consecuencias, las consecuencias de afectación de manera directa en el incremento a lo que son las telecomunicaciones en nuestro país.
La experiencia mundial demuestra que el aceleramiento de la tasa de difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituye un mecanismo efectivo de estímulo para la economía en su conjunto.
En este sentido, compañeras y compañeros senadores, las agendas digitales de varios países, los planes de desarrollo de la banda ancha, el Plan Nacional de Desarrollo de México, la propuesta de Agenda Digital Nacional y diversos documentos emanados del Congreso de la Unión, afirman que el uso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, incluyendo el Internet, contribuyen a agilizar el desarrollo económico de los países, mejorando obviamente su competitividad, a incrementar la calidad de vida de la población; y el aumento en un 10% de la penetración de la banda ancha puede incrementar hasta en 1.4% el Producto Interno Bruto nacional en países como el nuestro.
Por ello, mantener la carga fiscal sobre bienes y servicios de tecnologías de la información resulta particularmente contraproducente, resulta también ineficiente y regresivo seguir gravando servicios que son convergentes y que tienen un impacto tan positivo en el crecimiento del desarrollo económico, la generación de empleos y el ahorro del gasto tanto público, como privado, además de que más y mejor calidad de educación la tenemos por vía de las telecomunicaciones y de las redes que hoy para muchos es difícil acceder debido a este impuesto.
En este sentido, representantes de las cámaras empresariales, así como organizaciones de la sociedad civil y de la academia, han subrayado que con la eliminación de este impuesto a las telecomunicaciones, se podría lograr un crecimiento adicional anual del 5% en los servicios de telecomunicaciones, y con ello, vía el cobro del ISR o IVA, se podrían obtener una cifra similar o mayor a la que actualmente se está recaudando por este concepto.
Es un absurdo que en la actual política fiscal del Gobierno Federal enfoque a las telecomunicaciones con una visión muy limitada de recaudación cortoplacista. Una verdadera política de Estado debe…
(SIGUE 10ª PARTE)
… enfoque a las telecomunicaciones con una visión muy limitada de recaudación cortoplacista.
Una verdadera política de Estado debe vislumbrar a las telecomunicaciones y a la adopción de las nuevas tecnologías de la información como instrumentos insustituibles que deben potencializar para atacar los problemas de crecimiento, desarrollar de manera específica económicamente a nuestro país y que es una prioridad en nuestra nación.
Derogar el impuesto especial sobre la producción y a los servicios que se prestan a través de redes públicas de telecomunicaciones, constituye un paso indispensable en la nueva visión de la nación que queremos, de un México con igualdad de oportunidades, de acceso a la nuevas tecnologías de la información que requerimos, merecemos y exigimos los niños, las niñas, las jóvenes, los ciudadanos mexicanos.
Muchas gracias.
(Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. Túrnese a la Cámara de Diputados para los efectos que corresponda.
Sonido al escaño del senador Lozano, ¿para qué asunto?
-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN (Desde su escaño): Para solicitar a la senadora a ver si me permite sumarme a esta valiosa iniciativa. Estoy totalmente de acuerdo con ella.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora Iris, ¿acepta?
Aceptado. Pido a la secretaría que tome nota de la solicitud del señor senador Javier Lozano.
Gracias, senadora Iris.
En otro apartado de nuestra agenda, el día de hoy tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide al Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este dictamen se desprende de un proyecto iniciado en esta Cámara y que la colegisladora nos devolvió con modificaciones.
Debido a que este documento se encuentra publicado en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento de nuestra Cámara, es de primera lectura. Por lo que pido a la secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Muchas gracias, secretaria.
Se concede el uso de la palabra al senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia en término de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, y hasta por diez minutos.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con su venia, señor presidente. Para fundamentar el dictamen que está a su consideración, dictamen que ha sido votado por las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.
Uno de los tres ejes de la estrategia de seguridad y de justicia que ha implementado el Presidente Calderón es justamente el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia. Precisamente porque se propone en esta estrategia el fortalecimiento de estas instituciones se ha articulado como una verdadera política de estado.
Es por ello que en el año de 2010, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República la Iniciativa de Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que el día de hoy, en caso de ser aprobada por la mayoría de los senadores, concluiría su proceso legislativo.
