Senado de la República

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 2012.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

 -EL C. PRESIDENTE ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: (11:44 horas) Solicito a la secretaria informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.

 -LA C. SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 107 ciudadanos senadores.

 En consecuencia, hay quórum, señor presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se abre la sesión del jueves 4 de octubre de 2012, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio.
 El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.
 
 El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta del Senado de este día.
 
 En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

 -LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

 Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

 Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 Aprobada el acta, señor presidente.
 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias. Pasemos al siguiente asunto, por favor.

 -LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibieron las siguientes comunicaciones, por las que se informa de la instalación de diversas comisiones del Senado, llevadas a cabo el pasado martes 2 de octubre.

 Una, del senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

 Una, del senador Omar Fayad Meneses, presidente de la comisión de Seguridad Pública.

 Y otra, del senador Jorge Luis Lavalle Maury, presidente de la comisión de Administración.

 Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones, por las que se informa de las instalaciones de comisiones ocurridas el día de ayer, miércoles 3 de octubre.
 
 Una, de la senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la comisión de Estudios Legislativos.
 
 Una, de la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores.
 
 Una, del senador Héctor Yunes Landa, presidente de la comisión de Protección Civil.

 Una, del senador David Penchyna Grub, presidente de la comisión de Energía.

 Otra, del senador Aarón Irizar López, presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos.

 Y otra, del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la comisión de Justicia.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

 La Mesa Directiva expresa su reconocimiento a las comisiones, por la celeridad en la formalización de sus trabajos, para así poder dar inicio al estudio, análisis y dictamen de los diversos asuntos que se vienen presentando en este Pleno.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por la que informa la designación del diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, como Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
 
 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA  IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite nombramiento, expedido a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán  Guerrero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Federación de Rusia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Armenia y Belarús.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, para su análisis y dictamen correspondiente.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Asimismo, de la Secretaría de  Gobernación, se recibió oficio con el que remite solicitud de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Juan José Sabines Guerrero, pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a la comisión de Gobernación, para sus efectos correspondientes.

 En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

 (Aplausos)

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO: Honorable Asamblea:

 Con el permiso de la Presidencia, solicito que íntegramente la iniciativa integrada al Diario de los Debates.
 
 Esta iniciativa, también la suscriben y se adhieren, el senador Ernesto Gándara Camou, el senador Pablo Escudero, el senador Omar Fallad y el senador José Antonio Cunes.

 Las deficientes condiciones de seguridad, comodidad y calidad de las carreteras federales han venido impactando negativamente nuestros niveles de competitividad como país en los últimos años, a la vez de la tranquilidad y economía de nuestras familias.
 
 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha señalado que una infraestructura carretera deficiente, puede frenar en un 5% por el crecimiento de la economía y dañar a la industria, al comercio, y al mercado y turismo agroalimentario en un 35%.

 En México, de acuerdo a organismos internacionales, tres de cada diez kilómetros de carreteras están en condiciones no aceptables.

 Aunque por las cifras oficiales señalan que en los últimos seis años, la proporción de kilómetros en mal estado, se redujo a dos de cada diez, de acuerdo al reporte global sobre competitividad 2012, México cayó seis lugares en los seis años en cuanto a nivel de la infraestructura carretera a nivel mundial.
 
 Esto, al tiempo de contar con tarifas más caras que en Canadá y varios países de la Unión Europea.
 
 Lo anterior impacta directamente en el precio de los bienes y productos que se transportan por el territorio nacional. Así como a la economía de las familias, al sumarse a las altas cuotas de peaje, los costos aparejados, accidentes, demoras y averías de los vehículos productos de carreteras en malas condiciones.

 Estas carreteras promedian anualmente 425 millones de cruces y presentan ingresos superiores a los 23 mil millones de pesos anuales por conceptos de cuota de peaje.

 En cuanto a la siniestralidad, las cifras oficiales indican que anualmente ocurren más de 29 mil accidentes en las carreteras federales.
 
 De los cuales resultan más de cinco mil defunciones y 32 mil lesionados, con pérdidas materiales, por arriba de los 34 mil millones de pesos.

 Un estudio del 2011, del Instituto Mexicano del Transporte, identifica diez tramos carreteros de alta peligrosidad; mismos que ya habían sido señalados en 2007, por un análisis similar.

 Estos tramos son: México-Puebla; Puebla-Orizaba; Puerto México-La Carbonera; ciudad Obregón-Hermosillo; México-Querétaro; México-Cuernavaca; Cuernavaca-Acapulco; México-Tizayuca; Tepic-Mazatlán; y Querétaro-Irapuato.

 Por otro lado informes de la SCT y Capufe, destacan incrementos sustanciales en los índices de siniestralidad en autopistas del Pacífico, Norte y Noroeste de México, como el caso de Estación Dos Nogales, en Sonora, con un 21% de incremento en accidentes.
 
 La Tijuana-Ensenada, con un 41%.

