(Segunda parte)
DOCTOR ÁLVARO SANTOS: Muchas gracias senadora por su amable presentación y gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en esta mesa y al Senado por haber organizado esta mesa de discusión.
Yo voy a dividir mi presentación en tres partes. Quiero primero hablar de los costos del prohibicionismo, qué podemos aprender de los efectos de este modelo en estados Unidos y en México.
Segundo, quiero hablar de la relación entre ilegalidad y violencia y finalmente quiero hablar sobre qué puede ganarse regulando la marihuana.
Entonces, empezando con los costos del prohibicionismo, si miramos la experiencia de Estados Unidos y de su guerra contra las drogas, declara por Nixon, pero puesta en práctica e implementada más activamente por el gobierno de Reagan, vemos que ha dado resultados muy negativos en términos de costos sociales y que no ha resuelto los objetivos iniciales por lo que se introdujo, que fueron reducir el consumo de drogas y hacerlas menos accesibles.
En su lugar produjo violencia y un encarcelamiento masivo de personas. Aquí lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva es un incremento drástico en el encarcelamiento de personas en los setentas, finales de los setentas, principios de los ochentas. Hoy, en las prisiones federales y estatales hay aproximadamente un millón y medio de personas.
Estados Unidos es el país que encarcela a la mayor proporción de sus ciudadanos, casi 700 personas por cada 100 mil habitantes, es el líder mundial en encarcelamiento.
Y algo que quiero que noten es que en la jurisdicción federal, 50 por ciento de las personas que están en prisión se debe a delitos contra la salud, delitos relacionados con drogas. A nivel estatal no es tan grande, pero de todas maneras es considerable.
La población de Estados Unidos que está bajo el control del sistema correccional se aproxima a los 7 millones de personas. Esto incluye personas que están en prisión, tanto a nivel federal como estatal, personas que están en cárcel, es decir, gente que todavía está en prisión preventiva, que no ha sido sentenciada, gente en libertad bajo palabra y en libertad condicional.
Es una población enorme, porque Estados Unidos ha priorizado el uso de su sistema criminal, su sistema penal, muy importantemente en el proyecto de guerra contra las drogas.
Aquí lo que quiero que vean es que si ustedes suman la población que está en las cárceles y prisiones de Estados Unidos por drogas, es casi medio millón de personas. Esto es más que toda la población del país, en prisiones o cárceles, por todos los delitos en 1980 y más que toda la población carcelaria de Europa Occidental, sólo por delitos de drogas en Estados Unidos.
Y además esto ha tenido un sesgo muy fuerte en términos de discriminación racial. El grupo étnico que representa la mayor proporción de encarcelados son los afroamericanos, que son solamente el 13 por ciento de la población en Estados Unidos y ahí pueden ver la población hispana y la población blanca. Siguiente.
Y lo que podemos ver también es que este disparo en el encarcelamiento no ha estado correspondido por un incremento en los precios que se supone harían menos accesible a las drogas.
Al contrario. Las relaciones inversas, es decir, la población carcelaria se ha incrementado pero los precios han disminuido.
Entonces bueno, ahora lo que está sucediendo en Estados Unidos es que después de unas críticas muy fuertes desde la Academia y la sociedad civil, es que el gobierno ha emprendido distintas acciones para tratar de desmantelar este modelo, por ejemplo con excarcelación de prisioneros condenados por delitos de drogas no violentos, la reducción de las sentencias mandatorias mínimas que los jueces tienen que imponer, la relajación o no aplicación de la ley federal que prohíbe el uso de la marihuana en estados que han legalizado.
Un memorándum del Departamento de Justicia que hace una implementación selectiva de la prohibición federal en estos estados.
Un creciente interés y algunos cambios en algunos estados sobre el uso de tratamiento en vez de encarcelamiento para usuarios de drogas.
Y ahora un esfuerzo bipartidista para tratar de reformar el sistema de justicia penal en Estados Unidos.
Cuando yo hablo con mis colegas y les explico lo que está pasando en México, no sólo la guerra contra las drogas sino cómo el modelo de Estados Unidos, de justicia penal se ve como un modelo a seguir, me ven con mucho asombro porque para ellos el modelo está en serios problemas y en una gran necesidad de reformarse.
Y como saben ustedes hay ya 23 estados en Estados Unidos que permiten la marihuana para uso medicinal, 14 que han despenalizado el consumo y 4 que permiten el uso recreativo.
En México este modelo de guerra frontal contra los cárteles que introdujo el gobierno del Calderón también ha visto consecuencias pues muy negativas en términos de muertes, de violencia.
Entre 2007 y 2014 se calcula que ha habido 164 mil asesinatos y también en términos de desapariciones, el cálculo último que yo vi rondaba en 26 mil.
Y lo que hemos visto también es una población carcelaria en aumento y un encarcelamiento también de consumidores de marihuana.
Entonces lo que podemos ver es unos resultados, que esto es a mí lo que me parece triste, y más que triste quizá un poco trágico, que es que estamos viendo en México resultados que estaban disponibles por lo que sucedió en Estados Unidos cuando se implementó este modelo y se llevó a cabo la guerra contra las drogas.
Es decir, eran resultados que eran predecibles si veíamos las críticas que se le habían hecho al modelo estadounidense y los efectos que estaba teniendo allá.
¿Cuál es la lección? Que aún para quienes piensan que el consumo de marihuana debe evitarse o desincentivarse debe quedar claro que el modelo que se sigue actualmente no funciona para evitar que la sociedad consuma menos drogas.
No funcionó en el país más poderoso del mundo, con los mayores recursos y mejor capacidad intelectual, no va a funcionar aquí tampoco.
Ahora quiero pasar a la segunda parte de mi presentación.
Y aquí lo que quiero hacer es analizar dos mantras o mitos sobre la violencia que se repiten a menudo en comentarios, editoriales y en reportes.
El primero es que la ilegalidad genera violencia y, el segundo, es que la falta de estado de derecho es lo que explica la violencia.
Entonces sobre la ilegalidad de la violencia:
Aquí el argumento es que los actores en la ilegalidad no pueden dirimir sus controversias pacíficamente, no pueden registrar sus transacciones en contratos y no pueden recurrir a los mecanismos formales de resolución de controversias, como las Cortes.
Por lo tanto, les guste o no les queda otra que jalar el gatillo y dispararse.
Y este argumento tiene cierta lógica y se repite a menudo como verdad. Pero si lo sometemos a escrutinio encontramos que hay varios problemas.
En primer lugar, en mercados legales muchos actores operan en la informalidad y no usan contratos ni dirimen controversias recurriendo a las cortes o a los medios formales.
Existen sanciones informales como el daño a la reputación que sustituyen estos mecanismos formales.
