Senado de la República

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de la República, con el defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Buenos días.

Damos la bienvenida a este Senado de la República, al doctor Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del pueblo de Colombia; hacerlo en nombre del presidente de la Comisión de Justicia de este Senado de la República, el senador Roberto Gil Zuarth; y también de quienes integramos esta Comisión.

Lo mismo aprovecho para darle la bienvenida a la doctora Irma Alexandra Cárdenas Castañeda, directora nacional de la Defensoría Pública de esta misma Defensoría del Pueblo.

Me gustaría, antes de tener la oportunidad de escuchar las reflexiones que con mucho interés el Senado de México quiere tomar nota de la experiencia del hermano país colombiano; reiterarle, doctor, algunos asuntos de interés para nuestro país.

Decirle, en principio, que sin duda para nosotros el derecho, los ejercicios de derecho comparado siempre resultan de nuestro interés; particularmente esto ha sido así para los miembros del Poder Legislativo y sobre todo, doctor, doctora, en una Legislatura como la actual, donde hemos trabajado en la reingeniería de nuestras instituciones públicas.

En lo personal, me llama mucho la atención la figura del defensor del pueblo en la Constitución colombiana. El defensor del pueblo, según lo entendemos, participa de la función del Ministerio Público, a que corresponde la guarda y la promoción de los derechos humanos; también la protección del interés público y los derechos humanos; también la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, quienes desempeñan funciones públicas.

Es decir, así lo entendemos, pero estaremos atentos para escucharlo, que cuenta con atribuciones propias de lo que es para nosotros un órgano fiscalizador y disciplinario; también de vigilancia de la conducta de los servidores públicos y de la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, doctor, el defensor del pueblo creemos también que es un auxiliar del Procurador General de su nación; entendemos que se encuentra bajo su dirección, pero no es designado por él, sino por los representantes de la Cámara de Representantes y rinde su informe directamente al Congreso.

En México, doctor, recientemente hemos aprobado una reforma constitucional en la que la Procuraduría General de la República, que es la dependencia que engloba en nuestra nación al Ministerio Público encargado de la investigación de los delitos y órgano acusador en el proceso penal; dejará muy pronto de formar parte de la Administración Pública Centralizada y se convertirá en un órgano autónomo, que se denominará Fiscalía General de la República.

Le quiero decir en este contexto que le hago a manera de bienvenida, que de acuerdo al texto constitucional reformado, el Fiscal General de la República será designado mediante un acuerdo de procedimiento en el que el Senado remitirá una lista de aspirantes al Ejecutivo Federal, a partir de la cuál éste habrá de formular una terna que devolverá al Senado para que se haga la designación correspondiente.

Pero también, un poco para ir entrando al tema, hemos establecido en esta reforma que la Fiscalía General contará a su vez con dos fiscalías especializadas: una en materia de delitos electorales y otra en materia de combate a la corrupción; cuyos titulares no serán designados por el Fiscal General, sino por este Senado mexicano.

En este contexto, y con estas palabras quiero evidenciar que para nosotros resulta de enorme interés conocer la experiencia y de verdad le estamos muy agradecidos, reitero, lo hago en nombre del presidente de la Comisión y también el senador Burgos, que se acaba de incorporar con nosotros.

Y que diría nada más, para que lo puedan registrar las cámaras en este programa que será transmitido por el Canal del Congreso de nuestro país; decirle a quienes nos están viendo, que el doctor Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del pueblo de Colombia, es abogado especializado en Ciencias Penales y Criminológicas, de la Universidad Externado de Colombia; con amplia experiencia en el sector público, en el sector privado, en donde se ha destacado como defensor de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, en el marco del Estado Social de Derecho.

El actual defensor del pueblo, también fue vicefiscal general de la nación; fue magistrado de la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo superior de la judicatura de su nación; fiscal 67 delegado ante los jueces penales de circuito; procurador 16, 24 y 131 en lo judicial; abogado visitador de la procuraduría; oficial mayor del juzgado. Y bueno, ya tengo hasta envidia de su amplio currículum.

Y no me quisiera extender más, sino reiterarle la bienvenida a este Senado y por supuesto, rogarle que se tome el tiempo que usted crea necesario para poder compartir con nosotros la experiencia que, sin duda, será de mucha utilidad.

Tiene usted la palabra, doctor.

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Muchísimas gracias por su introducción y sus palabras tan generosas. Un saludo muy cordial a todas y todos; en especial al senador Ángel Benjamín Robles; al senador Enrique Burgos y por su conducto, un saludo muy cordial a todos los miembros de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Quiero saludar igualmente, a los miembros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que gentilmente han incidido en esta reunión; a los demás miembros y funcionarios del Congreso que nos acompañan, a los asesores.

Y particularmente también quiero darle un saludo a los amigos de los medios de comunicación, que son tan importantes en una gestión como la que hace la Defensoría del Pueblo en todo el país, y que son obviamente un control social muy importante.

Agradezco la invitación, no dudé en aceptar la honrosa invitación que nos hace el Senado de la República para compartir, y aprender también de este hermano país, las diferentes experiencias legislativas e institucionales; y obviamente poner a disposición de ustedes también nuestras experiencias en muchos casos y en muchas instituciones, muy a marcas.

Y creo que esa retroalimentación, como lo dijo Voltaire en su momento. “Hay alguien tan inteligente que aprende de las experiencias de los demás”. Y como lo señaló también Alberto Yacar: “el debate permanente es el único antídoto contra la manipulación de la opinión”.

Y creo que estos intercambios sin lugar a dudas van a fortalecer la institucionalidad, que en últimas es la preocupación que tenemos quienes por cosas de la vida estamos al frente de varias instituciones. Y qué bueno que el Senado de la República, que genera los derroteros, los reglamentos de convivencia de las sociedades, adelante estas conversaciones.

Dicho de ese modo, se nos ha pedido que hablemos del origen de la Defensoría del Pueblo y de las funciones principales y las atribuciones especiales que tiene la Defensoría.

En Colombia, la figura del ombudsman tuvo su primer intento por allá en el año 1885, que no fructificó por una reforma constitucional que se planteaba en su momento; y que desde ahí se veía con buenos ojos poder importar la figura del ombudsman, que desde 1809 se estaba adelantando y se había establecido con éxito en Suecia.

Nosotros quisimos en ese momento introducir una figura que se llamaba “poder cooperativo”, para a partir de ahí en una reforma constitucional, el pueblo tuviera un representante y garante de los derechos humanos. Lamentablemente, dicha reforma constitucional, como tantas otras que se han planteado, no salieron abantes.

Fue en el año 1991, con la Gran Asamblea Nacional Constituyente, que se expidió una nueva carta política, y a partir de ahí tenemos unas reglas de juego para los colombianos que transformó la sociedad, porque transformó la institucionalidad, porque pasamos de ser un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, y es uno de los altos constitucionales más importantes e históricos que ha tenido nuestro país.

Pues bien esa figura, como ocurre en todo el contexto iberoamericano, se introdujo tal cual estaba más o menos organizada en Suecia, y de ahí nacieron algunos inconvenientes a la manera de implementar la figura del ombudsman; porque una cosa es la figura del ombudsman en Suecia, donde tuvimos la oportunidad por invitación formal de ese país de visita de Estado que hicimos el año anterior; la figura del ombudsman en sociedad es absolutamente desarrolladas y otra la figura del ombudsman o de defensor del pueblo en países en vías de desarrollo. La fuerza moral, que es la columna vertebral del ombudsman, del defensor del pueblo, es el punto de partida para que esta institución tenga el papel que está llamado a tener en la sociedad.

Lamentablemente, insisto, por la falta de pedagogía, por el desconocimiento, por la falta coercitiva que muchos añoran pero que nosotros no lo hacemos, y ya explicaré más adelante por qué, es que estas instituciones no han tenido el verdadero desarrollo que debe tener en toda nuestra comunidad iberoamericana.

Por eso, en las reuniones permanentes que hacemos en la Federación Iberoamericana de Ombudsman que se reúne anualmente –que, dicho sea de paso, su sesión última fue en esta hermosa ciudad en el mes de octubre– yo les había planteado el año anterior en Puerto Rico que teníamos que pensar en transformar nuestras instituciones, en adaptarlas a las necesidades de nuestra sociedad, que no podíamos quedarnos con una institución que importamos de Suecia para una sociedad como esa, sino que, por el contrario, teníamos que mandarles un mensaje a los ciudadanos de que sintieran que el defensor del pueblo va a tener una voz y un papel tan importante que el ciudadano se va a sentir reflejado en esos escenarios.

Y hay tres requisitos fundamentales que caracterizan al defensor del pueblo: la magistratura moral, la vigilancia pública y la promoción y divulgación de los derechos.

Yo les decía y les propuse que hiciéramos un manual en que tratáramos de aterrizar esa figura, insisto, a nuestras necesidades, fue así como nos dieron una tarea de hacer ese manual con el compromiso de que los miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman lo iban a adaptar como un manual para todos los países.

Ese manual lo presentamos en el mes de octubre aquí en la hermana República de México y, si los honorables senadores y los asistentes nos dan la dispensa, es un video muy corto de la presentación de este libro, que lo hicimos, que es de cuatro minutos.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

Muchísimas gracias por la atención al video.

Nosotros hacíamos la presentación de ese manual, que fue lo que se acogió. Y ese era el planteamiento central que hacíamos nosotros, es que no podemos quedarnos, insisto, en la figura del ombudsman sueco, sino que nosotros tenemos que tener algo en lo que los ciudadanos crean y que nos dé legitimidad a los defensores del pueblo; que seamos ese puente entre sus necesidades y las obligaciones de las instituciones; que seamos esa voz del que no tiene voz y esa legitimidad sólo nos la da el pueblo en particular que se sienta en este funcionario identificado, que sienta que él es el garante de sus derechos.

Y, a partir de ahí, iniciamos en la defensoría del pueblo de Colombia una reestructuración. Precisamente en el video, cuando el señor Presidente de nuestro país hace esa rueda de prensa, ese día sancionaba un decreto-ley donde el Congreso de la República le había dado facultades excepcionales por seis meses para que reestructurar la Fiscalía General de la Nación, que era el señor fiscal que estaba también en el video y la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo que el gobierno nacional entendió el papel que está jugando en este momento histórico en nuestro país y fue así como se hizo una reestructuración tan importante para los colombianos, que la institución crece en un cien por ciento, no sólo presupuestalmente, sino también en el tema de presencia absolutamente en los mil 108 municipios que hoy tiene el país, en todos los territorios de nuestro país hay presencia de la defensoría.

Y ese es tema que es legitimador para la ciudadanía, pero también para el estado, porque ya encuentran un funcionario neutral que siempre va a estar siendo convocado para la intervención de las diferentes actividades del estado.

Iniciamos la reestructuración y empezamos a mirar temas de la necesidad del día a día. Obviamente hay unas funciones que ya las vimos, que son las tradicionales, que son muy importantes, que es esa pedagogía de derechos humanos; una dirección también que permanentemente reciba las quejas del ciudadano; una dirección que, como lo vamos a ver, es muy importante, porque se llama Recursos y Acciones Judiciales, que es la facultad que tiene el defensor del pueblo de representar a todos los ciudadanos individual o colectivamente, a través de todos los institutos jurídicos que tiene nuestra legislación.

Y una dirección también muy importante que se llama de Asuntos Constitucionales, donde tenemos la facultad de mandar por inconstitucionales las normas que consideremos convenientes o, por el contrario, pedir una revisión de las acciones de tutela que en nuestra hermana república se denominan Acciones de Amparo, cuando ya han sido tramitadas por los jueces y no ha fallado, el defensor del pueblo tiene la facultad de pedirle una insistencia a ,la Corte Constitucional, porque consideramos que el país necesita un pronunciamiento o el desarrollo jurídico de alguna figura de parte de la Constitución.

Y ese es un recurso extremo, una acción extrema, que tiene mucha acogida por la Corte, porque tiene que ir muy bien argumentada y en no pocos, sino en muchos casos ejemplificativo de la Corte Constitucional ha acogido insistencia de la Defensoría del Pueblo.

Un tema que iba a tratar más adelante, pero que aprovecho: un ejemplo de esos es el reclutamiento irregular que estaba haciendo la fuerza pública de los ciudadanos en nuestro país, es obligatorio el servicio Militar, pero lo estaban haciendo de manera irregular y violando los derechos humanos y nosotros salimos a exigir de la fuerza pública mejoraran los parámetros de vinculación.

No tuvimos eco, es la primera etapa que hacemos nosotros, la segunda etapa es acudir ante los jueces para el amparo. Recientemente tuvimos fallos de la Corte Constitucional, de gran trascendencia, de mucha significación, porque además de que ordena en un tiempo perentorio a la fuerza pública, mejorar los estándares de vinculación.

Reconoció por primera vez, históricamente, la objeción de conciencia. Para nosotros fue muy importante porque eso no era pensado en nuestra legislación y en un pronunciamiento precisamente donde la defensoría pidió una insistencia a la Corte Constitucional, donde se nos dijera si los colombianos, aquél que por sus condiciones religiosas, de carácter eminentemente pacífico, el estado lo podía obligar a que empuñara las armas.