 La de Guadalajara-Tepic, con 37%

 La Mazatlán-Culiacán, con 59%

 Y la Monterrey-Nuevo Laredo, con 69%

 A pesar de lo anterior, la inversión en mantenimiento, conservación y rehabilitación de carreteras federales, para hacerlas más seguras, se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales.

 México sólo se invierte el 13% de los ingresos vía cuotas de peaje en mantenimiento, conservación y rehabilitación. En tanto que el Gobierno Federal destina, apenas, el…

(SIGUE 2ª. PARTE)
...el 13% de los ingresos vía cuotas de peaje en mantenimiento, conservación y rehabilitación, en tanto que el Gobierno Federal destina apenas el 17% del presupuesto carretero en mantenimiento y conservación de las carreteras.

Estos datos se alejan marcadamente del parámetro fijado por la OCDE y el Banco Mundial, que indica que las naciones deben invertir cuando menos el 30% de su presupuesto carretero en mantenimiento.

Por ello, el pasado 24 de abril, esta Soberanía aprobó reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para obligar a las autoridades federales y a sus concesionarios, a destinar por Ley cuando menos el 15% de los ingresos generados por concepto de peaje para el mantenimiento y reparación de las mismas, porcentaje que propongo incrementar durante los próximos seis años mediante un artículo transitorio para llegar al 30% y así ajustarnos al estándar de los países con los que competimos comercialmente.

Asimismo, propongo la atribución expresa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que pueda revocar la concesión en caso de que el concesionario no cumpla con esta nueva obligación.

Y en lo que se refiere al tema de tarifas en la presente iniciativa planteo dos situaciones: por un lado, facultar a la SCT para disminuir las cuotas de peaje a aquellos tramos que no estén garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obliga el título de concesión en tanto persista la normalidad. Y por otro, propongo que en el proceso de autorización de ajustes a las tarifas la SCT quede obligada a evaluar no sólo el aspecto financiero de los proyectos, sino el sobrecosto que implica para el usuario, las demoras operacionales y riesgos derivados de los índices de siniestralidad y rugosidad superficial de cada autopista.

No omito mencionar que las anteriores propuestas retoman el espíritu de un par de iniciativas recientes que por diversas circunstancias no lograron transitar. Una de ellas es la presentada por el Congreso del estado de Sonora, en 2007, ante la Cámara de Diputados e instancia de la suscrita en mi carácter de diputada local, y la otra, la presentada en el 2009 por el entonces senador de mi partido Jesús Murillo Karam, misma que habiendo sido aprobada por el Senado no logró avanzar en la Cámara baja.

Muchos de los de aquí presentes, y varios de los nuevos integrantes de la Colegisladora llevamos años luchando por mejores condiciones de seguridad, tránsito y costos en nuestras carreteras. La presente iniciativa pretende ser una aportación más a esa lucha, pues de aprobarse estaríamos contribuyendo a mejorar la competitividad de nuestro país y a fortalecer el turismo nacional internacional, pero principalmente estaríamos protegiendo la salud, integridad y economía de nuestras familias que transitan cotidianamente por nuestros caminos y carreteras.

Estoy segura de que existen las condiciones para que este tipo de propuestas transiten en beneficio de miles de familias y empresas mexicanas.

Es cuanto, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios… Perdón.

-LA C. SENADORA MARIA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: (Desde su escaño) Presidente, nada más para sumarme a la iniciativa de la Senadora.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Solicito levanten la mano aquellos senadores que quieran sumarse a la iniciativa de la Senadora Pavlovich. Tome nota la Secretaría, por favor. Gracias, senadores.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

Enseguida, se concede el uso de la tribuna al Senador Raúl Morón Orozco, a nombre propio, y de los senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º Constitucional.

-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Con su permiso, compañero Presidente.

Compañeras y compañeros senadores:

Los suscritos Raúl Morón Orozco, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Ángel Benjamín Robles Montoya y también el compañero Senador Armando Ríos Piter, en nuestro carácter de senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como los artículos 8º, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado y demás disposiciones aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el primer párrafo del artículo 3º, se deroga la fracción IV, se modifica la fracción V y se adiciona un segundo párrafo de la fracción VII del citado artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Frente a los resultados obtenidos en el último informe de gobierno del Titular del Poder Ejecutivo Federal, es necesario poner sobre la mesa el análisis y la discusión de los nuevos paradigmas que exige el proyecto educativo nacional, y sobre todo los nuevos retos del País frente al modelo y política educativa actual.

Compartimos el compromiso, la vocación y el interés por aportar nuevos elementos de discusión al tema educativo, considerando que la educación es el vínculo entre el Estado y la sociedad que sirve al propio Estado para fortalecer su identidad cultural y política, y que se convierte al mismo tiempo, en un vaso comunicante de la vida nacional.