Ha habido cientos de estudios socio-jurídicos que analizan cómo puede haber orden que es extra legal, o no en el derecho positivo.
Ejemplos como el régimen del lex mercatoria de los comerciantes internacionales que lo hicieron fuera del derecho, los clubes de hombres de negocios, los créditos informales en comunidades de bajos recursos, en fin; hay muchos ejemplos.
Pero más importante que esto es quizá la evidencia de mercados trasnacionales ilegales que no son violentos, piensen en mercado de arte robado, de animales exóticos, de propiedad intelectual, de piratería, apuestas, o consideren el mercado indocumentado ilegal de trabajo en Estados Unidos o Europa, en donde el capital y el trabajo no recurren a la violencia para resolver sus disputas.
Y por otro lado, existen mercados legales que pueden generar violencia, por ejemplo, los reportes de violencia en Colombia en el mercado de trabajo, donde había un patrón de asesinatos de líderes y miembros sindicales o el alto índice de homicidios en Caracas, en un mercado legal afectado por desabasto, inflación e inestabilidad.
El segundo lugar común, el segundo mantra es que lo que explica la violencia es la ausencia de falta de Estado de Derecho. Y aquí vale la pena citar el reporte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, llamado “El problema de las drogas en las Américas”, que es un reporte que recomiendo, es una de las contribuciones más importantes al análisis del mercado de drogas ilícitas y concluye, por ejemplo, que la política de criminalización ha causado más daño, medido en términos de violencia y muertes, que el daño de las drogas a los usuarios, que era la motivación inicial para la penalización.
Sin embargo, el reporte nota una asimetría en la violencia en el comercio ilegal, y esto lo considera una paradoja, es decir, si la ilegalidad genera violencia, tendríamos que ver los mismos niveles de violencia en todos los eslabones de la cadena trasnacional: en los países productores, en los distribuidores y en los consumidores.
Y sin embargo, lo que vemos y quizá más aun en los consumidores, porque es donde se genera mayor valor agregado, en donde hay más ganancias y sin embargo lo que vemos es que la asimetría no funciona así; hay más violencia en los países productores y en los países distribuidores.
¿Qué es lo que explica esto para la OEA, para este reporte?
Bueno, la falta de Estado de Derecho. Ahí hay una cita en la transparencia.
Creo que aquí hay problemas con este presupuesto, el concepto de Estado de Derecho es muy general y vago, en realidad hay múltiples conceptos de Estado de Derecho que están a menudo en tensión entre ellos; e invocar al Estado de Derecho para explicar un fenómeno a veces confunde más que aclara el análisis. Yo he escrito sobre esto en otro artículo, pero lo que quiero hacer aquí claro y lo diré en un segundo en dos casos de estudio; es que hay países en donde se puede decir que impera el Estado de Derecho y hay violencia, y viceversa, países donde no impera el Estado de Derecho y no hay violencia. Entonces, esta relación causal me parece problemática.
Y lo que quiero hacer aquí es proponer una manera, un análisis distinto en donde podamos pensar en la ilegalidad y legalidad como un continuo, entonces pensar más bien en estas distintas categorías de mercados: mercado organizado y mercado desorganizado.
O sea, lo importante aquí no es la forma jurídica que toma el mercado, si es legal o ilegal, sino si está organizado o desorganizado, y aquí las características que yo considero es, ¿cuáles son las reglas de entrada y salida de ese mercado? ¿Cuáles son las reglas de competencia y cuál es la capacidad de la autoridad para aplicar estas reglas?
Y aquí pueden ver la gráfica.
Como yo les decía, puede haber mercados organizados en la legalidad y desorganizados, y también en la ilegalidad puede haber mercados organizados y desorganizados. Mi hipótesis es que los mercados desorganizados son más proclives a la violencia.
Bueno, y la idea aquí es que en todo mercado hay competencia y la competencia es agresiva, y entonces que los mercados organizados tienen mayor capacidad para canalizar esta agresión de forma que no es violenta.
Y aquí quiero presentar dos casos de estudio, esto es parte de una investigación, lo voy a hacer de manera muy esquemática:
A ver, aquí hay una cita para los que puedan leer, tómense nada más unos segundos, quiero ver si pueden adivinar qué lugar y año se refiere esta cita:
Bueno, es la Ciudad de Nueva York. En 1989 la epidemia del mercado de crack.
Yo lo que quiero hacer aquí en estos dos casos de estudio es pensar en los factores que pueden contribuir a la organización o desorganización de los mercados.
Y los factores que estoy tomando en cuenta son: El producto, los actores y la respuesta del Estado.
En el mercado del crack en Nueva York se disparó una violencia terrible; y aquí en comparación con el mercado de heroína es ilustrativa porque al heroína estaba controlada por la mafia de una manera altamente centralizada y la organización imponía un orden en este comercio; las guerras entre las bandas o las familias eran raras y casi nunca atacaban violentamente a la policía. Había un entendimiento implícito entre la mafia y la policía.
Con el advenimiento del crack que cualquier podía producir de la cocaína y vender con altas ganancias atrajo a muchos emprendedores a entrar al mercado y la competencia se volvió feroz.
En palabras de un policía de alto rango: el crack borró la palabra “organizado” del término “crimen organizado”.
El mercado resultó en utilidades muy rápidas y altas a los nuevos actores, que no eran parte de la mafia y que no tenían buenas oportunidades de trabajo en la economía formal.
Bueno, la guerra contra las drogas y la aplicación de la prohibición incrementó arreglos de distribución y ganancias que pudo haber atraído a nuevos actores.
Cuando uno lee las descripciones de lo que estaba pasando en Nueva York hay una sensación de que el gobierno estaba en shock con el caos que se había creado y la violencia que se generó. Y una comparación siguiente con la guerra de Vietnam y la sensación de que esta guerra estaba prevista.
Hay además descripciones de operativos de la policía que dejan ver una violencia dirigida contra los narcotraficantes y numerosos abusos de derechos constitucionales.
El segundo caso de estudio es el caso de México, y este es un caso que todos conocen, entonces no me voy a detener mucho aquí, pero yo resaltaría simplemente este también. Que si vemos en términos de lo que ha pasado en términos de producto y rutas, de actores de y de capacidad del Estado, vemos también una disrupción muy importante en el mercado y una desorganización.
Y me concentro nada más en la acción del Estado a partir del lanzamiento de la guerra contra las drogas, que ha confrontado abiertamente a los carteles y esto ha generado una disrupción en las rutas y en las reglas anteriores que existían de cómo se distribuía ese mercado.
Habíamos visto una relación entre los operativos y la violencia y también índices de letalidad muy altos.
Hay estudios muy interesantes que les recomiendo, que ha producido el CIDE, el Programa de Política de Drogas al respecto.