Y en un desarrollo jurisprudencial reciente, de hace 15 días, la Corte nos dio la razón o le dio la razón a los colombianos y adoptó esta figura de la objeción de conciencia y le ordenó a la fuerza pública reglamentarla en todos los escenarios.

Ese es el vivo ejemplo de lo que las facultades que nosotros tenemos y que ponemos en la práctica.

Esas cuatro direcciones que nosotros mencionamos, que son de carácter nacional, van acompañadas por 12 delegadas especializadas que cumplen un papel en terreno muy importante.

Antes de continuar, me decían ¿qué necesita la defensoría para crecer? Y les decía que las normas como están, están bien. Es más, el honorable Congreso de la República de mi país, ahora que estamos tramitando una reforma constitucional que se denomina “equilibrio de poderes”, dentro de los puntos que están tratando, uno de ellos es un compromiso que en campaña hizo el señor presidente en su reelección, que fue abolir la figura de la reelección presidencial y de contera acaban con la reelección de las demás instituciones, incluida la de la defensoría.

Y a mí me invitaron a los debates, estamos a la mitad, al 50 por ciento de los debates de la reforma constitucional que en nuestro país es de ocho debates, llevamos cuatro, y ahora en marzo se inicia los otros cuatro.

Y obviamente el congreso me invitó, como nos invita a todas las instituciones, a escuchar si estamos de acuerdo o no con la supresión de la reelección.

Obviamente, como defensor, claro que estoy de acuerdo, porque sí es un compromiso que se hizo en campaña y los ciudadanos refrendaron en las urnas ese compromiso, porque les pareció atractivo, pues no podemos ser inferiores a ese cumplimiento.

Y ellos me decían: le vamos a hacer extensivo eso a las demás instituciones, porque si no hay reelección para el presidente, pues no la puede haber para las demás instituciones, cosa con la cual estoy de acuerdo y aproveché para responder a una caricatura que en su momento le hacían a la Defensoría del Pueblo, que tuvo un momento gris, para no hacer referencias de otra naturaleza, donde el funcionario se hizo reelegir y fue un momento de mucha ausencia y caricaturescamente le decían al defensor del pueblo el defensor del puesto.

Y yo les decía en el congreso que si suprimir esa reelección nos llevaba a que le quitaran ese mote, pues bienvenido, porque con cuatro años puede ser poco, pero también puede ser mucho cuando uno quiere hacer las cosas.

Y ellos me planteaban que gracias al trabajo que nos estaban reconociendo, porque permanentemente somos convocados al congreso, no hay semana que no nos citen en dos, tres, cuatro, cinco comisiones o en plenarias, para dar los resultados y para dar los resultados y para hacer el punto de partida de los debates de control político que hace el congreso permanentemente.

Y ellos me planteaban que si queríamos dientes en la institución, que aprovechando esa reforma se podía y soy el absoluto convencido de que no requieren dientes, porque la fuerza del cargo, la fuerza del reconocimiento, la credibilidad ante el pueblo, no necesitan dientes, porque para eso están los demás organismos de control y que en su momento lo tocaremos en otra intervención.

Para eso existe la fiscalía, que en nuestro país cumple las funciones de la Procuraduría cumple en México. Nosotros tenemos una procuraduría diferente, que cumple un control disciplinario diferente y tenemos la Contraloría General de la República, que se encarga del tema fiscal.

Son cuatro organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Y yo les decía: les agradezco que tengan esa buena intención, pero creo que como está concebida la institución, no necesita, como ocurre siempre en muchas sociedades, que creemos que la solución está en crear nuevas leyes, está en incrementar penas, está en crear nuevos tipos penales y siempre ocurre que el congreso ha hecho, bueno, la tarea, porque las normas están ahí: lo que se necesita es que las hagamos vigentes, que las hagamos aplicables.

Y la Defensoría del Pueblo siempre me han preguntado qué necesita para ser escuchada y yo les decía: nada, porque la Defensoría del Pueblo, lo que les digo a mis compañeros, si usted no hace nada, no pasa nada.

Si nos remitimos a una institución del Estado, en la que abre las puertas a las ocho de la mañana y espera a ver si algún usuario viene a quejarse y si no vino ninguno, pues no pasó nada y cumplí mi horario de trabajo.

Pero es que esas no son las defensorías del pueblo como fueron concebidas, porque es que nosotros estamos de lado y nuestra obligación es el débil, el humilde, el necesitado y es claro que si un campesino no tiene con qué sufragar su alimentación diaria, pues con muchísimo menos va a tener cómo sufragar un medio de transporte para ir a pedir el amparo de la defensoría.

Luego ese es el primer mensaje que les mandaba yo a mis compañeros: nuestro trabajo está allá, en el terreno, allá en las comunidades, allá en las necesidades, allá en los sitios más vulnerables, allá donde están las víctimas, allá es donde tenemos que ir.

Y allá es donde tenemos que ponernos nuestro chaleco para salir a tener ese contacto con la comunidad, con la realidad, no un ejecutivo de corbata que desde la comodidad de sus instalaciones esté hablando de derechos humanos y esté opinando de víctimas y esté hablando de vulneraciones de derechos humanos. Ese no está al cargo.

Por eso concibo que la norma, como la creó el constituyente, está bien, en la medida en que tengan funcionarios que tengan esa disposición, esa dedicación y esa capacidad.

¿Qué es lo que ocurre siempre? Y creo que aquí debe ocurrir lo mismo en el congreso, cuando se habla de equilibrio de poderes, todo el mundo cuestiona las ternas, de dónde proviene la terna y si esta terna debe de tal o cual institución, y siempre les he dicho: la terna puede hacerla y lo digo de manera respetuosa, puede hacerla el Papa, pero si no la hace, con la grandeza y la responsabilidad democrática y no postula a quien debe postular, pues el tema no está en quién hace la terna, el tema es la responsabilidad con que conformamos las ternas.

Eso mismo lo digo yo en la defensoría y a partir de ahí se inició un proceso de cercanía a la comunidad. Obviamente nuestro país, nuestra defensoría tiene algo que lo diferencia de todos los demás países de la comunidad iberoamericana y es un país en conflicto, y es un país que la mayoría de la actividad de la defensoría del pueblo la dedicamos al conflicto y a las víctimas del conflicto porque era donde volcábamos nuestra capacidad, siendo una capacidad muy débil.

Y claro, la defensoría del pueblo no nace y se agota en el conflicto ni en las víctimas del conflicto. La defensoría del pueblo es mucho más que eso.

La defensoría del pueblo es el día a día de los ciudadanos, desde el más rico hasta el más de los humildes, porque tenemos que estar presentes en los derechos económicos y sociales, porque tenemos que estar presentes en todos los escenarios de la vida.

Por eso me dicen que cuál es mi competencia. Nuestra competencia es toda, porque en dónde no tenemos en juego los derechos humanos. En todos.

Y esa competencia nos la dio nuestro legislador a nosotros. Tenemos una competencia que lamentablemente en muchos países la dedican al tema público.

En nuestro país tenemos competencia en lo privado y como defensor del pueblo, de acuerdo a la Ley 24 del 92 que reglamentó la norma constitucional, puedo hacer derechos de petición no sólo a los públicos sino a los privados para que en el término de 5 días me den contestación para hacer mis investigaciones.

Puedo adelantar inspecciones judiciales, puedo mandar un equipo a terreno, sea público o sea privado.

Y todo el mundo me dice: ¿pero cuáles son las sanciones? Como ocurre en todos los escenarios democráticos, en nuestro país se denominan superintendencias, que son los que regulan a los sectores privados por parte del Estado y después de investigaciones generan multas, que en nuestro país ha estado en boga últimamente porque se han hecho investigaciones muy importantes por esas superintendencias.

Hay algo bochornoso, vergonzoso donde multinacionales se prestaron para regular precios y se descubrió algo que se denominó “el cartel de los pañales”.

Multinacionales que se unieron para regular el precio de los pañales, imagínense esos escenarios. Pues hoy tienen multas de hasta 40 millones de dólares que es el máximo que podemos nosotros imponer a través de esas figuras.

Y eso es más que a través de denuncias que hacen muchos sectores, que convocan a esos organismos de control que en este caso son superintendencias.

Luego el tema no es yo qué sanción puedo imponer, sino yo cómo puedo lograr que un organismo sin control lo sancione. Y soy un fiscalizador social.

Y ese es un escenario que legitima porque el ciudadano lo vive, lo siente y lo agradece.

El terreno, y con la venia de ustedes, hay otro “videíto” pequeño, qué pena con los Honorables Senadores, pero como dicen siempre una imagen vale más que mil palabras, quisiera mostrar lo que nosotros hacemos en terreno para el acercamiento a la comunidad.

Y eso nos hace avanzar de tal naturaleza que hoy en día en gran parte del territorio nacional, si alguna institución pública quiere sentarse a hablar con los indígenas, con los afros, con cualquiera, el primero que piden que esté sentado es un representante de la defensoría del pueblo porque como ocurre en muchos países la ciudadanía no le cree a los funcionarios, no le cree a las instituciones y necesita un garante tercero legitimador neutral que sea el garante de que lo que le van a comprometer se lo cumplan.

(TRANSMISIÓN DE VIDEO)

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Uno de los temas que ha tenido mucho reconocimiento y obviamente hago la aclaración siempre, porque somos un país en conflicto; pero es una delegada que se ha fortalecido y es una delegada que le da mucho reconocimiento a la Defensoría, al menos en nuestro país, que se denomina El Sistema de Alertas Tempranas.

El Sistema de Alertas Tempranas se trabaja a través de lo que se conoce como defensores comunitarios. Un defensor comunitario es un funcionario público de la Defensoría, que su oficina es una mochila, que se adentra en todas las comunidades y convive con ellas; y es donde somos el puente que se le lleva salud a la señora abandonada, al campesino abandonado, se hace ese acercamiento en casos particulares uno a uno, o en casos colectivos; pero paralelamente de ahí obtenemos mucha información importante y privilegiada que tiene que ver con el conflicto.

Y por eso nosotros emitimos unas alertas tempranas donde le oficiamos, porque ya logramos que por ley quedara reglamentado el Comité Intersectorial de Alertas Tempranas; nosotros le oficiamos al Ministro del Interior, le advertimos que va a producirse si no se toman las medidas, alguna intervención de un grupo al margen de la ley, entiéndase un grupo guerrillero o una banda criminal o delincuencia común.

Y ese Ministro tiene que convocar a una reunión a todas las instituciones a las cuales nosotros les haremos recomendaciones y poner en práctica, de manera inmediata, en el terreno.

Eso ha ayudado a prevenir un sinnúmero de hechos victimizantes, insisto, no es otra cosa más que el acercamiento y la confianza que se ha logrado con la misma comunidad, de donde se extracta mucha de esa información. Esos escenarios para nosotros son muy importantes.

Miren, en la tarde nosotros vamos a hablar de un tema de víctimas. Se produjo en el 2011 una ley que ha sido muy comentada en muchos escenarios, porque es una ley exageradamente –a mi modo de ver– ambiciosa; ambiciosa porque le va a valer al Estado colombiano un presupuesto que no contábamos y que hoy en día está superando las expectativas; ¿por qué?

Adelantándonos al proceso de paz, el Estado como tal decidió poner en el centro de la negociación, por primera vez en la historia, a las víctimas. Lo primero que hicimos fue sentar a las víctimas justo en el centro de la negociación para que los actores de la negociación, entiéndase representantes de la guerrilla, entiéndase representantes del Gobierno; no den un paso sin tener en cuenta ese factor legitimador.

¿Y por qué decimos que es un factor legitimador?

Al día de hoy, en la Unidad Nacional de Víctimas, que tiene el registro único de víctimas, hay oficialmente reconocidas por el Estado más de 7 millones de víctimas, 7 millones de víctimas; casi un 14 por ciento de la población colombiana ha sido víctima del conflicto. Y ojo, la ley dice víctimas sólo del año 85 para acá; del 85 para allá no, porque no va a haber presupuesto que alcance.

Y esa ley tiene una columna vertebral para el proceso de paz, que son cuatro pilares fundamentales: que es primero que todo, la víctima tiene acceso y espera del Estado algo que se llama “verdad”, que le expliquen a la víctima qué fue lo que pasó, es lo primero que reclama ese ser humano.

Segundo, algo de justicia, que en nuestro caso estamos enfrascados y es uno de los grandes retos que tiene nuestra sociedad, nuestro Estado como tal, que es la justicia transicional, qué clase de justicia le vamos a ofrecer a esas víctimas y qué clase de justicia le vamos a plantear a esos victimarios para que dejen las armas.

Y obviamente aquí nacen posturas, principios conservadores, liberales, de toda naturaleza, que están a favor o en contra; más allá, más acá; y ahí es una discusión que si logramos superarla, creeríamos que ese es el punto de avance, el punto de quiebre.

Además de verdad, justicia, hay otro escenario, que es la reparación, que es donde el Estado va a reparar de manera económica y directa a todas esas víctimas.

