Versión estenográfica del Seminario para promover la integridad y evadir la corrupción: Perspectivas comparadas desde los países de la OCDE, celebrado en el Senado de la República.
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Buenos días. Estamos convocados esta mañana para abordar el combate a la corrupción, un tema central en la agenda de México y una de las principales demandas, exigencias de la sociedad; y la corrupción, como ustedes bien conocen, es la mayor causa de desigualdad y discusión en nuestro país.
Doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, señoras y señores:
A Luiz De Mello, director adjunto del área de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE. Sea usted bienvenido.
A don Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación. Muchas gracias por su participación.
A Manuel Luciano Hallivis Pelayo, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Muchas gracias por su presencia, magistrado.
A la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos. Muchas gracias, señora, por su participación.
Agradezco de manera muy importante a Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de la OCDE para México y América Latina.
A mis amigos senadores:
Al senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, quien integra la dictaminación en el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción; pero que hoy forma parte de la dictaminación en materia de transparencia.
A mi amigo, el senador Armando Ríos Piter, secretario de la Comisión de Gobernación y que forma parte también importante de esta Mesa de Trabajo, que la hemos integrado de manera plural.
En unos momentos más se estará integrando con nosotros la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, viene en camino.
Debo aclarar que viajó toda la noche para llegar a tiempo, pero sin duda el Aeropuerto siempre tiene varios obstáculos. Se incorporará en unos minutos más, está en camino.
Lo mismo la senadora Lisbeth Hernández Lecona, integrante también de esta Mesa de Trabajo que se encuentra atorada en el tráfico. Ella viene de su natal Morelos, Cuernavaca.
Y sin duda un gran amigo de todos, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos, que también está atorado y que se está trasladando de su natal Querétaro, a la Ciudad de México.
Sean todos bienvenidos.
Es muy importante decir que el crecimiento y el desarrollo se refuerzan mutuamente. La corrupción y la pobreza evaden el desarrollo y fracturan la democracia; esto genera que la corrupción sea más aguda en las economías en desarrollo, donde la concentración económica y la captura de intereses puede influenciar a los gobiernos.
Por eso motivo, como bien lo dijo el licenciado Ángel Gurría, mexicano ejemplar que hoy dirige la OCDE, México se propuso una agenda de cambios muy ambiciosa y se están tomando decisiones valerosas y trascendentes.
En este contexto que hoy se desarrolla este importante Seminario, bajo una coyuntura histórica, la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, esta reforma es trascendental para México, tanto que me atrevería a decir que de ella dependerá el éxito en la implementación de todas las reformas estructurales.
Hoy el reto para nosotros en el Senado, es generar la legislación secundaria que haga operativa la reforma.
Esta es una tarea mayúscula, pues debemos expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que será la base de siete leyes nuevas y de reformas a otros más: 25, para hacer operativo el Sistema Nacional Anticorrupción.
Pero el reto más importante es que ciudadanos y gobierno actuemos juntos y tomemos consciencia de que esta reforma es un cambio cultural de fondo para el país.
Como lo he dicho en otros foros, debemos reconocer cómo lo muestran estudios internacionales, que la corrupción es un problema universal y cultural que debemos combatir todos: gobierno, sector privado, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector académico y la sociedad en general; debemos actuar juntos para prevenir, combatir y erradicar la corrupción.
En este sentido, la OCDE ha demostrado un total compromiso con México, aportando elementos cruciales al debate público.
En mayo pasado tuve el privilegio de ser invitada a una mesa de discusión que realizaron sobre el impacto de la corrupción en el crecimiento y el desarrollo, al que acudieron mis compañeros senadores hoy presentes; senadores que estamos integrando este grupo plural que desde junio pasado está trabajando en la dinámica y tiempos que deberemos seguir para realizar la legislación secundaria.
Aprovecho para reconocer los importantes esfuerzos y contribuciones de mis compañeros, desde el inicio de la LXII Legislatura y ahora en la LXIII, en esta importante agenda para todos en el Senado.
Es en el marco de este grupo plural, que buscamos escuchar a expertos y conocer experiencias que nos permitan realizar la mejor legislación posible.
Como lo dijo la doctora María Amparo Casar, en junio pasado, que nos honró con la presentación de su libro “Anatomía del a corrupción”, cito: “El primer paso para la solución de un problema es conocerlo. Conocer y entender sus causas y sus características”. Termino la cita.
Es en esta búsqueda de información, que hace un par de meses tuve la oportunidad de reunirme con Canos Vertov, jefe del área de Integridad Pública de la OCDE, y su equipo. Derivado de esa plática y dado lo que la OCDE podía aportar a nuestro trabajo en el Senado, nos ofrecieron realizar este importante Seminario en el que hoy estamos, para compartirnos no sólo información, sino experiencias de sus países miembros como referencia para México.
Aprovecho para agradecer a Jacobo García Villareal, miembro de este equipo del señor Vertov, por coordinar este Seminario.
Y quisiera concluir con algunas preguntas y una reflexión que dejo para todos en la mesa:
Primero, ¿cómo podemos diseñar un método de medición que sea más certero y confiable, para poder determinar el impacto económico real de la corrupción en México? Y sobre todo ¿Cómo medir que las nuevas regulaciones derivadas de la reforma constitucional, realmente reviertan este impacto?
¿Cuáles deben ser los ejes principales para la legislación secundaria?
Y estos elementos fundamentales que puedan asegurar la correcta implementación de la reforma.
Y finalmente, la reflexión: La corrupción nos afecta a todos por igual, por eso hoy debemos dar un paso más allá y lograr que la discusión salga de un reducido círculo rojo y lograr que la sociedad en su conjunto entienda y asuma su rol en la solución de un problema que nos involucra a todos.
Sólo conjuntando esfuerzos alcanzaremos un Estado de Derecho Sólido en México, condición indispensable para el combate a la corrupción.
Quiero agradecer de manera muy importante la presencia del licenciado José Medina Romero, subprocurador, quien asiste en representación de la Procuradora General de la República, nuestra amiga la señora Areli Gómez.
Muchas gracias, licenciado, e invito a hacer uso de la palabra a Luis de Mello, director adjunto del área de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE.
Sea usted Bienvenido, señor.
LUIZ DE MELLO: Muchas gracias, senadora, buenos días senadoras, legisladores y autoridades que nos acompañan hoy; mis colegas de la OCDE.
Es un gran honor para nosotros, para la OCDE, para el Departamento de Gobernanza Pública, estar aquí en el Senado hoy. Agradecemos la hospitalidad, la invitación del Senado en un momento tan importante para México.
Para nosotros es realmente un honor poder acompañar a México y a los mexicanos en estas reformas tan importantes.
Quisiera, más que nada, felicitar a los senadores por la serie de reformas recientemente aprobadas, las cuales tienen un potencial enorme de mejorar significativamente la gobernanza pública del país, principalmente las reformas constitucionales que crean los sistemas nacionales anticorrupción, de fiscalización y de transparencia.
Una vez implementadas, estas reformas tienen un potencial de establecer y hacer valer principios centrales de buena gobernanza, incluyendo integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Quisiera también agradecer a los senadores y particularmente a la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, por la realización de este oportuno e importante seminario, que busca proporcionar elementos al proceso de discusión y preparación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción y que deberá dar vida a este sistema.
De hecho entendemos que ya hay iniciativas presentadas para la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Quisiera también reconocer la voluntad de los senadores, previamente a realizar sus deliberaciones, de analizar y beneficiarse de buenas prácticas internacionales, al invitar al OCDE a compartir su conocimiento y sus experiencias en estos temas tan importantes.
Quisiera también reiterar el compromiso que tenemos nosotros en la OCDE de apoyar la implementación de las reformas, por ejemplo, esta tarde continuaremos el diálogo con la SFP sobre los desafíos y factores de éxito de las reformas.
Para nosotros es un proceso continuo, es un camino que os da mucho honor poder acompañarlos en estos temas.
Este seminario con el congreso se congreso se concentra en los temas relacionados a la arquitectura institucional y los balances y controles que deben establecerse. Buscaremos compartir con ustedes buenas prácticas de países de la OCDE, a fin de brindar información que alimente el proceso legislativo en su país.