Y bueno, déjenme entonces pasar a la última parte de la presentación, hablando sobre qué implicaciones tiene este análisis en el debate sobre legalización de marihuana.
Yo creo que la legalización aquí ofrece una oportunidad importante para el gobierno de organizar el mercado tomando en cuenta estos factores que mencioné: producto, rutas, actores y actuación del Estado.
Una ventaja de organizar el mercado en la legalidad es que le da al gobierno más herramientas y herramientas más finas de control, que el Estado puede ser más transparente sobre cuáles son las reglas y cómo las aplica, y qué le permite coordinarse mejor entre los distintos niveles de gobierno.
Una ventaja, por ejemplo, de muchas iniciativas que ya se han propuesto es, bueno, podemos pensar en tres tipos de uso: personal, terapéutico y médico, y cómo se organizan los distintos tipos de producción, a los que se refería Steve: autocultivo, club cannabico y producción de mercado, esclareciendo quiénes pueden hacerlo, cómo y en qué cantidades.
Esta regulación de la marihuana puede también organizar la distribución.
¿Qué actores pueden participar? Ya sea el propio gobierno a través de un monopsonio, como se hace en Uruguay, pero como también se hace en la industria del alcohol en 18 estados de Estados Unidos que regulan su distribución a través de este monopsonio.
O se puede hacer otra vez de distribuidores privados con licencia, como se hace en Colorado, con mecanismos de control estrictos, incluyendo a qué proveedores les compran y cuáles son sus áreas de operación.
Y se puede organizar también la venta. Es decir, cuáles son los establecimientos autorizados donde sólo se vende marihuana y así separarlos de otros mercados de sustancias psicoactivas que son importantes para criterios de salud pero también para criterios de organización de mercado.
En mi perspectiva esto puede ser un esfuerzo muy importante justamente para organizar el mercado y reducir la violencia, en donde el gobierno puede implementar estas reglas utilizando sus recursos para penalizar a quienes no las cumplen.
Ahora, ¿qué más se puede hacer con una regulación de marihuana?
Me parece que el gobierno debería de decretar una amnistía para quienes están en la cárcel por posesión o consumo de marihuana, como se ha hecho en estados Unidos, que han regulado e invertir cuantiosos recursos en prevención y tratamiento, que hemos oído aquí en estas mesas, en el Senado y en la Cámara de diputados, se pueden incluso utilizar los recursos que se recauden con impuestos para estos fines.
Me parece que hay una oportunidad muy grande para reorganizar el mercado utilizando una ley de legalización de marihuana. Yo creo que el Estado debe de ir en esa dirección, pero además también creo que puede hacer cosas antes de que esa ley entre en vigor y pueda hacer cosas utilizando sus herramientas de implementación selectiva, como hace el gobierno de Estados Unidos, utilizando sus recursos, que son escasos, pero aún así cuantiosos para perseguir otras drogas que no son marihuana.
Es decir, concentrarse en otros productos y tratar de organizar el mercado, aunque esté hoy en día de forma ilegal, que es en gran medida lo que está pasando en Estados Unidos.
Entonces, se trata de replantear las reglas que puedan organizar al mercado, ahora en la ilegalidad, pero más adelante en la legalidad. Me parece que no es necesario esperar a que haya un cambio internacional en las convenciones de Naciones Unidas, para que se actúe aquí ni nuevos cambios tampoco en la política federal de Estados Unidos.
Me parece que hay más que elementos en la mesa para poder hacerlo y creo que valdría la pena aprovechar esta oportunidad.
Muchas gracias.
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Muchas gracias doctor Álvaro Santos por esta exposición y pasamos a la ponencia del doctor Mauricio Hernández Ávila.
El doctor se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México; es maestro y doctor en epidemiología en la escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard; realizó también el diplomado de Alta Dirección de Empresas en el IPADE.
Su trayectoria laboral como médico la inició en la División de Nutrición de la Comunidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición; su formación doctoral también se integró como epidemiólogo en el Departamento de Medicina de un hospital en Boston.
Al término de sus estudios de postgrado se incorporó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, donde se desempeñó como director de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Crónicas y Accidentes.
Asimismo fue nombrado director del Centro de Investigaciones en Salud Pública, actual Centro de Investigaciones del Instituto nacional de Salud Pública y en agosto de 21997 fue invitado a realizar una estancia académica como profesor visitante en la Escuelas de Rolles de Salud Pública de la Universidad de Emory, en Estados Unidos.
Muchas gracias doctor por su participación.
DOCTOR MAURICIO HERNÁNDEZ ÁVILA; Muchas gracias senadora y gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas.
Veremos que hay mucha concordancia en los temas en los que estamos hablando. El Instituto, yo quiero dejarlo expreso, es que estamos extraordinariamente preocupados con una eventual legalización para consumo general.
El hecho de que hablemos de regulación y demos ideas no quiere decir que estemos pensando que este es el mejor camino, pero si se tomara quisiéramos traer a su atención lo que hemos aprendido con la regulación principalmente de tabaco.
Para tabaco ha sido lenta y difícil, y cada año hay un número muy grande de muertes prematuras que pudiéramos haber evitado.
Ahora: qué errores tenemos en el tabaco:
El primero es que tenemos una industria extraordinariamente poderosa. Es una industria que va actuar contra las políticas regulatorias que tienen objetivos de salud pública. Va a actuar con bloqueos, con amenazas, con litigios, etcétera.
Baste ver el esfuerzo internacional que hay para la industria tabacalera para bloquear el etiquetado plano de los cigarros en Australia o mismo Uruguay.
Por otro lado, en este modelo de negocios de la industria del tabaco, las externalidades no se consideran dentro del modelo de negocio.
Los daños, las muertes prematuras, las enfermedades quedan fuera del modelo de negocio y esto hace que la prioridad que se le dé a su control sea muy baja y que tengamos pocos recursos.
Tercero: no hay una agencia regulatoria que tenga la misión de control y regulación del tabaco. Y eso ha sido un gran faltante en todos los países.
Y, cuarto: la industria tabacalera opera en la esfera de los mercados. No tiene una relación estrecha con salud y tiene alianzas con sectores gubernamentales, cuya misión es generar empresas sanas, empleos, ventas.
En el caso del tabaco, entre más vende más gente muere prematuramente. Entonces hay un conflicto de intereses. La siguiente por favor.
Qué nos dice la industria: Bueno, quisiéramos ver –la industria del tabaco- una regulación moderna basada en evidencia A, pero que no limite nuestra capacidad de competencia, léase venta o la posibilidad de que los agricultores o detallistas obtengan su medio de vida.
Entonces de hecho hay un problema de intereses, hay un problema de conflicto de intereses muy importante.
La industria tiene sus intereses centrados en la venta y en la generación de utilidades para sus accionistas.
