Versión estenográfica del Seminario para Promover la Integridad y Evadir la Corrupción: Perspectivas Comparadas desde los Países de la OCDE, celebrado en el Senado de la República.
(Tercera parte y final)
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Damos paso al tercer panel, invitando al senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de esta mesa plural de trabajo, para que dirija los trabajos de esta tercera sesión.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio tan importante y tan significado, por supuesto, para la perspectiva pública y privada también del conjunto del Estado Mexicano.
Muchas gracias a la senadora Cristina Díaz, la senadora Laura Rojas, a mi compañero, el senador Ríos Piter.
A manera de dar un contexto general en esta parte, permítanme compartirles lo que desde hace mucho tiempo ha sido una reafirmación reiterada: el Estado no es sino la sociedad políticamente organizada, es decir, somos todos, sin excepción.
Todos formamos, en una u otra función, parte del Estado y el Estado contemporáneo es, ante todo, un ente de cultura; el Estado contemporáneo es un producto cultural de evolución y de transformaciones, de afirmaciones, de negaciones, de nuevas afirmaciones.
En esta parte, en esta tercera ronda denominada “Haciendo que al reforma e integridad y anticorrupción sea una realidad, factores políticos de éxito en países de la OCDE” y como ustedes ven se habla de haciendo, es decir, en gerundio, estamos haciendo.
Y efectivamente, el congreso, el Senado de la República, Cámara de Diputados, congresos de los estados, la pluralidad de partidos que comparten este escenario congregacional, resolvieron una reforma constitucional.
Una reforma constitucional que comprende, vía reforma o vía adición, 14 artículos constitucionales para el diseño de un sistema. No es un órgano, no es un funcionario, sino todo un sistema, es decir, una estructura gubernamental en sus tres órdenes de gobierno y por supuesto ahora también con una incorporación que alcanza al componente social.
Necesitamos profundizar, en nuestra opinión, los aspectos técnicos de la experiencia internacional para fomentar un servicio público apegado a la ley, como una forma de prevenir adecuadamente y evitar la corrupción.
El punto número uno será prevención en materia de anticorrupción. El requerimiento para afirmar y reafirmar políticas públicas para prevenir este fenómeno de la corrupción, insisto, como una tarea de Estado. Esto implica perfeccionamiento de instituciones, coordinación de instituciones, tres órdenes, tres poderes y conjunto de la sociedad, esto es fundamental: conjunto de la sociedad en cada uno de sus componentes.
Requerimiento para que a partir de la reforma constitucional podamos trazar un camino virtuoso que coordine integralmente todos y cada uno de los componentes que se involucran en este escenario.
Y el sistema anticorrupción debe llevarnos como conjunto social, yo diría a alcanzar un modo de ser, una forma de conducta inherente, que probablemente parta de la educación, de la formación más elemental, sin detrimento de toda la estructura institucional y todo el diseño constitucional.
Bajo ese brevísimo comentario me permitiría solicitar la participación del doctor David Arellano. El doctor David Arellano Gault es doctor en administración pública por la Universidad de Colorado, profesor investigador y actual director de la División de Administración Pública del CIDE, del que fue Subsecretario Académico.
Sus temas de investigación rondan en los temas de organizaciones gubernamentales, sus procesos de cambio y reforma y la variable organizacional en las políticas públicas.
Es Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
Muchas gracias, doctor, adelante.
DOCTOR DAVID ARELLANO GAULT: Al contrario, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Voy a tratar de ser breve en la reflexión. Voy a plantear dos temas aparentemente distintos, pero relacionados justamente con el tema de implementación que se ha tocado en varios momentos de la discusión.
Sin ligar a dudas que los retos que tenemos con esta iniciativa muy bienvenida del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas que se relacionan, nos llevan a un montón de retos y un montón de problemas de los cuales sinceramente creo que estamos muy mal preparados para enfrentar en el corto y en el mediano plazo.
Creo que es muy probable que nos vayamos a frustrar bastante los próximos años al respecto y vamos a tener que aprender en el camino, porque los retos son muy grandes.
Voy a poner solamente uno en particular, un reto técnico en particular y luego voy a hablar de un reto más grande que tiene que ver con la cultura y el entrenamiento en las organizaciones.
Creo que hay un montón de retos, pero para poner solamente un ejemplo, voy a hablar sobre el reto de la transformación del control interno a nivel federal, ni siquiera me voy a meter a nivel de los estados en particular, me voy a meter al dilema y al reto que tenemos en control interno a nivel federal.
En realidad el control interno en las prácticas internacionales no es ene stricto sentido un mecanismo anticorrupción; es un mecanismo de control que tiene como principal función el desarrollo y la mejora de la organización para el logro de sus objetivos.
Eso es lo que dice la práctica internacional.
Y claro, es a través de ciertos controles que se puede alcanzar este aseguramiento o incremento de la probabilidad de que las organizaciones logren sus resultados.
Como sabemos, en nuestro país llevamos ya una buena experiencia con los organismos internos de control a nivel de la Federación y sabemos que esta realidad todavía está muy lejos de ser cierta.
Los organismos internos de control a nivel federal han sido pensados, y siguen siendo pensados todavía como un mecanismo anticorrupción y sus instrumentos y sus capacidades no están diseñadas para ser un mecanismo anticorrupción.
Entonces tenemos ahí un tremendo reto, porque tenemos una cultura, digamos, de persecución de la corrupción a través de organismos internos que no tienen los instrumentos y que tampoco hace control interno en estricto sentido.
¿Por qué no lo hace? Porque el control interno no es responsabilidad solamente de un organismo, no es responsabilidad del órgano interno de control, por sí solo desarrollar el control interno.
El control interno es responsabilidad integral de la organización a partir de su mecanismo de gobernanza.
En otras palabras: el órgano interno de control es alguien que ayuda, es un experto técnico que ayuda al desarrollo del control interno y es responsabilidad del directivo de la organización, pero también del mecanismo de gobernanza de la organización desarrollar integralmente esta capacidad.
Digamos que en términos lógicos, aquí tenemos un primer dilema organizacional importante, que es necesitamos transformar fuertemente y rápidamente a los órganos internos de control, pero no solamente a los órganos internos de control sino la dinámica que los órganos internos de control tienen con toda la organización, porque el control interno es responsabilidad de toda la organización.
¿Qué es lo que hace el control interno? El control interno, en efecto, vigila a través de cuestiones financieras, operativas y organizacionales que se estén cumpliendo ciertos parámetros, estándares o regulaciones.
Al encontrar que hay distancia de entre éstos y la visión estratégica de la organización, genera una idea de advertencia, digamos.