Como ustedes probablemente lo saben, la OCDE está apoyando el proceso de reformas actual en México, a través de un estudio sobre la integridad en su país, a fin de compartir elecciones aprendidas de buenas prácticas internacionales en varios temas.
Yo quisiera quizá citar algunos de ellos que quizás son los más importantes. Temas como ética en el servicio público; como prevención y gestión de conflictos de interés; protección de denunciantes de actos de corrupción; control interno y auditoría; sistema disciplinario de los servidores públicos y finalmente arreglos y modelos institucionales para mantener la integridad en todo el gobierno.
Son temas importantísimos, no solamente en el cuadro de las reformas de México, sino que también para la mayoría de los países de la OCDE con los cuales estamos trabajando.
El proceso del estudio también apoyará la implementación a través de talleres de desarrollo de capacidades, con la participación de pares de países miembros de la OCDE, que vendrán a compartir sus experiencias con ustedes.
Quisiera también citar algunos ejemplos de nuestras actividades con México, que van más allá del estudio sobre integridad. Es una cooperación muy rica, muy amplia, en temas que incluyen, por ejemplo, un estudio sobre gobernanza y compras públicas del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como la organización de una serie de talleres sobre buenas prácticas de gobernanza, compras públicas e integridad.
Tenemos también un estudio sobre el Sistema Nacional de Fiscalización de México, que comenzó en abril de este año y busca evaluar las fortalezas de la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional de Fiscalización, así como identificar los desafíos y las oportunidades de mejora en estas áreas.
Tenemos también un estudio sobre las compras públicas de PEMEX, que hará un análisis comparativo sobre las características del Sistema de Compras de la empresa, tomando como base la recomendación del Consejo de la OCDE sobre compras públicas.
También estamos trabajando con algunos gobiernos estatales, para ayudarlos a desarrollar una agenda de integridad que apoye la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de las ocho acciones ejecutivas anunciadas por el presidente y promovidas por la Secretaría de la Función Pública a nivel federal.
México también es parte de la Convención de la OCDE contra el cohecho y la recomendación del Consejo sobre combate al cohecho del año de 2009.
El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho completó su tercera fase de evaluación de las políticas de México en el 2011 y analizó la aplicación de las recomendaciones de esta tercera fase el año pasado.
Entonces tenemos ya, como ustedes pueden bien ver, un conjunto de estudios, de informes, de talleres, de cooperación en la fase de implementación de reformas, que es realmente muy rico, muy amplio y que está en el centro del debate en los países de la OCDE y de las reformas en su país.
Quisiera, más que nada, también en dos palabras muy sencillamente destacar el objetivo del seminario, que a nuestro juicio son los objetivos quizá los más interesantes de la discusión que vamos a tener en la mañana.
En primer lugar, cómo vamos a poder destacar los instrumentos y la evidencia recolectada por la OCDE con relación a la integridad y la lucha contra la corrupción.
Y, en segundo lugar, cómo vamos a poder subrayar los factores críticos para hacer exitosas y aplicables las reformas anticorrupción en su país, considerando los desafíos de la gobernanza multinivel y la adopción de un enfoque de gobierno completo.
Quisiera también decir que tenemos aquí un equipo que está trabajando con México hace varios años, que van a poder compartir las experiencias internacionales y en este momento quisiera repetir que para nosotros es un momento estratégico, un momento clave en la historia de su país y nos da realmente muchísimo gusto, mucho honor de estar y acompañar a México y a los mexicanos en estos temas.
Muchas gracias senadora, aún más por la invitación, por la hospitalidad del Senado, a los senadores, los legisladores y las autoridades que están aquí con nosotros.}}Muchas gracias y cuenten con la OCDE.
Gracias.
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias a don Luiz de Mello.
Tiene la palabra el Auditor Superior de la Federación, don Juan Manuel Portal Martínez.
CONTADOR PÚBLICO JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: Muchas gracias senadora.
Muy buenos días señoras y señores senadores.
Saludo con mucho respeto a los compañeros de la mesa principal y a todos los asistentes.
La realización del presente seminario sobre Promoción de la Integridad y Freno a la Corrupción, me parece especialmente oportuna dada la coyuntura que atraviesan los trabajos legislativos en materia de la creación de las leyes secundarias que darán forma al Sistema Nacional Anticorrupción.
La asistencia de expertos de nuestro país y de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos garantiza que los conceptos que aquí se viertan reflejarán de manera efectiva los últimos desarrollos en la materia y la experiencia acumulada por países líderes en temas de gobernanza.
La iniciativa de crear un Sistema Nacional Anticorrupción, revela que México enfrenta un problema que demanda la máxima atención, pero que por primera vez pretende atacar este fenómeno desde una perspectiva multifactorial que se integra en una política de Estado.
Este enfoque, en efecto, nos permite visualizar el tema de la corrupción como un problema de decisión del servidor público y del ciudadano, pero haciendo énfasis en el ambiente que envuelve la gestión gubernamental en general.
No se trata de reducir este asunto a individuos aislados cometiendo actos irregulares, sino analizar la naturaleza de entornos que generan incentivos a incurrir en conducta incorrectas.
En este sentido, cabe destacar la trascendencia que tienen los tópicos de control interno, de evaluación de riesgos, la integridad y la prevención de fraude.
Estos elementos, inscritos en el ámbito preventivo, ofrecen la garantía de que de aplicarse con rigurosidad, disminuirán sensiblemente la incidencia de actos de corrupción.
Y quisiera recordar que desde hace varios años, prácticamente seis, al inicio de las conversaciones que permitieron la creación del Sistema Nacional de Fiscalización que constituye uno de los ejes principales del Sistema Nacional Anticorrupción, se hizo hincapié en la necesidad de una respuesta holística a un problema que no se puede reducir a ninguna de sus facetas.
Por consiguiente, tanto las instituciones dedicadas a la fiscalización superior como aquellas encargadas de implementar los mecanismos de auditoría interna, deben actuar de manera coordinada para integrar un frente común que atienda esta compleja realidad.
Existe también un conjunto importante de acciones que podemos llevar a cabo para avanzar en la lucha en contra de la corrupción y que se orientan a mejorar las capacidades de los organismos que tienen a su cargo la vigilancia de la gestión gubernamental.
Puedo citar, por ejemplo, el desarrollo que el Sistema Nacional de Fiscalización ha tenido en el proceso de adaptación de normas profesionales de auditoría, códigos de ética y acciones de prevención, basadas en las mejores prácticas a nivel internacional y aunque queden distintas áreas en este proceso, el proyecto sigue avanzando.
Otros factores que debemos visualizar es que quienes tengan a su cargo tareas de auditoría gubernamental cuenten con los perfiles adecuados en términos técnicos y éticos, así como privilegiar procesos de certificación profesional que dan constancia de conocimiento y especialidad del auditor.
Asimismo, elementos como el control interno, incluyendo las estrategias de identificación y gestión de riesgos de fraude y la evaluación de las vulnerabilidades en materia de integridad, requieren ser aguardados periódicamente por los mandos superiores de nuestras instituciones, con el fin de generar valores y principios al interior de las dependencias públicas.
Esas tareas, a mi consideración, permitirán el establecimiento de una base sobre la cual se podrán plantear proyectos más ambiciosos.
Podemos mencionar la figura del informante o denunciante, ya sea interno o externo, conocido como “whistleblower”, en la creación de capacidades en materias de control, riesgos e integridad.
Esta opción podrá resultar exitosa si aseguramos la existencia de un entorno dominado por una cultura de la legalidad y el compromiso ético, en donde se actúe por el bien de la institución y del interés general y no como una manifestación dolosa u orientada al beneficio personal.
Es importante reiterar que en los esfuerzos que se están llevando a cabo para la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, están previstos para rendir resultados en el largo plazo, puesto que buscan crear una base firme sobre la que se pueda construir una nueva relación entre el gobernante y el ciudadano.
