Senado de la República

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos. Segunda, del Senado de la República, con especialistas y servidores públicos en materia de anticorrupción.

(Primera parte)

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Buenas tardes. Bienvenidos al Senado de la República en esta tarde, para dar inicio a las audiencias públicas con los especialistas que hemos invitado el día de hoy, para conocer su opinión respecto a la minuta que hemos recibido de la Cámara de los Diputados respecto al Sistema Nacional Anticorrupción.

Nos acompañan el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos. Bienvenido, senador Burgos.

El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

Y la senadora María Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Así como el secretario, el senador Armando Ríos Piter.

Sean ustedes bienvenidos.

Por parte de nuestros invitados, nos acompañan el maestro Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

El maestro Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social y Cooperación.

El doctor Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano de la Competitividad.

El licenciado Marco Antonio Fernández Martínez, de México Evalúa.

El doctor Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.

El doctor Luis Carlos Ugalde Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.

El doctor Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económica.

El maestro Ricardo Raphael de la Madrid, profesor investigador afiliado del CIDE.

Doctor Max Kaiser Aranda, director de la Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico de Estudios.

El contador Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación.

El doctor Manuel Hallivis Pelayo, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Y el contador público Raúl Sánchez Kobashi, subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública.

No sé si me faltó alguien, derivado de los invitados que hemos tenido. Estamos todos completos.

Y les agradecemos a todos nuestros invitados que nos acompañen esta tarde.

El formato que hemos establecido para estas audiencias públicas y abiertas, es que nuestros invitados tengan una exposición de 10, 12 minutos en alguna de las tribunas, que yo les pediría que sea de lado izquierdo o de lado derecho para que tengamos el tiro de la cámara, toda vez que estamos transmitiendo por el Canal del Congreso, que tengamos en bloque todas las exposiciones; y al final de esto, una sesión de preguntas y respuestas.

Nuevamente, bienvenidos al Senado de la República, y le damos el uso de la palabra al maestro Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Doctor, si nos hiciera el favor de ocupar… sí, porque nos está siguiendo el Canal del Congreso, para que los televidentes puedan apreciar.

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Agradezco al Senado de la República por la oportunidad de participar en este proceso legislativo.

Me queda muy claro que en los últimos meses ha ocurrido algo que era de suma importancia para el país, y es un cambio de paradigma en términos del combate frontal a la corrupción.

Por muchos años, y aquí hay especialistas y titulares de las dependencias a las que voy a hacer referencia, se pensó que un solo órgano o muy poquitos órganos podían cumplir a nombre de todo el Estado mexicano, la tarea de controlar este flagelo que afecta gravemente al país.

Me queda muy claro que al discutir el marco de un Sistema Nacional de Anticorrupción se está reconociendo que es un conjunto de instituciones las que se tienen que perfeccionar, para poder avanzar en la agenda.

Me queda muy claro también, conociendo la minuta que envió la Cámara de Diputados a este Senado, que ha habido un esfuerzo de las fuerzas políticas del país por tratar de llegar a consensos; y todos los consensos inevitablemente dejan fuera asuntos, preferencias, posturas, necesidades de diseño institucional que también deben ser parte de una auténtica política nacional contra la corrupción y de una estrategia más amplia.

El Sistema Nacional de Anticorrupción se refiere estrictamente a seis asuntos, que creo que es importante considerar: El futuro de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control dentro de ésta.

Y aunque en el acuerdo alcanzado no se menciona el tema de un servicio profesional para los órganos internos de control, por tratarse del texto constitucional; me queda claro que necesitamos avanzar este asunto en legislación secundaria y que es una de las piedras de toque para que auténticamente profesionalicemos a los órganos internos de control en el país.

En el dictamen que se ha enviado a este cuerpo legislativo, se habla del Sistema Nacional Anticorrupción y se describen algunas de las instituciones que forman parte, me queda claro que nuevamente, fruto de las negociaciones y el acuerdo, se han enlistado una serie de instituciones, pero creo que en el futuro debemos de revisar con mucho cuidado si otras agencias de la administración pública, otras instituciones también deberían ser parte de este sistema.

Menciono dos sencillamente por su importancia: El Servicio de Administración Tributaria y la Unidad Especializada en Inteligencia Financiera, que mucho tendrá que aportar al trabajo de este Sistema Nacional de Anticorrupción de aprobarse en los próximos días.

Hay asuntos relevantes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que sin duda van a requerir del talento de la Academia de los muchos especialistas en derecho administrativo y de los propios involucrados en estas instituciones para traducir lo que se ha planteado en el texto constitucional en algo que deje en la práctica satisfecha la demanda de independencia en torno a la posibilidad de sancionar actos de corrupción.

Hay muchas definiciones ahí que están todavía por darse. Para mencionar sólo algunas: la diferencia entre asuntos graves y no graves; cómo vamos a entender cuál es la línea divisoria entre estos asuntos. Tal vez no sea objeto del objeto constitucional, pero sin duda es parte de una agenda legislativa en este tema.

También creo que hay que dar mucha atención al asunto de las sanciones a los particulares, se trate de personas físicas o de personas morales. Es un avance muy importante del sistema hacer responsables en lo administrativo a las personas morales y a las personas físicas, pero ahí hay sin duda focos ámbar que hay que cuidar en términos de la traducción de lo que esto pueda suponer ya en la operación del Tribunal.

Me queda muy claro también que, al referirnos de manera general en esta discusión a los artículos 73 y 108 de la Constitución, alrededor de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, no hemos podido llegar a lo que fue parte de muchas conversaciones públicas sobre este tema que es un nuevo régimen de responsabilidades para el país.

Entiendo que, fruto de los consensos nos hemos quedado alrededor de una Ley General de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, sé que vamos a tener que seguir trabajando en los próximos años y que, sin duda, lo que se alcance como consenso en este Senado todavía tendrá que sufrir mucho trabajo, no sólo en la legislación secundaria sino de forma permanente para tener un auténtico sistema de responsabilidades acorde al modelo democrático de nuestro país.

Respecto a las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, creo que ha quedado claro que se convierte en una pieza central de este sistema al adquirir facultades adicionales, atribuciones adicionales, y me gustaría insistir en la importancia de algo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que creo que es también piedra de toque.

Entiendo que pueda haber polémica, discusión, por la vía fiscal, por la vía del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal sobre este tema, pero me parece que es fundamental y que se consiguió en la Cámara de Diputados, que es poder referirse a la fiscalización de las participaciones federalizadas que se encuentran en estados y municipios.

Este es el artículo central y esperamos que en las discusiones que tengan en las próximas horas y días, este asunto no vaya para atrás.

Es de todos conocido (falla de origen) para tratar de llevar atrás este asunto. Entiendo… (Falla de origen) de anticorrupción.

El Comité Ciudadano que se plantea en la redacción pues es una forma de dar voz y salida a preocupaciones cívicas en el documento que conocemos naturalmente se le han dado facultades para llevar acabo ciertas tareas, pero me parece fundamental que entendamos que la participación social no puede limitarse a un comité ciudadano.

Pongo solamente un ejemplo: la Secretaría de la Función Pública y volteo a ver al subsecretario Sánchez Kobashi, lleva 22 años de estar trabajando en el tema de contraloría social y al referirnos a un sistema nacional anticorrupción parece increíble que no hagamos referencia a los mecanismos de control que ya tenemos en campo en muchas de las partes del país y que no se articulan en ningún sitio.

Este es un tema que preocupa a muchos legisladores, lo han expresado abiertamente, cómo involucrar a la participación ciudadana, pero creo que falta reflexión y creo que falta profundidad en lo que se ha descrito hasta ahora.