Le advierte a la organización que está corriendo una serie de riesgos para el fallido logro, para el no logro de sus objetivos y entonces la organización tiene que actuar al respecto y el órgano interno tiene que desarrollar mecanismos para la mejora de esos controles, siempre con la misión de que la última lógica del órgano interno de control y del control interno como tal es la mejora de las acciones de la organización, no atar de manos a los servidores públicos a partir del pánico de que sean atrapados en minucias administrativas, a través de las cuales van a ser castigados.
Ahí tenemos un reto técnico muy importante porque necesitamos reconsiderar lo que es el control interno, los órganos internos de control y la responsabilidad que tienen las organizaciones, los directivos y sus mecanismos de gobernanza para el logro de los objetivos de la organización.
Esta dualidad creo que no la hemos discutido lo suficiente. La idea de que estamos en uno de los peores retos que necesitamos en México, uno de los peores retos es que necesitamos combatir la corrupción y al mismo tiempo hacer más eficientes a la administración pública.
¿Cómo lograr estas dos cosas al mismo tiempo? Es una de las cuestiones que más debemos de debatir, creo yo, porque al final de cuentas están íntimamente relacionadas.
Luchar contra la corrupción a partir de un sistema que vaya a acabar atando las manos para que ningún servidor público pueda tomar decisiones, o para que ninguna organización gubernamental logre sus objetivos, podríamos estar fallando el objetivo final que nos estábamos proponiendo.
Transformar a los órganos internos de control y generar técnicamente su capacidad para que realicen esto es una cuestión muy importante.
Pero el segundo dilema que está relacionado con el control interno es que en efecto el control interno puede levantar banderas para advertir que hay posibles actos de corrupción.
Tal como está pensado, el sistema nacional anticorrupción, puede levantar esta bandera y tendrá que definirse si es grave o no es grave, y si es grave tendrá que entrar en un proceso de investigación.
Ese otro reto, el proceso de investigación pienso yo que estamos en pañales.
El doctor Loo ya habló sobre la auditoría forense, que es uno de los instrumentos más sofisticados que se tienen para la persecución del fraude.
En México tenemos una muy baja capacidad todavía; no tenemos suficientes expertos y no tenemos los mecanismos de certificación de estos expertos y de estas instancias que van a desarrollar la investigación.
Este reto de certificación y capacitación de los auditores del control interno y capacitación y certificación de la investigación, es una de los pendientes que tenemos en el país.
Una vez que la ley y las leyes específicas se aprueben, nos vamos a enfrentar con estos retos de implementación a una velocidad muy rápida sin lugar a dudas, porque no tenemos la capacidad de implementar estos elementos.
Por último, digamos, esto nada más lo he planteado como dos ejemplos muy concretos de retos técnicos concretos de implementación que vamos a enfrentar a una velocidad muy rápida y sobre los cuales sin lugar a duda, nos vamos a encontrar que tenemos muy baja capacidad para enfrentar.
Vamos a tener que aprender muy rápidamente y apoyarnos en certificadores externos, internacionales, en todas estas actividades, tanto en el control interno como en auditoría forense a alta velocidad.
Esto va a requerir de muchos recursos, ya se dijo, y de mucha paciencia sin lugar a dudas.
Por último, quisiera yo dejar una última reflexión, para terminar, que sería también desde la visión organizacional, habría que plantearse la idea de que no solamente tenemos un sistema desarticulado como es el diagnóstico, que el sistema anticorrupción generó, que yo creo que es un diagnóstico correcto.
Pero creo yo que también tenemos un dilema cultural organizacional muy fuerte.
Para resumirlo en pocas palabras, yo diría que la corrupción se ha hecho normal en México, se ha normalizado.
¿Qué significa la corrupción normalizada? Significa que las propias actividades de la organización y las propias reglas y rutinas de la organización han hecho a la actividad de la corrupción, una actividad normal, una actividad que incluso los servidores públicos, los ciudadanos, los servidores públicos de la calle, no dudo que los políticos en muchos casos han caído en esta lógica.
Hay un grupo de estudios muy interesante al respecto del porcentaje de gente que está en la cárcel por corrupción y que niega que sabía o que había cometido un acto de corrupción es muy alta.
Es decir, la gente que comete actos de corrupción tiende a pensar, tiene a aducir, tiende a normalizar que no estaba cometiendo ningún acto anormal; que estaba simplemente siguiendo órdenes o la rutina, o estaba siguiendo –digamos– los parámetros que la organización misma le había dado.
En otras palabras, no nada más estamos persiguiendo gente que quiere cometer delitos; también puede ser que estemos persiguiendo gente que no sabe que está comiendo delitos. Puede ser que estemos persiguiendo organizaciones que no saben que sus propias rutinas están generando la lógica de la corrupción. Y que esa lógica normalizada de la corrupción va a requerir –ya lo dijo también el doctor Loo– de mucho entrenamiento y de mucha paciencia en términos de implementación para no solamente observar el fenómeno como una batalla de buenos contra malos como una batalla de los corruptos contra los no corruptos, sino en realidad entender que la corrupción se ha introducido en la dinámica organizacional, en la dinámica ciudadana y se ha hecho normal.
Cuando la corrupción se haga indeseable en los ciudadanos, en las empresas y en las organizaciones gubernamentales, entonces es que podremos haber ganado esta batalla pero estamos muy lejos de eso, porque en realidad más allá de un concepto muy básico de cultura de la corrupción, creo yo que es más complejo que eso.
Hemos hecho normal a la corrupción en la vida cotidiana de los ciudadanos, las empresas y las organizaciones. Batallar contra eso, va a requerir de muchas cosas; de mucha paciencia y de muchos recursos.
Aquí termino. Gracias.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchísimas gracias al señor doctor David Arellano Gault, aportaciones por demás interesantes que muchísimo agradecemos.
Y le solicitamos atentamente ahora su participación al doctor Jacobo Pastor García Villarreal.
El doctor García Villarreal es Especialista Senior en la División de Integridad del Sector Público de la OCDE, en donde participa en la revisión de adquisiciones de PEMEX y es coordinador local de revisión de gobernanza y adquisiciones del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Anteriormente, trabajó como Especialista en Reformas Regulatorias de la OCDE.
En el sector público fue Coordinador de Asesores del gobernador de Coahuila; asesor del Secretario de la Función Pública; y desempeñó diversas funciones en la Secretaría de Economía.
Es autor de publicaciones acerca de gobernanza, reforma regulatoria e integridad en Chile, Colombia, México y España.
Ha sido profesor en las universidades estatales de Coahuila e Hidalgo, y en el Tecnológico de Monterrey.
Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una maestría en Administración Pública por el Carnegie Mellon y otra por la Universidad de Harvard.
Adelante, doctor.
DOCTOR JACOBO PASTOR GARCÍA VILLARREAL: Gracias, senador. Y gracias a todos los senadores por su hospitalidad en este evento, y a la senadora Cristina Díaz por la iniciativa de organizar este evento.