Nosotros dimos una gran pelea en la Defensoría del Pueblo, porque lamentablemente cuando se tramitó en el Congreso de la República esta ley de víctimas, se dijo que sólo podrían ser víctimas del conflicto

Es decir, cuando se empezó a aplicar la ley sólo iban a atender a las víctimas del enfrentamiento con la guerrilla y yo le exigí al gobierno que nosotros no podíamos estratificar a las víctimas; no podíamos convertir a las víctimas en víctimas de primera, segunda y tercera categoría. La víctima es una sola, y es una sola porque el Estado no estuvo en el momento en que debería estar, y por eso permitió que ese ciudadano fuera victimizado; porque en nuestro país existió la figura del paramilitarismo; porque nuestro país existe después del paramilitarismo una figura que se denomina los “(…)movilizados” o los que el gobierno, por decreto los denominó “bandas criminales Bacrim”; y ellos también producen víctimas.

Y no quisieron entender y acudimos a las herramientas jurídicas, a la acción de tutela o acción de amparo, como se denomina en México; y la Corte Constitucional nos dio la razón y nos dijo que absolutamente todas las víctimas deben estar en el mismo sitial. Y esas decisiones implicaron que se va a duplicar el presupuesto, porque eso no estaba en el estudio que se hizo en el Congreso, y de ahí un gran error, porque no se convocó a muchos escenarios. Nosotros no hubiésemos permitido que a las víctimas las estratificáramos.

Si yo soy víctima de un enfrentamiento con la guerrilla, entonces puedo ser reconocido como víctima por el Estado; pero si soy víctima del PARIT paramilitarismo o de una banda criminal, entonces no soy víctima para el Estado. No podríamos permitir ese escenario de esa naturaleza.

Y por eso la corte constitucional nos dio la razón en ese escenario y estamos avanzando y es el gran reto para nuestro país porque, insisto, al día de hoy ya llevamos más de siete millones de víctimas, de las cuales seis billones son víctimas del desplazamiento. Es decir, que los sacaron de su entorno natural por el enfrentamiento, por la presencia de estos grupos, por el hostigamiento permanente y terminaron desplazándolos lamentablemente de sectores rurales y que hoy gran parte de esa comunidad se encuentra en amplias ciudades y que eso está volviendo uno de sus cinturones de miseria y un gran reto para las ciudades capitales. Ese es otro papel al cual nosotros ocupamos gran parte de nuestra atención.

Hay otro escenario que también es común en varios países y es el tema de la salud, de la pésima atención que tiene el Estado en los temas de salud, y que ese es un escenario que vive el ciudadano el día a día. Ahí también teníamos que estar presentes.

Nosotros cogemos un estudio en convenio con la corte constitucional, que para mí es muy importante, y es que todos los años cogemos el número de tutelas o acciones de amparo que interpusieron los colombianos; y para el defensor es un referente, porque sabemos por qué los colombianos están acudiendo a un juez a que le proteja un derecho o cómo el Estado les está violando los derechos, por qué están permitiendo que interpongan tantas tutelas.

El año pasado, en el año 91 cuando se introdujo la figura de la tutela, es año se interpusieron 10 mil tutelas o acciones de amparo –hablo del año 1991–. En el 2014 acababa de salir la estadística, llevamos 486 mil acciones de tutela; es decir, casi medio millón de acciones de tutela.

Nosotros cogemos y descomponemos esas 486 mil y decimos el Estado cómo les está desconociendo esos derechos a los colombianos y por eso están acudiendo a un juez para que le tutele y proteja sus derechos.

¿En qué derechos en particular?

El primero de ellos es en el derecho de petición, que es un derecho fundamental que tiene cualquier colombiano de pedirle a una institución del Estado que me dé una información o realice una actividad en la cual tiene que protegerme. Pues bien, si no responde, él tiene derecho a interponer una acción de tutela.

El segundo ítem es el tema de la salud. De las 486 mil tutelas 118 mil son por temas de salud. Que a un colombiano le toca pedirle a un juez que sea un juez de la República el que le dé una cita médica, el que ordene un suministro médico, el que ordene una intervención quirúrgica, el que le dé una cita con un especialista, es su evidencia el equivocado funcionamiento que tiene el tema de salud, tanto que se cometen errores en muchas democracias que termina un juez coadministrando la salud del país y puede cometer muchas equivocaciones en desarrollo de eso, porque el juez no está hecho para asumir el papel de médico; está hecho para administrar justicia.

Obvio, en desarrollo de la protección de esos derechos fundamentales trata de darle una respuesta a los ciudadanos cuando está en juego la vida por un tema de salud tan importante.

Ahí nosotros, además de jugar un tema pedagógico, porque todos los años hacemos esa publicación; publicación que se vuelve un control social muy importante, porque se coge el mapa judicial y se dice en qué sitios del país donde más tutelas hay y fundamentalmente un control social importante privado que se convierte en público, y es que cogemos las instituciones prestadoras de salud de carácter privado que más son tuteladas por los colombianos y lo publicamos a todo el país:

Estas instituciones son las que, para poder hacer una cirugía necesitan una tutela, necesitan que un juez dé la orden y eso se vuelve un control, porque los ciudadanos tenemos la facultad discrecional de afiliarnos a la entidad prestadora de salud que consideremos conveniente.

Si ellos no ajustan sus estándares, muy seguro algunos de ellos se pueden ir a la quiebra, porque se inician esas desbandadas de ciudadanos a filiarse en otras entidades, porque están viendo que ella el día de mañana no le puede solucionar un grave problema de salud.

Y ese es el vivo ejemplo de la magistratura moral y del control social. Ahí no necesitamos ni amenaza ni norma, ni mandar a la cárcel ni absolutamente nada. Ahí se necesita visibilizar una problemática y que sea la sociedad la que se encargue de ejercer ese control social.

Son 12 delegadas y son cuatro direcciones nacionales más 36 regionales, las que tiene nuestro país y si siguiéramos hablando de una a una, pues tendríamos muchas experiencias y mucho tiempo que continuar, pero quisiera dejar ahí por si consideran necesario los honorables senadores, los demás miembros e invitados especiales, complementar o si lo consideran conveniente, formular algunas inquietudes que gustosos estaremos aquí para resolverlas, presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias doctor Otálora por su intervención.

Le ruego disculpe mi retraso, estaba justamente en la inauguración de un foro de justicia cotidiana, en una sede relativamente cercana al Senado de la República y se retrasó la agenda. Le agradezco al senador Benjamín Robles haber iniciado esta sesión.

Abriríamos un espacio para preguntas de los senadores con respecto a la descripción de las funciones de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente hablaríamos específicamente de la Defensoría Pública.

Abriríamos también intervenciones para ese tema en concreto y al final le pediríamos a la doctora Ana Laura Magaloni que ponga en contexto ambas temáticas, con respecto al caso mexicano, para tratar de generar un intercambio de ideas, no solamente con las señoras senadoras y señores senadores, sino también con los académicos que nos acompañan y especialmente con nuestros visitantes.

Le doy, en consecuencia, la palabra al senador Armando Ríos Piter, del estado de Guerrero, por favor.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias.

Primero que anda quiero felicitar a la Comisión de Justicia por haber incitado al doctor, mi tocayo Armando. Estoy sorprendido, no conocía nada, debo primero que anda ser honesto, de la forma en la que funciona la Defensoría del Pueblo de Colombia, pero por lo menos de la exposición me quedo gratamente sorprendido y alarmado.

Sorprendido por la parte más positiva que les puedo decir, por un sistema de esta naturaleza que tiene Colombia que, pese a los problemas que ha vivido en las últimas décadas, es la institución que en su persona representa y visto en los videos y en la dinámica que usted plantea, representa una alternativa de voz para los ciudadanos, que me parece que en este país no tenemos.

Por eso digo que al mismo que estoy gratamente sorprendido que eso ocurra en Colombia, estoy francamente preocupado.

Quiero retomar el tema de salud que usted ponía y ahorita haré dos preguntas, porque, a reserva de que mis colegas senadores me puedan comentar que hay algo parecido en este país, la verdad es que no tenemos, tenemos un sistema de salud que se precia de tener un Seguro Popular de cobertura universal, yo soy del estado de Guerrero, es un estado que se distingue por la pobreza y la marginación de muchas de sus comunidades y no existe un vínculo de voz institucional que permita hacer una exigencia clara frente a las instituciones, de cómo se provee salud a la gente.

Y así asumo que son 12 áreas, quisiera preguntar cuáles son esas 12, perdón si es algo que todos sepan, pero sí quisiera saber cuáles son, porque me parece que identificando cuáles son esas 12 áreas, así como el ejemplo que nos pone en salud, pues podemos sacar varias luces de la ausencia institucional que tenemos en México.

No tenemos algo, por más que tengamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos u otros instrumentos, porque tenemos muchas instituciones en este país, pero no tenemos algo que sea el vínculo entre las deficiencias de atención que pueda tener la sociedad mexicana, las comunidades, en todo ese gran amparo de derechos que nos sobran en la Constitución.

Pero que en el tema de salud y ahorita comentaba con la doctora Magaloni, me tocó conocer, de hecho por ella y por algunos colegas, el tema de la comunidad de Mininuma, una comunidad muy pobre de Metlatónoc, que está en el estado de Guerrero, y que fue precisamente a través de un proceso judicial que se hizo una exigencia para que se proveyeran servicios de salud, para que existiera un centro de salud, porque los niños se estaban muriendo de problemas gastrointestinales.

Pero fue todo un vericueto, tuvo que tener el amparo de un centro de derechos humanos, fue todo un problema, digamos, tener un vehículo social que posibilitara poner esto en evidencia y el circuito se quedó ahí, no fue ampliado más allá de las comunidades que pudieran estar cerca de Mininuma.

El problema de esta comunidad es un problema que repiten miles, si no es que decenas de miles de comunidades en todo el país.

Entonces primera que nada celebrándolo, preguntándole cuáles son las 12 áreas en las que tiene estos mecanismos de control social.

Y preguntarle también si nos puede explicar un poco más este sistema de alertas tempranas, cómo funcionan, son funcionarios de la comisión de defensoría del pueblo, estas personas que van con su mochila, como usted lo decía, o es gente de la comunidad y hay alguna suerte de interacción.

Y obviamente lo que le quisiera pedir es después poder echar una platicada más a fondo con usted.

SEÑOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Claro que sí.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Me permite, Defensor, si hacemos un grupo de intervenciones para responder en un solo momento.

Yo tengo varias preguntas, no sin antes corregir un poco la expresión de mi compañero el senador Armando Ríos Piter, porque ya tenemos los vales de farmacias y en consecuencia ya hemos dado un avance en una política de acceso a la salud.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Pero es un programa piloto.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Pero es un programa piloto que sólo está en spots todavía.

Destaco de su intervención dos elementos que son importantísimo:

Uno. El valor que tiene la acción de tutela en la defensa de los derechos humanos en Colombia, pero también el valor que tiene como instrumento la defensoría del pueblo para, digamos de alguna manera, por forzar que ciertas políticas o decisiones de gobiernos se ajusten, digamos, a los parámetros de los derechos humanos.

Por el otro lado -déjenme decirlo así- , la lógica estratégica que ha seguido la defensoría para articular ante la Corte Constitucional ciertos temas, ciertas problemáticas para definir alcances de derechos como el caso, por ejemplo, de la, perdón, del reclutamiento forzado –también a mí se me olvidó-.

Lo va a explicar, me imagina la doctora Magaloni: en nuestro país el recurso de amparo, el juicio de amparo es un mecanismo que no es accesible para todos los mexicanos.

En consecuencia eso explica en buena medida por qué el juicio de amparo no permite generar dinámicas de cumplimiento de derechos humanos como sucede en Colombia.

Por otro lado, nuestro defensor del pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene acciones constitucionales muy limitadas.

No tiene legitimación activa en juicio de amparo, la tiene únicamente para el control abstracto de constitucionalidad de leyes vía la acción de inconstitucionalidad y recientemente la legitimación activa para promover controversias y defender sus competencias frente a la invasión de otro poder.

En consecuencia, no tiene esta suerte de tutela particular y creo que es en buena medida la gran reflexión que hay que hacer en torno a la transformación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia una defensoría pública más acorde con las realidades de la atingencia en la defensa de los derechos humanos, en los casos individuales, a los casos particulares.

Yo le quiero preguntar: ¿Cuál es la intervención que tiene la Defensoría con respecto a las acciones de tutela particulares? Decía usted que hacen un listado, revisan dónde está la mayor incidencia de acciones de tutela, de qué manera se involucra la defensoría del pueblo en esas acciones particulares.

Es decir, simplemente es un espectador o bien patrocina los casos, o le da seguimiento, o cuál es la intervención que hace la defensoría.

En segundo lugar: el país, nuestro modelo de ombudsman tiene un problema no resuelto que tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones.

Nosotros tenemos un modelo que apuesta a lo que usted denominó “la magistratura moral” y hay algunas resistencias al cumplimiento de las resoluciones de las recomendaciones y tiene solamente un instrumento político que es escasamente utilizado.

Cuando hay una reiterada negativa a cumplir las recomendaciones se le solicita al Parlamento, específicamente al Senado de la República, que haga una comparecencia del servidor público para tratar ahora sí que trasladar la magistratura moral hacia una suerte de control político parlamentario.

Preguntarle cuáles son los mecanismos que tienen la defensoría del pueblo para hacer valer las recomendaciones que emiten y cómo se fortalece esta magistratura moral.

Estamos discutiendo también en una cuestión muy particular la transparencia de ciertos procesos a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, la visibilidad que puede tener cualquier ciudadano, la posibilidad de acceder a información pública generada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos específicamente en ciertas funciones; destacadamente la investigación de violaciones graves de los derechos humanos.