Las acciones relacionadas con la auditoría interna, la promoción de la transparencia, la fiscalización superior, la aplicación de los preceptos de contabilidad gubernamental, la modernización de en la administración de expedientes y archivos, entre otros, representan a los ojos de la mayoría un trabajo sordo y sin gran impacto mediático.
Pero representan cimientos fundamentales para una mejor gestión del sector público.
En este momento, en el que se decide el diseño de las leyes secundarias que materializarán la reforma, que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción.
Estamos ante el dilema de estructurar los cambios, de tal manera que se evite la fragmentación de las instituciones involucradas, que de hecho es la raíz en la transformación que se busca, o bien el verlos en un debate político sobre donde la esencia del cambio gire en torno a ofertas partidistas desvinculadas de la meta originalmente planteada.
Por ello, es conveniente que enriquezcamos el debate político con la solidez del argumento técnico y que sea en esa arena en donde se discuta el contenido de esta Reforma.
Muchas gracias.
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias al contador público Juan Manuel Portal Martínez.
Tiene el uso de la voz, el Magistrado Presidente Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
MAGISTRADO PRESIDENTE MANUEL LUCIANO HALLIVIS PELAYO: Muchas gracias.
Muy buenos días a todas y todos ustedes.
Saludo con mucho respeto a nuestros anfitriones.
A la señora senadora doña María Cristina Díaz Salazar.
Al señor senador don Alejandro Encinas Rodríguez.
Al señor senador don Armando Ríos Piter.
Mi respeto al señor diputado Carlos Iriarte.
Al señor Auditor Superior de la Federación, don Juan Manuel Portal Martínez.
A la señora comisionada, doña María Patricia Kurczyn Villalobos.
Al señor Subprocurador, don José Medina Romero.
Al señor licenciado Víctor Andrade, Auditor Especial.
Y por supuesto, mi saludo muy especial, a la Dirección de Gobernanza de la OCDE, encabezada por don Luiz De Mello.
Y al Director del Centro de la OCDE en México y América Latina, don Roberto Martínez.
Señoras y señores; secretarios técnicos, y representantes del sector académico:
Es para mí un honor encontrarme en este seminario para promover la integridad y evadir la corrupción desde la perspectiva de México, evento que organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en conjunto con el Senado de la República, a quienes agradezco su amable invitación.
Como sabemos, la globalización ha reforzado la interdependencia entre gobiernos, empresas y sociedad civil, generando un creciente interés en temas como el combate a la corrupción.
Resulta por ello, muy importante este seminario.
Para que México pueda avanzar hacia el desarrollo integral previsto por nuestra Constitución, se concibe una gestión pública impecable.
Para esto, es fundamental que todos los servidores públicos cumplan su encargo con estricto apego a la legalidad y bajo los principios de transparencia, economía, eficiencia, eficacia, lealtad, imparcialidad y honradez.
Para asegurar el cumplimiento, existen mecanismos de fiscalización y control que permiten orientar, supervisar, evaluar y revisar sus acciones, considerando su veracidad, razonabilidad y apego a la ley.
Sin embargo, en la lucha anticorrupción tiene que participar toda la sociedad.
Como ya ha dicho el propio sector privado, la corrupción es una espiral interminable que se fortalece con la indiferencia y la complicidad.
Si cada uno de nosotros, con acciones individuales logramos romper un eslabón de este espiral, la sociedad entera se verá beneficiada.
Según la OCDE, un régimen disciplinario, efectivo, debe ser, primero, comprensivo. Es decir, abarcar a todos los ámbitos y agentes de gobierno.
Segundo. Coordinado, centrado en la prevención e investigación y con las facultades y elementos suficientes para sancionar las actividades ilegales de forma que se disuadan futuras acciones de incumplimiento.
Tercero. Eficiente y eficaz.
En tanto que los procesos administrativos y jurisdiccionales estén diseñados de forma que las acciones sean oportunas.
Y, cuarto. Justo, garantizando a los particulares un debido proceso.
Por ello es importante este seminario y es importante que nos refiramos al nuevo sistema anticorrupción, fruto de la Reforma Constitucional publicada el 27 de mayo pasado, que constituye un cambio de paradigma en la dirección que anota la OCDE.
Contempla cinco subsistemas, dentro de los cuales se encuentra el de sanción.
Ya el señor Auditor Superior se refirió al de fiscalización y me imagino que los representantes de la Función Pública se referirán al relativo a ellos.
En estos cuatro ejes principales, nos encontramos nosotros.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a partir del 27 de mayo de 2015, quienes ahora además de dirimir las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares nos encargaremos de imponer sanciones por responsabilidades administrativas graves, así como de sancionar a los particulares vinculados con esos actos.
Para ello, deberemos atender a los principios de la verdad material y de razonabilidad, haciendo hincapié en que la medida debe de ser tanto idónea para inhibir la corrupción, como necesaria y proporcional a la falta cometida.
Es decir, debe imponerse en una relación de medio a fin que se persigue, obteniendo con ella un efecto ejemplificativo multiplicador que permita generar la percepción en el incumplido de que todo acto de corrupción será detectado oportunamente y sancionado justamente, como se ha dicho por la OCDE.
En fin, no es sólo castigar, sino inhibir el incumplimiento futuro.
Esta Reforma Constitucional debe ser complementada con leyes secundarias que deben expedirse en un plazo máximo de un año a partir del 27 de mayo.
El papel del Tribunal y los principios que deberá aplicar en su actuar, deben quedar claramente previstos en la legislación secundaria que en su momento se expida.
Como se dijo en el reciente avance de la OCDE sobre resultados preliminares en su estudio sobre cómo hacer respetar la integridad en el sector público mexicano, estas iniciativas traen el potencial de mejorar la coordinación, la eficacia y la oportunidad del actual sistema disciplinario administrativo.
El incremento en la competencia en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ayudará a llevar mayor consistencia en la aplicación de la ley y podría ayudar a asegurar que todos los casos lleguen a una acción disciplinaria.
Creo que esta afirmación de la OCDE refrenda que vamos en la dirección correcta.
Reitero mi agradecimiento, señoras senadoras, señores senadores, por la invitación a participar en este importante foro y confío en que las conclusiones y discusiones que se lleven a cabo dentro de este marco, enriquecerán el diálogo nacional e internacional, tanto para la efectiva consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, como para el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia, todo en beneficio de México y de los mexicanos.
Muchas gracias.
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias al Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a don Manuel Luciano Hallivis Pelayo.
Tiene el uso de la voz doña Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Y agradecemos la presencia del diputado Carlos Iriarte.
COMISIONADA PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS: Muchas gracias. Buenos días.
Yo también me permito darles a ustedes un saludo a la señora y a los señores senadores:
Cristina Díaz Salazar.
Bueno, dentro de un momentito a la senadora Laura Angélica Rojas, y a la senadora Lisbeth Hernández Lecona.
Señor senador Alejandro Encinas; señor senador Armando Ríos Piter.
Señor Magistrado Manuel Hallivis Pelayo.
Señor Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.
Al señor Luiz de Mello, de la OCDE.
Al doctor Roberto Martínez, también de la OCDE en México.
Señor diputado Iriarte Mercado.
Representantes de la sociedad civil.
Estimado auditorio.
Medios de comunicación:
Agradezco la invitación que se hace al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para asistir a este importante seminario que desde luego considero que es un aliciente y una ayuda para el funcionamiento de nuestra institución.
No cabe duda que la sociedad mexicana ha cobrado más conciencia en los últimos años sobre el daño que ocasiona la corrupción en todas sus manifestaciones.
Esa conciencia lo que significa es que la propia sociedad se auto reconoce en sus atribuciones y en su actuar en lo general.
Es el espíritu social que anima a los mexicanos a distinguir entre el actuar bien y el actuar mal.
La sociedad mexicana, en su mayoría, reprueba las prácticas corruptivas; de ahí el énfasis de los representantes de la misma el desecharlas categóricamente.
Tomar conciencia de los resultados de relaciones corruptoras, significa que cuando las prácticas públicas se desvían de la ética, se enfrentan conductas viciosas que deben ser inadmisibles.
En estos desvíos que podríamos llamar “distraxis política”, caben los conflictos de interés, como la corrupción misma que se traduce en una descomposición, que dejarla libre e impune corre el gran riesgo de llevar a una sociedad a la nimia. México no quiere esto.