Estos espacios consultivos, estos espacios de voz fueron útiles tal vez para el siglo pasado mexicano, donde no había manera de hacer llegar la voz de los ciudadanos, pero hoy necesitamos figuras mucho más sofisticadas y articuladas, pata aprovechar el potencial ciudadano en esta materia.

Otro asunto que creo que no ha quedado suficientemente aclarado, en la Cámara de Diputados se aprobó, es este mecanismo de inteligencia institucional, que traduzco, yo sé que los especialistas aquí lo conocen bien, pero que traduzco de la siguiente forma: lo que apruebe este Senado, lo que pase por la vía constitucional, lo que tengamos en las leyes que tengan los estados en esta materia, no puede ser sino un sistema vivo, tendremos que estarlo perfeccionando sistemáticamente.

Algunos de los senadores y muchos de los especialistas conocen lo que nos ha pasado con la Secretaría de la Función Pública y la razón por la cual vivía en este continuo temor de desaparición, cosa que afortunadamente en este sistema no se plantea.

La razón por la cual estaba en esa precaria situación es porque no se actualizaba permanentemente como dependencia. Aparecían nuevos asuntos, nuevos escándalos, nuevas preocupaciones y se le iban poniendo pedacitos a cada una de las dependencias.

Me parece que el tema de la inteligencia institucional y la capacidad de aprender de sí mismo, es un asunto de la mayor importancia y aún no lo percibo de esa manera en lo que se está planteando en este Senado de la República para su discusión y aprobación eventual.

Finalmente me queda claro que aunque hemos hablado de un sistema y en otros instrumentos legales, por ejemplo la Ley General de Transparencia, se habla de un sistema nacional de transparencia y nos referimos a un sistema nacional de fiscalización y control y a un sistema nacional de coordinación fiscal.

La verdad es que en la práctica muchos de estos instrumentos están muy lejos de ser auténticos sistemas. No es un asunto de semántica, es un asunto de operación y resultados.

Esos sistemas no tienen indicadores claros de desempeño., como sistemas, son espacios de coordinación, son espacios para la comunicación entre las dependencias, pero no queda claro cuál es su propósito como sistema, en términos de los resultados esperados, el impacto que puedan generar y los indicadores de desempeño para que puedan ser realmente llamados sistemas.

Hasta el momento creo que son mecanismos de coordinación y nada más que eso. La oportunidad que tiene este sistema nacional anticorrupción de ayudar a integrar muchos de los sistemas o subsistemas del país, que hacerlos auténticamente eso, sistemas, es enorme.

No está, por ejemplo, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no vemos reflejado de alguna manera el tema de la armonización contable, es una de las preocupaciones en términos de cumplimiento de este anhelo de rendición de cuentas.

El Sistema Nacional de Transparencia todavía tiene en la Ley General de Transparencia un asterisco, habrá quien pueda pensar que no tiene validez constitucional por haber aparecido en la Ley General.

En fin, me parece que esta es la oportunidad de articular muchos sistemas; hay una iniciativa pendiente sobre el Sistema Nacional de Fiscalización y Control.

Y tengo la sensación de que esta es la oportunidad de articular todos estos subsistemas en un auténtico modelo integrado que dé base a una política nacional anticorrupción.

Lo hemos dicho abiertamente en todos los espacios posibles y este es el lugar idóneo para recalcarlo.

Estamos convencidos de que éste, de lo que ha aprobado la Cámara de Diputados no es impecable ni perfecto, ni llena las expectativas de muchos ciudadanos, ni las necesidades amplias en esta materia.

Pero es una hoja de ruta para poder hacer una construcción institucional que va a tomar cuando menos –y también creo que hay que ser honestos con el público- una década.

Estamos hablando de la primera piedra de una construcción institucional muy compleja, que todavía está por darse.

Si no se aprueba la hoja de ruta relativamente pronto, pues la construcción institucional demorará todavía más.

Haciendo cálculos muy rápidos –y con ello cierro- si se aprobara en este periodo de sesiones el Sistema Nacional Anticorrupción, el público, la sociedad mexicana estaría viendo tal vez los primeros resultados; si todo sale bien, si en los congresos locales se aprueba, si la reforma constitucional prospera, si las leyes secundarias avanzan, en el 2018.

Tengo la impresión de que cada minuto en esto cuenta, para empezar a ver no sólo la promesa del sistema, sino sus resultados e impacto.

Muchas gracias senadores.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.

Agradecemos la intervención del maestro Eduardo Bojórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Tiene el uso de la palabra el maestro Alejandro González Arreola, Director General de Gestión Social y Cooperación (GESOC).

MAESTRO ALEJANDRO GONZÁLEZ ARREOLA: Buenas tardes a todas y a todos.

Antes que nada agradecer de nueva cuenta la invitación que me ha extendido el Senado de la República y en particular las Comisiones Unidas, para comentar esta pieza legislativa que me parece de gran importancia y trascendencia, no sólo por el contexto que estamos viviendo, sino también por la urgencia del momento en el proceso legislativo que estamos enfrentando a partir del reconocimiento de que estamos por cerrar una legislatura, que es la legislatura de origen de esta Reforma, que es la Cámara de Diputados, y que urge verdaderamente tener una respuesta rápida, pronta y precisa antes de que esa ventana de oportunidad legislativa se cierre.

Voy a aprovechar mi tiempo para hacer un análisis:

La primera tiene que ver platicar, un poco complementar lo que ha dicho Eduardo, a partir de ubicar el objeto, el análisis que tenemos hoy frente a nosotros desde, primero, las premisas o los supuestos que originalmente animaron esta particular iniciativa que me parece una iniciativa muy, muy relevante.

Segundo: el enfoque a partir del cual se abordó esta iniciativa y esta reforma.

Y, tercero: identificar algunas fortalezas y debilidades, y cerraré haciendo un llamado muy claro a las y los senadores en el sentido de qué hay que hacer.

Traemos justamente un contexto en el cual las medias tintas, o los posicionamientos a medias de poco ayudarían en este contexto.

Este Sistema Nacional Anticorrupción, la ley, la pieza de reforma que ustedes tienen ante ustedes, senadoras y senadores, parte de tres supuestos que me parece que recogen en buena medida un proceso de diálogo, de discusión, de análisis que hay que reconocerlo, en buena medida hemos realizado en el marco de la Red por la Rendición de Cuentas y en otros espacios.

Pero sobre todo en la Red, que me parece que ha auspiciado una muy buena parte de la discusión, tanto en el contexto nacional como en el internacional, con expertos internacionales en seminarios. Primero lo hemos debatido entre nosotros y después hemos abierto procesos de diálogo con las y los tomadores de decisiones.

Y hubo un consenso en tres sentidos, en términos de las premisas:

Primero, a partir de la experiencia internacional y de los consensos alcanzados, la primera premisa es que era necesario atender las causas de la corrupción y no sólo centrarse de manera clara en los efectos de la misma, y no irnos con la finta de necesariamente fortalecer una lógica de castigo por encima de la detección, identificación de aquellas causas que están generando este fenómeno.

En la medida en la cual esas causas permanezcan, agarrar peces gordos, chiquitos, medianos, pequeños; obviamente será una tarea eterna que nunca tendrá fin. Y la idea justamente era generar un diagnóstico y un análisis que permitiera identificar esas causas.

Segundo, ¿qué, por tanto, debería existir en respuesta justamente a la identificación de esas causas y desde una perspectiva sistémica a la identificación?

Obviamente un diseño institucional que permitiera eventualmente hacerse cargo de la corrección de esas causas que eventualmente generan la corrupción.