Hoy sabemos, sin embargo, por las distintas crisis económicas y sociales que hemos vivido en los últimos años, que el modelo educativo que ha estado vigente durante la mayor parte del siglo XX y hasta nuestros días se ha agotado, porque no ha sido posible ofrecer a todos los mexicanos igualdad en las oportunidades de acceso a los distintos niveles educativos, particularmente en los niveles de educación superior; quienes se han incorporado son básicamente los sectores medios y altos de la sociedad, lo que ha agudizado la estratificación social, la pobreza económica, la falta de desarrollo, la pobreza cultural y las escasas oportunidades de capacitación y empleo, particularmente en comunidades marginadas y con pobreza multidimensional extrema.

Ante ello, hoy es necesario convertir la utopía en reto y el reto es educar bien a todos mediante una educación universal y democrática, que forme ciudadanos en condiciones de igualdad, con una identidad nacional, más conscientes de sí mismos, de su sociedad, de su deber histórico y su ser nacional; personas activas, en un País libre y de libertades, cada vez más justo, pluralista, respetuoso y democrático; mexicanos responsables, solidarios y comprometidos con nuestro proyecto nacional y con el desarrollo social y económico del país, convencidos de que la Educación es el único medio para lograrlo.

Educación, democracia, gratuidad y universalidad, resultan objetivos esenciales de este nuevo modelo educativo, que todos los sujetos de la educación en el país estamos obligados a impulsar. Sin una educación para todos, donde el Estado garantice no sólo la cobertura total del servicio en todos sus tipos y modalidades, sino también su gratuidad, los esfuerzos por mejorar niveles de justicia y libertad obtienen resultados limitados, y, sin ello, cualquier acción que lleve al crecimiento del sistema educativo tiende a convertirse en gasto inútil, porque tal como lo afirma Don Pablo González Casanova, cito: “el nuevo proyecto democrático universal es una esperanza para la humanidad. Luchar por ello hasta su triunfo constituiría la única garantía de nuestra sobrevivencia como especie, dentro de un mundo menos inseguro y menos injusto”, termina la cita.

Democratizar la educación significa, entonces, por una parte, elevar los niveles de escolaridad de la población, al generalizar la atención de los servicios educativos en todos sus niveles y modalidades, pero además representa una obligación para que el Estado, para que el Estado garantice el acceso a los que menos tienen, mediante la impartición de una educación pública y gratuita desde el nivel preescolar hasta el postgrado.

El nuevo paradigma de la educación democrática, obligatoria y gratuita, debe, además, propiciar, entre las nuevas generaciones, la formación de una conciencia crítica respecto al sistema jurídico, social, económico y político del país

Dentro de este contexto de educación democrática, se ubica el principio de la gratuidad de la educación, no sólo como un medio, sino como un fin en sí mismo para lograr la aspiración suprema de acercar al pueblo de México por parte del Estado, mejores instrumentos de desarrollo humano y social.

La gratuidad de la educación pública en general, ha sido un tema recurrente durante los últimos 100 años de la historia nacional, ha sido una demanda constante de los mexicanos desde las reformas al artículo 3º de 1946 y las sucesivas de 1980, 1992 y 1993, donde quedó constitucionalmente reconocido que toda educación que el Estado imparta de forma obligatoria será gratuita, dejando fuera, sin embargo, a los niveles de educación superior sobre los cuales únicamente se estableció la obligación del Estado de atenderlos y promoverlos en todos sus tipos y modalidades.

Actualmente, la tendencia mundial y sobre todo latinoamericana al reconocimiento de este derecho humano y universal a la gratuidad de la educación media superior y superior ha obligado a los gobiernos mexicanos, federal y locales, a promover la ampliación del…

(SIGUE 3ª PARTE)
… y universal a la gratuidad de la educación media superior y superior, ha obligado a los gobiernos mexicanos, federal y locales, a promover la ampliación del derecho constitucional de la educación gratuita a los niveles superiores, así ha quedado reconocido con las recientes reformas de la Educación Media Superior aprobadas por el Congreso de la Unión en la que se estableció el carácter obligatorio y por ende gratuito, de este nivel educativo en todo el país y que dio sustento legal y político a otras iniciativas de reforma constitucional promovidas por diversos estados de la República, como fue el caso de Michoacán, que aprobó la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el nivel superior, a partir del año 2011.

Ese es el mismo destino que deseamos para la educación superior  en nuestro país, pues no se trata de una propuesta irracional o caprichosa de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, sino de hacer efectivo un derecho universal y humano que ha sido reconocido  como prioritario, por el propio artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por el artículo 13, fracción I y II del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como  por el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Protocolo de San Salvador,  en su artículo 13, apartado 3, inciso c.

Es evidente que en esos instrumentos jurídicos internacionales, la tendencia clara es a la implantación progresiva de la gratuidad en todos sus niveles, instrumentos que han sido reasumidos recientemente por la UNESCO en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI en 1999, la cual a su vez fue adoptada por la ANUIES en su documento “La Educación Superior de México en el Siglo XXI”.