Las malas prácticas que, por cierto, siempre son entre más de dos, generan ganancias ilícitas. Pero esta distraxis va más alá del efecto económico porque trasciende en la moral de la sociedad, más aun cuando se tocan las esferas del poder político.
Aquellas prácticas que no deben o que nunca debieron ocurrir, pueden darse en el ámbito privado como en el público.
En cuanto al escenario público, conviene incursionar en la deontología en todos los ámbitos, entendida esta como parte de la ética y cuya tutela se extiende a toda actividad que alcance el beneficio social.
La corrupción habida entre los particulares y los servidores públicos, debe ser atacada desde dos enfoques: El fomento a la cultura de la legalidad, que servirá también para prevenir, y el buen comportamiento oficial de los segundos.
Con ello, me quiero referir al necesario y buen desempeño de las obligaciones morales en general de todas las personas, en el ejercicio de las políticas públicas, así como de los particulares que ofrecen o aceptan el ejercicio ilegal de corrupción.
El comportamiento lícito, honrado y honesto que debiera ser natural, se ha viciado en las relaciones político-sociales, desde luego con el principal ánimo de obtener más poder y/o lucro, simplemente indebido, lo que representa un desvío o desconocimiento de valores.
La deontología, por lo tanto, se convierte en una gran aliada de la moral pública. En la práctica parece ser difícil su ejercicio, y continuamente aparecen conductas que se desvían para generar un algo, un enriquecimiento indebido, sea de manera directa o indirecta, lo que por supuesto causa daños a particulares y a la sociedad en su conjunto.
Todos comprendemos que la vulnerabilidad de la moral y el desconocimiento de los valores se llama corrupción. Es la falta del cumplimiento de los deberes internos de cada individuo que le corresponden, según las tareas públicas o los servicios encomendados.
Por ello, se ha extendido la costumbre de imponer códigos de éticas que se ajustan a las funciones de cada organismo en que se detallan las obligaciones legales y morales en el comportamiento de los servidores públicos, como también medios de reforzamiento en el cumplimiento de las obligaciones legales.
Hoy, México reconoce sus valores. Y, habiendo tomado conciencia de sus deberes, se interesa en el cumplimiento de los derechos humanos y en la justicia. Por ello, ha emprendido un auténtico combate en contra de la corrupción.
Reconocemos que los gobiernos federal y estatales hacen grandes esfuerzos por prevenirla, y más enfáticamente por erradicarla, pero es necesario reforzar esa lucha.
Las políticas públicas cuentan hoy día con más instrumentos normativos para semejantes acciones. Se trata de esfuerzos nacionales e internacionales.
En el primer plano, hoy se cuenta con el nuevo artículo 113 constitucional, que crea el Sistema Nacional de Anticorrupción, y dispone que se forme el Comité Coordinador integrado, entre otros, por el órgano garante a que se refiere el artículo 6º constitucional. Esto es, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El comité tendrá entre sus funciones, y cito específicamente dos que se vinculan con las atribuciones del INAI:
Primero. El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, que si bien no corresponde a esta institución ese control, sí corresponde o sí debe garantizar que se dé a conocer el por qué y el uso y destino de los mismos.
Es pues, el derecho de acceso de la información, de información proactiva de atención a recursos por información incompleta o negada.
Y, segundo. Principalmente destaco la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información, lo cual, junto a la exigencia en el cumplimiento de la archivística, el INAI puede exigir que toda información sea entregada a quien la solicite y que la entreguen en condiciones oportunas y óptimas. La información completa o atrasada no es funcional y simplemente no sirve para nada.
Informar es abrir y es descubrir. Yo celebro mucho que se haya mencionado la necesidad de abrir la información relacionada con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es un tema que ha sido muy recurrido en la información solicitada, por los recursos que van a utilizarse, por lo que significa económicamente y por lo que es un detonador también de relaciones entre compras y por todo el uso de los recursos públicos en general.
En estas condiciones, el INAI, bajo tal mandato constitucional, se prepara, ya se prepara y actúa y actuará de inmediato, en cuanto haya la nueva ley, en lo que seguramente será posible hacerlo con más precisión con la expedición de la ley de anticorrupción.
La transparencia, cuya obligación se refuerza bajo la Ley General de Transparencia, que crea a su vez el Sistema Nacional de Transparencia y la rendición de cuentas como parte de las funciones institucionales, a su vez debe constituir uno de los pilares del combate a la corrupción.
El Sistema Nacional de Transparencia, integrado por la Auditoría Superior de la Federación, por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, el Archivo General de la Nación, y otros órganos garantes estatales y el INAI, constituye con el Sistema Nacional de Archivos y con el Sistema Nacional de Anticorrupción, será un sólido trípode para combatir la corrupción.
Estas acciones que corresponden a las políticas públicas, se complementan con acciones internacionales. Por eso celebramos que hace cinco meses, en abril de este año, la Secretaría de la Función Pública haya celebrado con la OCDE el acuerdo sobre combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, parte de la cooperación internacional que igualmente incluye otros mecanismos.
A partir de la orden constitucional, se genera una red de acciones e instituciones para trabajar y erradicar la corrupción, la que sin duda merecerá las sanciones más altas que se impongan en el país.
El INAI está preparado. Está preparado para seguir en el cumplimiento irrestricto de la transparencia, del acceso a la información, y con el Sistema Nacional de Transparencia habrá de coadyuvar en estas otras funciones.
Sin duda alguna, seminarios como el que ahora se organiza, representan una oportunidad de conocer otras experiencias que nos permitan ordenar criterios. Y, como se dice en derecho comparado, nos permita hacer una recepción de las buenas experiencias.
Sería interesante tener la oportunidad de que el INAI o de que con el INAI se celebrara un convenio directamente con la OCDE, con el propósito de tener un acercamiento más significativo en temas de transparencia y rendición de cuentas. Todo, por supuesto, en beneficio de México.
Muchas gracias.
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias a la señora Comisionada, a doña Patricia Kurcyn.
Yo quisiera solicitarle al senador Encinas, que es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, nos dirija unas palabras al inicio de este Seminario.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senadora Cristina Díaz.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, tanto mis compañeras como compañeros del presídium.
En primer lugar, disculpar a la senadora Laura Angélica Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, se incorporará en unos momentos, porque se retrasó su vuelo de la reunión de Naciones Unidas.
Pero queremos aprovechar, en mi carácter de secretario de esta Comisión y como presidente de la Comisión dictaminadora de Estudios Legislativos, compartir con ustedes una reflexión sobre un proceso legislativo que como pocas ocasiones ha sido resultado de un proceso sistemático y consecutivo de desarrollo institucional dentro del Poder Legislativo.
No me refiero solamente al Senado actual, yo insisto en que este proceso se inició hace casi diez años, que tuvo su primer fruto en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en el año 2011 y a partir de esta reforma, se han venido sucediendo un conjunto de reformas constitucionales de nuestra legislación secundaria, que tiene como eje fundamental el fortalecimiento de los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos.
Por supuesto, las reformas al artículo 6º constitucional, teniendo como eje central el derecho a la información, el respeto a la libertad de prensa y la parte de la expresión; pero donde incorporamos en un primer momento el derecho al acceso al a información pública, a la transparencia y a la rendición de cuentas; que hoy nos ha permitido contar con un marco legislativo consensuado entre todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, que da lugar no solamente a la existencia de órganos garantes con autonomía constitucional; sino a un marco legislativo general que nos permitirá, permitir el acceso de las personas a toda la información que generen los entes públicos, así como todo el manejo de los recursos públicos, ya sean por entes públicos o privados.
Un segundo momento de estas reformas tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos trabajando en materia de la Ley Federal de Protección a los Datos de las Personas que, efectivamente, si bien se han dado pasos sustantivos e importantes, estamos en un momento de replanteamiento para garantizar el derecho a la privacidad e incluso a la intimidad de las personas.