Me voy a concentrar mucho en mi intervención, en este tema de hacer posible la reforma.
La OCDE desde el 2007, aproximadamente, ha seguido una serie de reformas en sus países miembros en diferentes materias, hay que decirlo: Competencia, por ejemplo; reformas laborales, pero reformas también que tocan la operación y la organización gubernamental, y hemos identificado en todos esos casos, en todas esas experiencias algunos obstáculos comunes y algunas herramientas que pueden ayudar a solventar esos obstáculos.
Ya se ha hablado aquí mucho de que las reformas no buscan solamente, o no es su objetivo final, el emitir una regulación o el cambiar una ley, sino en el caso de la administración pública obviamente el modificar el comportamiento, las conductas de los servidores públicos hacia un estándar deseado.
Y si no logramos eso, pues el espíritu de las reformas no se concretiza, no se realiza en los resultados que buscamos.
Como introducción, es importante destacar que la capacidad de reforma de un país le puede dar ventajas comparativas.
Obviamente la corrupción, se ha hablado también aquí, no es un fenómeno que se presente únicamente en un país. Es un fenómeno que se presenta en todos lados; es un fenómeno internacional.
Y en la medida en que los gobiernos logran reformarse, logran atacar este problema por medio de herramientas de gestión y herramientas normativas, generan un buen gobierno; y un buen gobierno lo pudiéramos considerar como un bien público, dado que mi disfrute de un buen gobierno no exime a los demás ciudadanos de que también se beneficien de este buen gobierno, que es la definición típica de un bien público.
Hay que destacar también que en ocasiones las reformas se detonan por crisis, pero hay que tener cuidado porque esto puede ser un arma de dos filos.
Por un lado, puede acelerar el proceso de reformas, pero también puede detenerlo. Y esto es común, por ejemplo, en reformas que toman algo de tiempo para materializarse. Si los resultados no se presentan con la velocidad esperada, puede haber esfuerzos por volver al estatus anterior.
Y también un gobierno ágil es un gobierno eficiente, es un gobierno equitativo y es un gobierno visionario; y estas tres características, si lo pensamos, se ven mermadas por la corrupción.
En eficiencia, pues bueno, porque evidentemente la corrupción implica el despilfarro de recursos públicos. Equitativo, porque también al distribuirse los recursos públicos de una manera irregular, no se accede a una mejor calidad de vida de los ciudadanos y deja de ser visionario, porque obviamente un gobierno donde impera la corrupción no está actuando en torno al interés público.
¿Por qué las reformas pueden ser tan difíciles?
Ya les decía, la OCDE ha observado diversos casos y bueno, en primer lugar porque comúnmente las agendas públicas están saturadas. Hay muchos temas, hay muchas reformas qué hacer y hay que priorizar y no siempre se le da a estos temas la amplitud y la atención que buscaríamos.
También por el número de actores que participan en estas reformas y que requieren de mecanismos de coordinación, coordinación entre poderes de gobierno, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial; entre órdenes de gobierno a nivel central, los niveles subnacionales, con órganos autónomos, etcétera.
También son muy difíciles porque pueden llevar al rediseño de las instituciones y de cómo funcionan las mismas, y a la vez del rediseño puede haber un costo de oportunidad para el ciudadano o para los funcionarios en poder asimilar cómo van a funcionar las instituciones una vez que las reformas se materialicen.
También es común ver que en las instituciones públicas hay inercias, hay rigideces y hay una capacidad limitada de adaptación. Además, las estructuras de gobernanza, si lo pensamos, reflejan también acuerdos y negociaciones entre diferentes actores y estos acuerdos son en ocasiones difíciles de romper o de salirse de estas limitantes; además de los propios criterios y de las propias limitantes establecidas por el sistema constitucional de un país.
Los desafíos a los que observamos que se enfrentan las reformas:
En primer lugar, la complejidad administrativa, los órganos burocráticos son complejos, son vastos y tenemos que entenderlos para poder implementar cabalmente una reforma.
Está el problema de la secuencia, es decir, por dónde vamos a empezar, qué elementos de la reforma vamos a implementar en principio y cuáles vendrán después.
Es importante mencionar además que es difícil desarrollar un expertise o podemos llamarle un know how de cómo llevar adelante la reforma y esto es así porque las circunstancias de cada reforma son distintas.
Además, puede ser un gran desafío cuando no hay una demanda social por la reforma, y esto es común en reformas que tocan a la Administración Pública, que haya poco nivel de interés y de participación de la sociedad civil. Creo, afortunadamente, que no es el caso del tema del sistema anticorrupción en México; hay un debate público y hay una serie de organismos, lo mencionaba el profesor Merino, que se han pronunciado. Podemos estar acuerdo o en desacuerdo, pero están participando y están emitiendo opiniones, y eso es valioso.
Está también la resistencia al cambio y aprender nuevas formas de funcionar por parte de los servidores públicos, y el dilema que llamamos de reformar al reformador; ¿qué quiere decir esto?
Son los mismos gobiernos quienes gestionan las reformas a sus propias estructuras y esto puede ir en detrimento de ciertos factores internos del gobierno, que van a bloquear la posibilidad de implementar una reforma. Esto por el lado de los retos.
Por el lado, digamos, de las lecciones o de los factores que pueden ayudar a llevar adelante la reforma, tenemos obviamente la estabilidad, la claridad y la autoridad, es decir, que la sociedad sepa muy bien quiénes están tomando las decisiones, dónde se toman y que al menos tenga alguna idea de la justificación de la reforma.
Obviamente ayuda muchísimo que las instituciones, que los líderes políticos tengan la confianza ciudadana. Este es un tema que no es privativo de México; a raíz de la crisis financiera hemos visto una merma importante en la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, en el promedio de los países de la OCDE esto se materializó de manera muy pronunciada y por lo tanto es un reto importante.
Las evaluaciones que tengamos, evaluaciones transparentes, por ejemplo por medio de órganos autónomos, de defensores de los derechos de los ciudadanos, en algunos países se les llama ombudsman u órganos autónomos que puedan decir si las reformas que llevamos a cabo están funcionando y si no, ¿qué ajustes es necesario llevar a cabo?
Y en estos estudios que hemos realizado, en estas observaciones de las diferentes reformas en países OCDE, observamos tres etapas y en cada una de ellas hay ciertos retos y hay también ciertas herramientas que podemos utilizar para sobrepasar esos retos.
Hay que ser cautelosos, es decir, esas etapas no necesariamente están bien delimitadas ni se presentan de una forma estructural y secuencial; pero es útil pensarlas de esa manera para desarrollar una estrategia que lleve al logro de los objetivos de las reformas.
En primer lugar está la planeación, donde se establecen los fundamentos, los objetivos y las motivaciones de las reformas.