Ahora bien, si atendemos a la justificación de la gratuidad de la educación superior, en razón de la función social que ésta tiene para fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, tendríamos necesariamente que señalar que el reconocimiento de este derecho constitucional busca lograr el progreso nacional disminuyendo las desigualdades sociales mediante una equidad referida a la igualdad de oportunidades y a la reducción de diferencias, incluidas medidas compensatorias como los apoyos y subsidios educativos por parte del Estado, para garantizar que todos tengan el mismo derecho y oportunidad de contribuir al desarrollo del país, a partir de una formación profesional recibida en instituciones educativas de nivel superior gratuitas.

Atendiendo la educación superior desde la justificación de su función formativa, debemos de apreciar que ésta es un bien social de otras características: es cultural, es humanista, es liberadora, es de carácter cognoscitivo, es analítica, es de impulso al desarrollo, y sobre todo es un vínculo al pacto social y a la trayectoria histórica y nacionalista de los mexicanos. Por eso su exigibilidad como derecho es irrenunciable y su financiamiento para el Estado resulta obligatorio.

Finalmente si atendiéramos al criterio de financiamiento de la educación superior, tampoco resulta un impedimento para implementar su gratuidad el hecho de que la federación tenga que aportar los recursos necesarios para ello, cuando se destinan para “otros acuerdos, bienes y servicios” del Estado de menor jerarquía, cantidades superiores.

Es necesario enfatizar pues, que el acceso gratuito a la educación  superior representa para miles de jóvenes de escasos recursos de las zonas indígenas, rurales y  urbanas de nuestro país, la única oportunidad de poder acceder a un nivel de vida decoroso, distinto al que otros en similares condiciones no pudieron lograr y sobre todo, representa una vía para defenderse de la injusticia social, la pobreza y la marginación en la que nos ha mantenido el modelo económico neoliberal.

La función social de la educación superior, así entendida, se convierte entonces en la columna vertebral de todo el desarrollo nacional. Se traduce en la única posibilidad real de no fomentar generaciones proclives a la actividad delictiva y, por consiguiente, menos vulnerable a la inseguridad social, a la necesidad de migrar.

Educar a las nuevas generaciones en cimentar bases sólidas para el desarrollo social, sólo la educación puede vencer la ignorancia que prohíja la injusticia, sólo la igualdad de oportunidades para acceder a ella, puede fomentar la equidad social y sólo el conocimiento crítico, objetivo, humanista y científico puede contribuir al cambio progresivo de un modelo económico y político que retome el estado de bienestar al Estado socialmente responsable que reivindique la condición humana como una premisa de los gobiernos humanistas y de los sistemas abiertos incluyentes que han posible el ejercicio pleno de mayores derechos sociales de primer orden.

“La educación, como dice Pablo Freire, no cambia al mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar al mundo”.

Invertir en la educación representa, sin duda, invertir en un país con menos contradicciones y dificultades sociales para las futuras generaciones. Es invertir en la construcción del país que todos queremos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación en su caso, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo único: Se reforma el primer párrafo del artículo 3º, se deroga la fracción IV, se modifica la fracción V y se adiciona un segundo párrafo de la fracción VII del citado artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Se hace entrega del documento íntegro a esta Mesa Directiva para el trámite legislativo correspondiente.

 Muchas gracias, señor presidente.

(Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen; y a la Comisión de Educación para emitir opinión.

 Ahora se concede el uso de la palabra a la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

 -LA C. SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Con el permiso de la Mesa Directiva…….

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Senadora, me permite un momento.

 Senador Demédicis, por favor.

 -EL C. SENADORA FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO (Desde su escaño): Para adherirme a la propuesta.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Le pido a la secretaría que tome nota de su adhesión. Gracias, senador. Y la senadora Dolores Padierna también.

Aquellos que quieran adherirse a la Iniciativa antes presentada, favor de levantar la mano.

Tomamos nota. Gracias.

Senadora, adelante, por favor.

-LA C. SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Con el permiso de la Mesa Directiva. Honorable Asamblea.

Vengo ante este pleno de esta Honorable Asamblea a proponer Iniciativas de derecho que reforma los artículos 2,4, 5, 6, 31, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis y 42, todos de la Ley General para la inclusión de Personas con Discapacidad.

En México las discapacidades no son un tema menor. De acuerdo con el Censo de Población que llevó a cabo el Instituto Nacional de Geografía, de junio de 2010 en México, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que se traduce en términos porcentuales en un 5.1 por ciento de la población total.

A esta cantidad de personas no podemos verlas como una cifra, como un dato, como un indicador. Porque evidentemente son personas con circunstancias especiales, situaciones que no les dan menor valía; sino que por el contrario, les dan un valor agregado al enfrentarse a la vida con mucho más empuje y energía que muchos quienes no tienen las condiciones que ellos.

Como un ejemplo muy simple del alto valor de estas mexicanas y mexicanos, basta con mencionar los Juegos Olímpicos que recién concluyeron el verano pasado, donde la Delegación Paralímpica Mexicana reportó resultados extraordinarios, muy presumibles, poniendo en alto en los ojos del mundo a nuestra nación.