Y junto con ello la reforma a la Ley General de Archivos, porque si queremos contar con un sistema de transparencia y acceso a la información, necesitamos contar con información bien sistematizada, accesible, formatos accesibles a toda la población; pero lo cierto es que en ese sentido estamos buscando fortalecer también el derecho de las personas a la memoria y a la verdad.
He insistido en que esta reforma en materia de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos, implica una reforma de tercera generación. Y si bien habíamos avanzado de manera significativa en materia política y electoral cuando se permitió el registro a finales de los años 70 de la oposición de izquierda, más adelante cuando se eliminó la participación gubernamental en la organización de los procesos electorales y se forma el Instituto Nacional Electoral, esa es quizá la reforma en materia de derechos más importante que hayamos realizado en el país, en las últimas décadas.
Estamos hablando del derecho de información, la libertad de expresión, la libertad de prensa, asociada a la transparencia en el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la protección de los datos personales, el derecho a la privacidad de las personas y por supuesto, el derecho a la memoria y la verdad, que formarán parte de todo sistema hoy articulado en el Sistema Nacional de Transparencia y más adelante en el Sistema Nacional de Archivos, que tendrá que ser concurrente con el Sistema Nacional Anticorrupción, que busca enfrentar uno del os principales flagelos que dañan nuestra vida institucional.
Por eso nos congratulamos de esta iniciativa, de este Primer Seminario con la OCDE, en donde compartirán experiencias y conoceremos los modelos que han desarrollado en materia de integridad para evitar la corrupción y tener estas prácticas comparadas.
Y esperemos conocer, además, las reflexiones de otras experiencias que se han tenido en el tema, porque no basta –yo digo– que avancemos en la integración transversal de toda esta legislación; sino también una vez agotado el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, tendremos que dar, yo creo que para mí es el paso sustantivo más importante: la reforma al Poder Judicial de nuestro país.
Porque, mi juicio, si bien la corrupción es uno de los problemas más lacerantes que enfrenta el país, lo es más la impunidad, porque la impunidad es la fuente de la que abreva esta corrupción y mientras no se sancione y se castíguenlas conductas, no solamente individuales, sino que emergen, como mencionaba el contador auditor, de un entorno que facilita este tipo de prácticas y el entorno lo facilita en mayor medida la impunidad, no resolveremos los asuntos en corto.
Y finalmente qué bueno que realizamos este seminario el día de hoy, que es, de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, es el Día Internacional del Derecho a Saber, el derecho de los ciudadanos a conocer, a saber, a que le rindan cuentas y a que puedan ellos asumir el ejercicio de sus derechos, definiciones fundamentales en los asuntos de interés público del país.
Espero que sea muy exitoso y sean todas y todos ustedes bienvenidos.
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias a nuestro amigo, el senador Alejandro Encinas.
Tiene el uso de la voz nuestra amiga, la senador Lisbeth Hernández Lecona, que integran también esta mesa de carácter plural y que estamos haciendo esfuerzos importantes por lograr la transparencia y establecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Muchas gracias senadora Cristina Díaz, senador Encinas, por este foro tan importante que el senado de la República está llevando a cabo para promover la integridad y evadir la corrupción respectivas, comparadas con los países de la OCDE.
Y para este grupo plural es de suma importancia el que podamos llevar a cabo esta lluvia de ideas con la seguridad de que las leyes que implementemos en el Senado de la República sean las que tengan una efectividad que pueda resultar en la población el que podamos combatir este gran problema que nos lacera tanto, que es la corrupción.
El problema que tiene nuestro país, lamentablemente en muchos años es la corrupción y la impunidad.
¿Qué es lo que queremos lograr?
Que realmente aquellas personas, servidores públicos, puedan cumplir con esta responsabilidad cabal de la transparencia y de la anticorrupción.
¿Cómo se genera esto?
Tenemos que tener servidores públicos honestos, servidores públicos con una capacidad profesional, con valores éticos, valores morales y esto se siembre, lo hemos platicado mucho, desde la cultura social.
Tenemos que tener una cultura social de integridad, de valores, de honestidad, para que nuestros servidores públicos cumplan cabalmente.
Asimismo, como la evaluación que se pueda hacer a estos programas, tenemos que ver la efectividad y tenemos que ver también que sean evaluados los servidores públicos que tengan que ver con los temas de generación, en este caso de administración de recursos, por ejemplo.
Así que me complace mucho que esta reforma también al Poder Judicial se pueda llevar a cabo en los términos de que los tres poderes entremos en este camino de la transparencia y la anticorrupción y que generemos este tipo de foros que nos ayuden a retroalimentarnos, pero sobre todo a hacer una conciencia de transparencia y anticorrupción.
Es por eso que tenemos que hablar desde la cuestión preventiva, la detección, que ya ternemos detectados cuáles son los problemas que existen en los órganos de gobierno y también cuáles serían las sanciones que se podrían dar en este tipo de casos.
Así que estamos seguros que tenemos que restaurar esta confianza en los gobiernos, en las instituciones, en la sociedad civil, restaurar la conciencia desde las mismas personas que entren en este círculo, que sabemos que ha lastimado durante mucho tiempo.
Así que el abordar este tema y sabemos que es un tema a nivel internacional, que lo hemos visto en la ONU, lo hemos visto en el Parlamento Latinoamericano, es un tema que se está abordando en todo el mundo, o es un tema solamente de México, sino es una conciencia internacional que se tiene que generar a través de todos los que ejercemos un carácter público.
Así que estamos seguros que al poder trabajar en estas leyes que tenemos que aprobar, el compromiso es que sea en este periodo legislativo y ojalá que los resultados que rindan pues sean los más óptimos, para que logremos tener estas leyes secundarias de anticorrupción, como lo decía el senador Encinas, esta responsabilidad de rendición de cuentas que se debe generar en todos los ámbitos de nuestros gobiernos.
Así que no me extiendo más, les agradezco mucho a todos los ponentes que hoy están aquí con nosotros, que a nosotros como senadores será de mucha utilidad el que podamos escuchar las mejores prácticas a nivel internacional.
Muchas gracias.
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias a nuestra amiga la senadora Lisbeth Hernández.
Le pido al senador Armando Ríos Piter que inicie esta primera parte del seminario.
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, claro que sí presidenta, vamos a dar algún espacio de tiempo para, hola, ya le entramos de fondo, correcto, hay que pedir instrucciones precisas.
Si hay alguien de los integrantes, van a participar desde sus lugares.
Empezaríamos a partir de este momento la sesión primera, el programa establece que el tema será generalizar la integridad para restaurar la confianza en el gobierno y la intención es buscar que las participaciones de nuestros ponentes nos permitan orientar respuestas y empezar a diseñar, definir respuestas en términos de las siguientes preguntas.
¿Cuáles son los elementos críticos de los sistemas nacionales de integridad comprensivos y efectivos?
¿Qué tipo de acuerdos institucionales en materia de integridad y anticorrupción existen para países miembros y asociados de la OCDE?
¿Cuáles son las principales características de la aproximación normativa de los países de la OCDE para prevenir la cooptación de políticas públicas y los conflictos de interés?
¿Cuál debería ser el balance entre la prevención, la detección y las políticas punitivas dentro del marco más amplio de integridad?
¿Cómo las políticas públicas que se encargan de los recursos humanos, procuración, control interno, se vinculan con las reglas de integridad?
Tenemos una amplia lista de compañeros que habrán de tomar la palabra. Yo quisiera, dentro de este marco que nos ofrece la Comisión, solamente dejar una reflexión para la discusión de todo este seminario, que me parece, me ha tocado escucharlo con compañeros de distintas organizaciones, la Red por la Rendición de Cuentas recientemente escuchaba yo en voz del representante del Centro de Estudios Manuel Iglesias, que sería muy interesante, digamos, dentro de todo el proceso de consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes reglamentarias que hoy se está buscando que este seminario nos ayude a profundizar, ver cómo pudiéramos definir un proceso paralelo.
Esta es una propuesta mí, repito, la escuché de parte de alguien más, de parte del doctor Cárdenas, pero creo que sería interesante.
México, en estos últimos 12 meses se vio plagado de malas noticias que tienen un eje común, la corrupción y la impunidad.