Y más importante aún, una vez identificado ese sistema de diseño institucional, del cual estamos hablando, no cometer el error que se ha cometido en otros diseños institucionales del mundo, de evitar que entre las propias instancias públicas responsables de la prevención y el combate a este flagelo, no exista entre ellas pesos y contrapesos; que es un elemento muy, muy relevante, el famoso peer review y el análisis de pesos y contrapesos que, más allá de los contrapesos entre los distintos Poderes de la Unión, ayuda y permite e incentiva la mejora continua entre los actores.

Creo que estas tres premisas, me parece, sustentaron en buena medida el diseño de la reforma que hoy tenemos. Y en conexión, obviamente, a lo que ustedes tienen en sus manos, en sus escritorios, senadoras, senadores; es obviamente una respuesta, probablemente no perfecta, inacabada e inadecuada; pero me parece que es consecuente con este diagnóstico, es consecuente con estas premisas, asume una perspectiva sistémica a partir de la detección de estos tres elementos.

Y lo que busca justamente, más que la creación o la búsqueda de la bala de plata que nos permita acabar con la corrupción; reconoce que este es un proceso de aproximaciones sucesivas que eventualmente, y si todo se alinea, nos llevará a un estadio en el cual un conjunto múltiple de instituciones y de acciones nos permitan realmente cerrar los distintos espacios entre los cuales hoy se cuelan estas acciones que hoy conocemos como corrupción.

Desde esta perspectiva, la iniciativa que ustedes tienen yo creo, que de manera razonable provoca la idea de generar sinergias, complementariedades y a la vez contrapesos, y este es un elemento complejo de poder conciliar; pero creo que razonablemente lo logra entre el conjunto de instituciones que hoy tenemos, más otras más que requieren ser construidas a partir de esto, para que eventualmente desde una perspectiva sistémica tomemos la base o sentemos las bases para el combate y la prevención de este flagelo.

¿Qué hace?

El Sistema Nacional Anticorrupción, tal y como está planteado, y la palabra Sistema no se refiere tanto, aunque ya es un sistema, sino a que tiene una perspectiva sistémica y a que sienta las bases justamente de la interacción entre los múltiples actores vinculados al fenómeno desde la perspectiva gubernamental; para identificar de forma quirúrgica, me parece que en el documento que ustedes ya tienen aprobado de la Cámara de Diputados, lo que no está funcionando en el actual status quo de las instituciones anticorrupción.

Propone medidas sensatas, me parece, razonable, para que estas limitaciones sean eventualmente superadas. Eduardo mencionó –que me antecedió ya en el uso de la palabra– estas medidas; no voy a ahondar en ellas, ustedes las conocen muy bien, pero también identifica –por otro lado– vacíos existentes en el status quo: no sólo dónde están las omisiones entre las distintas instituciones, sino cuáles otras tendrían que existir, pero en el marco de una perspectiva sistémica en donde exista claramente identificado de qué manera encaja en el Sistema, cuál es el valor que agrega, no que duplica, no que limita.

Y desde esa perspectiva, cuál es el rol que debe de jugar cada una de estas instituciones.

Me estoy refiriendo, por supuesto, a la Fiscalía Anticorrupción que ya ha sido creada, pero también, por supuesto, al Tribunal de Justicia Administrativa que sería obviamente replanteado en esta minuta.

También establece mandatos, condiciones y espacios de coordinación en donde hoy no los hay, y eso es muy importante; eso es un elemento –me parece– característico.

Ciertamente –como mencionaba Eduardo– no agota todos esos espacios y posibilidades, pero establece las bases para que esa coordinación se dé de manera consistente, constante, logrando esta armonización a veces difícil, insisto, entre generar sinergias y complementariedades, pero a la vez pesos y contrapesos entre las distintas instituciones responsables del combate y la prevención de este flagelo. Y establece, por lo tanto, espacios también de condición y de control cruzado entre estas distintas instituciones.

Me parece también que, al ser una reforma constitucional esencialmente, deja muchos temas en el tintero y que están en la racionalidad, implícitos en la racionalidad de la reforma, aunque no necesariamente explícitos en la letra de la misma, dado que, insisto, un nivel de replanteamiento y diseño constitucional.

Me parece que la minuta al menos ubica el espíritu que está atrás de estos elementos y, sobre todo, establece claramente la ruta que habría que eventualmente seguir para complementar esto que hoy vemos como esta reforma que está inspirada en una perspectiva sistémica, pero que eventualmente tendría que ser consolidada como un sistema en toda la entereza de la palabra y en toda la amplitud de la palabra que hoy obviamente no lo tiene.

Efectivamente tiene limitaciones, menciono algunas:

El sistema, por supuesto, podría comprender sistemas de participación mucho más adecuados al siglo XXI, a lo que sucede en otras instancias como las iniciativas de gobierno abierto que plantean procesos de cocreación y de trabajo conjunto, sociedad civil y gobierno, con espacios previamente planteados para ello, con procedimientos claros, con tiempos claros, con métricas claras. Efectivamente, podría realmente ir hacia allá.

Podría también considerar el propio sistema la posibilidad de otros cambios para considerar, por ejemplo, al Presidente de la República como sujeto a investigación de esto; sin embargo, y quiero ser muy claro, muy explícito –y con esto terminaré–, yo prefiero ver esto como un sistema abierto en el cual eventualmente podemos seguir complementando, ajustando, en una lógica de aproximaciones sucesivas, pero necesitamos una base para construir, y lo que hoy tenemos ante nosotros es la posibilidad de decirle que sí a esta base que es esta minuta que hoy tenemos en Cámara de Diputados, proveniente de Cámara de Diputados; y en cuanto esta sea aprobada, ¿por qué no empezar un proceso, que ya lo hemos hecho además en el Senado, de cocreación y coconsulta para que eventualmente pudiéramos superar las limitaciones que aquí hemos señalado? He señalado yo, ha señalado Eduardo y seguramente señalarán las y los colegas que me sucedan en el uso de la palabra.

Sin embargo, insisto, requerimos algo, una base, una piedra de toque, y esa es la oportunidad que tenemos ante nosotros.

Creo que el modificar la minuta generará beneficios efectivamente, pero esos beneficios son marginales, versus lo que hoy tenemos; y en cambio puede abrir la posibilidad de costos muy grandes, dado que tendría que regresar a la colegisladora, en donde seguramente sería, dado los cambios legislativos que se prevén permanecerá por varios meses, si no es que años, perdiendo una ventana de oportunidad legislativa inmejorable dado el contexto al cual nos estamos enfrentando.

El llamado es, senadoras y senadores, a, aun sabiendo que esto tiene limitaciones, el llamado es claro, aprobémoslo tal y como viene, seamos responsables de esto, corresponsables, porque parte de lo que estoy diciendo aquí también me corresponsabiliza de esto, y a partir de ahí empecemos y abramos un proceso de mejora continua y decantación de lo que hoy tenemos.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, maestro Alejandro González Arriola, Director General de Gestión Social y Cooperación.

A continuación, damos el uso de la palabra al doctor Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano de la Competitividad.

DOCTOR JUAN ERNESTO PARDINAS CARPIZO: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por el privilegio de poder hablar desde esta tribuna.

Voy a ser breve, pero voy a ser muy reiterativo.

Como ciudadano encarecidamente les pido que a esta legislación que les envía la Cámara colegisladora, por favor no le muevan. Como ciudadano les pido que no la cambien.

Como Juan Pardinas les pido que no le enmienden, que no la mejoren, que la dejen como está. Seguramente es perfectible, seguramente es mejorable. Dejemos esas ambiciones para otra legislatura y también aprovechemos la oportunidad de cambiar la historia de México.