En segundo, que es el tema que toca esta mesa, es la implementación, que tiene que ver con que los servidores públicos o quienes tienen que hacer valer esa reforma, desarrollen la propiedad sobre la misma, se adueñen de esa reforma.
Y en tercer lugar, el sostenimiento o la sustentabilidad de la reforma, para evitar retrocesos como resultado de la falta de compromiso político o de cambios de administración, que esto también lo hemos visto.
En la planeación, algunas de las herramientas que nos pueden servir es el contar con una hoja de ruta, un mapeo de los actores involucrados y cuáles son sus intereses.
Desde luego, hablábamos que en ocasiones el interés de la ciudadanía es bajo, bueno, esto es algo sobre lo que se tiene que trabajar; este tipo de eventos desde luego nos ayudan a poner el tema de la lucha contra la corrupción en la agenda pública y hacer que estas reformas se vuelvan una demanda social.
Los conocimientos independientes, un debate abierto considerando los diferentes puntos de vista, siendo inclusivos en las discusiones desde luego también nos ayudan; y comunicar la necesidad de la reforma, de manera que la ciudadanía entienda por qué estamos poniendo énfasis en estos temas.
En la implementación, bueno, se requiere sobre todo el punto principal que es un compromiso político muy fuerte del más alto nivel y esto es importante, porque si no se tiene este compromiso político, va a haber grupos, va a haber actores que se van a organizar y se van a movilizar en contra de la reforma y va a serles más fácil lograr que se detenga o se dé un retroceso.
Como ya decíamos, en la implementación lo que buscamos principalmente es cambiar comportamientos y la cultura administrativa, no sólo las leyes o las regulaciones.
En ocasiones hemos visto que en la experiencia de los países se crean organizaciones o entidades independientes para llevar a cabo una reforma. Esto también lo hemos visto en México, por ejemplo todo el tema de acceso a la información dio lugar a la creación de un instituto, que es el garante del derecho de acceso a la información; entonces es un ejemplo que ilustra este punto.
El liderazgo, que va de la mano con el compromiso político.
El siempre ser inclusivos y tomar en cuenta los puntos de vista de los servidores públicos; finalmente ellos van a tener un rol principalísimo en la ejecución y en la implementación de las reformas, por lo que es importante tomar en cuenta sus opiniones.
Se ha hablado también del desarrollo de capital humano, el entrenamiento y la capacitación.
En ocasiones puede ser útil el empaquetar reformas complementarias que resalten los beneficios para los actores que puedan tener alguna oposición a la reforma. Yo pensaría, por ejemplo, que en este caso una ley que quizá pudiera considerarse o empaquetarse dentro de este tema anticorrupción puede ser también la Ley del Servicio de Carrera, que también está por ahí pendiente, que tiene temas donde se puede mejorar y que pudiera representar incentivos para los servidores públicos para participar de lleno en el sistema anticorrupción.
Y finalmente el tema del sostenimiento, es decir, la aplicación a través del tiempo de la reforma, y para esto, una de las herramientas por excelencia son las instituciones, porque no podemos dejar las reformas en manos de un liderazgo individual, finalmente las reformas –como ya dijimos– toman tiempo en materializarse, seguramente habrá cambios de gobierno, cambios de líderes políticos, cambios en las instituciones y por ello es necesario que las reformas se institucionalicen y no queden sólo en el liderazgo o en la conducción de una persona.
Estas instituciones suelen ser permanentes y tienen un mandato único, que es precisamente vigilar la implementación de la reforma. Me viene a la mente un caso en España, que hace dos años emitieron un paquete de reformas que llaman la CORA, la Comisión para la Reforma de la Administración Pública. Y dentro de este contexto, se creó una unidad dentro de la Unidad de la Presidencia, con el mandato único de dar seguimiento a ese paquete de reformas.
Y además, entrando al segundo punto que es la evaluación prepara los indicadores para ver cómo va progresando la reforma y son públicos.
Es muy importante eso, son accesibles desde cualquier portal de internet y el ciudadano puede estar enterado de cómo va avanzando la reforma y tiene también un canal de retroalimentación que permita la adaptación de las reformas.
En concreto y ya para cerrar, de nuevo el punto es que no basta con generar leyes, no basta con generar reformas normativas, sino que también es muy importante generar los incentivos para que la reforma se materialice en un cambio en la cultura en la iniciativa de los servidores públicos.
Muchas gracias.
INTERVENCIÓN: Con la venia de nuestra presidenta, doña Cristina Díaz Salazar, suplo brevemente a Enrique Burgos García, quien ha tenido que ausentarse unos momentos, para agradecer al maestro Jacobo Pastor García Villarreal su interesante exposición en el meollo de esta mesa de trabajo, al hablarnos de las dificultades de la implementación de una reforma en materia anticorrupción con las fases de la planeación, la implementación y la sustentabilidad.
Muchas gracias por su intervención, maestro García Villarreal.
Procedo a presentar al maestro Jorge Pulido Vázquez, quien tiene licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho y maestría en Gobierno de la Universidad de Harvard y actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.
El maestro Pulido Vázquez tiene una amplia experiencia en la administración pública federal, donde ha sido subprocurador federal de Asuntos Foráneos en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; secretario de Asuntos Jurídicos y luego secretario general del INFONAVIT y también ha ejercido la práctica profesional de manera independiente.
Le damos la palabra al maestro Jorge Pulido Vázquez.
MAESTRO JORGE PULIDO VÁZQUEZ: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación que han hecho a la Secretaría de la Función Pública este Senado de la República, para abordar en este seminario, junto con la OCDE un tema central, un tema toral, como es la integridad y el combate a la corrupción.
Creo que es muy importante hacer ver que el país ha entrado en una ruta para dar una frontal batalla a este tema. Obviamente no todo es ver un lado y quiero decir esto la administración pública federal en el sentido de que la administración pública federal ha expedido una serie de acuerdos y una serie de acciones iniciales, pero obviamente todo esto parte del Sistema nacional Anticorrupción.
Creemos que con este sistema, con esta reforma constitucional para llevar a cabo el Sistema Nacional Anticorrupción y con la reforma anterior, de transparencia, tenemos dos pies muy fuertes para seguir adelante en esta lucha.
Lo que pasa en la administración pública federal es que tiene que hacer una serie de cambios, unos que puede hacer vía acuerdos, vía el Ejecutivo Federal, como son estas ocho acciones que desde febrero de este año se han estado implementando.
Ya hemos oídos en algunas intervenciones que uno de los temas fundamentales es el conflicto de intereses. Es por eso que la primera acción que salió fue que en la declaración patrimonial que ya existía se ha adjuntado una de conflicto de intereses.