Hace dos días se cumplió un año de los hechos de Ayotzinapa; yo como guerrerense he venido señalando que es un hecho de corrupción del más alto nivel de corrupción, donde la corrupción se conjuga con las violaciones graves a los derechos humanos, en este caso desaparición forzada y asesinatos.
Pero el problema es que no se quedó ahí, después tuvimos la Casa Blanca, el conflicto de interés, donde el actor involucrado termina siendo la máxima figura del poder público nacional, el Presidente de la República, y como cereza en el pastel, después de este año fatídico, tenemos la fuga de “El Chapo” Guzmán.
Son tres ejemplos muy puntuales de malas noticias en nuestro país, de malas representaciones de la forma en que está funcionando nuestro sistema político, que deja no solamente malparado al país, sino que, escuchando a quienes me antecedieron, dar una proyección de desánimo, de falta de credibilidad y a final de cuentas donde la impunidad y la corrupción de la que estamos hablando, requieren una respuesta contundente.
Y lo que nos planteaba el doctor Cárdenas y que yo quiero sugerirle, no solamente a los ponentes, sino en este seminario que será el arranque de mucho del trabajo que habremos de hacer, creo que si nos quedamos solamente en el análisis genérico, en la búsqueda de una ley que, siendo positivo el esfuerzo el esfuerzo de muchas mentes y muchas personas y experiencia internacional que ofrezcan cómo tener el mejor sistema, pero no logramos poner uno o varios estudios de casos de los muchos que nos ejemplifican en este momento, creo que vamos a hacer una discusión que se pueda quedar muy en corto.
¿Qué queremos?
Queremos un Sistema Nacional Anticorrupción que evite que vuelva a haber un Ayotzinapa; queremos un Sistema Nacional Anticorrupción que evite que se pueda fugar el criminal más perseguido del mundo o que ya no haya un tema de conflicto de interés en el que esté involucrada la máxima figura política, que es la del Presidente de la República.
Creo que en esa dimensión tendríamos que entender este y los seminarios que vengan y la realización del tema anticorrupción.
Si hacemos una ley muy bonita, muy sistemáticamente organizada con grandes avales de parte de nuestros invitados de OCDE y de otras organizaciones, pero no tenemos la capacidad de que para la sociedad se vea que es una ley que va a evitar prevenir, sancionar y castigar este tipo de ejemplos en los patrones de redes que significa la corrupción en nuestro país, la verdad es que le vamos a estar jugando el dedo en la boca a la sociedad.
De tal manera que echándole un poco de sabor al caldo de mi parte y agradeciéndoles la oportunidad de dirigir esta mesa, le daría la palabra a Julio Bacio Terracino.
Él es jefe adjunto de de la División de Integridad en el sector Público, donde los últimos cinco años ha hecho diversos estudios comparativos y sobre países en temas de integridad, prevención de la corrupción y contratación pública.
Antes de unirse a la OCDE, el señor Terracino trabajó como consultor independiente contra la corrupción, como abogado en el sector privado en Argentina y como Oficial de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en general.
Tiene la palabra el doctor Julio Bacio Terracino y le agradecemos enormemente a nuestro querido Auditor Superior de la Federación que hoy tenía otro compromiso, y al señor presidente del Tribunal también.
Sumamente agradecidos.
Doctor Bacio Terracino tiene la palabra.
DOCTOR JULIO BACIO TERRACINO: Buenos días.
Tal vez un cambio de programa mínimo, que es darle la palabra primero a Luiz De Mello. Ya tenemos la presentación. ¿Empiezo yo? Si la podemos cambiar.
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: ¿Sí cambiamos o no?
No, adelante.
DOCTOR JULIO BACIO TERRACINO: Bueno, muy buenos días a todos.
Quisiéramos comenzar con la parte más técnica por parte de la OCDE, en el tema de integridad, para el cual estamos aquí en este seminario.
Quisiera comenzar con algo que para nosotros es muy importante, que es la palabra de contexto. Pueden ver en esta diapositiva que estamos hablando, cuando hablamos de integridad, de una gran variedad de riesgos. Tenemos temas de conflicto de interés, temas de compra pública, sobornos, fraudes, pero decimos aquí cuál es su tema, porque no hay un modelo que sea el mismo para todos los países.
Entonces vale la pena reflexionar de manera muy precisa cuáles son los riegos que enfrentan los diferentes países e inclusive a nivel organizacional, que no son los mismos que a nivel país macro.
Y así como tenemos una gran variedad de riegos, tenemos una gran variedad de soluciones, de diferentes herramientas que pueden ser legislaciones, regulaciones, comisiones de ética a nivel más institucional, temas de transparencia o rendición de cuentas, etcétera.
Pero aquí volvemos a decir cuál es su solución, evidentemente debido a la identificación de los riesgos que hay en un país o en una organización, hay que identificar cuál es la solución que es pertinente para su contexto.
Creo que aquí lo que queremos recalcar es que obviamente la OCDE está acusando a México en esta gran Reforma, pero lo más importante no es traer las prácticas de los otros países de la OCDE de manera general, sino ubicar cuáles son los riesgos específicos a México y cuáles son estas soluciones que son específicas también a México.
Entonces en la OCDE hablamos de un sistema de integridad o de un marco de integridad.
En el año 1998 en la OCDE se adoptó, el Consejo de la OCDE adoptó una recomendación para el manejo de la ética en el sector público que era bastante novedoso.
En el año 98 era recién cuando se empezaba a hablar de manera preliminar, de manera más abierta, temas de corrupción; se empezaba a ver más como un tema penal, existía alrededor de ese año existió, se ratificó la Convención Interamericana Anticorrupción, también tenemos la Convención Anti cohecho de la OCDE.
Pero esta recomendación de la OCDE 1998 tenía la novedad de que trataba específicamente el tema de prevención, el tema de integridad y el tema a nivel organizacional, no únicamente como un tema legislativo.
Estamos ahora en el año 2015, casi 20 años después y estamos en la OCDE en este momento en un proceso de revisión muy profunda de esta recomendación. Este instrumento de la OCDE, uno de los más antiguos en estos temas anticorrupción a nivel internacional.
Y tengo el agrado de presentarles el nuevo modelo, o el nuevo sistema de integridad, que justamente lo vamos a discutir esta semana en París, con todos los países de la OCDE.
Y aquí quería compartir con ustedes cuáles son los pilares que miramos cuando hablamos de integridad.
El primero es, como ven aquí, coordinar un sistema de integridad exhaustivo.
¿Por qué hablamos de esto? Hablamos porque luego de casi 20 años notamos que en muchos países de la OCDE hay una falta de implementación de políticas públicas cuando hablamos de integridad y hay una gran falta de una mejor coordinación a nivel horizontal y a nivel vertical. Y volveré a este punto más adelante.
El segundo pilar, cuando hablamos de un sistema de integridad, es el de fomentar una cultura de integridad.
Y esto es la base de todo, lo conocemos y ustedes lo saben, pero es muy difícil, como lo saben, cómo se crea una cultura de integridad en el sector público y para esto existen diferentes herramientas como los códigos de conducta, por ejemplo.
También existen estrategias enfocadas a los riesgos específicos. Pero hay que ver cuando hablamos de cultura de integridad, cuál es la relación, por ejemplo, con todo el tema de recursos humanos, de la carrera del servidor público.
Muchas veces, en muchos países se ve cómo algo separado, por un lado, tenemos la carrera del servidor público y por otro lado tenemos todo el tema de valores.
Y el tercer pilar es el de asegurar controles efectivos. Y obviamente aquí vemos temas de control interno, cómo incorporar el control interno a la gestión pública, la utilización de herramientas modernas, manejos de riesgos.
Y obviamente como se ha mencionado recientemente, el gran tema de las sanciones, la represión, que es lo que le da al sistema, y sin ello todo el sistema se caería.
Volveré ahora uno a uno a estos pilares para dar ejemplos de cómo esto se trata en los países de la OCDE.
Pero quisiera enfocarme brevemente en el último, que es promover la integridad en todas las sociedades.