Una de las definiciones que más me gusta de la política, una de las definiciones más nobles es que es un medio de salvar a una comunidad de su propio pasado y de su propio destino y eso es lo que tenemos hoy enfrente: la oportunidad de cambiar la trayectoria de la historia de México.

Aprobar esta iniciativa y aprobarla pronto es sembrar y poner la piedra de toque de la reconstrucción de la confianza en las instituciones del país.

No es una solución definitiva, va a haber que hacer muchísimas cosas, como decía mi colega Alejandro González, no hay bala de plata para enfrentar este monstruo, a este vampiro no se le mata sólo con una estaca en el corazón, se tienen que hacer muchas cosas.

Veo que el día de hoy también participará y me da mucho gusto, el doctor Luis Carlos Ugalde, creo que él tiene mucho que decir sobre la necesidad de reducir el costo de las campañas electorales.

Mientras no tengamos una democracia menos onerosa, no vamos a poder tener un servicio público más honesto. Mientras sea tan costoso ser presidente municipal ganar una elección al Senado, ganar una elección a gobernador o ganar una elección para presidente de la República, es una tarea sobrehumana poder hacer eso, ser un candidato competitivo y al mismo tiempo ser un funcionario honesto.

Así como les pido que no le cambien, no le muevan, también les pido que no se cansen, que nos ganemos el derecho al cansancio, porque todavía hay mucho qué hacer y mucho qué legislar. Espero que Luis Carlos y entrometiéndome en su tema, abunde sobre eso.

Hay otro que a mí me preocupa en lo particular y me preocupa en dos dimensiones: uno es su importancia y otro su ausencia del debate público, que es el uso de efectivo en la economía.

El efectivo es la manera de intercambio, la moneda de cambio de la economía formal, la corrupción y el crimen organizado y sin embargo seguimos viendo, de forma totalmente natural, instituciones del Estado mexicano hagan transacciones en efectivo, hagan pagos en efectivo, nóminas en efectivo, salvo que me corrija el Auditor Superior de la Federación, una transacción en efectivo es algo que no es auditable, que no es perseguible.

Y vemos normal que gobiernos estatales, que congresos estatales probablemente aquí, en el Senado, no tengo idea, pero las transacciones en efectivo las seguimos viendo como algo natural. Las deberíamos ver como algo que no corresponde dentro del universo de una economía formal y la aspiración de tener un servicio público más honesto.

Va a haber que seguir legislando sobre muchísimos otros frente: el frente electoral, el frente de uso de efectivo, la legislación secundaria, y como lo decía mi colega desde hace muchísimos años, Eduardo Bojórquez, si esto va a empezar a funcionar en el 2018, si ustedes aprueban esta reforma constitucional ahorita, creo que más sentido de urgencia, más inminencia de poderse mover en el sentido de lo deseable, antes de lo perfecto, pues creo que no hallo manera sin que no sea tan reiterativa y quedarme aquí, en la tribuna, ocupando su tiempo y su atención para decirles lo mismo:

Senadores: por favor, aprueben esa Reforma Constitucional, apruébenla pronto.

Muchísimas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctor Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano de la Competitividad.

A continuación, tiene el uso de la palabra el licenciado Marco Antonio Fernández Martínez, de México Evalúa.

LICENCIADO MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Muy buenas tardes.

Antes que nada quisiera agradecer a los señores senadores la invitación para participar en este foro de análisis.

Sin duda alguna, reconocer la apertura: En diciembre de 2013, ya hace prácticamente año y medio, más de año y medio, se aprobó en esta Cámara una Minuta en esta materia.

Y entonces señalábamos algunas de las cosas, de las diversas preocupaciones que teníamos sobre lo que ustedes habían aprobado sobre la Comisión Nacional para el Combate a la Corrupción.

Y la falta precisamente de una forma de integrar los distintos elementos del Estado Mexicano para combatir la corrupción.

Los señores legisladores y su colegisladora retomaron mucho de los elementos que diversas organizaciones de la sociedad civil, englobados principalmente en los colegas de la red de rendición de cuentas, retomaron muchas de estas propuestas y están reflejadas esta minuta que hoy tienen bajo su análisis.

Sin duda alguna, como lo han mencionado mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, hay ámbitos que se pudieran mejorar, pero en términos generales nos parece que esta minuta representa un avance sustantivo respecto al marco jurídico vigente.

Por ejemplo, contempla la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito, lo cual me parece fundamental para mandar la señal muy clara que cometer fraude desde el servicio público o al Estado Mexicano es una falta grave y por lo tanto se tiene que contemplar una sanción de esta naturaleza.

Logra fortalecer órganos del Estado Mexicano, como la Auditoría Superior de la Federación, para poder fiscalizar las aportaciones, que sabemos que es un tema controvertido, que ha habido gobernadores que se han acercado a ustedes para expresar su desacuerdo respecto a este punto, porque lo consideran una violación al federalismo.

Pero respetuosamente diferimos de esa posición porque creemos que tiene que haber un órgano externo que complemente las labores de fiscalización de los órganos locales de fiscalización que en muchos casos lamentablemente sabemos que no han hecho bien su trabajo y que por eso han permitido el ámbito de corrupción en muchos estados.

Vemos con mucho reconocimiento la nueva capacidad de la Auditoría Superior de la Federación para iniciar su labor en tiempos reales y no esperarse hasta la presentación de la cuenta pública.

Quisimos convencer a los señores legisladores, a sus compañeros, de la necesidad de cambiar los tiempos de la presentación de la cuenta pública.

Sabemos, como lo mencionó mi colega Eduardo Bojórquez, que toda política pública es parte de un consenso, y que esta parte no se pudo retomar.

Pero reconocemos que precisamente el hecho de que pueda empezar antes su labor la Auditoría Superior de la Federación, presentar informes parciales de su fiscalización, ayudará a que los señores diputados tengan elementos más a tiempo para poder hacer sus discusiones presupuestales.

Sin duda alguna es un avance dotar a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, de la facultad del juicio de revisión ante la inacción de la fiscalía especializada en materia de corrupción.

Hoy sabemos que muchas veces los procesos de investigación de funcionarios públicos corruptos, o también de los particulares involucrados en casos de corrupción, no se procesan adecuadamente por ineficiencias al interior de la Procuraduría General de la República.

Esta nueva facultad para la Auditoría Superior y para la Secretaría de la Función Pública, pondrá una presión institucional a sus colegas de la Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción para que haga su trabajo como debe de ser; y si no, precisamente recurrir a los tribunales para forzar a hacer este trabajo.

Me parece fundamental que se haya establecido en estas labores de investigación, tanto la Auditoría como la Secretaría no estén limitados por los secretos fiduciario, bancario, bursátil y fiscal. Esto, por ejemplo, es un avance respecto a lo que ustedes habían aprobado en diciembre; se les había olvidado entonces el secreto bursátil: Hoy ya retomaron esa parte los señores diputados.

Entiendo la preocupación y comparto ese señalamiento de los colegas, que en la legislación secundaria se tendrá que precisar para evitar un uso político de esta facultad, que sea el titular de la Auditoría Superior de la Federación, sea el titular de la Secretaría de la Función Pública, el que pueda utilizar estas facultades. Pero el hecho de otorgarlas constitucionalmente, sin duda alguna consideramos que es un avance.

Mucho se habló de la prescripción del delito de corrupción y no me dejará mentir el senador Encinas, que coincidimos en un Foro hace algunas semanas; nosotros insistimos muchas veces que necesitábamos un tiempo mayor a lo que los señores diputados aprobaron. Pero es un avance, sin duda alguna, que haya aumentado el tiempo de tres a siete años.