Obviamente esto se ha ido y se va a estar mejorando, implementando gracias a los comentarios, pero también a las sugerencias que el Poder Legislativo, así como el Poder Ejecutivo y con las pláticas con la OCDE para que podamos mejorar esto.
Segundo, creo que una de las acciones más importantes es la creación de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
Ésta, seguramente será una realidad en los próximos días cuando salga el nuevo reglamento de la Secretaría de la Función Pública, una entidad que tendrá la función primordial de estar monitoreando todos los conceptos que se tengan que desarrollar en materia de ética y prevención de conflictos.
Esto logrará que el gobierno federal, de forma transversal, tenga lineamientos claros y generales para esto.
Junto con esto, hace algunas semanas se publicó en el Diario Oficial las reglas de integridad.
Estas reglas de integridad hacen un catálogo de qué debe ser el servidor público para crear una certeza y confianza en la ciudadanía de lo que hace diariamente.
Hay un tema que es fundamental, que es tener la confianza de la población y la única manera de hacerlo es primeramente, atender las demandas y cumplirlas cabalmente.
Solamente haciendo una labor diaria, permanente y demostrando de que el servidor público es un personaje que está trabajando en función de la ciudadanía, será la única manera de lograr tener esta confianza.
Es por ello de que el código de ética en cada una de las dependencias y secretarías de Estado que están formándose para que sea una revisión de la labor de los trabajadores de los servidores públicos en cada una de ellas.
Obviamente, dentro de estas acciones también entra otro que es muy importante, que es el protocolo de actuación de los servidores públicos en las contrataciones públicas.
Todo esto, lo que se ha buscado es de que haya una mayor certeza y seguridad de que cuando haya una proceso de los servidores públicos en una licitación o en alguna compra, es muy importante que el particular como el gobierno sepan que hay verdaderamente una supervisión, pero también que hay reglas firmes para ello.
Ya esto se complementa con una lista que se publica y que está en Internet, que son todos los funcionarios, todos los servidores públicos que podrán intervenir en estos casos.
Eso quiere decir también que solamente con ellos se pueden tratar este tipo de temas. Y los temas obviamente tienen contrapesos.
Por otro lado, también tenemos la Ventanilla Única Nacional. Con esto trataremos de tener mayor claridad, transparencia y menor discrecionalidad.
Esto es simplemente una línea más de lo que es un gobierno abierto, teniendo, como se dijo anteriormente, teniendo transparencia en lo que se hace en el deber y el deber hacer.
Por otro lado, siempre creemos que es importante tener una relación muy importante tanto con el sector privado y con los organismos civiles de la sociedad.
Tendremos que tener convenios y tendremos que adjuntar con ellos los trabajos que queramos hacer.
No podemos trabajar solos y esto nos llevará a buscar un tema, que es un tema central no nada más con nosotros sino también un tema central en la OCDE, que es la confianza.
Tendremos que medirlos. Yo creo que todo lo que estamos haciendo tiene que tener medición.
Cuando nosotros podamos medir cómo lo estamos haciendo, tendremos una mejor respuesta.
Yo quisiera nada más regresar a dos temas importantes: el Sistema Nacional de Anticorrupción.
La Secretaría de la Función Pública es parte de este gran sistema. La gran novedad, creo yo, es la participación de todos, pero sobre todo de la sociedad civil.
Es por eso que es importante que participen y que estén junto con el gobierno participando en todas las acciones.
Así lo podemos ver que en muchas licitaciones desde hace tiempo hay observadores de la sociedad civil en esos procesos, que no nada más participa o acompañan, sino que también hacen propuestas de hecho.
Todo esto nos lleva también a que hay una reforma que pareció muy importante, yo creo que tiene la máxima importancia, como lo dijo el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Es de que ahora la Secretaría de la Función Pública está esperando de cómo vienen las propuestas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque ahí se tiene que calificar algo que es sumamente importante: cuáles son las faltas graves y las faltas no graves.
Como sabemos, las faltas no graves van a ser ahora juzgadas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El paso que se dio de que no fuera la Secretaría de la Función Pública que viera estos casos sino un tribunal autónomo, de plena jurisdicción, le da una certeza a ese procedimiento.
Lo importante hoy es calificar cuáles son graves y cuáles no son graves, y también la forma en que la Secretaría de la Función Pública va a trabajar como si fuese un fiscal en presentar estos casos ante el propio Tribunal. Creemos que ese es un paso sumamente importante.
De lo que hemos oído en este seminario, creemos que el gobierno federal ha tomado muchas de las mejores prácticas que en otros países del extranjero lo han hecho, igual con la OCDE, de las recomendaciones de tomar los caminos correctos para poder implementar una lucha frontal contra la anticorrupción y buscar la integridad.
Creemos que los pasos dados en estas 8 acciones han sido certeros, obviamente tienen que implementarse –y eso es lo que estamos diciendo el día de hoy-, es que las implementaciones no son de un día para otro, sino son a través de trabajo constante y permanente, no solamente con las modificaciones legales o reglamentarias, sino que el servidor público tendrá que adaptarse, igual que el sector privado, a ellos y cumplir cabalmente cada una de estas reglas.
El trabajo conjunto entre los que somos parte del sistema nacional anticorrupción, es una de las partes fundamentales: la coordinación y el trabajo en conjunto.
¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una parte que será reflejada en los éxitos o en la falta de implementación de estas medidas.
Creemos que el tiempo nos dará la razón, pero tenemos que avanzar de prisa ya que eso es una exigencia que no tiene la sociedad en este momento.
Creemos que los pasos siguiente son, como estaba diciendo Jacobo hace unos momentos, es que estas implementaciones, la instrumentación de estas medidas, sean de tal manera fuertes y que se adapten a la sociedad mexicana para seguir adelante y poder cumplir con ello, una de las aspiraciones más importantes: Tener un gobierno transparente, eficiente y eficaz.
Muchas gracias.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA Muchísimas gracias al licenciado Jorge Pulido Vázquez, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.
Tomamos nota de sus señalamientos interesantes. Un proceso que tenía antecedentes pero que hay que darle continuidad y profundidad.
La confianza en el servidor público, el código de ética como un componente muy relevante, la ventanilla única, un esquema nacional, un gobierno abierto, el tema de la transparencia, que ha sido recurrente.
Acuerdos y entendimientos con la sociedad civil y su participación indispensable y fundamental en estas tareas, certeza en los órganos tanto jurisdiccionales como administrativos que forman parte de este sistema, y por supuesto un trabajo en conjunto, entre otras cosas.
Muchas gracias al licenciado Pulido.
Tenemos ahora participación de don Víctor Manuel Andrade Martínez.
Don Víctor Manuel Andrade Martínez es abogado, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Cuenta con 14 años de experiencia en la Auditoría Superior de la Federación, donde ha ocupado diversos cargos en el área jurídica.
Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Adelante don Víctor Manuel.