Ha sido un proceso de dos años en el cual el Congreso de la Unión ha fortalecido, a modificado, a generado consensos para precisamente tener hoy en día una ley en contra del lavado de dinero.
Y sin lugar a dudas la pluralidad política que se representa en el Congreso mexicano ha enriquecido esta propuesta.
Hay un reclamo social de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Y de eso se trata precisamente esta ley, de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado y sobre todo inhibir la renta que reciben de parte de sus actividades ilícitas.
Se estima que el volumen de recursos que son objeto de operaciones del lavado de dinero oscila entre 10 mil y 14 mil millones de dólares.
La Iniciativa presentada por el Presidente de la República está vinculada a otras acciones que en materia administrativa asumió el gobierno federal precisamente para combatir el lavado de dinero, como fueron las restricciones al depósito de dólares en nuestro país.
Este proyecto de ley tiene básicamente tres ejes.
En primer lugar, se establece un sistema permanente para identificar y dar seguimiento a las operaciones económicas especialmente vulnerables e inusuales, de modo que las instituciones hacendarias y de procuración de justicia cuenten con mayores capacidades de inteligencia para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita.
En segundo lugar, este proyecto de ley fortalece la coordinación entre la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una unidad que esta ley crea en el ámbito de la Procuraduría General de la República.
Es preciso mencionar que los funcionarios que integrarán esta nueva unidad en el ámbito de la Procuraduría General de la República deberán ser sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar no solamente el profesionalismo de sus actividades, sino la honestidad en el ejercicio de esta alta responsabilidad.
El tercer eje de este proyecto de ley consiste en fijar límites al uso de dinero en efectivo en operaciones de compra-venta de servicios bienes, muebles e inmuebles y a partir de ciertos umbrales definidos en la propia ley.
Este proyecto ha logrado un sano y razonable equilibrio entre la necesidad de inhibir el uso de dinero en efectivo y el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en nuestro país.
Es importante destacar, señoras y señores senadores, que bajo ninguna circunstancia esta ley vulnera los derechos de los ciudadanos.
Se establecen controles estrictos a la confidencialidad sobre los avisos y reportes que presenten los sujetos obligados a las autoridades competentes, con lo cual se garantizan los derechos de datos personales de los ciudadanos.
También el esquema de identificación y de avisos no constituye bajo ninguna circunstancia, denuncia o querella, de modo que por sí mismas no implican actos de molestia para los ciudadanos.
Este proyecto de ley recoge los criterios, las reglas y esquemas que han sido concertados por la Comunidad Internacional para el combate eficaz al lavado de dinero.
México había permanecido rezagado en razón de que no había extendido ciertas obligaciones antilavado de dinero a intermediarios no financieros.
En ese sentido, este proyecto de ley recurre a la participación de proveedores de bienes y servicios, lo mismo que a notarios públicos y corredores, para identificar operaciones especialmente vulnerables, sobre todo aquellas que se realizan en efectivo.
El presente dictamen, el que está a consideración de las señoras y señores senadores, propone aceptar las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades asociadas a su papel de Cámara revisora.
Esas modificaciones versaron básicamente sobre lo siguiente.
Se fortaleció el mecanismo para detectar operaciones fraccionadas en efectivo, con lo cual el proyecto ha sido enriquecido con mejores candados para detectar la simulación a los umbrales establecidos en la propia ley.
La Cámara de Diputados también estableció una facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer reglas generales y poder interiorizar al régimen en contra del lavado de dinero, las particularidades de los sujetos obligados o de las actividades que realicen, con el propósito de, insisto, no inhibir las operaciones económicas que se realizan cotidianamente en nuestro país.
Es oportunidad para expresar el reconocimiento a todas las fuerzas parlamentarias representadas en este Congreso. Ha sido producto del trabajo político, de la disposición al acuerdo, de la voluntad a encontrar los equilibrios, no solamente para construir mayorías decisorias, sino sobre todo para encontrar los mejores modelos para que el Estado mexicano cuente con mejores herramientas e instrumentos para combatir este flagelo.
Esta iniciativa sale hoy del Congreso de la Unión fortalecida. Sale hoy del Congreso de la Unión enriquecida. Sale hoy con el sello de la pluralidad…..
(Sigue 11ª parte)