Tanto fue nuestro orgullo por nuestros compatriotas, que esta misma Cámara Alta, el 18 de septiembre de 2012, estimó como de urgente y obvia resolución, y posteriormente aprobamos un Punto de Acuerdo del que me permito leer el artículo primero aprobado.

El Senado de la República felicita a los deportistas paralímpicos que participaron en Londres 2012, por su magnífica participación y logros obtenidos, comprometiéndose a impulsar las reformas legales y acciones dentro de sus facultades legales para fortalecer el deporte paralímpico en México.

Así, compañeros y compañeras senadores, me parece que este compromiso aprobado debe de ampliarse no sólo a las personas con discapacidad que practican deporte en forma profesional, porque ellos son sólo un subconjunto de esas personas valiosísimas para nuestra patria.

Estimo que estarán de acuerdo con su servidora en que falta mucho por hacer en materia de discapacidad, sobre todo para alcanzar las condiciones de equidad y en una forma más ambiciosa la igualdad con el común de la población.

Es por eso que valoro en todo la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pues más allá de abrogar la anterior legislación de la materia con un cambio de nombre y de numeración de artículos, sino que esta incluye un importante instrumento internacional como lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, misma que suscribió nuestro país como un compromiso con la comunidad internacional.

Es en esa misma Convención donde se menciona un elemento que estimo hemos dejado de lado en México, me refiero a la………..

(Sigue 4ª parte)

. . . . . . . . . . ......compromiso con la comunidad internacional.

Es en esa misma convención donde se menciona un elemento que estima hemos dejado de lado en México, me refiero a la familia.

Nuestra sociedad, nuestro país se sustenta en la familia, no podemos desvincular a este elemental núcleo social del desarrollo de las personas con discapacidad, considero que es imposible concebir a la persona humana sin su familia, pues se es incluso el soporte familiar el que nos forja en el carácter, en disciplina, en educación. Así pues, es que estimamos que la ley a la que hemos hecho referencia deja como una cuestión muy desajenada a la familia en la inclusión de las personas con discapacidad.

Es por ello, que ante ustedes presento el proyecto de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la norma en comento.

Proponemos, señoras y señores legisladores: que a las familias de las personas con discapacidad, este grupo humano que sustenta su triunfo, su éxito, su vida se le apoye con una subvención por parte del Estado, que sea acorde a la disminución motriz, auditiva, visual u oral.

Signifique una adecuación a las condiciones de vida regulares entre las familias mexicanas que no tienen a su cuidado un integrante con estas características.

Proponemos que sea el Ejecutivo Federal quien destine aportaciones a través del Programa Nacional de Atención a Personas con Discapacidad operados por el DIF Nacional, institución que indudablemente esta década se ha consolidado en su cercanía a la problemática social, pero sobre todo a encontrarle soluciones a esas cuestiones tan sensibles que atañen a las familias más vulnerables de nuestro país.

También proponemos que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad sea el organismo que determine el monto de los apoyos que se darían a las familias de acuerdo a las estimaciones con bases sólidas y datos duros que se pueda tabular para dar una condición de equidad.

Proponemos la protección irrestricta a la privacidad de las personas con discapacidad, respecto de sus datos personales. Que el cumplimiento de la ley no sea pretexto para la publicidad, para la trasgresión de la vida privada de los pacientes de las instituciones públicas o privadas de salud o de cualquier índole.

De igual manera, en el Artículo 31, proponemos vincular a los municipios para observar en materia de administración de justicia dentro de sus jurisdicciones las condiciones que faciliten la paridad procesal de las personas con discapacidad.

Creemos que en la medida en que vayamos conjuntando esfuerzos, que vayamos sumando voluntades podremos lograr que la ley contenga las justa demandas de los grupos más vulnerables de nuestro país.

Podemos lograr que las normas no sean mundos ideales que no tengan un parecido o siquiera se acerquen a las necesidades reales.

Nuestra convicción es apoyar a toda causa justa, es apoyar las luchas auténticas con fundamento, es respaldar la dignidad de la persona humana, el bien común y la solidaridad.

Señoras y señores senadores: Les invito a que a diferencia de las 12 propuestas que han antecedido a la presente, ésta no precluya que esta iniciativa sí se refleje en la realidad normativa de nuestro país.

Amigos senadores: Tanto en campaña como el hoy Presidente Electo de la República, Enrique Peña Nieto ha dicho que pondrá atención especial a los discapacitados. Les invito a que ya en comisiones cuando se discuta esta iniciativa la aprobemos, y la aprobemos también en el pleno.

Es cuanto, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, senadora, túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede la palabra a la Senadora Ninfa Salinas Sada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.

- LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: Gracias, Senador Presidente. Compañeros senadoras y senadores: Sin duda uno de los bienes más importantes que posee la humanidad es el aire, elemento indispensable para el desarrollo de toda forma de vida en este planeta.