Muchas gracias.
LICENCIADO VÍCTOR MANUEL ANDRADE MARTÍNEZ: Muchas gracias señor senador Enrique Burgos.
Con el permiso de las señoras y señores senadores.
Buenas tardes a todos.
Para la Auditoría Superior de la Federación es un privilegio el poder estar en este seminario y agradece la oportunidad de compartir la posición de nuestra institución.
El momento que vivimos, está marcado por la confluencia de dos corrientes:
Aquella que busca atender la demanda social por contar con un sector público más cercano y que genere confianza, y la integrada por la voluntad de los actores políticos de reconocer que es necesario modificar la imagen del funcionario y del aparato gubernamental en su conjunto, para establecer un vínculo diferente con la sociedad.
Es innegable que la problemática que nuestro país enfrenta en la materia, es resultado de un proceso en el que la totalidad de la sociedad por acción, por omisión o por permisividad, ha participado.
Es por ello que desde el punto de vista de las instituciones, es preciso identificar a la corrupción como un problema estructural y no como un asunto casuístico.
La corrupción, requiere de la existencia de una voluntad que, ante distintas alternativas de manejo, accede a llevar a cabo determinado acto. Sin embargo, la existencia de un entorno que facilite el hacer esta elección tiene una impronta similar.
El factor volitivo de la persona que decide incurrir en un acto de corrupción, pertenece en mayor medida al ámbito personal. Sin embargo, las instituciones pueden influir sobre el individuo a través de la promoción de valores y del concepto de la integridad.
Simultáneamente corresponde a las instituciones definir una serie de mecanismos de control interno que aseguren un ambiente de control en el que las zonas grises o la discrecionalidad se vean acotadas a través de un marco normativo y de comportamiento muy estricto.
Adicionalmente, es necesario vincular dicho marco con un conjunto de controles que se manejen desde el exterior y que complementen un entorno deseado para inhibir manejos corruptos o elevar su precio hasta hacerlos inviables.
En México, enfrentamos un problema doble.
Por una parte, se siguen registrando casos de corrupción. Por la otra, la respuesta de una parte considerable de la opinión pública ha sido el descrédito de las instituciones.
Estamos en una profunda crisis de credibilidad institucional en nuestro país.
Ante esta situación, los poderes Ejecutivo y Legislativo decidieron atacar el problema partiendo de un enfoque sistémico en el que intervengan las autoridades competentes en materia de prevención y sanción a la corrupción en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal.
El objetivo es definir una estrategia operativa que permita, a través de la coordinación de esfuerzos, del intercambio de información y de la generación de un ambiente de mayor control, dar una respuesta efectiva a esta problemática.
De ahí la importancia de esta reforma y del establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.
Por ello, es factible hablar de un sistema, porque en el mismo se contiene a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a los estados, a los municipios y a los particulares.
Uno de los aspectos fundamentales para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, es la consolidación del ya existente Sistema Nacional de Fiscalización, el que, en términos de la reforma constitucional, se inscribe como un subsistema consolidado y autónomo, pero funcionando como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, de forma tal que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción no se llevarán a cabo de forma aislada o fragmentada sino como un sistema integral, articulado, para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción.
El Sistema Nacional de Fiscalización, surgido a iniciativa de la Auditoría Superior de la Federación desde 2010, antecede en el tiempo al Sistema Nacional Anticorrupción, y representa –como ya lo dijimos– uno de sus principales pilares, puesto que va a abarcar o abarca la totalidad de las autoridades vinculadas con el tema de la Auditoría Gubernamental, herramienta de gran valor en la lucha contra la corrupción.
El Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos gubernamentales de fiscalización y control, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones.
El Sistema Nacional de Fiscalización propone el establecimiento de un ambiente en el que incidan las medidas de control interno implementadas por los entes auditados; la auditoría interna que se lleva a cabo para asegurar una regularidad en los procesos; la promoción del control interno y su correspondiente revisión, así como la auditoría externa en sus distintas modalidades.
Adicionalmente a las medidas vinculadas con la auditoría gubernamental, se propone el impulso a la definición y aplicación de una política de integridad y de un código de ética explícito y coherente; la participación ciudadana en tareas de vigilancia; las medidas para garantizar la transparencia y el acceso a la información.
Existen otros elementos técnicos que coadyuvan de manera importante a combatir la corrupción.
La homogeneización de la información financiera a ser auditada a través de una aplicación estricta de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la especialización y mejora de los cuadros auditores a través de las certificaciones profesionales; la aplicación efectiva de sanciones y hasta la denuncia surgida del interior de los propios entes auditados.
Para cumplir todos estos objetivos, y en general para obtener resultados positivos, debe crearse una infraestructura normativa que rija los intercambios de información entre las instituciones que se ocupan de la auditoría gubernamental; definir los escenarios que exigirán una actuación conjunta de distintas autoridades; coordinar desde su origen los procesos de planeación para evitar duplicidades u omisiones; generar un espíritu de cuerpo entre las distintas instituciones participantes, involucrar a la sociedad de manera activa y proceder con transparencia y con respeto estricto a la legalidad.
Uno de los retos más serios para lograr este cometido, lo constituye la arquitectura legal de las estructuras que rijan la acción combinada de distintas instituciones.
Es preciso contar con un marco normativo preciso que pueda ponderar el impacto de actuar en distintos ámbitos de competencia, las diferencias existentes respecto a plazos y procedimientos o el rezago en cuanto a capacidades y desarrollo administrativo de distintas partes del sistema.
Se hace evidente que ante un problema tan complejo como la corrupción, aplicar medidas casuísticas y aisladas no constituye una alternativa válida. El futuro está en los sistemas ya creados y en la coordinación que se pueda llevar a cabo.
Ahora es necesario que todos los organismos involucrados hagamos conciencia de esta oportunidad que se nos presenta, la de dotar a nuestro país con los instrumentos y mecanismos necesarios para abordar desde una perspectiva sistémica una situación que involucra multicausalidad.
Esto incluye modificaciones legales en los ámbitos federal y local, así como una adecuación de estructuras administrativas, planes de trabajo, metodología, y de hecho de la propia cultura laboral.
El éxito definitivo de este proyecto está en función del adecuado contenido de las leyes secundarias que tendrán que adaptarse o crearse con el fin de hacer operativa la reforma constitucional.
Las necesidades normativas para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere, nos muestran que el nivel de detalle que se deberá abordar en el diseño de los instrumentos jurídicos específicos es sumamente complejo.
Reiteramos, es un tema que involucra tanto lo público como lo privado, por lo que es necesario que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno mantengan una colaboración activa y profesional con la sociedad.