Consideramos que el beneficio marginal, como lo mencionó mi colega Juan Pardinas, de modificar una minuta en estos términos para ampliar aún más los términos de la prescripción, llevaría el peligro de que entonces ya no saliera ninguna reforma en sí; por lo menos perderíamos en ese sentido, lo más.

Hay avances significativos en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual va a tener una sala especializada para los delitos de corrupción y de faltas graves administrativas. Como lo mencionó mi colega Eduardo, fundamental será que la legislación secundaria se precisa qué se entiende por “gravedad”.

Y habrá que, también, en esa legislación acompañar la modificación para que haya salas regionales que acompañen la labor de la sala principal del Tribunal; porque de lo contrario no se van a dar abasto los colegas del Tribunal de Justicia Administrativa para procesar los casos de corrupción y de faltas administrativas graves.

Hay otros puntos que creo que es necesario precisar, pero esos puntos se tienen que precisar en la Ley Secundaria porque, como lo comentaba con la senadora Rojas en algún momento, precisamente en 2013, entiendo perfectamente que la Constitución –válgame la expresión– no es un árbol de Navidad a la que se le tiene que cargar de demasiadas cosas.

Muchas de las precisiones vendrán en la legislación secundaria, y que por lo menos son entre 10 y 15 legislaciones que serán afectadas por esta reforma constitucional. Por eso la urgencia de que se tenga que aprobar esta reforma constitucional, porque hay mucho camino por delante.

Y yo quisiera asumir que sus grupos de asesores ya están identificando cuáles son estos elementos de las legislaciones secundarias que se van a tener que ajustar para que podamos tener a la brevedad, un marco jurídico completo para atajar uno de los grandes problemas que tiene este país y que lamentablemente el Congreso, en el marco de toda la discusión de las reformas estructurales del país, ha decidido dejar al final; y digo que es lamentable esa parte porque en todos los ámbitos estructurales –energético por ejemplo, educativo–, en el uso de los recursos públicos hay amplios márgenes de corrupción.

Por eso ya no podemos tardarnos, como les comenté en un texto que les compartí la semana pasada, con toda franqueza son tiempos de sensatez política; ya no está –perdónenme la expresión– el horno para bollos. Creo que los diversos casos que se han documentado de problemas de corrupción y del uso ilegítimo de los recursos públicos, les tienen que dar un recordatorio de que ya no se pueden tardar más.

Como ciudadano sí observo que tenemos un gran problema y que es su responsabilidad poder legislar a la brevedad en esta materia y, sí, dejar precisiones para el futuro en la legislación secundaria que, insisto, espero ya estén sus grupos de asesores identificando.

En conclusión, creo que la minuta que tienen ustedes bajo consideración, es un producto de un diálogo muy franco y abierto entre diversas organizaciones de la sociedad civil y varios de ustedes y sus compañeros en la Cámara de Diputados.

Celebro, sin duda alguna, la apertura para poder tener estos foros de análisis. No nos podemos ya dar el lujo que por purismos legislativos corramos la suerte de que nos tengamos que ir a otra legislatura para el análisis de esta minuta. El país ya no puede esperar.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, muy amable, licenciado Marco Antonio Fernández Martínez de México Evalúa.

A continuación, el doctor Mauricio Merino, Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas. Tiene el uso de la palabra.

DOCTOR MAURICIO MERINO HUERTA: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos.

Les agradezco de todo corazón, señoras y señores senadores, que una vez más nos inviten a este recinto para escuchar nuestras opiniones.

El diálogo público al que ustedes han convocado ya varias veces, no sólo ha venido modificando las formas tradicionales de legislar sino que también ha abierto la puerta para confiar en que los proyectos y las ideas gestadas en otros ámbitos puedan efectivamente convertirse en reformas constitucionales y legales de gran calado.

Esto francamente no era una práctica común, y hoy en cambio su experiencia –me refiero a la de ustedes– está dando frutos esperanzadores.

De verdad, de corazón, muchas gracias por su apertura.

Mi intervención que está escrita para no pasarme del tiempo, será, además de leída, repetitiva, porque es ofrecer tres argumentos para pedirles –igual que lo han hecho varios de mis colegas– clara y directamente que aprueben ustedes la minuta de la reforma constitucional que abriría la puerta para crear un Sistema Nacional Anticorrupción.

La reforma iniciada en la Cámara de Diputados fue –como saben– el producto de una amplia deliberación previa. Varios de ustedes venturosamente participaron desde sus inicios en esa deliberación previa.

Esta reforma recupera, si no en todo, sí en buena medida los resultados, además de la investigación y del diálogo que por años hemos sostenido distintas organizaciones académicas y sociales en torno a la necesidad de construir, no una reforma sino una política pública completa, articulada y coherente de rendición de cuentas como antídoto a la corrupción que daña las instituciones políticas de México y que ha generado ya de manera sistemática que esas instituciones no entreguen los resultados que se esperan de ellas: Que se deteriore la confianza y las relaciones sociales; que se vulnere el derecho y se vulneren los derechos; que se desperdicien recursos; que se limite el crecimiento económico y se bloquee la redistribución del ingreso.

No, no quiero agotar mi tiempo ofreciendo datos. Estoy seguro que ustedes conocen en relación con los costos y las lamentables consecuencias que se derivan de la corrupción en prácticamente todos los planos de nuestras relaciones sociales.

Sólo quiero subrayar que la corrupción es la mayor causa actual de la desigualdad, de la impunidad y de la exclusión en nuestro régimen político.

De aquí mi primer argumento. Seguramente la reforma constitucional aprobada ya por los diputados, ya se ha dicho, puede ser perfeccionada. Nadie mejor que ustedes sabe que todos los productos legislativos son debatibles, porque todos son, cuando no responden a intereses facciosos sino a un verdadero parlamentario, son el producto de la deliberación y de la construcción de consensos.

Pero también saben que en esta materia hay un sentido de urgencia, ya se ha dicho varias veces y una ventana de oportunidad que podría cerrarse en cualquier momento.

Modificar la minuta en esta casa, aun cuando la mejor buena fe, de eso no tengo duda, no sólo exigiría devolver estos cambios a la Cámara de origen, sino demorar el proceso que ya de suyo ha tomado tiempo excesivo, quizá toda la historia de México, para inyectarle nuevos factores, además de incertidumbre a su resultado.

La corrupción se ha convertido en el mayor problema del país, todos lo sabemos, es la causa de muchos otros problemas puntuales y la verdad es que nunca acabaremos de diseñar la legislación perfecta en esta materia.

Ningún país lo ha logrado de manera definitiva, pero sí podemos evitar que se siga persiguiendo a la perfección, si es que existe y sabemos que no existe, mientras se pierde la oportunidad de comenzar ya una tarea que en el mejor de los casos tomará no 10 años, sino una generación para realizarse.

Esta es la segunda base de mi argumento. La reforma constitucional que les pido que aprueben no será ni remotamente la conclusión, sino apenas una puerta de entrada para comenzar a trabajar, pero es urgente cruzar este umbral.

Esta reforma no está separada de los cambios que ustedes mismos produjeron ya en materia de transparencia, no es ajena a la legislación todavía pendiente en materia de archivos y protección de datos personales.

Pero sin esta otra, la reforma en materia de corrupción, el tablero no va a estar completo. Si sólo prosperar la reforma de transparencia, pero no la reforma de combate a la corrupción, habremos dejado los cimientos, sólo los cimientos, aún sin terminar.