Ustedes ven ahí que dice nuevo. Esto es no tan nuevo pero de una manera lo presentamos, de una manera nueva en un instrumento de la OCDE, que es mirar al tema de integridad no más como lo venimos haciendo en muchos países, como algo en el cual se separa al gobierno por un lado y a la sociedad por el otro, sino como algo en su conjunto.
Y justamente a veces creando estereotipos que no son reales, que es el gobierno como el gran corrupto y la sociedad como la víctima cuando en realidad no sucede así.
El gobierno es un reflejo de la sociedad y tenemos que hablar de cambios de cultura a nivel de sociedad que incluyen al gobierno, y el gobierno tiene un rol como promotor número uno, pero también como modelo.
Pero estamos comenzando en la OCDE un trabajo más profundo de temas de integridad de la sociedad a nivel económico, como por ejemplo temas relacionados a la evasión fiscal, temas de fraudes en seguros, etcétera, etcétera, que muchas veces se dejan de lado pero esto va de la mano cuando hablamos de integridad de un país, y no es sólo el gobierno el único responsable o el único actor en temas de integridad.
Y para esto podemos hablar de cambios de cultura y hay campañas, hay ciertos países que ya han comenzado campañas efectivas para cambiar la cultura de su sociedad en temas de integridad y nos podemos basar de otras campañas que ustedes tal vez conocen.
Hace 20 años o atrás en tema medio ambiental, por ejemplo, a raíz de las campañas realizadas por gobiernos ha cambiado la cultura en tema de medio ambiente y tenemos por qué pensar que esto no puede suceder en temas de integridad y anticorrupción. (Siguiente por favor)
Entonces volviendo, digamos, a lo más técnico que es el primer punto del primer pilar que hablábamos, es el coordinar un sistema de integridad exhaustivo.
Número uno. Aquí tendríamos que hablar de una estrategia nacional que conecte todos los diferentes puntos y acciones, creando coherencia y evaluando el impacto.
En los países de la OCDE vemos que más y más países adoptan estrategias nacionales anticorrupción, generalmente maneras de documentos.
Tenemos recientemente la República Checa, Estonia, Hungría, Italia, y el último ejemplo es el del Reino Unido, con su “Anti-Corruption Plan”, en el cual obviamente ustedes dirán “bueno, esto es un documento más”, son generalmente documentos anuales, o plurianuales, pero que son importantes para darle una estrategia a todo un sistema, a todas las diferentes acciones que toman varios actores.
Y yo diría que tal vez el Reino Unido promueve un buen ejemplo como una estrategia anticorrupción, porque toca todos los ámbitos relacionados a la anticorrupción, lo criminal, lo penal, también lo preventivo y los diferentes actores.
El segundo punto es el tema de coordinación horizontal. Esto es algo que es muy difícil en todos los países.
En la OCDE lo que vemos que, cuando trabajamos en la OCDE este tema a todos los países les interesa que es cómo coordinar entre todas las varias instituciones.
En los países de la OCDE en promedio hay 5 instituciones como mínimo, involucradas en temas de integridad.
Hablamos de los diferentes ministerios, el Poder Legislativo, obviamente el Poder Judicial, órganos externos, a veces independientes, y entidades fiscalizadoras.
Y hace falta una mucha mejor coordinación entre todas estas diferentes acciones.
¿Cómo se coordinan?
En los países de la OCDE vemos que se comienzan a crear, o ya los que existían, pero están cambiando cuerpos con representantes de las diferentes instituciones.
Por ejemplo, como el que surgió recientemente en el Reino Unido. Se creó un cuerpo así.
Pero aquí en la Región, en el Perú, hay un cuerpo que es una comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, que ha sido muy efectiva.
En México, en la Reforma, se crea esta entidad con representantes de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, etcétera.
Pero lo importante, lo que vemos, la lección a aprender de la experiencia de otros países es que esto no debe quedarse en un comité, o comisión, o como se llame, a un nivel tan alto y debe tener un fuerte órgano ejecutor o un brazo de acción con un presupuesto obviamente, lo que podríamos llamar un secretariado, que pueda llevar a cabo el accionar día a día.
Lo que vemos en muchos países que a veces se crean estos comités o estos entes de coordinación, pero se quedan a un nivel tan alto de un ministro o un secretario que obviamente al día a día no terminan siendo ninguna acción.
Entonces un secretariado que vaya acompañando a este órgano es muy importante para llevar a cabo el accionar.
También, un tema que en los países federales a veces se deja de lado, que es la coordinación vertical.
Cómo coordinar las políticas de integridad a nivel nacional, regional o local.
En los federales muchas veces lo que sucede, dicen, bueno no tenemos ninguna capacidad de acción, ningún mandato para accionar a nivel local o regional.
Pero países que hemos visto, federales, miembros de la OCDE, existen mecanismos informales, en los cuales se puede crear una cierta coherencia también, o un sistema general nacional que puede ser mecanismos de coordinación y de compartir como mínimo de información, o de aunar métodos de evaluación, métodos estadísticos, etcétera.
Para ir un poco más rápido, les paso rápidamente algunos datos.
Lo que vemos, como les mencioné: un tema importante en la estrategia era el evaluar el impacto.
Pero como pueden ver en esta gráfica, sólo el 27 por ciento de los países de la OCDE evalúan el impacto de sus políticas de integridad en relación específica al manejo de conflictos de interés.
Y vemos un 73 por ciento en los cuales está México, en el cual no se realiza ningún tipo de encuesta o datos estadísticos, o análisis de costo beneficio.
Entonces lo interesante sería ver, bueno, cómo podemos crear, aumentar este 27 por ciento, o cómo México puede pasar al color azul, al 27 por ciento, aprendiendo del tipo de mecanismos que utilizan esos países.
Y un segundo reto es, bueno, cómo una vez que se tiene este impacto, cómo esto retroalimenta las políticas de integridad en la revisión, o en una actualización de las políticas.
Esta es también una diapositiva interesante que muestra cuándo y qué México va a tener que enfrentar esto, que es: cuánto se centraliza o se descentraliza el tema de integridad.
A veces tenemos la tendencia en muchos países a, cuando hay un problema, centralizar. Centralizar las decisiones.
Y lo que vemos aquí en una encuesta que se realizó a nivel de recursos humanos de carrera en los países de la OCDE, lo que pueden ver, por ejemplo, en el desarrollo del Código de Conducta hay una tendencia a centralizar.
Pero lo interesante es ver que cuando hablamos de las sanciones, sanciones administrativas se comienza –y el color que ven, color crema arriba- hay un mayor nivel de descentralización y en realidad se les da a las organizaciones la capacidad de sancionar.
Y esto es todo. Bueno, no podemos entrar en detalle pero es todo detrás de una teoría de gestión y de darles el poder de decisión a los gerentes de niveles más bajos y que no se centralicen las sanciones a nivel central, que crea una distancia muy grande entre los servidores públicos y, digamos, y estos niveles que están muy alejados de ello.
Pasando al segundo, al pilar, hablábamos de fomentar una cultura de integridad.
Esto es algo que existe en México y en todos los países, que es cómo determinar y definir estándares de integridad, normas de política de integridad y conflictos de interés, cómo establecer herramientas como códigos de conducta, cómo esto debe estar íntimamente relacionado a los temas de contratación y carrera.
Lo mencioné rápidamente anteriormente que es muchas veces estos temas están divididos y es muy, muy importante que estén en conjunto.
Una persona accede al servicio público en temas de integridad. Y estos valores y estándares tienen que formar parte del acceso y también de la promoción cuando una crece en su carrera.
Obviamente temas de formación, se ven temas de capacitación, entrenamiento, y la promoción de la integridad en el discurso ordinario. (Por favor la siguiente)
Hablamos antes de, algunos países establecen estándares enfocados y aquí en México también se están haciendo, que es crear estándares específicos para ciertos funcionarios, categorías de funcionarios públicos debido a la naturaleza de sus funciones.
Y vemos que en realidad sólo en 60 por ciento de los países los ministros tienen este tipo de estándares específicos y ciertos funcionarios, que también podemos llamar de riesgo, de acuerdo a la particularidad de su función, como por ejemplo los asesores ministeriales, que tienen un gran poder en la mayoría de los gobiernos, sólo el 30 por ciento tiene estándares específicos creados a estas funciones.