Es claro, en este contexto, que una de las condiciones para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione adecuadamente, es propiciar que la sociedad asuma una actitud de vigilancia; la voluntad de no contribuir al problema y la disposición de denunciar todas aquellas acciones que se separen de la ética pública, la cual debe ser la base de la gestión gubernamental.
De lo que se trata es fomentar que la cultura de la legalidad sirve y nos conviene a todos.
Como Auditoría Superior de la Federación, reiteramos y exhortamos a que las leyes secundarias a que obliga la reforma constitucional y que van a permitir que se materialice el sistema nacional anticorrupción, se construyan con el mayor cuidado y rigor técnico, que se involucre en su construcción a todas las instancias involucradas y que se expidan en el tiempo constitucional establecido. Es decir, a más tardar el 27 de mayo de 2016, poniendo especial importancia en las leyes generales que establece la reforma constitucional, que son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades; así como en las leyes que van a permitir materializar las nuevas funciones que se le otorgan a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Anticorrupción.
La armonización de estas leyes y de todas las demás que sufrirán modificaciones, es esencial para el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Muchas gracias.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchísimas gracias al licenciado Víctor Manuel Andrade Martínez, muy significadas sus aportaciones, identificar a la corrupción como una tarea estructural; dar continuidad y seguimiento a los temas que puedan, deben ser corregidos.
El tema de atemperar, corregir y eliminar la desconfianza institucional, un replanteamiento sustancial vía un sistema nacional anticorrupción; prevenir, detectar, sancionar y fiscalizar; hizo énfasis el doctor Andrade en fiscalizar como un sistema también la participación social; la integralidad en la tarea del combate a la corrupción y por supuesto los pendientes, las leyes generales, las leyes federales, las leyes de los estados para que, efectivamente, nada escape a este sistema.
Con esto concluye esta tercera fase del Seminario para promover la Integralidad y Combatir la Corrupción, Perspectivas comparadas en los países de la OCDE.
Dejamos el tema. La senadora Cristina Díaz.
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias a los panelistas de la sesión tres.
Agradecemos a David Arellano, a Jacobo Pastor García, a Jorge Pulido, a Víctor Manuel Andrade y, sin duda, a nuestro amigo, el senador Enrique Burgos, moderador de las mismas.
Hemos llegado a la parte final, que son los comentarios, y sin duda ha sido una enriquecedora mañana de un Seminario de trabajo, en donde quiero reconocer a esta mesa plural de mis compañeros senadores voluntad y trabajo para abordar los temas.
Agradezco a Pablo Escudero, senador del Partido Verde Ecologista; a la senadora Laura Rojas, del Partido Acción Nacional; al senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática; al senador Alejandro Encinas; al senador Enrique Burgos y a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Partido Revolucionario Institucional.
Dejamos esta parte final. Yo quisiera decirles que me quedo con un concepto muy importante como un valor de la democracia, como un valor de la moral pública, la integridad.
Le cedo esta parte final, primero a Luis De Mello, director adjunto del área de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE; y posteriormente a nuestra amiga, la senadora Laura Rojas Hernández.
DOCTOR LUIS DE MELLO: Muchas gracias, senadora.
Quisiera, muy brevemente, quizá subrayar unos cuatro, cinco puntos que creo fueron destaque de muchas de las discusiones en la mañana; una mañana muy rica, estoy enteramente de acuerdo con usted, senadora, una mañana muy rica de intercambio, de discusiones y para nosotros una oportunidad estupenda de estar aquí con todos ustedes.
Un primer punto sería, a mi juicio, notar la fuerte correlación que hay en la mayoría de los países de la OCDE entre la percepción de la sociedad de lo que es la integridad del gobierno y la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones, en los líderes electos. Entonces, es una correlación muy fuerte entre la percepción de integridad y confianza en las instituciones.
Es un tema, la confianza, que se planteó en esta última sesión, muy claramente, que es muy importante para nosotros. Tenemos un programa de trabajo que hemos lanzado recientemente sobre este tema.
Otro punto importante es el papel de la integridad y de las políticas anticorrupción en salvaguardar los intereses públicos y promover un crecimiento incluyente. Y eso principalmente al asegurar que no hay una influencia indebida por parte de intereses particulares, que pueden llevar al tema de la captura regulatoria de que hablamos durante la mañana.
Al asegurar también que las políticas públicas sean más justas, más efectivas, ya que una mayor transparencia y la eliminación de influencias indebidas dan lugar a políticas que atienden las necesidades ciudadanas. Y también al asegurar que las políticas públicas más efectivas implican un mejor uso de los recursos públicos, evitando el despilfarro.
Quisiera también subrayar un tercer punto, quizá, que es la importancia de definir monitorear, apoyar y hacer valer la integridad y las políticas anticorrupción desde una perspectiva de gobierno completo. Eso también es un tema muy importante para nosotros, estamos cada vez más tratando de estudiar y analizar políticas públicas desde el punto de vista del gobierno completo, lo que se dice en inglés the hole goverment, para en esta óptica de tratar de paquetes de reformas y no necesariamente de elementos de reformas de modo aislado.
Otro punto que nos parece importante, es la imperativa necesidad de políticas claras para implementar códigos de conducta, para prevenir y gestionar conflictos de interés, para proteger a denunciantes de actos de corrupción, para el control interno y auditoría efectivos y basados en riesgo para detectar fraudes y actos de corrupción; temas muy importantes de que se habló hoy en la mañana.
Y por fin, un quinto punto, que es la necesidad de anticipar y mitigar los desafíos de implementación que son comunes en estas reformas de gran calado, incluyendo los relativos a la gobernanza multinivel; incongruencias, falta de recursos, descoordinación, asimetrías de información y tantos otros desafíos que conocemos muy bien.
Creo que estos cuatro, cinco puntos nos parecen al menos, que son realmente importantes en el debate, importantes en las etapas siguientes de legislación aquí en México, ejemplo de tantos otros países de la OCDE.
Y por fin, quisiera agradecer a la senadora Díaz, al Senado de México, a los senadores, senadoras que están aquí, los legisladores, la oportunidad, la invitación y reiterar que estamos muy disponibles y dispuestos a seguir cooperando y trabajando con ustedes para lograr todos esos objetivos que son tan importantes aquí y en los otros países de la OCDE.
Muchas gracias.
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias, senadora Cristina Díaz. Muy buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, disculparme, ya me hicieron favor mis compañeros senadores de hacerlo en la mañana, porque no pude llegar a tiempo por el retraso de un vuelo. Pero en primer lugar, agradecerle a la senadora Cristina Díaz y a la Comisión de Gobernación, por su disposición para haber sumado a la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de la cual tanto el senador Encinas como yo formamos parte, para hacer este Seminario.