Esta reforma abrirá la puerta para modificar el sistema general de responsabilidades administrativas y penales en materia de corrupción, que ha sido el talón de Aquiles del régimen político mexicano.

La reforma permitiría contrarrestar la fragmentación de las instituciones que se han creado en esta materia después de la transición y que ha impedido que sus trabajos prosperen. La reforma articularía esas instituciones, sumando también a las entidades federativas en un sistema de pesos y contrapesos, ya se ha dicho, para que ninguna de ellas, instituciones o entidades quede excluida del combate a la corrupción.

Todas ellas, añadiendo la transparencia y en consecuencia la vigilancia social a su desempeño en distintos niveles, se vigilarían mutuamente y podrían inyectar inteligencia institucional para ir corrigiendo, uso el gerundio subrayadamente, para ir corrigiendo los procesos, las normas, los entornos que hoy auspician los actos de corrupción.

Esta reforma permitiría modificar además la muy arraigada y equivocada idea, según la cual combatir a la corrupción solamente equivale a castigar corruptos, sin tocar las causas que generan este fenómeno.

El diseño que hoy está sobre la mesa tiene todas esas ventajas y una más que sugiero, con todo respeto, que no pase inadvertida: de aprobarse exigiría poner en marcha por fin el cambio de fondo que necesita la operación del gobierno y que dejó pendiente nuestra transición a la democracia.

Insisto en que ninguna de estas mudanzas sucederá en un plazo breve, pero precisamente por eso es urgente abrir la puerta de entrada, poniendo la mirada más allá, pongo el acento, más allá del sexenio que corre y mucho más lejos, por favor, que los argumentos de campaña que se están usando ahora mismo.

Si se mira en conjunto lo que ustedes estarían aprobando –me refiero al paquete de transparencia y combate a la corrupción juntos- nos daría un horizonte completamente distinto.

Y de aquí mi tercer argumento: por primera vez en la historia de la Administración Pública Mexicana, todos los funcionarios públicos estarían obligados a documentar lo que hacen y cómo lo hacen, dejando constancia de su actuación en archivos públicos y accesibles.

Por primera vez los ciudadanos tendríamos la posibilidad de involucrarnos directamente en la vigilancia de la gestión pública en distintos niveles.

Las prácticas corruptas de las burocracias tradicionales tendrían que ir cediendo –perdón por la reiteración del gerundio-, tendrían que ir cediendo no sólo por la fuerza del derecho de acceso a la información y la exposición pública que eso supone el escándalo pues, sino porque por primera vez habría también normas completas y generales que tipificarían esas prácticas de corrupción que hoy no están tipificadas en el sistema de responsabilidades administrativas y penales de México.

Y una vez ubicadas y documentadas, esas prácticas no sólo podrían ser advertidas por auditores internos y externos profesionales, miembros ambos de sistemas de carrera específicos, sino sancionadas por una sala especializada del tribunal administrativo y perseguidas, ojala, por una fiscalía especial.

También podrían ser corregidas sistemáticamente por un órgano colegiado cuya actuación sería igualmente pública por efecto de las mismas normas que aquí hemos discutido.

De funcionar en sus términos, esta reforma exigiría replantear la forma en que se ejerce el gasto público en México, la forma en que se vigila y la forma en que se sanciona.

Nunca antes hubo una reforma tan ambiciosa para cambiar, así sea poco a poco, las rutinas de apropiación y legítima de los recursos públicos del país, hoy profundamente arraigadas en nuestro régimen político.

Termino ya subrayando que esta reforma sería solamente –ya lo han dicho todos mis colegas-, solamente el primer paso de un muy largo y complejo camino.

Pero está en sus manos, señoras, señores senadores, que este paso se dé.

Muchas gracias por su atención.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctor Mauricio Merino.

A continuación, tiene el uso de la palabra el doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez.

DOCTOR LUIS CARLOS UGALDE RAMÍREZ: Muy buenas tardes.

Muchas gracias al Senado de la República y a las Comisiones Unidas por esta invitación.

Me parece que la Minuta es un paso adelante y hay actualmente un dilema: o se buscan mejoras a costa del riesgo de que la Minuta se congele, o se aprueba en sus términos.

Como varios de mis colegas, creo que es claro que la mejor decisión política es aprobar esta Minuta en sus términos.

Dado que esa es una realidad política, es un dilema político, preferiría entonces concentrarme en cinco reflexiones que pueden ayudar a acompañar y garantizar un buen despegue del Sistema Nacional Anticorrupción, en caso de que sea aprobado en los próximos días y ojala eso ocurra.

Debemos decir que implementar una política nacional anticorrupción, que pretende ser una prioridad nacional, no solamente es un asunto de técnica legislativa, legal o de investigación, sino es un asunto de comunicación.

Y tan importante es la técnica, los aspectos legales como la comunicación.

En esta parte inicial de esta Política Nacional Anticorrupción o puesto de otra manera, para que esta reforma constitucional se pueda convertir en una Política Nacional Anticorrupción es necesario hacer más que una aprobación constitucional.

Y sobre esos cinco temas hablaré.

La primera reflexión que quiero hacer, es que tenemos que combatir la ingenuidad normativa, que en nuestro caso diría algo como lo siguiente:

Una vez que tengamos el Sistema Nacional Anticorrupción, ahora sí meteremos a la cárcel a los corruptos; algo que se oye mucho en promocionales políticos en estos días. Se trata de un fetiche constitucional que nos acompaña no solamente en materia de combate a la corrupción; sino en muchos temas, en muchas reformas.

En el Congreso mexicano, en las últimas décadas hemos soñado una y otra vez, que cambiar la Constitución es la llave mágica para cambiar la realidad que no nos gusta.

Y esta aseveración de que con el Sistema Nacional Anticorrupción ahora sí meteremos a los malos a la cárcel, tiene dos problemas:

El primero es que con la legislación actual incompleta, imprecisa que tenemos en materia de combate a la corrupción, muchas cosas se podrían haber hecho en las últimas décadas. Ejemplos los hay muchos:

Si la Cámara de Diputados, por ejemplo, hubiera realizado su labor de acompañamiento de los informes de la Auditoría Superior de la Federación; si las contralorías municipales tomaran con seriedad y profesionalismo el fincamiento de procedimientos administrativos que le son turnados por los órganos de su propia fiscalización estatal; si la unidad de servidores públicos de la PGR tuviera más recursos.

En suma, si no hubiera un tratamiento selectivo de los expedientes de corrupción, la legislación actual mexicana sería muy buena para poder haber hecho una diferencia en los últimos años. La voluntad política no se legisla, simplemente se ejecuta.

El segundo problema del fetiche constitucional de que nos ayudará a cambiar el corazón de los hombres, es que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción será gradual. Simplemente pensemos lo que ocurrió en 2008 con la reforma del Sistema de Justicia Penal o con la Ley General de Contabilidad Gubernamental; ambas han tenido que ser pospuestas ya en más de una ocasión.

Y en el caso que nos compete, tenemos un problema de escasez de recursos humanos y administrativos; sobre todo en el ámbito local. Pero sobre todo, tendremos falta de incentivos políticos para hacer del combate a la corrupción una prioridad nacional.

De tal forma que en el mejor de los casos, y así es, y así es realista plantearlo, esta política pública nacerá a cuentagotas; y solamente con el paso de los años, y de muchos años y de muchos esfuerzos y de posposiciones –seguramente– de plazos que no se cumplirán, esto irá gradualmente tomando forma.

Mi segunda reflexión tiene que ver con la definición de los objetivos y las metas del Sistema Nacional Anticorrupción. Es necesario construir una narrativa para evitar el desencanto, para evaluar los avances y evitar un boomerang político.