Hay cierta resistencia para que el ciudadano, cualquier ciudadano pueda acceder a información que se genere sobre las investigaciones que tiene la Comisión Nacional con respecto a violaciones graves de derechos humanos; ¿qué mecanismos de transparencia tiene en cuanto a sus procesos internos la Defensoría del Pueblo Colombiano? ¿Cuáles son los límites, si es que existen? Y ¿Cuál es este tipo de lógicas en materia de transparencia de acceso a la información pública, con respecto al funcionamiento a la Defensoría del Pueblo?

Y por último, una pregunta que seguramente es parte de lo que le quisiera plantear en reunión privada el senador Armando Ríos Piter; espero que no sea el tema de las medicinas, pero creo que su preocupación está en ¿cuál ha sido la intervención, los procesos, los programas, las acciones, la lógica de la Defensoría del Pueblo Colombiano con respecto a los procesos de pacificación y de desmovilización? ¿Cómo ha interactuado la Defensoría del Pueblo?

No solamente me refiero específicamente al tratamiento de la actitud, circunstancia de victimización; sino el papel que ha desempeñado, el rol que ha desempeñado en los procesos de pacificación y desmovilización, sobre todo el fenómeno paramilitar o de guardias comunitarias, como aquí se les suele denominar recientemente.

Por sus respuestas de antemano muchísimas gracias. Tiene usted el uso de la voz.

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Gracias, muy amable.

Iniciamos haciendo una breve referencia, para contestarle a mi tocayo, el senador Armando, de las delegadas que nosotros tenemos, con las que cumplimos a nivel nacional. Nosotros tenemos 32 departamentos en nuestro país, pero hay departamentos o que el conflicto es tan grande, tan intenso o el territorio es tan grande, que vimos la necesidad de crear otra delegada, por eso tenemos 36 delegadas en el territorio. No hay departamento que no tenga una defensoría regional.

Y hoy hemos ido más allá: en municipios donde se ha presentado graves violaciones por la presencia de estos grupos, hemos creado lo que se denomina la casa de los derechos de la Defensoría del Pueblo; que en noviembre, en un sitio que de pronto aquí los medios de comunicación lo registraron, en Buenaventura, sector Pacífico, un grupo criminal que se denomina Banda Criminal, tenía tan asediada a la comunidad que empezó a cometer crímenes tan atroces, que aparecieron sinnúmero de cadáveres desmembrados.

Y la finalidad era generar ese terror y esa zozobra en la comunidad. Allá llevan actividades de narcotráfico, de microtráfico y una cosa que se está implementando, que es gravísimo, que lo estamos combatiendo, que es la extorsión y la microextorsión. Es decir, que llega una banda de esta naturaleza a una comunidad y no se queda absolutamente ni una sola persona sin pagarle; así sea el más humilde de los humildes, también paga.

Ahí nos vimos en la necesidad de crear una casa de los derechos, que dicho sea de paso en noviembre, que se celebra el día de la vida, fue la Corte Constitucional a visitar y nos hizo ese homenaje a visitar esa casa, donde nos entregaron una placa, porque es donde la Defensoría de manera neutral trata de tener contacto con las víctimas que se encuentran tan asustadas, tan asediadas, tan atemorizadas por el actuar de estos grupos criminales; que no acuden a la institucionalidad del Estado por temor, por desconfianza, por cualquier naturaleza.

Y eso empezó a fluir, logramos convocar la atención del gobierno y fue así como le tocó a ir al Presidente de la República en Consejo de Ministros, en cuatro oportunidades; porque el tema, y ahí es donde viene mi propuesta que siempre he dicho como defensor del pueblo: mi tema no es sólo visibilizar esa problemática, no sólo hacer magistratura moral denunciando la problemática; sino algo que los ciudadanos añoran y esperan, y es que tenga un resultado de política pública.

Entonces, ¿qué decíamos nosotros en Buenaventura?

El tema no es sólo mandar grupos del Estado armados, legales, fuerza pública; sino llegarle con un paquete a esta comunidad de políticas públicas, porque son comunidades muy pobres porque no hay acceso a salud, no hay acceso a educación, no hay acceso a los mínimos vitales, no tiene agua, no tienen salud, no tienen educación. Entonces, de nada nos sirve generar más presencia armada del Estado, si la comunidad no siente un beneficio directo.

Y por eso el gobierno nacional, con presencia del Presidente y todos los ministros, nos convocaron primero, a dar ese reporte; segundo, asumieron un compromiso de inversión a esa comunidad, que supera los 400 millones de dólares para la construcción de hospitales, fortalecimiento del sector educativo, nombramiento de nuevos profesores, todo ese escenario. Ahí estamos actuando como garantes nosotros, frente a la comunidad, porque nos ganamos esa credibilidad de la comunidad.

Y ese es el verdadero valor y la fuerza de la Defensoría del Pueblo, porque lo que yo planteaba, que en nuestro país hay un departamento que se llama Cundinamarca, y en alguna intervención en el Congreso yo decía: “no confundamos que lo que pasa en Cundinamarca, se replica en Dinamarca”. Son dos mundos totalmente diferentes.

El ombudsman de Suecia da un pronóstico de salud de que están prestando un servicio y en Suecia se cae el ministro de salud.

En nuestros países estamos lejos de que eso ocurra. A nosotros nos toca meter acciones de tutela, denuncias ante el procurador, convocar, hacer audiencias, movernos, para que el tema sea entendido por el Estado.

Obvio, hay que reconocer, hemos ido avanzando, y hoy los ministros cuando uno llama ya saben que hay una problemática, porque es lo que les digo yo permanentemente. Cuando yo llamo a una institución del Estado no crea que llamo a felicitarlo, es porque hay un incendio en alguna parte y lo llamo a que haga su tarea, como cuando un ciudadano llega a la defensoría va a llegar a lo mismo: a reclamar presencia del Estado.

Ese tema evidencia una pregunta que nos planteaban del tema de salud. El tema de salud nosotros lo logramos aterrizar, no sólo nosotros –y sería una vanidad de nuestra parte–, los medios de comunicación, la institucionalidad en general, donde se visibilizaron algo que se denominaba “el paseo de la muerte”, que un ciudadano llegaba a una clínica o a un hospital, no lo atendían, le pedían la EPS, autorización de la entidad promotora, no estaba al día, los 50 mil problemas, al señor lo mandaban para otra clínica y en el ir y venir perdía la vida. Y eso se nominó “el paseo de la muerte” y se visibilizó de ciudadanos, de ancianos, de niños, en fin, y se generó esa cruzada.

A muchas de esas personas, la Defensoría del Pueblo tiene algo particular que la diferencia de las demás defensorías, y es que en todas las democracias de nuestro continente la Defensoría Pública es autónoma e independiente; en Colombia la Defensoría Pública depende de la Defensoría del Pueblo. Eso para nosotros es una herramienta fundamental.

¿Por qué?

Cuando nosotros llegamos a la defensoría en septiembre del 2012, la Defensoría Pública tenía dos mil 860 defensores públicos; hoy en día tenemos cuatro mil 100 defensores públicos que tenemos presencia en todo el país. Precisamente ellos son quienes, en representación de la comunidad, interponen acciones de tutela, acciones de grupo, acciones populares, habeas corpus, toda la figura jurídica que exista tiene la capacidad la Defensoría del Pueblo para interponerla sin solicitud de parte, sin que el ciudadano vaya a pedirnos o a darnos una queja si vemos que la comunidad está afectada por graves problemas de contaminación, como está ocurriendo con el tema de la minería ilegal, nosotros metemos una acción popular en defensa de toda esa comunidad sin necesidad de esperar a que venga un ciudadano a decirnos que le están envenenando sus ríos.

En el tema de salud se logró llamar y captar la atención de tal naturaleza que hace 15 días se sancionó la ley estatutaria que reglamenta nuevamente el tema de salud, que eleva el derecho de salud en condición y en categoría de derecho fundamental, cosa que no lo había hecho anteriormente la Constitución y ese es el vivo ejemplo de que el ciudadano sienta que hay una política pública como consecuencia de la intervención, no sólo de la defensoría sino de toda la institucionalidad, que quejarnos, que pedir la intervención de jueces, que pedir todas esas figuras jurídicas que tenemos terminan haciendo fuerza de ley, que el Estado y el Congreso retomen el tema y, como producto de ese escenario, vuelven –como dicen los jugadores– vuelven a barajar, y en este tema se produjo una ley estatuaria que tiene un trámite muy desgastante.

Nosotros tenemos, senador Armando, la Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor; esa es una delegada que se encarga de esa política pública en particular.

Nosotros vivimos una oleada de violencia contra los niños, que recientemente la Policía Nacional convocó a toda la ciudadanía a hacer una protesta de manera pacífica para llamar la atención de la sociedad, porque se han presentado hechos victimizantes. Como hace poco, hace 15 días, no sé si se registró aquí, unos sicarios en el territorio de nuestro país que se llama Caquetá, Florencia, por 250 dólares se comprometieron a matar cuatro niños. Con dispararon de arma de fuego mataron a unos niños de cuatro, de siete, de 11 y de 14 años, por un tema de tierras limítrofe que tenían entre vecinos.

Por fortuna, la reacción del Estado y los organismos investigativos fue de tal naturaleza que en 15 días tenía capturados a los autores intelectuales, a los autores materiales. Pero esa no sólo es la respuesta, eso llevó a que nosotros, como defensor del pueblo, por otros hechos victimizantes convocáramos a toda la institucionalidad a la defensoría, invité al comandante de la policía, a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Viceministro de Defensa, al Vicefiscal de la Nación, a la Viceprocuradora, a Medicina Legal, a toda la institucionalidad a ver cómo le vamos a dar una respuesta a la ciudadanía.

¿Tenemos las normas suficientes?; ¿las instituciones están haciendo la tarea que les corresponde?; ¿en qué estamos fallando y por qué estamos permitiendo que se esté victimizando de esa manera a la ciudadanía, en especial a la niñez?

Y ese es el papel que hacemos nosotros de amigables componedores. En lugar de irnos a meter mil tutelas, sentémonos al Estado y sentémonos a dialogar.

Como ocurre en tema de pensiones, donde había un déficit de 240 mil peticiones de pensiones; muchas de esas personas tenían una sustitución pensional. Señoras adultas que su esposo que era el pensionado había muerto y está esperando a que le sustituyan la pensión y el Estado lleva uno, dos y tres años y no le da una respuesta.

Pues en lugar de nosotros acudir a la figura de la tutela, convocamos e hicimos un plan que la Corte Constitucional nos lo avaló, de amigables componedores, de audiencias donde sentamos todas las comunidades, el sindicato, las empresas prestadoras del servicio de pensión, el ministro de Trabajo, todos y venga a ver cómo solucionamos, porque de lo contrario sería colocar 240 mil tutelas y vamos a paralizar al sistema judicial.

Tomamos una decisión de conjunto, porque además nosotros tenemos una figura que fue otro avance jurídico y es que la acción de tutela en nuestro país tiene competencia constitucional y términos constitucionales de 10 días para fallar, en 10 días hay que dar respuesta.

Ojo: si el tema es de tal naturaleza, en la acción de tutela yo le puedo pedir medidas previas al juez, es decir, que tan pronto el asuma el conocimiento puede dar una orden, mientras se estudia la tutela. Le digo está en peligro tal comunidad o se está muriendo tal persona, mientras usted falla la tutela en 10 días, es posible que la persona haya muerto. El juez entiende y ordena a la clínica que haga la intervención mientras falla la tutela.

¿Pero qué ocurría?

Ese trabajo se estaba quedando a medias. El constituyente cometió un error y es que cuando el juez producía una sentencia y daba un término perentorio para que la entidad cumpliera ese fallo constitucional de tutela, seguimos con el ejemplo de la intervención quirúrgica, le decía en 48 horas usted intervendrá quirúgicamente a este ciudadano.

Pasaban 48, 72, ocho días, 10 días y el señor no hacía caso. Entonces viene la figura del desacato, el ciudadano iba donde el juez y le decía: mire, que la sentencia que usted emitió no se la están cumpliendo. Eso tiene consecuencias de arresto hasta por 30 días más multa hasta 100 salarios mínimos, sin importar los procesos penales y disciplinarios a que se puede haber abocado ese funcionario.

Pues bien, el constituyente no dejó término para el desacato y era un término constitucional que quedó cojo, porque como no había término, así como yo corría en 10 días a fallar la tutela, para fallar el desacato me demoraba meses y años, porque eso implicaba mandar un alcalde a la cárcel.

Entonces, los jueces por congestión de trabajo o porque eso tenía un impacto, se quedaban quietos. Esa es una de las figuras que nosotros utilizamos y demandamos por inconstitucional, porque eso estaña impidiendo la garantía y el respeto a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional lo entendió perfectamente y en un fallo histórico señaló que así como tiene 10 días un juez para fallar la tutela, también tiene 10 días para fallar el desacato y con eso se solucionó de tajo ese escenario y se le hace más cercano el reconocimiento de ese derecho al ciudadano.

Tenemos la delegada de orientación y asesoría a las víctimas del conflicto, que por la Ley de Víctimas, que ese es otro escenario que ya les había planteado, tenemos ese papel de representar a las víctimas.