Entonces qué necesitamos, en el caso de la marihuana, y aquí concuerdo mucho con Rolles, que dice: bueno, necesitamos un mercado regulado, no hay que generar una industria, no existe, es una industria corrupta, es una industria ilegal, no la traigamos a la mesa.
Entonces necesitamos un modelo comercial que esté bien regulado y que tenga una empresa sin fines de lucro. Podría sonar así como de Walt Disney, ¿no?, pero es una empresa sin fines de lucro que tenga objetivos de salud pública. Eso va a ser muy difícil de lograr.
Entonces en Marihuana estaríamos empezando. No hagamos los mismos errores que hicimos con tabaco y alcohol.
Entonces qué ideas regulatorias hay. Y estas son ideas que se han venido discutiendo desde principios del año 2000, finales de los 90, para tratar de controlar el tabaco.
Entonces uno es qué características tiene el problema. Aquí tenemos muchas lecciones que aprender de tabaco y alcohol
Dos. Cómo justificamos esta regulación: Bueno, hay un principio precautorio. Posiblemente no nos podamos poner de acuerdo sobre qué tanto daño hace la marihuana, pero creo que hay un consenso en que hay un riesgo teórico y eso implica que hay que regularlo.
Y, tercero: Podemos identificar los objetivos regulatorios. Ya lo dijimos los dos ponentes previos y su servidor, que es: queremos minimizar el daño; queremos mantenerlo en el mínimo socialmente aceptable.
Y entonces aquí tendríamos que empezar a ver qué escenarios regulatorios traemos.
Se ha mencionado Colorado, Washington, Uruguay. Todas son realidades extraordinariamente distintas a México.
No podemos coextrapolar de Uruguay a México, menos de Colorado o Washington State a México; somos un país extraordinariamente difícil, con problemas de regulación importantes.
La justificación, creo que todos la tenemos, tenemos una justificación del posible daño económico y tenemos también una justificación del posible daño social, lo hemos estado discutiendo, no me voy a detener ahí; pero creo que está muy bien justificada esta posible regulación.
Entonces, ¿qué tendríamos que decidir antes de hacerlo?
Bueno, tendríamos que tener un objeto regulatorio. ¿Este objeto cuál sería?
Mantener el daño en el nivel mínimo, digamos que ese sería nuestro objeto. Tendríamos entonces que generar las capacidades y recursos gubernamentales, la capacidad regulatoria, la capacidad humana para llevarlo a cabo, presupuestaria, supervisión, sanción, evaluación y cumplimiento de objetivos.
Pensemos un momento en lo que hemos logrado, por ejemplo, para regular el juego, que es algo que hemos abierto; y veremos que podemos a veces dejar las cosas fuera de la regulación y esto no quisiéramos que pasara con la marihuana.
Entonces, entraré rápidamente en el modelo médico. Nuestro ver es que deberíamos de irnos hacia un modelo que prescribe bajo el amparo de una licencia, se dispensa por un sistema regulado, diferente y se vigila el uso terapéutico, que es el modelo médico tradicional.
El modelo que está en Estados Unidos es un modelo que no está bien definido. Es un modelo que recomienda, es un modelo que es desigual en todos los estados en los que se ha ido implementando; las listas varían de estado a estado, los motivos, quién puede recomendar las cantidades; es verdaderamente problemático el modelo médico de Estados Unidos.
En este país, que tiene una capacidad regulatoria importante, porque ya no lo dijo Álvaro, es el país que más gente mete a la cárcel, no ha habido muchas externalidades de este modelo; pero no es un modelo, nuevamente, que podamos extrapolar hacia México, tendríamos que verlo con mucho cuidado.
En México, ¿qué nos quedaría?
Bueno, nos queda y es nuestra responsabilidad como Estado, velar por la seguridad y la eficacia y la calidad de los medicamentos.
Tendríamos tres opciones:
Medicamentos, fracción I, con toda la estrategia de COFEPRIS.
Lo podríamos regular como un medicamento herbolario, que nadie quisiera regularlo como un medicamento herbolario.
O como un remedio herbolario, que son los tres puntos que marca la ley.
Entonces, el uso medicinal de la marihuana creo que debe de irse hacia el modelo médico tradicional.
Si pensamos rápidamente, en un modelo regulatorio para el uso poblacional, el uso por adultos, tendríamos que tener incidencias fuertes en la cadena regulatoria, mantener el consumo en el nivel que fuera socialmente aceptable; esto tendríamos que definirlo.
Tendríamos que incentivar, por ejemplo, a los agricultores para producir marihuana con un nivel bajo de THC, para hacerlo más seguro.
También para no sobreproducir y alimentar el mercado ilegal, tendríamos que tener todos esos acuerdos: no distribuir a los menores de edad.
Este mercado debe de dar información adecuada a los consumidores. Y desde luego, prohibir toda publicidad, porque ese ha sido el gran error que hemos hecho con el tabaco y alcohol.
Y tendría que haber un fondo de garantía que cubra las fallas del mercado, porque si dejamos y trasladamos el costo de la adicción y remediación al Estado, estaríamos haciendo una falla extraordinariamente grande.
Entonces, ¿qué objetivos de salud pública podría tener esta regulación?
Bueno, tendría que cuidar necesariamente la prevalencia de consumo en menores de edad, tendríamos que ver la percepción de riesgo de los adolescentes, el nivel de conocimiento sobre los efectos de cannabis en los adolescentes y los jóvenes; ver cómo está afectando el índice de relaciones tempranas bajo la influencia de cannabis, el precio, el mercado ilegal, la concentración de THC.
En fin, aquí hay una serie de áreas, no son exhaustivas, pero donde la ley tendría o la regulación tendría que estar trabajando.
Aquí hay un modelo que se ha propuesto para tabaco, ya lo mencionaron, podría ser un modelo monosónico. Esto quiere decir que hay productores pero sólo hay un comprador.
Podemos pensar en un PEMEX modificado. En PEMEX uno no puede comprar la súper verde, no puede comprar la súper roja; todas las gasolineras son iguales, todas las gasolineras compren y así podría ser la distribución al público en general. Una serie de distribuidoras perfectamente reguladas y una serie de productores también perfectamente regulados.
Esta es una regulación extraordinariamente fuerte, porque el mercado queda regulado.
La pregunta que nos hacemos todos es si en México podemos tener ese tipo de regulación, si la podemos lograr. Estaría muy complicado, pero es el modelo que creo que tanto Rolles como Santos han mencionado ya.
¿Qué característica tendría esta empresa?
Bueno, es una empresa que deja la manufactura de la producción libre pero bajo estrictas reglas de regulación.
Es una agenda gubernamental que no tiene fines de lucro.
Tiene objetivos de salud pública y está comprometida con minimizar el daño.