En nuestro paso por la civilización hemos conseguido logros importantes que nos proporcionan una mejor calidad de vida, y hemos desarrollado la ciencia y la tecnología, y nos hemos aglomerado en centros poblacionales cada vez más grandes, hasta construir estas grandes urbes que hoy son centros de todo tipo de actividad humana.

La creciente industrialización que tuvo un importante despegue durante el Siglo XX, así como la creación y el aumento del uso de los vehículos automotores que usan diesel y gasolina, son signos irrefutables del desarrollo urbano de esta era moderna.

Uno de los efectos inherentes a estos procesos es la contaminación atmosférica, el aire es la primera capa de esta atmósfera intangible, y por lo tanto, es difícil entender y de conocer los cambios que hemos provocado con nuestro desarrollo.

La atmósfera es una delgada capa pegada a la tierra que está compuesta por diversos gases en proporciones muy específicas y armoniosas que están en profunda interrelación con la tierra y el agua, y cumple funciones ecológicas primarias, ya que protegen la vida en todas sus formas, regulando y absorbiendo las radiaciones de rayos ultravioleta, por sólo mencionar algunas.

Estos gases, como el ozono y el monóxido de carbono entre otros se alteran en su composición derivado de las actividades humanas.

Esta alteración de los porcentajes de gas que componen el aire que nos circunda, es lo que conocemos como la contaminación atmosférica.

Sabemos que este tipo de contaminación atmosférica se produce en su mayor parte por los gases que emiten l os vehículos automotores que usan gas o diesel, y en menor proporción por las industrias.

La contaminación atmosférica produce efectos nocivos no sólo a la salud humana, sino en el equilibrio ecológico y la economía de forma indirecta. Y es por eso que propongo la creación de una nueva ley que abarque todos los aspectos de una adecuada gestión de la calidad del aire y que ayude a proteger la atmósfera.

Si bien se han hecho esfuerzos muy importantes en la legislación, éstos se encuentran disgregados en diferentes ordenamientos y en diversas jerarquías, y no existe una legislación clara acerca de las competencias de los tres órdenes de gobierno, lo que hace que se impida una aplicación y una gestión ordenada y adecuada.

La iniciativa que hoy presento a ustedes pretende reunir en un solo ordenamiento aquellos alimentos pertinentes que se encuentran en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como su reglamento en una forma congruente, sencilla y ordenada. Y establecer competencias claras entre los tres órdenes de gobierno.

Como eje rector de la gestión de la calidad del aire se identifica una perspectiva moderna de cuencas atmosféricas, entendiendo esto como el espacio geográfico parcial o totalmente delimitado por elevaciones montañosas u otros atributos naturales con características meteorológicas y climáticas afines, donde la calidad del aire está influenciada por las fuentes de emisión antropogénicas y naturales en el interior de la misma cuenca.

Esta nueva visión a nivel de ley estandariza la gestión y la legislación atendiendo a las características propias de cada cuenca del país, facilitando así también las acciones de las autoridades para realizar diagnósticos de cada cuenca y delimitar los límites permisibles de contaminantes.

Bajo definiciones claras de los elementos que componen esta ley, y el establecimiento de principios claros de Derecho Ambiental, se tutela la calidad del aire y el derecho humano a un medio ambiente sano de instrumentos a través de instrumentos claros que otorgan también certeza jurídica a los ciudadanos.

Se regula y se impulsan los sistemas de monitoreo de calidad del aire, un inventario nacional de emisiones, y se establece la creación de normas oficiales mexicanas para estandarizar la eficiencia de la gestión.

Se regulan claramente las fuentes fijas de jurisdicción federales y las fuentes móviles de jurisdicción federal, así como las estatales y se establecen los criterios mínimos para los programas de verificación vehicular.

También se establecen las medidas de inspección y vigilancia y las sanciones administrativas en caso de incumplimiento.

La nueva Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera promueve mecanismos eficientes y eficaces de participación social a través de grupos de trabajo que permitirá a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a los investigadores, a los académicos y a la sociedad civil en general participar en la toma de decisiones y el seguimiento de las acciones a iniciar

(Sigue 5ª. Parte)
 . . . a los investigadores, a los académicos  y a la sociedad civil en general, participar en la toma de decisiones y el seguimiento de las acciones a iniciar para mejorar la calidad del aire en cada cuenca atmosférica.

 Y de esta forma les presento una iniciativa que tiene por objeto  ayudar a consolidar a través de un ordenamiento coherente, moderno e incluyente la legislación ambiental dentro del marco constitucional  de los derechos humanos fundamentales.

 Por su atención, muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO TORRES: Gracias Senadora Ninfa Salinas.

 Túrnese  a las Comisiones Unidas  de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

 Se recibió del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un Proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción II del artículo 76 Constitucional que se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera Sección.

 Gracias. Felicidades.

 Se recibió de los senadores  José María Martínez, Daniel Gabriel Avila Ruiz, y Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 56 constitucional  que se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera Sección.

 Enseguida se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley  de Vivienda.

 En el uso de la palabra.