Cuando una víctima va y solicita que sea reconocida como víctima, el Estado le puede negar ese reconocimiento. Pues bien, la defensoría pública le suministra un abogado para que le haga los recursos necesarios para que esa persona sea reconocida como víctima, si tiene obviamente el derecho.

Hay una defensoría delegada de política penal y penitenciaria.

Uno de los grandes problemas de los estados y creo que eso lo viven en todos los congresos, es lo que se conoce y en nuestro país lo denominan así los medios de comunicación, el populismo legisaltivo.

Porque a los congresos se les empuja de tal naturaleza que la sociedad les pide una reacción frente a determinada problemática y muchos se ven abocados a de inmediato cuál es la solución, tipifiquemos una conducta penal, aumentemos penas, generemos algunas respuestas del Estado frente a esa problemática.

Y eso ha llevado a la congestión de los aparatos jurisdiccionales de nuestro país, que no se manejan como concepto de empresa y por eso los estándares de impunidad, por eso los estándares de congestión en las cárceles.

Nosotros ahí hemos, con la presencia, tenemos voz y voto en el Consejo de Política Criminal del Estado, donde lo preside el Ministro de Justicia, con presencia de los cuatro organismos de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, presidentes de las cortes y todo ye se Consejo de Política Criminal es el que da visto bueno, que no obliga al congreso, pero que el congreso de manera responsable, cada que va a sanción va a crear un nuevo tipo penal o a incrementar penas o a tratar de tramitar una ley que tenga ese impacto, le pide al Consejo de Política Criminal un concepto.

Y obviamente no son pocas las leyes a las que nos hemos atravesado en nuestro país y debido a una oleada de accidentes de tránsito por personas que manejaban en estado de embriaguez, se presentaron 37 proyectos de ley convirtiendo eso en tipo penal.

No habría cárceles que aguantaran para ese escenario. Para sancionar a la persona que se ha sorprendida manejando en estado de embriaguez sin haber cometido un accidente, porque ya lo demás está legislado, que son las lesiones personas culposa so el homicidio culposo.

Pero el solo hecho de que fuera manejando en estado de embriaguez ya era convertido en tipo penal. Nosotros nos atravesamos insistentemente, obviamente a medida que los medios de comunicación denunciaban más accidentes, pues el congreso trataba de dar una respuesta y la mejor respuesta, como ocurre siempre en todas las sociedades, es volvámoslo delito.

Y está demostrado que esa no ha sido la solución, que ese es otro tema que en su momento, a raíz de la muerte de los 4 niños que acabo de mencionar, un representante de la fuerza pública quiso revivir el debate de la cadena perpetua y de la pena de muerte en nuestro país, que obviamente salimos al corte al tema y decir que ya es una discusión decantada, que los países que la tuvieron la están desmontando porque han demostrado su incapacidad para hacer la solución al tema.

Esa delegada de política criminal en ese escenario ha jugado un papel muy importante y en otro que, como vimos en el video, incluso tengo entendido porque así me lo dijo el gobierno nacional, están pidiendo colaboración de México para un tema de cárceles porque nosotros tenemos un grave problema de violación de derechos humanos por el grave hacinamiento carcelario que vive el país.

En diciembre fue un tema absolutamente vergonzoso y penoso para nuestra sociedad porque los guardianes de prisiones entraron en paro y no recibían los internos.

Hay imágenes, uno de ellos, una fotografía que se me olvidó traerla, donde llegaron a tal nivel donde los parques públicos, parques de diversión de los niños de los barrios, en los columpios terminaban esposados los internos, en carpas de campo los estaban metiendo ahí en camiones, en todo escenario porque no, las cárceles no los estaban recibiendo.

Escenarios tan flagrantes de violación donde esas personas no tenían acceso a salud, alimentación, a algo elemental: a un baño.

Ese es uno de los temas banderas nuestros que permanentemente denunciamos, que le he planteado al gobierno.

En un año logramos, a través de acciones de tutela, en el año de 2012 cerramos 34 prisiones por el hacinamiento. En la guajira, como se mencionaba, es un centro carcelario que tiene una capacidad para 100 personas y hay 583; hay un hacinamiento del 483 por ciento.

Si uno acostara a todos los internos en el piso, no alcanza físicamente el espacio. En las noches cuelgan sacos, costales y todo eso para dormir ahí improvisados. Esa es la permanente preocupación que nosotros evidenciamos.

Y uno de esos escenarios fue la falta de una implementación organizada del sistema acusatorio, porque nosotros no lo supimos entender y eso será escenario de otra discusión, o de otro intercambio de ideas, porque me tocó vivir esa implementación, como les decía a los amigos del departamento de justicia, en el 2005 que estuve como vice Fiscal General de la Nación, nos tocó implementar el sistema acusatorio que entró en vigencia por reforma constitucional, que se hizo el 2004, entró el 2005, pero a partir de ahí se iniciaron los estándares de hacinamiento en las cárceles porque nunca entendimos que la regla general, el sistema acusatorio puro es la libertad.

La sociedad, los medios de comunicación no están preparados para entender y atender que una persona que cometió un hecho punible que si no es de alto impacto para la sociedad, pagando una fianza, con unas obligaciones de prohibición de salir del país puede estar en libertad enfrentando posteriormente la justicia en un proceso penal. Y sólo si en una audiencia es vencido, se va a pagar una condena.

Nuestros sistemas no los han entendido; el nuestro no es la excepción.

Nosotros tenemos 119 mil internos hoy en día, de los cuales 42 mil están en condición de procesados. Es decir, que su presunción de inocencia no se les está respetando porque se está abusando de la detención preventiva.

Pero eso es un tema que impactó en el hacinamiento carcelario. Esos escenarios en su momento, sé que aquí están en un proceso tan trascendental que la implementación de ese sistema y que nosotros terminamos haciendo un sistema que se deslegitimó, se desnaturalizó cuando se importó de Estados Unidos y románticamente y caricaturísticamente los periodistas han dicho que ese es un sistema “a la chinchombiana”, por no decir “a la colombiana”, porque le quitó una cantidad de figuras tan trascendentales al sistema acusatorio como el principio de oportunidad para la delincuencia organizada por el temor y por la desconfianza que el Estado tiene en las autoridades; el mismo Estado.

Pero eso, insisto, es escenario de otro tema, eso para hacer referencia al grado de hacinamiento carcelario que tiene nuestro país.

Tenemos defensorías para la prevención del riesgo de los derechos humanos, que es el que se conoce como el sistema de alertas tempranas, que también quiero profundizar en ese escenario.

El sistema de alertas tempranas se nutre fundamentalmente. Él tiene en cada región, en cada regional de las 36, tiene un analista de riesgos que es preparado exclusivamente para eso, para estudiar la dinámica del conflicto en esa región.

Le hace seguimiento a la violencia, a los homicidios, a las denuncias y se nutre de otros funcionarios, que es el que les comentaba que se conoce como defensor comunitario, que es el señor de la mochila que vive con las comunidades; que son abogados y que en muchos escenarios nosotros los contratamos de la misma región o de la misma etnia, si son indígenas.

Tenemos defensores comunitarios que son indígenas, que son afros, que son de la comunidad, que le generan esa confianza a la región. Y ellos son nuestro puente, insisto, no sólo para el tema de violencia; sino para denunciar las problemáticas de políticas públicas, de ausencia de Estado en esas regiones y a partir de ahí hacemos nuestros pronunciamientos, a partir de ahí exigimos a las autoridades esos escenarios.

Defensoría para la salud, como ya hablamos; defensoría delegada para los conflictos del medio ambiente.

Uno de los temas que, no sé cómo esté en México, que en nosotros está generando igual o más daño que el narcotráfico, que se denomina la minería ilegal. Está produciendo tantos réditos, que la gente está abandonando el narcotráfico para irse para el tema de minería ilegal.

Se están acabando las regiones, se están contaminado todos los ríos por la irresponsabilidad con la que se están explotando determinadas regiones de nuestro país. Y lo hacen a la vista de la institucionalidad, ustedes vieron las imágenes; esas retroexcavadoras son ilegales, no tienen licencia, pero están ahí a 15 minutos de las capitales. Que esa fue la gran denuncia que hice en el Congreso de la República.

Ese es un tema que son los factores delincuenciales del futuro, que a muchos países le está causando mucho daño a las comunidades y que en nuestro país es una permanente preocupación; y esperamos que se tomen las medidas.

Hay otras delegadas, como la de asuntos constitucionales que ya comentamos; la de la población desplazada, nuestro país por ser un país en un conflicto de 50 años, como lo anuncié, tiene más de 6 millones de personas desplazadas de su origen y obviamente nosotros tenemos una delegada para atender ese sector de la población de manera especializada.

Hay otra delegada para atender exclusivamente a las mujeres y a todos los sectores de género de este país; hay un sector de género que necesita la atención de cualquier democracia, y es la comunidad LGTBI, que por estos días en nuestro país estaba muy expectante porque la Corte Constitucional tenía que pronunciarse sobre la adopción de parejas del mismo sexo.

Lamentablemente el pronunciamiento que hizo la Corte no cayó tan bien a toda la sociedad porque no quedó contento nadie, porque nosotros tenemos en la Corte Constitucional nueve magistrados, uno de ellos se declaró impedido, quedaron ocho; al momento de votar quedaron empatados cuatro y cuatro; nombraron un conjuez para que dirimiera el empate.

Lamentablemente al sortear el conjuez, salió elegido un exmagistrado de origen puramente conservador y obviamente, desde su nombramiento, ya todo el mundo avecinaba la decisión.

Sin embargo, fue una decisión que trató de avanzar en reconocimientos y en la sentencia se dijo que se autorizaba la adopción de parejas del mismo sexo, si el hijo era de uno de los miembros de esa pareja, si era hijo biológico. No se avanzó en que sean niños adoptados.

Como defensor, en las diferentes opiniones que di, siempre le pedí a la sociedad que nos apartáramos de las discusiones conservadoras o liberales, religiosas, cristianas, y que miráramos el escenario como teníamos que mirarlo, y era con la bandera de los derechos humanos; porque en mis visitas a estos centros comunitarios donde están los niños abandonados, habían más de 10 mil niños que hoy no van a ser adoptados porque la costumbre es que niños que tienen determinada edad, ya nadie los va a adoptar.

Y yo no entendía cómo si una pareja que cumple los requisitos psicológicos y económicos que exige el Estado para adoptar, está dispuesto a darle amor y futuro a un niño que está totalmente abandonado en esos escenarios, se prohibiera por centrar la discusión en temas de índole liberal, de índole conservador o de índole religioso.

Lamentablemente la tarea ahora les corresponde a sus colegas del Congreso de nuestro país, a quienes están llamados y la sociedad los está convocando a que se pronuncien en ese escenario, a que actualicemos nuestra normatividad en contextos internacionales, que ya han avanzado y que están dando ejemplo de avanzar en esas discusiones. Ese es otro tema.

Hay una delegada de asuntos agrarios. Nuestro país hace dos años vivió una grave problemática y una protesta generalizada de nuestro país por el sector agropecuario, por los campesinos de nuestro país, que es una región muy olvidada y abandonada; y frente a esos escenarios nos vimos en la penosa necesidad de pedirle al Gobierno que creara la delegada de asuntos agrarios, porque a lo largo y ancho del país es una comunidad que se encuentra muy abandonada de nuestro Estado.

Y por último, hay una delegada de los DESC, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que también nosotros la tenemos dedicada para atender toda esa comunidad.

Eso grosso modo es lo que quería plantearle, presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, doctor Otálora.

Damos a continuación ocasión a escuchar la intervención de la doctora Irma Alejandra Cárdenas Castañeda, directora nacional de la Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Y posteriormente haríamos lo mismo con respecto a su intervención.

Por favor, bienvenida y adelante.

DOCTORA IRMA ALEJANDRA CÁRDENAS CASTAÑEDA: Buenas tardes para todos. Un saludo especial al senador Roberto Gil, presidente de la Comisión; a los demás integrantes de la Comisión de Justicia, a los académicos que hoy nos acompañan, asesores del Senado.

De verdad que para nosotros es un gusto la invitación que nos realizara el Departamento de Justicia y poder presentarles algunas experiencias e informarles qué es la Defensoría del Pueblo y qué es la Dirección Nacional de Defensoría Pública.

Me permito también presentarles un video, también muy corto, un resumen del papel que desarrolla la Dirección Nacional de Defensoría Pública.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

¿Qué es la Defensoría Pública?

Es el Sistema Organizado para defender a aquellas personas que, económica o socialmente, no pueden tener representación judicial o extrajudicial.

El defensor público es aquel profesional del derecho que está presente para defender a aquella persona que acude directamente a la Defensoría Pública en busca de una prestación de servicios para solicitar una representación judicial, solicitar una asesoría jurídica.

Como lo dijo el señor defensor, hace dos años y medio la Defensoría Pública tenía dos mil 790, dos mil 800 defensores públicos. Actualmente la Defensoría Pública cuenta con cuatro mil 100 defensores públicos distribuidos en todas las áreas del derecho; claro está, con mayor connotación en el área penal, porque es allá donde el conglomerado está más dirigido a resolver sus problemas penales.