Y primero déjenme reflexionar sobre los objetivos; ¿cuáles son los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Acaso diremos que el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción es combatir la corrupción?

En el dictamen, si uno lo lee con detenimiento, lo que menos hay es una definición de qué se busca. Y esto llama la atención porque no hay política pública que pueda ser exitosa, si no tiene claridad en el objetivo y en las metas; y en este dictamen no se menciona con claridad cuáles son los objetivos.

En algún momento de las páginas que leí, se dice que uno de los objetivos del combate a la corrupción es alcanzar mayores estándares de buen gobierno. Se dice más adelante que los esfuerzos ejecutivos deben estar concentrados en la prevención, más que en la sanción de los actos de corrupción.

De tal forma que, como lector y como legisladores, me parece, no hay claridad. Y alguien puede decir: “Es tonta la pregunta, puesto que claramente un Sistema Nacional Anticorrupción busca combatir la corrupción”.

Bueno, si ese es el objetivo último, hay objetivos intermedios; ¿y cuál va a ser el rango o la jerarquía entre ellos? ¿La prevención, la construcción de un sistema integral, la mejora de la gestión de gobierno, la mejora de la eficacia del gasto público?

Y hay una parte final en el propio dictamen, que dice: “En suma –y parece ser como la frase que definiría el objetivo de este sistema–, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción podremos erradicar las prácticas de corrupción que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un problema de enumerar de una forma tan genérica este asunto.

Construir la narrativa es muy importante, porque si no tenemos narrativa no vamos a saber a dónde navegamos, y esto me lleva a la segunda parte de este tema, que son las metas.

¿Cómo vamos a saber en cinco años si vamos en la ruta correcta?

Yo recuerdo la trampa de los peces gordos, y esta es una trama que muchos gobiernos estatales han caído, que toman posesión un gobernador o una gobernadora y hablan de los peces gordos como un símbolo de éxito en el combate a la corrupción.

Yo recuerdo que en la administración del ex presidente Vicente Fox se cayó en esa trampa, la trampa de los peces gordos; y cuando se cae en esa trampa, ya no hay forma de salir bien aireado, porque claramente el propósito de un Sistema Nacional Anticorrupción no es que haya peces gordos; pero claramente la sociedad y los medios de comunicación van a asumir eso como la meta de éxito. Y si no se define con claridad esta narrativa el gran problema es que una vez que se apruebe por esta Soberanía, al primer mes van a empezar a esperar los peces gordos, al segundo mes, al tercer mes, al año. Y cuando éstos no caigan en las redes, porque las redes están rotas y porque no hay capacidad de tener buenos pescadores todavía sino hasta la siguiente década y porque el mar no está en las mejores condiciones, entonces va a empezar a haber una decepción mediática, popular y va a condenar la sociedad que esto fue un engaño.

Por eso es muy importante que, a la par de que se aprueba, estos establezcan cuáles son las metas: construir integridad, mejorar el ejercicio del gasto público, mejorar el servicio de gestión gubernamental, mejorar al final del día la infraestructura humana y es muy importante.

Recordemos nada más lo que ocurrió durante el gobierno anterior en materia de la lucha contra el narcotráfico. Una lucha es una lucha en donde no hay claridad cuáles son las metas, y si un gobierno no es capaz de hacer una narrativa de cuál va a ser la ruta, los objetivos y las metas, lo que acaba ocurriendo es lo que ha ocurrido con este asunto: que un mismo indicador, como el número de ejecuciones, puede servir para decir A o B, y que por lo tanto el gobierno, el congreso pueda acabar siendo rehén de las metas que asignen los medios, el público o los humores sociales.

La tercera reflexión que quiero hacer y que compete a esta Soberanía es que me parece que en esta lucha contra la corrupción el Congreso debe predicar con el ejemplo.

No necesitamos esperar a que las legislaturas estatales aprueben esto ni tampoco a que estén las leyes generales aprobadas dentro de un año, si se cumplen los plazos, para que el Congreso empiece a predicar con el ejemplo.

Y esto es una manera de evitar el fetiche constitucional. El fetiche constitucional diría: “No, todavía no entra en vigor la legislación; todavía falta que se reglamente; todavía falta que se promulgue”. Para combatir ese fetiche constitucional, es necesario que el Congreso predique con el ejemplo, y así además a ayudar a restaurar un problema central del combate a la corrupción, que es el tema de los pesos y contrapesos.

Combatir la corrupción no solamente es un asunto legislativo ni legal ni de investigación, es sobre todo un asunto político, por eso el Congreso tiene una función fundamental de vigilar al Ejecutivo, de generar un sistema de contrapeso que permita que se vigile constantemente lo que haya, y que cuando los órganos de control interno o cuando los que fiscalizan el gasto público no hacen su tarea, o haciéndola no hay sanciones a esas tareas, haya un congreso, como esta Soberanía, que ejecute esto.

Ustedes acaban de aprobar hace pocas semanas una muy buena Ley General de Transparencia, y para cumplirla, como sujetos obligados establecieron un plazo del 30 de agosto para un proceso de reorganización interna que les permita cumplir las metas.

Creo que el Senado a partir del 30 de agosto puede ser un gran ejemplo; un gran ejemplo porque, cuando no hay transparencia, se propician prácticas que eventualmente se convierten en prácticas corruptas.

En una de ellas que ya mencionó uno de mis colegas fue que no puede haber un congreso moderno que combata la corrupción con el manejo de efectivo de enorme liquidez en las cuentas individuales de los legisladores. No hay forma de que un congreso funcione bien y pueda exigir cuentas al Ejecutivo, pueda exigir cuentas a los auditores, cuando hay tal manejo de liquidez en las cuentas individuales de los senadores.

En ocasiones se les paga varias veces su salario para que de ahí se pague a su staff, no hay forma de que suceda. Habrá muchos senadores que hacen un buen uso del recurso y pagan a su staff, pero habrá otros que eventualmente no lo hagan.

Y no hay senador o diputado que pueda hacer correctamente su trabajo, cuando está colmado de mieles, de prerrogativas y de tanta liquidez.

Este no es un asunto de escándalo periodístico, es un asunto de la naturaleza humana, es un asunto de sentido común; no hay vigilante profesional colmado de mieles.

Por eso en ocasiones algunos congresos en México se han vuelto parte del problema, porque han sido coptados, maniatados por este exceso de liquidez de prerrogativas y por lo tanto creo que el Senado y ustedes senadores pueden dar un ejemplo en la reorganización interna, en la eliminación del manejo de liquidez y de efectivo en el pago del personal, incluidos los senadores y sobre todo en el tratamiento de la subvenciones a los grupos parlamentarios.

Cuarta reflexión es: combatir la corrupción requiere cambiar la lógica de la negociación presupuestaria. La negoción del presupuesto va de la mano del combate a la corrupción y eso significa que, y esto aplica a la Cámara de Diputados, pero creo que es un mensaje muy importante: no podemos combatir la corrupción si en la Cámara de Diputados sigue habiendo etiquetación de partidas por miles de millones de pesos, que ha dado lugar al surgimiento de un mercado que existe, que es el de los sobornos o los moches.

No hay forma que la Cámara de Diputados, yo supondría que la nueva legislatura debe tomar como una de sus primeras decisiones la eliminación de partidas etiquetadas, como una de las primeras decisiones fundamentales.

Si la Cámara de Diputados no es capaz de tomar esa decisión en su nueva legislatura, no hay forma que la Cámara de Diputados pueda ser garante de la vigilancia del gasto público.