 -LA C. SENADORA ANGELICA ARAUJO LARA:  Compañeras y compañeros senadores, con el permiso de la Mesa Directiva, pongo a consideración de esta Asamblea, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda de acuerdo a las siguientes consideraciones.

 Como Senadora de la República identifico la falta de vivienda como uno de los principales problemas que aquejan  a nuestra sociedad y que impide a las familias mexicanas desarrollarse plenamente.

 La falta de vivienda digna provoca asentamientos irregulares, falta de planeación urbana, contaminación y afectación de la calidad de vida, y es ahí donde se encuentra la oportunidad para promover el desarrollo económico y social del país al tener el desarrollo de vivienda un efecto multiplicador en empleos y cantidad de bienes y servicios provenientes de más de 37 ramas industriales.

 Tan sólo en el sector vivienda existen 18 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios básicos, y al evaluar los programas sociales de los últimos años, encontramos programas como “Esta es tu casa” que no han  alcanzado las metas programadas y donde de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación los subsidios no llegan a quienes más lo necesitan.

 De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social para el periodo 2006-2012, se requerían construir 4.4  millones de viviendas y mejorar más de 2.9 millones.

 No obstante lo anterior el Programa  “Esta es tu casa” únicamente reporta de 2007 a 2012 poco más de un millón de apoyos,  y al mismo tiempo el Programa Vivienda Rural únicamente reportó 9 mil 300 subsidios para todo este país.

 El diagnóstico de estos programas nos muestra que existe gran disparidad en el acceso al crédito entre la población afiliada y la que no lo está, mientras que existe  un 80 por ciento de esa gente que no tiene afiliación, únicamente recibe el 22 por ciento de los recursos.

 De aquí que podamos determinar que gran parte del problema de vivienda al cual nos enfrentamos en este país, radica en que los programas sociales sólo han atendido a un sector pequeño de la población que tiene acceso a crédito y a financiamientos.

 Por eso yo les pido hoy que reflexionemos, senadores.

  ¿Y qué pasa con las personas que no alcanzan estos créditos? 

 ¿Qué sucede con las personas que se encuentran hoy en pobreza patrimonial?

 En este sentido nuestro compromiso  incluye el diseño de una nueva sociedad, donde se priorice la vivienda como un elemento central del desarrollo en la vida del hombre, procurando la conservación y desarrollo de nuestro medio ambiente, en coincidencia con los avances tecnológicos y los fundamentos de la vida económica y social de cada uno de los mexicanos.

 Esa propuesta de reforma a contemplar, modificar la concepción de vivienda al establecer elementos de funcionalidad  y niveles superiores de calidad, estableciendo criterios de sostenibilidad  ambiental, de ecoeficiencia en el proceso de edificación, así como la incorporación de características donde se contemplen espacios adecuados  para guardar la intimidad, la comodidad personal  y la cultura como parámetro para el diseño de las ciudades.

 Esta propuesta  incluye ocuparnos de cada sector de la sociedad con necesidades de una vivienda.

 Por eso establece la elaboración periódica de diagnósticos para evaluar la demanda de las mismas. Se incorpora al contenido del Programa Nacional  de Vivienda líneas de acción y estrategias bien diseñadas y encaminadas a los jóvenes.

 Se prioriza la atención  a los programas de Vivienda  de las personas con discapacidad y el respeto absoluto a las comunidades y pueblos indígenas escuchándolos y tomando en cuenta las características que les son propias.

 En cuanto al organismo encargado de la implementación  de estas medidas, se transforma a la Comisión Nacional de Vivienda, incorporando de manera  decidida a las entidades federativas, a fin de procurar la organización  y armonización de los planes y programas de vivienda viviendas federales, estatales y municipales.

 Como consecuencia se establece que en su junta de gobierno se incorporará a un representante de cada uno de los estados de la República y uno por el Distrito Federal preferentemente quién presida los institutos de la vivienda, así como a un coordinador de cada uno de los municipios de  la República que tengan una población superior a los 500 mil habitantes.

 Considerando de primer orden la participación de la sociedad  civil organizada, se posibilita su incorporación a través de invitaciones  para asistir a sus sesiones conforme lo acuerde la propia junta de gobierno  y de acuerdo al tema.

 Es por estas razones que propongo al Senado de la República  hacer suya la necesaria reforma a la Ley de Vivienda, se requiere cambios de fondo para hacer un instrumento mucho más eficaz en la tarea pública de brindar mejores condiciones de desarrollo social  y humano, en especial a los sectores más necesitados de esta Nación.

 Coordinando esfuerzos, toca hoy a la federación, a los estados, a los municipios, a asumir plenamente el compromiso gobernante de poner  casas  dignas al alcance de todos los mexicanos.

 Y en esta tarea tan importante, los senadores de mi fracción, del Partido Revolucionario Institucional, asumimos este compromiso con anticipación, este fue uno de los diez compromisos que toda la fracción firmó en concordancia con quien hoy es nuestro Presidente Electo, el Licenciado Enrique Peña Nieto y que nuestra meta es impulsar apoyos para el mejoramiento, ampliación y dotación  de vivienda.