Monopoliza la relación tanto con importadores como con productores.
La agencia controla la distribución a los distribuidores finales, y además de que controla la distribución controla los productos que hay y decide si son aptos o no para el mercado.
¿Cuál es la característica de este mercado? Bueno, dado que la agenda distribuye la marihuana, la compra y la distribuye, es un actor clave, no tiene conflicto de intereses porque no tiene que producir ganancias, entonces puede informar a los consumidores.
Un poco lo que nos platicaban de los clubs cannábicos que ahí se informa sobre los efectos de la adicción, pero esta empresa tendría ese mandato de hacerlo y de mantener bien informada a la sociedad.
Y la empresa por ley, por ley, estaría obligada a cumplir con los objetivos de salud pública que se le determinen.
Aquí es más burocracia, sí, pero aquí el beneficio potencial es que tendríamos un responsable gubernamental de rendir cuentas y de ejecutar la política pública en relación a la marihuana.
Esto no lo tenemos ni para alcohol ni para tabaco y creo que sería un gran avance, y podría verse también fortalecido con un convenio tipo el que tenemos para tabaco.
Estas son áreas donde pensamos que se puede hacer trabajo para fijar metas y tener una regulación basada en desempeño y con acciones en caso de que no se vayan cumpliendo, y son las que sabemos que puede tener efectos la marihuana.
Prevención y disuasión a menores; prevención de ganancias ilícitas para organizaciones criminales. Sería muy deseable que esto se monitoreara porque este es uno de los efectos que queremos reducir.
Nos dicen que en Colorado ha habido ganancias muy grandes, pero no sabemos si esas ganancias realmente se tomaron del mercado ilegal y no están afectando de alguna manera el mismo mercado ilegal porque ese dinero no se puede seguir.
Y bueno, de ahí viene: prevención de accidentes, prevención de consecuencias adversas a la salud.
Para terminar, tenemos un mercado legal que no es existente. O sea, tenemos un mercado ilegal que sí existe. Y tenemos que traerlo, si es que lo decidimos, a la mesa con reglas extraordinariamente claras y estrictas.
En Uruguay se tardaron más o menos dos o tres años porque todavía no está –que yo sepa– caminando todo; apenas van a cultivar la marihuana; están ya licitados. Pero se han tomado un tiempo y Uruguay es un país menos complejo que México.
Canadá viene saliendo de un resumen de un estudio amplio que hizo Canadá sobre Uruguay, sobre Colorado y el estado de Washington, y concluyen los canadienses, dicen: “El mensaje más consistente que escuchamos fue que cualquier gobierno que esté considerando cambios regulatorios a las políticas de cannabis debe tomarse el tiempo necesario para generar la infraestructura, destinar los recursos suficiente para lograr un buen resultado y evitar los impactos, y tener los mecanismos para ir ajustando a lo largo del tiempo”.
Entonces creo que no hay prisa y creo que Rolles también aquí nos dijo no, no hay prisa, no hay un campeonato ni hay una medalla de quién entra primero a esto.
Entonces, la recomendación es: estudiemos, tomemos el tiempo y dediquemos los recursos que requiere el análisis de este problema que es muy importante.
Muchas gracias por su atención.
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Muchas gracias doctor Mauricio Hernández.
Daremos paso a dos intervenciones, a dos participaciones de parte de las senadoras y senadores, por lo que le pido a la senadora Angélica de la Peña sea tan amable de hacer su comentario.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias senadora.
Hoy estamos terminando las audiencias públicas que tanto la Cámara de Diputados y el Senado de la República, a través de un acuerdo que suscribieron las presidencias de las mesas directivas de ambas cámaras, las audiencias públicas en relación a las alternativas para la regulación de la marihuana, la cannabis.
Es importante señalar que, desde mi punto de vista, estas audiencias han sido pertinentemente abordadas, creo que ha habido una diversidad importante respecto a un tema que a todas luces es un tema polémico, es un tema en donde encontramos claros oscuros.
Ciertamente desde lo que establecen algunas de las convenciones hasta lo que nos muestra la realidad y tenemos que buscar como Congreso de la Unión, a partir del amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las decisiones parlamentarias y legislativas a las que estamos obligados y quedaron claramente plasmadas justamente en los enunciados de este amparo.
De tal forma que el Congreso de la Unión no puede eludir el tema, no puede eludir su responsabilidad porque estamos hablando de otra cosa, a partir de las propias dinámicas de lucha que han dado diversos padres y madres para obtener medicina de derivados de esta planta, pero también a partir, insisto, de lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que abre un camino hacia los amparos.
Y por otro lado estamos ahora ventilando un problema gravísimo a partir de la prohibición; no habíamos tenido las condiciones mayormente óptimas, no que no se haya discutido antes, pero creo que ahora estamos en ambas cámaras creando un terreno fértil de discusión abierto, no podría ser de otra manera, si no es abierto, con toda la claridad y con todo el expertise y la información que diversos expertos y expertas nos han planteado en estas audiencias, para saber con puntualidad, en primer lugar, dónde estamos frente a una aseveración y frente o, por el otro lado, frente a mitos. Eso es muy importante.
Hay una serie de temas que nos e tocaron propiamente n estos foros, quizás algunas referencias más bien paralelas, pero que en las discusiones de las comisiones del Congreso de la Unión sí tenemos que tocar y tiene que ver con los estragos de la criminalización por el uso de marihuana.
Me refiero ya de manera particular el análisis puntual de los resultados de la criminalización.
Es decir, cuántas personas se encuentran en los centros de privación de libertad, dirimir efectivamente cuáles son por esta droga, o son por las otras, las condiciones en las que se encuentran ahí.
Es decir, los resultados terribles de la violencia pero de manera mucho más puntual de la criminalización.
Y por lo tanto, también, entraremos seguramente a una segunda etapa de propuestas legislativas de los grupos parlamentarios, de distintas senadoras, senadores, diputadas, diputados, que seguramente a partir de estas audiencias que hoy terminan, van a presentar en sus respectivas Cámaras para ya tener en la Mesa de Discusión hacia el Dictamen, de lo que tengamos que ponernos de acuerdo, pues todos los elementos que nos permitan efectivamente retomar estas discusiones de estas audiencias.
De tal manera que yo termino diciendo que fue muy importante que el Congreso de la Unión convocara a estas audiencias.
Que es muy importante señalar que seguramente ya en lo concreto a lo mejor convocaríamos a reuniones de trabajo de manera ya más puntual para determinar el alcance de las reformas.
Y claro, no hay lugar a dudas que en esto se tiene que expresar la voluntad política.
Ya México no puede seguir siendo lo que es. Tenemos que buscar alternativas y entre mejor nos pongamos de acuerdo para ir no en la gradualidad; hacer como que estamos haciendo pero que al final no hacemos, no me parece tampoco que sea el camino.