Decimos que social o económicamente no pueden ser representados judicialmente, todo esto porque, si bien es cierto, le hacemos un análisis económico a nuestro usuario, también hay personas que socialmente puede que tengan los recursos económicos pero que ninguna persona, ningún profesional del derecho está en disposición de defender particularmente.

Igualmente, en el Sistema Penal está la figura de la contumacia. Esto es cuando una persona no se hace presente y que ha sido llamada y ha sido ya imputada de algunos cargos, lo que hace el juez es acudir al Sistema Nacional de Defensoría Pública y solicitar un abogado.

En algunos momentos vamos a terminar representando personas que económicamente pueden acudir a un defensor particular, pero que están en rebeldía de presentarse ante el estrado judicial y esto es en materia penal.

Como les manifestaba, son cuatro mil 100 defensores públicos distribuidos en todas las áreas. Al comienzo de la creación de la Defensoría Pública, esta institución estaba adscrita al ministerio de justicia, fue con la Constitución del 91 y con la Ley 24 del 92 donde se le dio la función a la Defensoría del Pueblo y al señor Defensor del Pueblo organizar lo que es el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

La función de la Defensoría Pública ha ampliado bastante. Es tanto, que sus programas no solamente se limitan al tema penal. Cuando hablamos del tema penal, nos referimos no solamente al Sistema Penal Acusatorio, nos referimos también a la responsabilidad penal de adolescentes; nos referimos a la justicia penal militar; nos referimos incluso a la Ley 600, mal llamado Antiguo Sistema Inquisitivo, porque ustedes saben que hace 10 años estamos con implementación del Sistema Acusatorio, pero hay un rezago de procesos que venían con el otro procedimiento; también tenemos defensores ahí.

Tenemos el Programa Penal Indígenas. Nosotros tenemos unos abogados que representan a los indígenas; esos abogados están distribuidos en las áreas donde la presencia de los grupos étnicos es más relevante.

Los programas no se quedan ahí. Tenemos programas a nivel administrativo. Los abogados que están adscritos al área administrativa son aquellos abogados que representan al usuario que necesita un mecanismo de protección de derechos humanos.

He ahí que el señor Defensor también indicaba que a través del defensor público el usuario acude para que el Estado ordene acción de tutela, una acción popular, una acción de grupo, un posible hábeas corpus.

La Defensoría del Pueblo actúa directamente a través de la acción de tutela, pero cuando el usuario es el que ve la necesidad de la protección de derechos, acude al defensor público para que éste vele a través de una demanda la protección de su derecho.

La Dirección Nacional de Defensoría Pública cuenta con cuatro grupos:

Uno, es el Grupo de Selección y Registro. Es el que selecciona a los defensores públicos y quién puede ser defensor público en Colombia.

Los requisitos para ser un defensor público en Colombia es que la persona tenga cinco años de experiencia e idoneidad, y dependiendo la especialización y dónde está encaminada su experiencia, se le ubica en el programa respectivo.

Como se observó, ha sido bastante la acogida y la visibilización que tiene ahora la Defensoría del Pueblo, que en nuestro país casi todos los abogados quieren ser defensores públicos.

Ser defensor público no solamente tiene una buena indicación ante los usuarios, sino que igualmente es un compromiso con la sociedad. independientemente de la idoneidad y experiencia que tenga el defensor público tiene que tener un compromiso social. Es importante para nosotros el compromiso social que pueda tener el defensor público.

Igualmente hay un Grupo de Supervisión y Control. Los defensores públicos, si bien es cierto, son contratistas, no están vinculados laboralmente a nuestra entidad; tienen un control y una supervisión sobre las actividades que realizan.

Nosotros no dejamos que el defensor público actúe libremente en el sentido de que sí respetamos la autonomía que ellos puedan tomar frente a los casos, pero supervisamos el trabajo.

Lo que buscamos es que la representación del usuario sea eficaz y eficiente, por eso tenemos en todas nuestras regionales profesionales administrativos de gestión que supervisan la calidad y la buena representación de los defensores públicos.

Tenemos el Grupo de Víctimas. La representación de las víctimas en nuestro país está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.

Excepcionalmente la ley nos ha otorgado competencia para que, a través de la Defensoría del Pueblo, los defensores públicos tengan representación de víctimas, pero no en todos los casos. Los defensores públicos que actúan como representantes judiciales de víctimas los pueden ser solamente en los casos de conflicto armado; en los casos de menores de edad, nosotros representamos a las víctimas de menores de edad, a las mujeres que han sido vulneradas por violencia de género; también representamos a las víctimas de indígenas.

Esos son los cuatro grupos donde la Defensoría del Pueblo actúa en representación judicial de víctimas.

En un proceso, incluso se pueden encontrar un defensor público donde represente al adolescente víctima y también un defensor público que represente al posible imputado o acusado de un delito.

En este momento tenemos 758 representantes de víctimas en todo el país. Claro está que nuestra mayor cobertura son las víctimas de conflicto armado.

Asimismo, tenemos un Grupo de Investigación Defensorial. Somos el único país del mundo que cuenta con Grupo de Investigación Defensorial. Nosotros tenemos nuestros propios investigadores, tenemos peritos, tenemos investigadores en ciencias forenses.

En la actualidad tenemos cinco laboratorios –valga la propaganda también– eso ha sido también apoyo de USA directamente, el departamento de Estados Unidos, donde nos han apoyado en la implementación de este Grupo de Investigación Defensorial.

Tenemos cinco laboratorios que han sido regionalizados. El laboratorio de Barranquilla, Atlántico, se encarga de la región Caribe, hay otro laboratorio que se encarga de la región Pacífica, del Central, de Bucaramanga, todos están distribuidos.

¿Y qué hace el investigador? El investigador acompaña al defensor público, lo acompaña en su labor de investigación.

Con la nueva reestructuración, antes se tenía al Grupo de Investigación Defensorial para los casos en materia penal; con la reestructuración se amplió esta área y los investigadores trabajan también en todas las áreas: civil, administrativo, laboral, restitución de tierras, nosotros también tenemos defensores públicos para el tema restitución de tierras, para el tema de extinción de dominio, que ahora la ley nos involucró qué Defensoría del Pueblo también tenía que entrar a representar a las personas vinculadas por extinción de dominio.

A diferencia de este grupo de investigación defensorial no actúa para las víctimas, dado el grupo de víctimas tiene otro grupo de investigadores que está conformado por sicólogos y por financieros.

Se evacuaron esas dos áreas porque realmente son las que abarcan el tema de víctimas. El psicólogo para evaluar el perjuicio moral y el financiero que evalúa los perjuicios materiales en que puede incurrir una víctima.

El grupo de investigación de defensorial actualmente cuenta con 205 investigadores y peritos y tenemos en ciencias forenses peritos en medicina forense, psicología jurídica y forense, física forense, balística, topografía, fotografía y video, de grafología y documentología, loposcopia, análisis de información y morfología.

Algunas personas que estuvieron el año pasado visitándonos pudieron observar el laboratorio que está en la ciudad de Bogotá. Hemos tenido casos exitosos gracias a la labor de acompañamiento que hace el investigador.

Siempre les digo que el investigador es el amigo, el acompañante del defensor. El investigador y el defensor deben actuar conjuntamente para presentar una muy buena teoría del caso y lograr un resultado a favor de nuestro usuario.

Otro de los grupos que tenemos y que hacen parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública es el grupo de capacitación. Nuestros defensores públicos no solamente prestan un servicio al usuario, prestan un servicio eficiente y actualizado.

Tenemos un grupo de coordinadores académicos que por cada 25 defensores públicos, tenemos un académico que todas las semanas estudia los casos con ellos, analizan sentencias, fijan posiciones.

Son unas muy buenas barras donde el defensor se sienta y le cuenta a sus compañeros, a su académico, cómo es que se trabaja y cuál puede ser la estrategia de defensa.

Tenemos coordinadores académicos de muy alto nivel e inclusive tenemos ex magistrados de las altas cortes, profesores con mucho recorrido académico, personas muy ilustres en el litigio, personas que se han reconocido en su labor de publicaciones.

Estas barras académicas se desarrollan cada mes, cada semana y hay unas barras unificadas que las desarrollamos cada mes. De esas barras académicas han surgido lo que se llama el litigio estratégico institucional.

Nosotros no tenemos como tal, lo tenemos pero no lo tenemos establecido como tal, lo que se llama buenas prácticas, pero sí tenemos un litigio estratégico institucional que es similar a lo que se denomina buenas prácticas.

El litigio estratégico institucional es buscar que los temas que manejan fijen posiciones y lineamientos, respetando la autonomía que tiene el defensor público para defender un caso, pero fijamos posiciones de entidad y de defensoría pública.

Es así que el litigio estratégico institucional nos ha originado publicaciones donde nuestros coordinadores académicos fijan lineamientos, requisitos, presupuestos, para el manejo de determinados casos.

Esto no solamente en materia penal. En materia civil, en materia laboral y en materia administrativa se ha fijado el litigio estratégico institucional.

La capacitación está dirigida a todos os defensores públicos y la capacitación es constante, porque en mi país los cambios legislativos son constantes, los cambios jurisprudenciales son constantes, no sé si acá también se presenta, pero eso hace que el defensor público deba estar actualizado y deba estar bien formado, porque se está presentando ante un juez y ante un fiscal que también pueden tener sus posiciones.

Entonces, las capacitaciones que se le dan a los defensores públicos son constantes, capacitaciones en restitución de tierras, capacitaciones en la extinción de dominio.

A los representantes de víctimas los venimos capacitando constantemente para que puedan ejercer una debida representación judicial.

Como les digo, el litigio estratégico institucional ha sido un programa que empezó el año pasado y que ha tenido bastante respaldo y bastante acogida por los defensores públicos, toda vez que incluso siempre acuden a su coordinador académico para que les ayude a manejar un caso.

Nosotros hacemos talleres de juicio. Cuando s e analiza un proceso se hace un taller de juicio con el profesional administrativo de gestión y el coordinador académico y se sienta el defensor y hace una especie de programa metodológico para dirigir su caso.

Tosa estas capacitaciones siempre están en pro del usuario, que es la persona más importante en nuestra entidad y en nuestro Sistema Nacional de Defensoría Pública.

En la actualidad podemos decir que no hay ningún municipio que no tenga la presencia de un defensor público. En todos los circuitos judiciales existe el defensor público; existe un defensor no solamente defensor público, sino también existe un representante judicial de víctimas.

Para nosotros el Programa de Víctimas ha sido muy importante, por lo que decía el señor defensor, por el problema que se nos ha presentado en nuestro país, por la importancia que tiene buscar reparar, buscar la verdad, buscar la justicia, buscar reintegrar a esa víctima a nuestra sociedad.

El Sistema Nacional de Defensoría Pública siempre está al servicio del usuario. Nosotros también atendemos a los usuarios directamente en las regionales o también tenemos centros de atención aparte.

En Bogotá tenemos un centro de atención. Ahorita va a empezar a regir el Primer Centro de Conciliación en Bogotá de la Defensoría Pública y también en las personerías que hay en todos los municipios se presta atención a través de un defensor público.

Como lo ven, nuestros cuatro mil 100 defensores públicos desarrollan una tarea bastante ardua. Muchos de nuestros defensores tienen bastantes procesos, bastante congestión, pero la idea es que al 2016 nuestro sistema cuente con 5 mil defensores públicos.

PREGUNTA: ¿Cuántos son?

DOCTORA IRMA ALEXANDRA CÁRDENAS CASTAÑEDA: En este momento somos 4 mil 100, la idea es que para el 2016 terminemos con 5 mil defensores públicos.

PREGUNTA: ¿Cuál es la carga de trabajo?

DOCTORA IRMA ALEXANDRA CÁRDENAS CASTAÑEDA: Depende, por lo menos para el programa penal la carga de trabajo es de 180 a 250 procesos, dependiendo incluso la ciudad, por defensor, al mes.

A ver, simultáneamente, coetáneamente, es decir, un defensor público puede terminar dentro del mes 10 procesos y le entran 20, porque realmente nuestro sistema de justicia también está bastante congestionado y desafortunadamente a veces no utilizaos las medidas alternas o mecanismos de resolución de conflictos, sino siempre acudimos a la justicia.

Eso en materia penal, o que abarca materia penal, todo lo que es responsabilidad penal de adolescentes, lo que es cárceles, porque en materia del área no penal, civil, ahora la carga es menor, pero siempre también tienen bastante carga.

Un defensor público en el área civil puede tener 60, 70 procesos y ellos prestan asesoría y prestan turnos, dos veces a la semana. Turnos de siete de la mañana a dos de la tarde y de dos a diezx de la noche, en el sistema penal y tienen que haber defensores en disponibilidad.

Y los fines de semana también en materia penal hay defensores públicos.

PREGUNTA: ¿Cuál es el presupuesto?

DOCTORA IRMA ALEXANDRA CÁRDENAS CASTAÑEDA: El presupuesto en pesos colombianos para defensoría pública son, en dólares, 175 mil millones de pesos, 80 millones de dólares.

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Nosotros, la defensoría, cuando ingresamos nosotros teníamos un presupuesto de 120 millones de dólares, con la reestructuración vamos a llegar a 240 millones de dólares.

Por eso les decía que crecemos un 100 por ciento en presupuesto y en personal.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Cuántos millones de habitantes hay en Colombia.

JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Tenemos más o menos sobre 47 millones de habitantes.