Y el tercer pilar es el que mencioné anteriormente, es el de asegurar controles efectivos, que estamos hablando de mecanismos de control y auditoría interna, que es para empezar, por ejemplo, diferenciar entre lo que es control y auditoría.
Esto no está muy claro y muchas veces cuando hablamos en países de la OCDE de control interno, hablamos o nos mencionan temas de auditoría, y no es lo mismo. Tal vez los técnicos lo tienen muy claro, pero lo que tenemos que trabajar más es un manejo, por ejemplo, control a través de manejo de riesgos, la utilización de las nuevas tecnologías de información.
Pero lo más importante es que el control interno sea una parte casi diaria, o no casi, diaria de la gestión de la gestión de la administración pública. Y, después por separado obviamente, todos los temas técnicos de auditoría interna.
Dentro de los controles efectivos, fue mencionado en la apertura, tenemos el tema de protección de las personas que hacen denuncias, que obviamente estas personas contribuyen a detectar los casos de irregularidades, pero hay dos grandes obstáculos.
En una encuesta que realizamos en los países de la OCDE, las personas que decían haber comprobado haber sido testigos de actos de corrupción o de violaciones de integridad.
La razón número uno por la cual no hacen denuncias no es tanto porque tienen miedo de su seguridad, sino la gran mayoría es porque saben o dicen que creen que no va a suceder nada, que aunque hagan la denuncia nada va a suceder.
Y la segunda razón, obviamente, es porque tienen medio a represalias, tanto de su integridad física o de su carrera.
Por lo tanto, hacen falta obviamente establecer canales de denuncia efectivos, debe haber acción luego de una denuncia y en los países de la OCDE más avanzados en estos temas, lo que se trata siempre de hacer es de que se mantenga informado al denunciante de manera más o menos regular, y de esta manera cortamos esta sensación de que, bueno, uno hace una denuncia y queda ahí en el aire y nunca sabe qué es lo que sucede.
Por ejemplo, uno si en Francia hace una denuncia, puede elegir si uno quiere mantenerse informado de la evolución del expediente, por ejemplo; y obviamente todo lo relacionado a cómo otorgar protección efectiva a la persona que hace la denuncia.
Y cuando hablamos de asegurar controles efectivos, tenemos obviamente todo el tema del escrutinio público, transparencia, acceso a la información, como fue mencionado, y los mecanismos de queja de ciudadanos, es cómo los ciudadanos pueden ejercer controles ciudadanos.
Y obviamente el gran tema, que es: el cumplimiento y sanciones. Y esto es solamente abriendo la puerta a todo un gran tema, que es: Cómo tener un sistema judicial eficiente, bueno, administrativo, no sólo judicial, administrativo de sanciones, que México ya ha avanzado mucho en este tema y el tema judicial.
Y cuando hablábamos ahora de controles, pueden ver en una encuesta que realizamos en la OCDE, vemos que cuando por ejemplo en el tema de manejo de conflictos de interés y en la gran mayoría de los países, en todos salvo uno, deben hacerse declaraciones juradas de los bienes o de los conflictos de interés que tiene un funcionario público.
Como ven, el círculo a la izquierda dice que el 77 por ciento de los países controla que se ha presentado la declaración, pero ya empezamos a bajar cuando les preguntamos, y se controla que toda la información, las categorías deberían proveerse, reducimos a un 71 por ciento, pero sólo el 42 por ciento hace un control de la información, de la veracidad de la información.
La pregunta es: Si no hay control de auditoría, ¿cuál es el sentido de la norma? Porque obviamente los funcionarios saben si hay control o no.
Es muy importante cuando hablamos de control, darles estos dientes –como decimos– a realizar diferentes tipos de control; pueden ser controles aleatorios, etcétera, pero deben existir. Y, como ven, no son unanimidad en los países de la OCDE.
Y aquí vemos qué tipo de legislación existe en los países cuando hablamos de la protección de denunciantes. México se encuentra en la mayoría de los países del 47 por ciento que tienen protección en diferentes leyes, aunque lo que vemos en los países de la OCDE es que más y más países se están moviendo hacia este 41 por ciento, que son los que han adoptado leyes específicas por diferentes razones; leyes específicas para los denunciantes.
Creo que tal vez, quisiera enfocarme aquí en las dos últimas diapositivas para el tema de conflictos de interés.
La OCDE tiene un instrumento que es: otorga lineamientos para el manejo de conflictos de interés; y el manejo de conflicto de interés está basado en estos seis pilares, que tal vez los pueden ver aquí.
Muy brevemente les menciono que estamos hablando, por ejemplo, en todo sistema de manejo de conflictos de interés, se debe a, por ejemplo: identificar situaciones de conflictos de interés otorgando a los funcionarios públicos una descripción clara y realista de lo que es un conflicto de interés, a través de definiciones, ejemplos realistas, ejemplos de la vida real, establecer procedimientos para la identificación, gestión y resolución de los conflictos de interés.
El funcionario tiene que saber ante cada caso de conflicto de interés qué es lo que tiene que hacer. Debe deshacerse del conflicto; debe recusarse de una decisión, o debe ser el estado que debe limitar la información que este funcionario debe hacer.
Esto debe estar muy claro desde un principio.
Se debe demostrar un compromiso, el compromiso de liderazgo, creando responsabilidad a nivel organizacional. Por ejemplo, estableciendo lineamientos para los niveles superiores y no sólo para los funcionarios; crear una asociación con los empleados; incluirlos en el desarrollo del sistema de conflicto de interés.
Aplicar, obviamente tipificando las sanciones para las faltas administrativas o penales de los conflictos de interés e iniciar lo que llamamos una nueva asociación con empresas o el sector civil, que es crear un diálogo e involucrar al sector privado, especialmente en la revisión y consultarlos en cómo debe diseñarse, actualizarse y mantenerse el sistema de conflictos de interés.
Y aquí quisiera compartir la última diapositiva. Esto es sólo un borrador, es un indicador que estamos desarrollando en este momento en proceso y por eso ustedes no pueden ver quiénes son los países, sólo pueden ver dónde está México y dónde está el promedio de la OCDE.
Este indicador sólo refleja lo que dice la ley. Y quisiera recalcar esto para demostrar que no es un indicador que abarca todo el tema de conflicto de interés, y no refleja las últimas reformas que está haciendo México en el tema de conflicto de interés.
Pero pueden ver ustedes, esto es un indicador, lo que nosotros llamamos “un indicador accionable” en el sentido de que lo que quiero compartir son los diferentes colores. Ustedes pueden ver si cualquier país, incluyendo México, quiere hacer una reforma, a través de ver en cuál pilar se podrían concentrar; y podrán ver que la mayoría de los países –no puedo ver por la cámara, pero creo que México también– se podrían concentrar en lo que nosotros llamamos el DOG.4, el último pilar que mencioné antes, que es cómo involucrar al sector privado en la sociedad civil en el desarrollo y en la actualización del manejo de conflictos de interés.
Tal vez estamos bien en el 1.1, o sea, en el pilar uno, que es identificar los conflictos de interés; pero más enfoque hay que hacer en los otros pilares.
Esto es una herramienta que les sirve a ustedes y a otros países, como para ver dónde enfocar ciertas de las reformas.
Tal vez simplemente para terminar, todo lo que he mencionado y lo que ahora nuestro director adjunto va a mencionar con algunos datos más específicos de países de la OCDE, son temas que estaremos trabajando, ya estamos trabajando con México, y los estaremos trabajando especialmente en el estudio de integridad que estamos realizando junto con la Secretaría de la Función Pública.
Enfocaremos mucho de lo que he mencionado ahora, lo enfocaremos a justamente a hacer lo que mencioné al principio. Este alineamiento entre lo que México necesita y lo que nosotros podemos proveer a través de las prácticas de los países de la OCDE en cada una de estas áreas.
Muchas gracias.
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias, doctor Terracino.
Tiene la palabra ahora Manuel Luciano Hallivis, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Tiene la palabra, magistrado.
****** (Sigue segunda parte) ******
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