Eso creo que lo que nos han enseñado quienes han hablado en estas audiencias también nos lo han dicho de manera puntual.
Y entonces yo celebro la amplitud de estas audiencias, pero también celebraría mucho más la recepción de parte de todas las senadoras y senadores, se los diputados, diputadas, todos los grupos parlamentarios, para que no caminemos en algo que pareciera como que es y entramos otra vez a los eufemismos que finalmente nos llevan otra vez al camino de la simulación y de los mitos y no vamos a resolver el problema.
Yo creo que hoy estamos en condiciones favorables para, desde el punto de vista del Congreso de la Unión, resolver el problema.
El otro ya está delineado, ¿eh?, el de los amparos ya está delineado y se puede seguir por ahí no sé cuánto tiempo y entonces me parece que respetando esa decisión personal que cada quien tome, recurrir a los amparos, yo creo que no hay lugar a dudas de la responsabilidad que tenemos como Congreso de la Unión.
De tal manera que lo único que diría, para finalizar mi intervención, es que Cámara de Diputados y Senado de la República, pongámonos de acuerdo. Eso ya nos tocará cuál es la Cámara de origen.
Lo que sí es cierto, que es que la otra tiene que estar presente en la discusión del Dictamen.
Más allá de la formalidad de cuál sea la Cámara de origen en la discusión de alcance de las reformas, la otra Cámara tiene que ir acompañando esa discusión hacia el Dictamen, porque de eso se trata y eso es lo que ustedes nos han incluso, en sus intervenciones, nos han estado planteando de que tomemos con seriedad la magnitud del tema que hoy estamos discutiendo en el Congreso de la Unión.
Sería cuanto Vicepresidenta de la Mesa del Senado.
Muchas gracias por darme la palabra.
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Muchas gracias senadora Angélica de la Peña.
También nos ha solicitado hacer su participación el senador Armando Ríos Piter.
Adelante.
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí. Muchas gracias senadora Presidente.
Bienvenidos todas y todos los que están el día de hoy aquí en el Senado.
Saludo al señor Gobernador Graco Ramírez.
Yo creo que este debate llegó en el mejor momento que podíamos tener un debate legislativo.
Sin embargo creo que es importante reflexionar: Por lo menos la opinión que yo tengo de este debate es que no llega como debería de llegar.
Llega tal vez como parte de una inercia internacional que está ocurriendo, varios de ustedes han comentado la condición que está en Canadá, el propio debate que está instalado en los Estados Unidos, California este año, etcétera.
Y llega en un momento en el que el país pues por lo menos viene después de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, a repensar un poco cómo está atendiendo la política de drogas. Entonces, tal vez la condición por la cual aparece el debate si bien no tiene el mismo origen, a final de cuentas nos tiene hoy alineados discutiendo en cierto sentido la política de drogas.
Y digo en cierto sentido, porque como que la forma en la que se manifiesta el debate público por parte de las autoridades, la posición que ha tenido el presidente Peña Nieto sobre esto; un poco los discursos inaugurales en los foros que organizó el gobierno, me tocó escuchar el discurso del Secretario de Gobernación, un poco ya como que preconfigurando el resultado final, tratando de hablar del uso medicinal de marihuana y no dejando que se expanda en toda la amplitud que debe de tener; pues por lo pronto aquí en las exposiciones que me ha tocado darle seguimiento el día de hoy y las que he estado atento, me parece que todavía estamos en la condición de que el universo de reflexión sea mucho más amplio, cosa que yo celebro.
Sin embargo, y acudí a todo el tema anterior, ¿qué estamos discutiendo por ejemplo ahora en el Congreso de la Unión?
Estamos discutiendo modelo de seguridad pública: mando único o modelos de mandos intermedios, el tema que se viene discutiendo desde hace ya varios meses, pero que retomó fuerza la semana pasada después de lo de Topo Chico, es el tema de cómo están funcionando nuestros centros penitenciarios; organizaciones el día de ayer estuvieron revisando el tema de tortura, está el tema de desapariciones.
Y pareciera ser que el tema al que no le entramos realmente con contundencia es al tema de la política de drogas. Y aquí, esta reflexión solamente la quiero dejar más bien como elaborando una pregunta:
Como que hay un debate medio incompleto cuando se revisa marihuana. Ya dije la posición que tiene el gobierno y cómo trata de sesgar a que tiene que ser medicinal; no se revisa de una manera amplia. Pero siempre existe esta como tala mental, por lo menos en la que yo caigo, en la que se dice “es que marihuana es lo que hay que discutir ahora y no hay que discutir otras drogas”.
Muchos legítimamente dicen: “avancemos con esto, que es un debate difícil, y saquemos esto y luego vemos otras cosas”, digo, se entiende esa posición.
Hay otros que inmediatamente asumen la posición de que debatir otras drogas es como una herejía.
Y entonces no estamos haciendo un debate de fondo. Lo digo, yo soy senador de Guerrero, y en Guerrero sin duda alguna el tema es marihuana, obviamente es un tema importante, pero el tema de Guerrero y el tema de las drogas desde el 2000 a la fecha; crecientemente ha sido goma de opio, heroína, opiáceos en Estados Unidos, con una demanda creciente importante y potente en los Estados Unidos, que está generando hoy que territorios completos tengan condiciones complejas de anarquía verdadera porque lo que tienes tú es actores que con el enorme influjo de recursos que se tienen, muchas veces terminan detonándote batallas como la que se libró en Iguala el 26 de septiembre.
Y acudo no a un comentario personal, simple y sencillamente al reporte que hizo el Grupo de Expertos, dónde, cuándo analiza la presencia de un quinto camión, lo que dice es “revísese ese quinto camión, que posiblemente tenía que ver con traslado de base de goma de opio o con dinero proveniente de ese mercado”.
Bueno, ese es el debate en el que está el país instalado desde hace un año y medio. Y solamente quiero compartir esta reflexión para escuchar de los expertos, ¿qué tan posible es poner en esa dimensión el debate?
Qué bueno que podamos avanzar en el tema de marihuana, pero qué tan viable es avanzar en una política de drogas mucho más amplia; no digo que se vaya a acotar en un solo resolutivo o una sola ley, pero me parece que cuando uno lo pone en esa dimensión es cuando uno tiene capacidad de pensar como país de una manera mucho más amplia, qué significa esta situación o este mercado, que representa muchos ingresos para distintas etapas de la cadena social, no es lo mismo el pequeño productor en la sierra madre del sur, ahí en Guerrero; que no tiene otra opción porque no tiene caminos, porque no tiene una política pública que lo haga ser ciudadano, porque no existe una manera del Estado mexicano de compenetrarse con ese ciudadano, al gran articulador que puede estar en el trasiego, la comercialización, incluso del otro lado de la frontera.