El presupuesto base cero, por cierto, es una gran oportunidad, porque permitirá combatir muchos programas presupuestarios y clientelares que, lejos de beneficiar a la sociedad, benefician a unos pocos.

Y el quinto comentario para concluir: como comentó Juan Pardinas hace rato, no hay manera de combatir la corrupción en el ejercicio de la gestión gubernamental, si no se combate la corrupción en el financiamiento de las campañas políticas.

Es una ingenuidad pensar que podemos combatir la corrupción de quienes tienen un cargo en el gobierno, si antes no se combate la corrupción del financiamiento, como estos funcionarios llegaron al gobierno.

Y este es un asunto que está fuera de control, es un asunto que ha llegado a límites insospechados, desconocidos. En las últimas dos reformas electorales no han atacado este problema o lo han atacado nada más de manera superficial.

Si no se contiene, si no se resuelve el problema del financiamiento paralelo y legal de campañas políticas, este gran esfuerzo que se está haciendo en el Senado, el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá un efecto muy limitado.

Cualquier gobernante que llega a la silla el primer día ya tiene una deuda de cientos de millones de pesos para pagar a sus donadores extralegales e ilegales, tiene que hacerlo y al hacerlo tendrá que recurrir a cualquier mecanismo, entre ellos las contrataciones y la licitación de pobra pública para hacerlo.

De tal forma que concluiría diciendo: si no corregimos el problema de la corrupción en el financiamiento de las campañas políticas, los impactos de esta nueva legislación serán muy, muy limitados.

Muchísimas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchísimas gracias doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, Director General de Integralia Consultores.

Damos el uso de la palabra al doctor Sergio López Ayón, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económica.

DOCTOR SERGIO LÓPEZ AYÓN: Señoras y señores senadores, agradezco en primer lugar la invitación para participar en esta reunión de trabajo.

Realmente es un honor poder contribuir en este importante debate parlamentario.

Reconozco también, y quiero destacarlo, la apertura que ha mostrado el Senado de la República en este y otros temas para escuchar opiniones que les permitan una mejor toma de decisiones en su alta responsabilidad.

Es un ejercicio que honra y enriquece la vocación democrática y representativa del Senado de la República.

Quiero precisar que hago mis consideraciones a título estrictamente personal y que no comprometen en modo alguno al CIDE, institución que me honra dirigir.

Me temo que mi exposición, y al mismo tiempo lo celebro, va a ser redundante; va a repetir lo que ya dijeron.

Por ello voy a abreviar e irme a algunos puntos centrales:

Permítanme comenzar con una afirmación cruda. La corrupción y la impunidad son los dos grandes males del país.

No es este lugar para explicarles muchas razones que nos han llevado a este punto.

Lo importante es subrayar que la tolerancia de la sociedad mexicana ante este fenómeno parece agotada.

Que cada nuevo escándalo que queda impune, suma al descrédito de la democracia.

Y que resulta urgente tomar medidas claras, contundentes, de largo aliento que permitan ganar terreno a la desconfianza y a la falta de legitimidad que genera la corrupción en el país.

Hace unos días escribía que es urgente construir entre todos, pero particularmente le toca a la clase política, una agenda de la confianza que permita que el país retome horizonte.

Y que una de las condiciones necesarias para este propósito, pasa por adoptar un conjunto de medidas que toquen al corazón del malestar.

Es decir, que permitan reducir efectivamente la corrupción y la impunidad, al mismo tiempo que acciones efectivas contra la desigualdad.

Hoy, el Senado de la República tiene la oportunidad de dar un paso adelante en esta dirección.

He escrito en diversas ocasiones que la corrupción es un fenómeno muy complejo, que no admite explicaciones ni soluciones simples.

También he dicho que el combate a la corrupción, para ser eficaz, debe integrar un conjunto de elementos, procedimientos de instituciones y condiciones, algunas de las cuales ya existen pero que están mayormente desarticuladas y fragmentadas.

He insistido en la necesidad de una reforma de calado, que modifique sustantivamente el régimen de responsabilidades que tenemos y que en la práctica ha mostrado su debilidad e incapacidad para combatir a la corrupción.

Finalmente, he sostenido que no existe solución mágica que permite erradicar de un día para otro este cáncer social.

Tenemos que admitir claramente que la reforma que ahora analizamos no será suficiente y que quedan muchas cosas por hacer.

Pero que el diseño institucional que propone, constituye un buen punto de partida que puede servir de punto de inflexión.

La minuta que examinamos tiene, en mi opinión, varias virtudes a las cuales ya se han referido otros colegas.

Es el resultado de un proceso de debate público que se inició hace algunos años con la propuesta de crear una Comisión Nacional Anticorrupción.

La discusión alrededor de esa institución, de sus posibilidades pero también de sus problemas, los ha llevado a un planteamiento distinto, que construye sobre elementos que ya existen pero que, reformulados, permiten articular de un modo distinto las diferentes instituciones y crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Quiero insistir que este sistema no sólo busca castigar a los corruptos, sino que suma elementos que permitirían comenzar a combatir a la corrupción por sus causas y que están claramente establecidos en el Artículo 113 del proyecto.

En esta evolución, han tenido un papel central las organizaciones académicas y de la sociedad civil, y por fortuna fue retomado en buena parte por los partidos políticos.

La segunda virtud es que, de aprobarse, implicaría una reestructuración completa del régimen de responsabilidades administrativas que, como ya he dicho, ha probado su ineficacia.

Un elemento central es la judicialización de la sanción administrativa que bien entendida, permitiría crear un entorno que no sólo busque individualizar una sanción impuesta en el marco del debido proceso; sino que va a tomar en cuenta el daño a los bienes públicos protegidos y debe lograr ser un disuasivo eficaz.

La tercera virtud es, obviamente, ampliar el mandato y facultades de la Auditoría Superior de la Federación.

Dicho lo anterior admito, junto con mis colegas, que hay ventanas de oportunidad; hay cuestiones técnicas que podrían precisarse y algunas omisiones que ameritarían discusión.

Por ejemplo, sin duda conviene discutir el alcance del fuero presidencial. Echo de menos la creación de un sistema de profesionalización de los funcionarios responsables de los órganos internos de control; también convendría precisar que el texto de la fracción V del artículo 116 y su correlativo en el 122, no implica revertir el diseño que existe ya en muchas entidades federativas, en el que los tribunales administrativos forman parte del Poder Judicial. Hay por lo menos 15 estados que ya se encuentran en esta condición.

Y habría que advertir que los miembros de los poderes judiciales locales estarían sujetos al régimen de responsabilidades específico a este poder.

Pero este y otros problemas pueden ser razonablemente subsanados en el dictamen, en el desarrollo de la legislación secundaria o bien mediante reformas posteriores.

El sistema que ahora está en la mesa implica una implementación muy compleja, que llevará tiempo; y tengo la convicción de que si esperamos a la iniciativa perfecta, podemos comenzar a echar raíces.

Quiero enfatizar que el país necesita una señal inmediata y clara en materia de lucha anticorrupción; y que en mi opinión, el balance de elementos positivos que tiene la minuta, es suficientemente amplio para poder pedirles –muy respetuosamente– que se apruebe en sus términos, para permitir que se ponga en marcha de inmediato.

Tengamos confianza en que podemos dar un paso hacia adelante y construir instituciones que no estén cimentadas en la desconfianza; sino en una exigencia de cambio que necesitamos con urgencia.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, doctor Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

A continuación el doctor Max Kaiser Aranda, profesor del ITAM. Tiene el uso de la palabra.

****** (Sigue segunda parte) *****