 Tengo, sin embargo la certeza de que en la construcción de este México mejor, más allá de legítimas banderas políticas, los senadores y las senadoras de la República, todos, todos debemos responder al reclamo de mujeres y hombres de México, de ver crecer a sus hijos en una casa digna, nuestra es la decisión.

 Por su atención y respaldo, muchas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO TORRES: Gracias Senadora Angélica Araujo Lara.

 Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos.

 A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador  Carlos Mendoza Davis, para presentar una iniciativa con el aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que contiene Proyecto de Decreto que reforma los artículos 66 y 68  de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

 En el uso de la palabra. 

 -EL C. SENADOR  CARLOS MENDOZA DAVIS: Con SU venia, señor Presidente.

 Compañeras y compañeros senadores, con el aval de los senadores  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, concurro ante esta soberanía para presentar iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 66 y 68  de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

 Considero que nuestra tarea medular es adaptar  la legislación a las necesidades sociales de la mano con la realidad que vive el país.

 En nuestra realidad es un hecho indiscutible  que el turismo es una de las industrias  más importantes para nuestro país, equivale al . . .

(Sigue 6ª parte)
…en nuestra realidad, es un hecho indiscutible que el turismo es una de las industrias más importantes para nuestro país.

 Equivale al 12 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, detona en desarrollo regional, atrae divisas, genera empleo y es perfectamente sustentable.

 Los 22 millones de turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro país anualmente, quedan impactados  --por decir lo menos--  con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestros espectáculos y también con las bellezas naturales que tenemos para ofrecer.

 De manera particular me referiré a una de las ramas del turismo, que para la entidad de la que provengo, Baja California Sur, así como muchas otras en el país, reporta enormes beneficios y urge de nuestra atención, me refiero a la pesca deportiva.

 Datos de la SAGARPA indican que la actividad turística que gira alrededor de la pesca deportiva, genera una derrama superior a los 2 mil millones de dólares anuales.

 The Billfish Foundation, una organización estadounidense sin fines de lucro, destinada precisamente a la protección de las especies de pico o picudos, como se conoce en el argot de la pesca, calcula que tan solo en Los Cabos, la derrama económica de la pesca deportiva, en 2008 fue superior a los 800 millones de dólares.

 Con relación directa a la pesca deportiva, se estima que ese mismo año se generaron 24 mil empleos directos.

 Para ayudar a contextualizar la importancia de esta actividad para los diferentes destinos, se calcula que un pescador deportiva deje en su estancia más de mil 700 dólares americanos por concepto de hospedaje, de alquiler de embarcaciones, de equipo de pesca y demás erogaciones.

 En reconocimiento de su importancia, nuestro marco legislativo anualmente destina un número de especies a la pesca deportiva, 6 de ellas, para ser exactos, con relación a la más de 50, que actualmente se explotan de manera comercial y sin limitación mayor, con gran énfasis, en el camarón, el atún y la sardina.

 En las especies reservadas, me refiero al Marlin, al Pez Vela, al Pez Espada, que son Los Picudos, el Sábalo, el Dorado y el Pez Gallo, que no podrán ser capturados con fines comerciales en una franja de 50 millas náuticas contadas a partir de la línea con que se cuenta nuestro mar territorial, esto de acuerdo con el artículo 68 de la Ley de Pesca vigente.

 No obstante, consideramos que el marco legislativo actual no es suficiente para garantizar la adecuada protección de estas especies en términos del verdadero valor que representan para la actividad turística.

 Es una realidad que las especies destinadas a la pesca deportiva, sufren de la sobre explotación por parte de la pesca comercial, al amparo de lo que se conoce como su captura incidental.

 Y hago énfasis en incidental, para comentar que en toda pesquería, por sofisticados que sus artes de pesca puedan ser, existen especies que naturalmente serán atrapadas cuando en realidad se busca la captura de otra, ésta es conocida como captura objetiva.

 Sin embargo, en la captura incidental de las especies destinadas a la pesca deportiva, suele disfrazarse un gran mercado, generalmente más atractivo para los pescadores que su misma especie de pesca objetiva.

 Por esto, compañeras y compañeros senadores, nos encontramos en el menú de cualquier restaurante, en anaqueles de mercados, en establecimientos comerciales especializados y en tiendas de autoservicio, la oferta de Marlin, de Dorado y de otras especies que, no obstante están reservadas, si no fuera a través de su ente irregular, no tendrían lugar, ni las encontraríamos, pues el producto de la pesca deportiva sólo puede destinarse al consumo personal.

 Esta situación ocurre ante la falta de capacidad de inspección de las autoridades competentes, por no decir: complacencia en alguno de los casos.

 Anteriormente nuestro legislador tuvo en cuenta esta situación y para ello destinó la franja de 50 millas náuticas, en las que se reservaría la actividad del pescador deportivo.