Entonces, quiero sembrar esa pregunta para escuchar por lo menos de ustedes si es que ese formato en el que estamos discutiendo es el correcto o tendríamos que empujar un poco más y quitarnos esto que, les digo, es una tara que luego anda ahí de “No, no se discutan otras drogas porque entonces corremos el riesgo o de no avanzar en este tema”, repito, que es legítimo y hay que hacerle también sentido a eso, pero que también está la otra parte que quiere frenar el debate y dejarlo en su mínima expresión, en la parte de marihuana medicinal.
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Muchas gracias, senador Armando Ríos Piter.
Diputado Vidal Llerenas Morales.
DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES: Gracias. Aquí en el Senado tienen alta tecnología que en la Cámara de Diputados no tenemos.
Muchas gracias.
Primero, a ver, dos puntos. Primero, coincido con Armando. Estamos aquí porque nos importa la política de drogas, por eso el debate de marihuana es urgente y no es trivial.
No es un debate de que hay unos muchachos insumisos que quieren fumar marihuana, y como decía la exsecretaria de salud, hay que decirles que eso no es necesario para la felicidad.
No es eso, hay una necesidad de un debate global que básicamente lo han impulsado casi cualquier expresidente del mundo, porque se ha dado cuenta de la locura del tema de debatir política de drogas.
Segundo, sí es muy importante –como decía la senadora de la Peña– ahora pasar a las propuestas. Y estas propuestas, como decía Armando, no pueden ser “Vamos a sólo discutir marihuana medicinal”, pero además solamente van a ser ciertos productos que vienen de la marihuana, aunque ahora la COFEPRIS dice que el cannabidiol no viene de la cannabis. Que contiene marihuana pero nada de THC y los vamos a importar.
Eso no contribuye nada a avanzar al debate sobre política de drogas.
Esto puede ser que ciertas personas en cierta condición y si tienen el dinero para comprarlo, porque además lo quieres en producción nacional, puedan tener un alivio, pero eso no es el debate de política de drogas. En eso no estamos.
Me interesó mucho la presentación, bueno, además de las de Álvaro y de las de Steve sobre regulación. Pero lo que menciona el doctor Mauricio del Instituto Nacional de Salud Pública es interesante, porque primero nos dice: “No recomendamos la regulación”, no ofrece mucha evidencia ahí, cuando yo entiendo que el debate académico es cuando menos mixto.
Yo recomiendo, por ejemplo, el documento que saca antier la London School of Economics, donde una serie de expertos tratan de manera muy interesante el tema de política de drogas.
El primer artículo, por ejemplo, trata mucho de cómo tenemos que usar la evidencia y cómo la evidencia científica tiene que complementarse con evidencia de ciencias sociales y poder tratar este tema como cualquier otro tema de política pública, que es como se trata.
Y después una serie de estudios que tiene que ver con el tema principal, que es la violencia, y por cierto el único caso de estudio es del país que es el más afectado por la guerra de las drogas y que más preocupa al mundo: México.
No sorprendentemente es el único caso de estudio que hay, porque es el país que se considera que es el que más está sufriendo los efectos de la violencia como resultado de la política de las drogas.
Y luego el profesor nos dice que lo que sucede en otros lados, digamos en Colorado, en Uruguay es diferente a este contexto. Pero recuerdo que en la discusión de tabaco veíamos ejemplos de otros lados.
Yo recuerdo haber estado en discusiones donde decía: Va, vamos a ver cómo Estados Unidos reguló tabaco, cómo Alemania reguló tabaco. Es decir, la experiencia internacional del tabaco abrevó en la experiencia mexicana en donde ha habido un avance importante.
Y después nos muestra, nos da una exposición muy interesante de cómo podríamos regular marihuana y eso refuerza mi convicción de la posibilidad de hacerlo.
Efectivamente hay mecanismos regulatorios que nos podrían permitir un mercado que hoy genera violencia y que hoy pone a consumidores sin información y a merced de un criminal, pues poder tener un mercado que no fomente el consumo, que dé información clara, que pueda tener mecanismos de acceso no necesariamente iguales a otro tipo de drogas en una droga que no genera ni más daño a la salud que el tabaco ni más riesgos que el alcohol.
Entonces creo que a lo que tenemos que entrarle es a eso, es decir, no esperar esta idea que un científico nos va a decir cuánto daño causa la marihuana, todo eso ya lo sabemos, sabemos también distintas experiencias de regulación en Estados Unidos, en Uruguay, en Colombia, que tiene autocultivo, en España., en Portugal, en Holanda, que nos permite ir tomando decisiones de cómo sí podemos tener un modelo regulatorio.
Y por qué si urge tener un modelo regulatorio, porque hay un montón de personas que van a la cárcel por esto.
En los números del CIDE, que nadie ha rebatido, los de catalina Pérez Correa, creo que hay unas cien mil personas cada 100 años que son puestas a disposición de un Ministerio Público sólo por posesión, cada año, sólo por posesión.
Y que en muchísimos casos, sobre todo mujeres, el cargo de posesión se cambia por transporte y entonces hay, no sé, 70 por ciento de las mujeres que están en cárceles federales, están por delitos de drogas.
Entonces, pues sí nos urge tener una regulación, porque además creo yo que a menos que quitemos el Netflix o quitemos el Sky y estas cosas, pues nuestros patrones de consumo de drogas se van a parecer a los patrones de consumo de drogas de otros países y entonces cada vez vamos a tener más consumo y cada vez vamos a tener que regularlo mejor y entonces tenemos que tener mecanismo de prevención y de información inteligentes para las personas.
Entonces tenemos que tomarnos en serio el tema y no tratar, como me da la impresión que hace el gobierno federal, de patear el balón y sí hacerle caso a la Corte de que las leyes de drogas mexicanas no son constitucionales, porque la penalidad que imponen son completamente desproporcionadas con el daño que pudiera causar la marihuana en la sociedad.
Eso es lo que dijo el ministro Saldívar y fue votado por la mayoría de los ministros en la sala y en eso tiene que centrarse la discusión en las cámaras.
Gracias.
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Muchas gracias diputado.
También comentarles a nuestro Consejo Técnico que por supuesto habrá una oportunidad de seguir comentando.
Pasamos al comentario del senador Alejandro Encinas, si fuera tan amable.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias senadora Barrera, muy buenos días a todas, a todos.
La verdad, como ya señalaba mi compañera senadora Angélica de la Peña y nuestro compañero Ríos Piter y Vidal Llerenas, es cierto que estos foros han ayudado a acotar con mucha precisión los alcances de este debate, un debate que emana básicamente de las resoluciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la nación en tanto el uso medicinal o el libre desarrollo de la personalidad que otorgó en distintas resoluciones.