DOCTORA IRMA ALEXANDRA CÁRDENAS CASTAÑEDA: Otro programa que es impulsado a través de la defensoría pública, es la defensoría tu barrio.

Es donde no esperamos que el usuario llegue sino en grupos de defensores públicos vamos al barrio, a las comunidades y allá realizamos una asistencia judicial, asesoría, y si el caso da para que se lleve judicialmente, se adelanta judicialmente.

Con esto doy la exposición a grandes rasgos de lo que es el sistema nacional de defensoría pública.

Muchas gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias doctora Cárdenas.

Verdaderamente interesante no solamente la exposición sino el modelo. El modelo, comentaba con el defensor del pueblo, sobre la atipicidad pues, de esta defensoría pública en el modelo continental y lo interesante que resulta para un país como el nuestro.

Voy a darle, a continuación, el uso de la voz a la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel.

La intención es que nos ayude a darle contexto pues, a la discusión mexicana.

Ella es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora universitaria del CIDE, investigadora experta en temas de seguridad de justicia y de estado de derecho.

Adelante por favor doctora.

DOCTORA ANA LAURA MAGALONI KERPEL: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su presencia.

La verdad para mí ha sido muy ilustrativo poder imaginar una institución así en México, digamos.

Tenemos problemas parecidos, venimos de situaciones complicadas en términos de violencia, en términos de vulnerabilidad de derechos de mucha parte de la población y entonces cuando veo a Colombia digo pues sí se puede, se pude movernos a un mejor lugar y tampoco parece que sea una receta imposible de realizar.

Claro, compararnos con Suecia, Finlandia, resulta casi imposible imaginar una institución que podría funcionar en forma paralela en México.

Ayer que estaba revisando las páginas de Internet de las dos instituciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo Colombiano, les invito que lo hagan, es muy interesante como experiencia sociológica.

A mí me pareció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, el eje central de la página, toda es en gris, en primer lugar, pero luego el eje central es la queja.

O sea, parece ser que lo único relevante o el servicio importante que está prestando la Comisión es la queja que puede recibir de los ciudadanos sin importarnos mucho eso que comentaba el defensor del pueblo colombiano, qué tan lejos viven, qué tan costeable es el transporte.

Nosotros esperamos como una institución que ellos lleguen, se quejen y nosotros empezamos a trabajar a partir de la queja.

Cuando veo la página de Internet pasan muchísimas cosas en Colombia.

Está todo el tiempo generando puentes entre una población particularmente vulnerable: niños, mujeres, desplazados, madres golpeadas. Todo este mundo en realidad de un desamparo importante respecto al Estado y está generando actualmente diálogo permanente con las autoridades porque esos problemas no se van a resolver sin el Estado y al mismo tiempo un puente de una población ya muy desconfiada, muy apática frente a cualquier capacidad del Estado.

Estas dos características me parecen interesantísimas, digamos, porque creo que en nuestro momento político, creo que nosotros hemos perdido toda capacidad de diálogo con los grupos más vulnerables, que son muchísimos, y que ya la confianza en las instituciones está completamente carcomida y que necesitamos tratar de reinventar un puente de comunicación y que creo que esta es una muy buena alternativa porque creo que se trata de servir a los ciudadanos.

Digamos que la única forma de restablecer el diálogo con los ciudadanos es que se den cuenta que el Estado sí sirve y no importa quién eres o cuánto dinero tengas, el Estado puede proveer un conjunto de servicios básicos que no provee.

Y cuando pienso en Colombia creo que esta fue una decisión política que no hemos tomado nosotros.

Yo creo que es muy incómoda una defensoría del pueblo como la que describe, pero es una decisión política que exista, tiene más costos que no exista una defensoría.

Entonces queremos ventilar estos problemas a la luz pública, queremos conocer el malestar de los ciudadanos, queremos darle cauce institucional a éste y queremos presionar a las autoridades para que atiendan cierto grupo de problemas.

Eso me parece que no lo hemos decidido. Y por eso hemos diseñado una comisión como la que tenemos.

Yo creo que nuestra Comisión de Derechos Humanos nunc ha jugado ese papel de verdadero puente de diálogo y no quizá no lo había tenido que jugar, pero que México ahorita sí está en una posición donde este restablecimiento de confianza entre ciudadanos y gobernadores me parece básico.

Visto con mucho cuidado lo que hace una Comisión de Derechos Humanos, una defensoría del pueblo bien estructurada es hacer que el Estado funcione.

Si finalmente se trata del servicio de transporte, del servicio de salud, de vivienda, de que las policías no torturen. O sea, se trata de profesionalizar al Estado si lo queremos ver como desde otro lado de la óptica.

Por eso pienso qué raro que incomode tanto. O sea, debería de ser nuestra preocupación más importante que el Estado funcione.

Además de todo este tema que puede ser general: ciudadanía, igualdad, etcétera, hay un montón de cosas de las que cuentan que se trata que el servicio de salud te atienda en una emergencia, que a la escuela asista el profesor, que la policía no puede incomunicar a las personas y un conjunto de cosas que todos los días padecen los ciudadanos y que no nos damos cuenta desde este lugar.

Si decidimos hacer un ensayo de esta naturaleza o decidimos hacer un acuerdo político distinto, poder tener una institución más incómoda –entre comillas-, pero que permita restablecer este diálogo y este puente de comunicación entre la sociedad y el Estado, me parece que lo primero que hay pensar:

Paso número uno: O sea, vamos a tardar en llegar a ser Colombia, pero paso número uno, me parece es que hay que dar abogados.

Cuando hablas de todo lo que hacen ustedes, me parece que una función central es que tienen distintos instrumentos de presión.

Y uno muy importante es promover ante las cortes la defensa de los derechos humanos.

Es muy difícil imaginar el contra fáctico pero yo creo que eso da fortaleza porque es no te quieren atender en el hospital, pueden promover una acción de tutela; no quieren hacerle caso con respecto a las escuelas.

Tienes a los tribunales como una institución más poderosa que el defensor porque es todo un tercer poder del Estado que puede ayudarte a mover la agenda.

Y al mismo tiempo el defensor puede ayudar a mover la agenda de derechos de los jueces, o sea, puede ser una buena mancuerna.

En el segundo término, darles abogados y cosas muy concretas: me quiero divorciar, tengo un problema laboral, no me quieren pagar, la autoridad se corrompe.

Todas estas cosas cotidianas que suceden, que es la conflictividad cotidiana inevitable, me parece que en nuestro país nunca hemos hecho un esfuerzo por detectarla siguiera.

No existe una institución que sea capaz de atender una madre golpeada, o que no le pagan la pensión, o unos niños que son maltratados en su casa, otros que nos les quieren pagar una deuda.

O sea, todo este mundo de la conflictividad hemos preferido meterlo debajo de la alfombra y que nadie lo vea.

Y por esa razón creo que se ha perdido una buena capacidad de gobernabilidad, porque si no puedes acudir a un Tribunal con lo que te quedas abajo es con la ley del más fuerte.

Ahí abajo, que yo estoy hablando, yo creo que el 70 por ciento de la conflictividad en nuestro país, el acuerdo o la resolución de ese conflicto va a ser el que se puede imponer frente al otro.

Y ese orden es muy amenazante y muy poco efectivo para generar prosperidad. Me parece que lo que empieza es a generar una sociedad de mucha desconfianza y donde creo que hay mucha gente que se siente realmente con mucha orfandad respecto del Estado.

Entonces me gustaría, cuando pienso en abogados, pienso en dos cosas que tendrían que pasar en la Comisión de Derechos Humanos.

Uno. Lo más básico: promover amparos.

Sí me gustaría que estuvieran conscientes de la diferencia de la acción de tutela y el amparo.

Colombia en algún momento decidió que era muy importante que los grupos vulnerables acudieran a los tribunales y la acción de tutela es, se presenta un ciudadano, sin abogado, con un juez, sin ninguna formalidad, si no sabe escribir el juez está obligado a oírlo y en 10 días el juez le tiene que responder, son temas de derechos humanos.

La queja más frecuente es salud, en segundo lugar educación.

O sea, como los derechos sociales que bueno, no me parece raro que estos sean los derechos que se litigan en América Latina, porque son los que te dan una plataforma de igualdad para empezar a hacer otras cosas.

Pero a pesar de eso, tienen un defensor del pueblo que si se te atora, te ayuda a promover la acción de tutela, presiona en el Tribunal Constitucional, etcétera. Nosotros no tenemos nada de eso, de un recurso ágil que puedan presentar los ciudadanos; pero sí tendríamos que darle por lo menos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la capacidad de promover amparos.

Dejar el mundo de la queja es dejar la conflictividad y la ausencia de Estado debajo del tapete. Ahora está debajo del tapete y nos está costando caro, por muchos años no nos había costado, pero creo que hoy sí; entonces me parece que movernos hacia una Comisión de Derechos Humanos que por lo menos tenga la capacidad de promover amparos.

Segundo, que haga una defensoría pública seria, no hay forma de que esa conflictividad se resuelva. Lo que explicaba Irma, digamos, que es un servicio más complejo que quizá no está en los reflectores de primera plana, pero que es súper importante para que el ciudadano pueda tener sus derechos como un lugar para poder desarrollar su potencialidad y sus habilidades.

Sin ese conjunto de derechos garantizados, es muy difícil que los ciudadanos puedan tener prosperidad; si no sabes si puedes cobrar una deuda, si te van a pagar la pensión, si te van a plantar un sindicato negro y te va a obligar a cerrar tu negocio; ¿entonces qué va a pasar?, esos ciudadanos no tienen capacidad de prosperidad.

Me gustaría pensar en una Comisión que tuviera estas dos e imaginarnos una Comisión que quiera llegar ahí; que quiera llegar a establecer… me encantó la idea de los defensores que van con su, ¿cómo se llaman?

Bueno, ¿tienen idea de cuántos dolores de cabeza nos quitaría?

Pero fíjense lo interesante: la forma en la que la población empieza a dar la información relevante, es cuando el Estado la empieza a servir: le resuelve un problema de salud, un problema de la escuela…

(Falla de audio de origen)

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: …del dilema actual de nuestro país, cómo generar justicia y gobernabilidad, equilibrando los derechos y con un Estado efectivo.

Abriríamos el espacio para intervenciones de las señoras senadoras, señores senadores, de nuestros invitados, en la lógica de los dos temas y obviamente con el contexto que ha puesto la doctora Magaloni en su intervención.

Senador Ríos Piter, adelante, por favor.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Continuando con tratar de entender bien el modelo, ahora la doctora Magaloni comentaba sobre las acciones de tutela y esos parecieran ser que son instrumentos que la propia realidad colombiana fue generando, y que son instrumentos relativamente nuevos.

¿Podría explicarnos un poco más cómo es la línea entre estas acciones de tutela y un poco cómo Defensoría del Pueblo y el propio sistema obtienen de este instrumento y de los propios amparos, la fuente de interacción?

Además de esta diferencia entre actuar por demanda, por así decirlo, la comparación que hacía la doctora Magaloni entre la CNDH y tener una posición más de oferta, de ir hacia el territorio.

Quisiera tenerlo mejor clarificado, por favor.

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: La acción de tutela es un instrumento público tan importante, que le han tratado de tocar una tilde y sale el pueblo en pleno a movilizarse, porque es la única herramienta que tiene el ser humano sin importar su condición, su raza, su sexo, para que el Estado le pare bolas, para que el Estado me atienda.

Entonces, cada que en el Congreso dicen: “Es que la tutela la vamos a replantear”, terminan movilizaciones y el Congreso dice: “eso no lo toquemos, dejémoslo quieto”; porque puede tener algunas fallitas de incompetencia en temas de esa naturaleza, pero que la Corte, que tenemos una Corte muy propositiva, muy de avanzada, permanentemente ha venido mejorando.

Esa es una figura que para nosotros es un instrumento clave; pero que nosotros tampoco queremos abusar de ella, porque no se trata de congestionar. Si yo veo un problema de los profesores, un problema de los pensionados que ya comentaba, claro, si yo meto una tutela sé que en 10 días le soluciona el problema a uno: pero es que son 240 mil, entonces no puedo meter 240 mil porque va a congestionar el sistema.

Entonces, nosotros agotamos el aspecto pedagógico, la concertación. Hay casos individuales para mostrar, un sinnúmero que hemos hecho y que es el día a día. La semana pasada dos casos: un niño menor que tenía una deformidad física severa y en el colegio les pareció que esa persona no podía entrar al colegio por su deformidad, y le negaron la entrada al colegio.

Me cuentan a mí, son temas del día a día que a uno a veces le llegan por los medios de comunicación, que me llegan por todo el tema. Llamamos al colegio: “¿cómo que no le van a dar la entrada?”; “No, hay reglamentos…”; “Ah, bueno. Listo”.

Al otro día, acción de tutela, medidas previas: en un día el niño estaba estudiando. Obvio, tratamos de agotar el tema pedagógico.

Un niño en Bogotá invidente, que todos los días le toca caminar dos horas por las calles de Bogotá, que son tan peligrosas por el tráfico, por el movimiento, y el Distrito está en capacidad de generarle una ruta. Lo mismo, pedimos que le dé una ruta a ese menor; ¿no? Acción de tutela: en ocho días el niño está con su ruta.