Me parece que este Seminario es un ejemplo muy bueno sobre cómo México y no solamente el Foro Ejecutivo, sino el Congreso puede aprovechar la membresía de los organismos internacionales a los que pertenecemos y, específicamente la membresía a la OCDE, que se especializa como todos sabemos, en la recopilación y sistematización de mejores prácticas y que se ponen al servicio, precisamente, de los países que formamos parte de la Organización.
Quiero decir también que este Seminario ha resultado especialmente útil, me parece que hasta nos habíamos tardado en organizarlo, pero finalmente ya se logró; de cara a la aprobación, como se ha dicho durante toda esta mañana, de las leyes generales tanto del Sistema Nacional Anticorrupción, como la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y todo el resto de reformas que se derivarán de la reforma constitucional y que tendrán que ser armonizadas con estas dos leyes generales.
Yo quiero hacer una breve recopilación de las ideas más importantes, por supuesto no se trata de repetir todo lo que ya se ha dicho, pero sí de las ideas más importantes que surgieron de cada panel.
En la mesa uno, me parece que la mayoría de las participaciones giraron en torno a la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción.
Y también decir que en general de los principales puntos que expresaron en los diferentes ponentes en todas las mesas, me quedo bastante tranquila, porque creo que nuestra reforma los contempla; si no todos, me parece que una muy buena parte de estos elementos importantes que se han destacado en esta mañana ya están visualizados en la reforma constitucional y que ahora el reto, sin duda no menor, es poderlos desarrollar de manera adecuada y efectiva en la legislación secundaria.
Por eso, de la mesa uno, reitero la importancia de poder desarrollar de manera efectiva los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones, es decir, hacer realidad, concretar el Sistema Nacional Anticorrupción: Cómo lo vamos a concretar. Eso me pareció la idea más importante.
De la mesa dos, en la que también se hizo mucho énfasis en el tema de integridad como un principio rector de todas las acciones de los servidores públicos.
Por supuesto un tema que también fue transversal en las mesas fue, y principalmente en la tercera donde se hizo un mayor énfasis, fue en cuanto a los retos de la implementación, pues cambiar la cultura de la corrupción por la cultura de la integridad; y aquí hay un link, un vínculo con el anterior panel.
Y esta parte de cómo fortalecer tanto el control interno como la Auditoría Forense, es decir, todos los mecanismos de capacitación o, diría yo, más allá de desarrollo de capacidades institucionales para la implementación de la reforma anticorrupción, me parece también que es un reto enorme.
Y de lo que se trata, cuando Jacobo hacía referencia a la saturación de la agenda pública, sí me parece que tenemos que superar la tentación de que todo quede en el discurso, porque ciertamente esta reforma ha tenido un gran consenso, un gran impulso, igual que la de transparencia que es su reforma hermana, pero sí corremos el riesgo de que una vez que estén aprobadas las reformas con bombo y platillo, a la hora de asignar presupuesto, y sobre todo en un momento tan complicado económicamente como el que estamos enfrentando ahora, esta reforma se quede sin presupuesto. No sólo esta sino también, insisto, la reforma de transparencia, su reforma hermana.
No sólo a nivel federal, y me parece que aquí el principal reto es a nivel local, garantizar presupuesto para los estados, para los municipios; de tal forma que todas estas cosas que estamos hablando como capacitación y certificación de los titulares de los órganos internos de control, por ejemplo que se mencionó mucho, o esta parte de capacitación en auditoría forense; el funcionamiento de las mismas plataformas que establece el sistema, que estas plataformas que van a compilar la información sobre declaraciones patrimoniales y de interés, por ejemplo entre otras cosas, puedan estar funcionando.
No sólo poder tener unas leyes bien hechas, sino a su vez no caer en la tentación de que todo se quede en el discurso y de poder garantizar vía presupuesto, sobre todo a nivel local, los recursos necesarios para su implementación.
Y aquí creo que vale la pena destacar también esta última parte, que también explicaba Jacobo, del mecanismo de seguimiento a la implementación, que es un asunto que nos ha sido planteado por la OCDE varias veces, no ha podido avanzar, que es hacer este convenio, como lo ha hecho por ejemplo Chile, que tienen un convenio con la OCDE para evaluar la implementación de ciertas reformas.
En el caso chileno lo hicieron sobre la reforma educativa, si no mal recuerdo, una reforma de salud muy importante que hubo en Chile, y creo que es momento para volver a plantear el tema aquí con todos los colegas senadores para valorar una eventual firma de acuerdo con la OCDE para poder evaluar la implementación de esta reforma que sin duda, si se logra bien, le va a cambiar el rostro al poder público a nuestro país.
Creo que es una reforma de las más trascendentes que bien hecha le vamos a dejar a nuestro país y que incluso puede ser modelo para otros países en el mundo pero teniendo muy en cuenta que la redacción de las leyes es solamente una parte, me parece, una parte importante, pero es solamente una parte y que la parte más importante después será la implementación.
Finalmente recuperar lo que varios panelistas dijeron y especialmente el representante de la Secretaría de la Función Pública, al final, sobre la importancia de los mecanismos de participación ciudadana para que los vigilantes tengan un vigilante.
Y esta parte de contrapesos que hemos tratado de desarrollar al menos en las iniciativas que el PAN ha presentado, dándole un peso muy importante a la participación de la sociedad civil en el propio sistema a.
Hasta aquí serían, tal vez se me fue alguna cosa, pero son las cosas que me parecieron más relevantes de todo lo que se dijo esta mañana y seguramente las estaremos tomando en cuenta.
Nos van a ser muy útiles para nuestro trabajo legislativo, para lo que viene de la Reforma Anticorrupción.
Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias.
A nombre del Senado, agradecemos, y lo haré por el principio.
El principio es con quienes nos reunimos en el mes de agosto, principio del mes de agosto, los primeros días y que hicimos ese contacto y esa reunión de trabajo para poder estar aquí.
Quiero agradecer a Jacobo Pastor García, especialista en políticas de integridad y que a través de él hicimos un contacto importante, y sin duda de Roberto Martínez, Director de OCDE para México y América Latina.
Gracias por habernos escuchado y por haber logrado este objetivo juntos de este gran seminario y haber hecho posible en traer un equipo importante de la OCDE.
Agradecer a Luiz de Mello su presencia, como Director Adjunto de OCDE en materia de Gobernanza.
Agradecer a Julio Bacio y Terrazas también, y sin duda también a William Loo.
Sus aportaciones han sido muy importantes para el Senado y se quedan aquí como parte de la memoria que seguramente será un instrumento de trabajo fundamental al momento de elaborar leyes o de dictaminarlas. Seguramente atenderemos sus observaciones.
Muchas gracias señoras y señores.
A mis amigos senadores. Al senador Burgos, muchísimas gracias; a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, a la senadora Laura Rojas, al senador Alejandro Encinas y al senador Armando Ríos Piter.
Muchas gracias a todos.
Que tengan buen día.
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