Y creo que de estos foros pudiéramos sacar una primera conclusión, si hacemos un esfuerzo de síntesis. La primera conclusión es que hasta ahora la política prohibicionista no solamente no ha funcionado sino que ha tenido un efecto contrario: se incrementó la producción de drogas e incluso se diversificó el tipo de drogas en el mercado ilícito, se incrementó el consumo de las mismas, disminuyeron los precios, se criminalizó particular y estigmatizó a los usuarios y desde el mercado ilícito se convirtió en una plataforma de empoderamiento de los grupos delictivos que ya no se dedican solamente hoy al trasiego de droga sino que han diversificado profundamente sus actividades.
Yo creo que en esta primera conclusión es evidente que tenemos que avanzar en definir una nueva política de drogas.
Y en esto pues más allá de nuestras condiciones éticas, políticas, religiosas, filosóficas o morales, nosotros tenemos que tomar una decisión en función del interés público.
Y en la definición de una nueva política de drogas pues hay dos factores que se han planteado de ponderación: desde el enfoque de la salud pública, y desde el enfoque de los derechos humanos.
Claro, hay quien ha insistido básicamente en el enfoque de salud pública, aunque muchos hemos insistido en que esos son los dos ejes articuladores que debería abordar la nueva política de drogas.
Y en esto indudablemente la continuidad del prohibicionismo creo que queda relegado, como también se habló de eliminar la posibilidad de abrir indiscriminadamente al mercado todas las drogas, o particularmente la marihuana y que se requiere avanzar en establecer un marco regulatorio, que sea claro, concreto, que sea aplicable y que no deriva –lo planteaba hace un momento el doctor- pues en fortalecer actividades ilícitas.
Y en esto pues evidentemente creo que hay acuerdos, en primer lugar –ya lo señalaba Armando Ríos Piter y Angélica de la Peña- en la idea que se pueda regular el uso de esas drogas con fines médicos y de investigación científica.
Creo que en esto en todos los foros nadie lo ha planteado en sentido contrario, aunque todavía tenemos una discusión respecto a la iniciativa que presentó Ana Lilia Herrera, de si se norma solamente para permitir…
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: …Cristina Díaz.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Perdón. Cristina Díaz.
La importación o la producción en nuestro país. Es un asunto que no tenemos resuelto.
También hay un acuerdo en que es necesario revisar todo el sistema de penas establecido particularmente contra los usuarios, en donde no solamente habría que revisar el gramaje de la marihuana, o portabilidad de marihuana sino también de otras drogas, básicamente por el precio en que están ofertándose en el mercado.
Aquí, a 3 cuadras de este Senado de la República, pues se puede conseguir una línea de coca a 100 pesos. Yo digo, más barato que una botella de Bacardí, que suena muy afectivo particularmente para los jóvenes.
Y habrá que revisar el conjunto de la tabla para especificar cuáles son el gramaje que se permite portar para los usuarios.
Y por cierto en la revisión del Código Penal y en esta lógica descriminalizar y desestigmatizar a los usuarios, pues habrá que revisar las penas para que, en primer lugar, todas aquellas personas que están detenidas por consumo salgan de inmediato en libertad porque no está penalizado en nuestro código el consumo, y quienes hayan sido detenidos por portar una pequeña cantidad puedan obtener un beneficio de ley para que no se sigan saturando las cárceles, particularmente de jóvenes y de mujeres.
Y de mujeres no solamente por consumo sino también por transporte y revisar el tipo de transporte que realizaban porque en la frontera norte del país el 80 por ciento de las mujeres internas en los centros de reclusión están por el transporte de drogas, de cualquier tipo de drogas.
Al mismo tiempo hay consenso en que tienen que fortalecerse programas de política pública que fortalezcan las campañas de prevención de la información del daño, en las implicaciones que implica el consumo de las drogas, pero también una campaña educativa para desestigmatizar a los usuarios y al mismo tiempo fortalecer las tareas de atención a adicciones, que es uno de los asuntos que se han abordado en estas discusiones pero que no hay una política pública integral para hacer lo propio.
Y el tema polémico, evidentemente está todo en torno a los derechos humanos, si el libre desarrollo de la personalidad quienes consideramos que éste debe ser uno de los pilares de la nueva política de drogas, creemos que este es un derecho humano irrenunciable y la propia Corte así lo ha establecido para que pueda autorizarse la producción para autoconsumo o la formación de clubes de usuarios. Creo que son los temas que han estado sobre la mesa.
Lo que nada más quiero destacar como conclusión, es que cualquier medida que adoptemos en el Congreso, debe de partir del principio de que es una solución integral y no hacer una regulación en etapas o pedacitos; sino que veamos el conjunto del problema para que podamos abordarlo.
Si nos quedamos únicamente en el tema de la política de salud, el problema de salud pública y no atendemos también el derecho humano; creo que vamos a tener una resolución sumamente frágil que seguirá alentando la existencia de mercados ilícitos, en beneficio de la delincuencia organizada.
Yo voy a dejar mi aportación, les voy a hacer llegar un librito que acabamos de sacar sobre las implicaciones en materia de seguridad de las drogas en nuestro país, porque no se va a resolver el problema de la delincuencia organizada reglamentando o regulando el uso de las drogas, ya se diversificaron a otro tipo de actividades delictivas, incluso algunas ocasiones más rentables que el trasiego de drogas; pero creo que lo importante es que nosotros tengamos una visión integral para que las reformas legales, la regulación que se establezca atiendan todo el espectro de los problemas en este tema y no sólo una de las partes.
Gracias.
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Muchas gracias, senador Alejandro Encinas.
Vamos a pasar a nuestra penúltima ponencia, el cual agradezco al licenciado Graco Ramírez Garrido, gobernador constitucional del estado de Morelos, que esté con nosotros y será nuestro ponente.
El licenciado Ramírez es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador del Partido Socialista de los Trabajadores. En tres ocasiones ha sido diputado federal, apenas a los 26 años fue la primera ocasión en que fue diputado electo.
En 1996 también participó en la conformación de la reforma política que logró el IFE. Durante su gestión como senador, en el año 2006, Graco impulsó importantes leyes, entre las que se refieren las candidaturas independientes, la iniciativa y la consulta ciudadana, la más reciente es el paquete de reformas de infancia segura, con la cual se penalizará cualquier forma de maltrato físico y psicológico en contra de menores; así como la creación de la Fiscalía Especializada en Delito contra los Menores.
Fue designado candidato de Movimiento Progresista al gobierno del estado de Morelos y fue electo gobernador del estado en el año 2012.
Muchas gracias por su participación, señor gobernador.
(SIGUE TERCERA PARTE)
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