Ese mecanismo tan cercano, tan efectivo, el ciudadano lo ve como un bien tan preciado que no lo quiere dejar tocar. Pero que insisto, nosotros en muchos casos antes de abusar de este instrumento, tratamos de generar procesos pedagógicos y la gran mayoría en temas de salud, que la EPS le debe plata, la Entidad Prestadora de Salud le debe plata a ese hospital y que hay una señora en urgencias que no la quieren atender. Yo llamo al director del hospital y ese es el día a día por donde uno va.

“Póngame a tal. ¿Qué pasó, por qué no me lo va a atender? No, es que usted sabe que eso está en segundo nivel, lo primero es la vida” Dicen: “Bueno, está bien, ya la voy a atender” y no hay necesidad de meter tutela ni nada. Muchos ya entran en razón porque además puede haber un mecanismo de control social.

Una de las fortalezas que yo no había mencionado, y yo creo que son de las cosas que corregimos en la Defensoría. Nosotros tenemos que ser una central de medios, de pronto la más importante del país y la gente no me lo ha entendido. Cómo que yo ejerzo una magistratura moral, que la magistratura moral es pronunciarme todos los días de cualquier tema y no tengo un departamento de comunicaciones fuerte, serio, de altura.

¿Qué hicimos nosotros?

Cuando yo llegué había dos periodistas. Hoy tenemos 28 periodistas en las diferentes áreas, periódicos escritos, portales, uno dedicado al Twitter, otro dedicado al Facebook, otro dedicado a mis horas regionales, otro dedicado a los noticieros y medios de comunicación nacionales, privados, todo, cada uno su tarea es eso, y eso me da la tranquilidad de que el informe y el reporte que me dan todos los días le tengo controladas las 36 regionales.

¿Por qué? Porque me dan reportes, que tal región, la Guajira, se están muriendo los niños indígenas por desnutrición. Yo llamo a mi defensora regional de la Guajira, a nuestra defensora, y le digo: “¿Qué está pasando con los niños guayú?”. Me da un reporte de inmediato, me visita las comunidades en ocho días y me prepara una visita porque voy a ir a saludar a los guayú, y manda una visita a terreno, me adelanto y ya después llego con una información focalizada para citar al Estado y decirle: “Tenemos tantos niños que se han muerto por desnutrición. Tenemos tantos niños con índices de desnutrición severa de tercer grado que les va a impedir el desarrollo psicológico hacia el futuro. ¿Cómo vamos a responderles? Necesitamos una respuesta”. Y, si no encuentro una respuesta, tengo siete figuras constitucionales que permanente hago uso de ellas: la acción de tutela, la acción popular cuando son temas colectivos, la acción de grupo cuando ya les causaron un daño y ya lo único que queda es repararlos económicamente, también lo ponemos, la acción de cumplimiento.

Muchas veces los congresos –y ustedes podrán ver de eso– cuando tramitan una ley le dan al gobierno seis meses un año para que reglamente la ley. Pasan dos años, tres años, cuatro años y el gobierno no le hace caso al Congreso de reglamentar la ley; pues tengo mi acción de cumplimiento donde un juez le va a decir a ese funcionario que tiene tanto tiempo, de lo contrario, se va para la cárcel y va a generar una multa.

Tenemos acciones de habeas corpus cuando hay una abierta violación a la libertad de los funcionarios. Tenemos mecanismos, que ese es un tema aparte, que es mecanismos de búsqueda urgente de personas desaparecidas.

La Ley creo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es totalmente diferente a la Defensoría, que es una institución autónoma independiente, pero que en buena hora el legislador de nuestro país consideró que el que la debería presidir es el defensor del pueblo, y a esa comisión hacen parte el Fiscal General, el Procurador General, el Ministro de Defensa, el representante del Presidente de la República y tenemos búsquedas de esa naturaleza que, cuando se activan, no sólo para niños sino para cualquier ciudadano en temas importantes se activa el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas a nivel nacional.

Hace poco, el viernes, logramos algo que es el ejemplo de lo que estamos hablando. El Congreso de la República le había dado facultades al gobierno para que reglamentara uno de los artículos del Sistema de la Comisión Nacional de Búsquedas. Pues bien, llevábamos cuatro años y no lo habían reglamentado.

Me tocó preparar una acción de cumplimiento, fui donde el ministro y decirle: “Ministro, o la sacamos o mire, que yo tengo que responderle a la comunidad; deme un tiempito”, y el tiempito es que el señor Presidente con un altruismo, con un respaldo por las víctimas, el viernes anterior sancionó el decreto que trae unos instrumentos técnicos importantes, unas herramientas importantes, como por ejemplo el perfil genético que se va a hacer; la ayuda psicotécnica.

Nosotros en eso hemos copiado otros modelos de otros países que han avanzado en ese escenario.

Se recuperaba un cadáver de cinco, diez, 15 años y se lo devolvían sin ningún protocolo sin tener en cuenta el impacto psicológico que le va a dar a esa familia. Hoy en día todo eso está reglamentado, el Estado tiene la obligación de preparar psicológicamente, jurídica y psicológicamente para que en una sesión muy solemne, de perdón, de duelo, esa familia pueda recibir ese cadáver y la autoridad entregarlo con un respeto por esa familia, todo eso ya hoy en día está reglamentado en esos escenarios.

Ahí también jugamos un papel importante y finalmente tenemos el Haber Data, que es esa facultad que tenemos de pedirle a cualquier institución que por la información que está registrando en sus bases de datos, en sus portales, está perjudicando a una persona, porque está colocando información que no es verídica, que no es cierta o que ya caducó.

En el caso de los antecedentes, cuando ya ha pasado determinado tiempo, tienen que borrarlos para que no le generen perjuicios al sistema financiero o a cualquier elemento crediticio, pues también tenemos es facultad de pedir que se le respete el derecho a la verdad.

PREGUNTA: ¿Y en materia de corrupción?

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: En materia de corrupción también tenemos la facultad constitucional de hacer ese seguimiento al control público.

Que dicho sea de paso y hay que reconocerlo, no jugamos un papel tan importante, sí lo tramitamos, pero hay otros organismos de control que están focalizados directamente a ese escenario, creo que en la tarde íbamos a hablar de este tema, donde en nuestro país hay cuatro organismos de control:

El Fiscal General de la Nación, que es el que cumple las funciones del procurador en México, es el dueño de la acción penal, el titular de la acción penal, el Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna que envía el presidente de la República.

Luego está el Procurador General de la Nación, que es el jefe del Ministerio Público, que es elegido de una terna que envía la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado y la elige el Senado de la República.

PREGUNTA: El procurador y el fiscal ¿qué diferencia hay?

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Hay una diferencia sustancial.

El fiscal se dedica a la investigación de carácter penal. El procurador se dedica a hacerle seguimiento a todos los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones y los investiga disciplinariamente y tiene facultad de destituirlos.

PREGUNTA: Es la anticorrupción.

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: No, porque no necesariamente es de corrupción, de función pública.

Posicionó a un funcionario sin los requisitos debidos, lo sanciona, obviamente por corrupción también lo puede destituir, pero son dos funciones paralelas.

Nosotros siempre tenemos ese problema en la comunidad internacional, porque son dos instituciones…

PREGUNTA: ¿Quién lo elige?

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: El procurador sale de una terna de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, y lo elige el Senado de la República.

Luego está el Contralor General de la República, que es una terna de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y lo elige el Congreso en Pleno, cámara baja y cámara alta.

Perdón, confundí al contralor, la Procuraduría un miembro lo pone el Presidente de la República, otro la Corte Suprema y otro el Consejo de Estado, la terna.

Y en el caso del contralor, sí son las tres cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado, elige congreso en pleno, cámara y Senado de la República.

Y luego está el Defensor del Pueblo que es de terna del Presidente de la República y lo elige la Cámara de Representantes, la cámara baja, por mayoría simple.

El Contralo se dedica a mirar todas las finanzas del Estado.

PREGUNTA: Sería la Auditoría Superior.

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Exactamente, que también tiene capacidad disciplinaria, de suspensión y de destitución si han mal utilizado los recursos del Estado.

De suerte que es una crítica permanente que se hace a nuestro sistema, porque por una conducta que haga un funcionario público le puede generar cuatro investigaciones, por un mismo comportamiento le caen lo que popularmente les llaman en nuestro país los caricaturistas, que dice que “le caen las marías”; la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría.

Si un jefe jurídico de una entidad pública emite equivocadamente una resolución y con eso genera consecuencias patrimoniales, lo investiga la fiscalía por peculado, lo investiga la procuraduría disciplinariamente y muchas veces ha ocurrido que lo absuelva la fiscalía, pero la procuraduría lo sanciona, lo suspende…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La procuraduría responsabilidad, administrativa; la fiscalía, responsabilidad penal.

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Exactamente.

Y también lo puede investigar la contraloría, porque esa decisión impactó el erario del Estado. Y finalmente, si es abogado y esa decisión la tomó en condición de abogado, lo puede investigar la sala disciplinaria, el Consejo Supremo de la Judicatura, que le puede suspender la tarjeta profesional o quitársela de por vida si la falta fue gravosa.

Obviamente hay quienes sostienen que si hay una sanción mayor él podría poner las demás sanciones. En este caso la pena de prisión podría conllevar las demás pérdidas y no actuar los cuatro organismos de control de manera paralela pero esa es una discusión que está abierta permanentemente.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Qué tan grave es el problema de corrupción en Colombia.

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Hay graves problemas de corrupción, sobre todo en su momento en el caso de Bogotá, hay un caso famoso que se llama “la corrupción de la contratación”, donde se alió algunos de los funcionarios de elección popular del Consejo, el ex Alcalde, que también en este momento está privado de la libertad, funcionarios de su administración, donde en mega obras del distrito de Bogotá generaron una malversación de fondos.

Están en investigación, algunos de ellos ya fueron condenados, otros de ellos están siendo procesados.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas gracias doctor.

Ha llegado la hora que habíamos planeado para esta intervención. Entiendo que hay agenda por parte de ustedes a continuación.

Les agradecemos mucho la presencia esta tarde en la Comisión de Justicia.

Ha sido un verdadero placer y muy enriquecedora conversación con ustedes a propósito del modelo, en un momento en el que estamos en discusiones muy similares sobre fortalecimiento de instituciones de seguridad y de justicia.

Quiero también agradecerle a la doctora Ana Laura Magaloni habernos dado contexto y participado en estas conversaciones.

Sin lugar a dudas debo decirle que es una defensora actuante del modelo colombiano y de la forma de poder generar algún perfil similar en nuestro país. Una suerte de defensora del defensor del pueblo colombiano.

Y déjeme decir una cosa, porque además ha estado insistiendo en la necesidad de abrir canales de acceso a la justicia.

A mí me llamó mucho la atención esta diferencia substancial entre la acción de tutela y el juicio de amparo.

Nosotros tenemos una frase en el foro, de que el juicio de amparo es el juicio más técnico de los litigios, es el litigio más técnico.

Y nos da un orgullo decirlo. Es una cosa como de un eufemismo del cual nos sentimos profundamente orgullosos cuando es una de las grandes causas de la falta de acceso a la justicia.

Y si además no existe una sólida defensoría pública que permita el acceso a ese mecanismo técnicamente muy complejo el círculo vicioso es prácticamente insalvable.

Nos quedamos con esa reflexión, la reflexión dual de cómo generar un mecanismo de acceso a la justicia mucho más sencillo, más expedito.

Y, por el otro lado, cómo provocar que se fortalezca la defensoría pública en nuestro país.

Le comentaba al defensor del pueblo que en nuestro país la defensoría pública está en el Poder Judicial de la Federación para efectos estrictamente penales.

Y hemos creado una suerte de defensoría especializada para atención a víctimas en un órgano sui generis que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es una suerte de instancia nacional, no es un órgano federal porque tiene facultades transversales. Es algo verdaderamente complejo.

Y justo cuando usted decía hace un momento que habían aprobado recientemente una ley de víctimas muy ambiciosa, no pudimos bajo ninguna circunstancia recordar que nosotros acabamos de hacer una cosa muy similar.

Creamos una ley y una institución que no termina de dar forma, que no termina de interactuar con otros poderes públicos y que desafortunadamente no encuentra aún el derrotero institucional por el cual se va a atender la problemática de las víctimas en nuestro país.

En fin, son reflexiones que están abiertas en México.

Agradecemos mucho la presencia en el Senado.

Espero mantenernos en comunicación y en contacto para poder no solamente tocar estos temas sino también otros tantos que a las comunidades de México y de Colombia nos siguen ocupando y preocupando.

Muchísimas gracias.

DOCTOR JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ: Gracias Presidente.

Ya para terminar, que no queremos desconocer los derechos humanos a quienes asisten porque ya va siendo hora de darles un descanso natural.

Quiero hacer entrega de la Bandera de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de nuestro país.

Y quiero entregar una pequeña muestra de las publicaciones que se hicieron el año anterior en cuanto a la defensoría pública y algunos de los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo en particular, lo mismo que un ejemplar que lo que nosotros consideramos que debe ser el manual, el derrotero a seguir en las defensorías del pueblo en Iberoamérica, que así lo acogió la Federación Iberoamericana y también creería yo que es un tema importante para que sus asesores en sus tiempos libres consideren a bien consultarlos.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas gracias.

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