(Sigue 4ª parte)
… varios senadores participamos en este diálogo parlamentario.
Y lo hicimos también, tomando un método, un método que establecía cuatro condiciones mínimas: transparencia permanente de todo lo que se discutía. Todo lo que se discutía un día, ese mismo día lo conocían los 22 senadores.
Segundo, pluralidad en la integración del grupo que fue a dialogar.
Tercero, la posibilidad de seguir escuchando durante ese proceso de 35 días, a voces de expertos, académicos, de la sociedad civil y activistas.
Y cuarto, y más importante, la ausencia de ninguna agenda personal de uno o algún grupo de senadores.
Solo estos dos documentos guiaron nuestra posición.
Por eso hoy vengo, en el momento de definir esta ley, no hacer una posición del sentido del voto de mi grupo parlamentario. Eso lo hará cada senador en su momento.
Es solamente una exposición totalmente descriptiva y permítame decirlo de esta manera, para mí es una forma de rendir cuentas, de la responsabilidad que me encomendaron mis compañeros y referir qué fue lo que obtuvimos durante los últimos 35 días en más de 45 horas de diálogo y de negociación.
Decirles y solamente describir, qué había antes en la iniciativa del Presidente y la posterior, y qué hay ahora con nuestra intervención.
Qué hay ahora con las propuestas que pudimos incorporar en estos 74 cambios o adiciones a la propuesta del Ejecutivo.
Y por supuesto también señalar cuáles fueron los temas que llevamos a la mesa, pero que quedaron pendientes.
Permítame empezar por el tema más complicado: preponderancia.
Antes en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se modifica el concepto de preponderancia, se modificaba lo que habíamos aprobados en la reforma constitucional y se diferenciaban dos criterios de preponderancia.
Uno, para el sector de telecomunicaciones; y otro para el sector de radiodifusión.
Con nuestra intervención, regresamos letra por letra a la definición de preponderancia, que está aquí en la Constitución.
Adicionalmente, se agiliza el procedimiento para la declaratoria de agente económico, con poder sustancial del mercado en los servicios de telecomunicaciones, que así se exprese.
En nuestra discusión, ni Televisa, ni Telmex. Solo la Constitución.
Segundo. Fortalecimiento y autonomía del Instituto Federal de las Telecomunicaciones.
Antes la facultad de supervisar los tiempos máximos de publicidad, se le estaba asignando a la Secretaría de Gobernación, lo que disminuía las facultades que por mandato constitucional, le pertenecen al Instituto. Concentraba, también en la Secretaría de Gobernación, las facultades de supervisión de contenidos, menguando las capacidades y la autonomía del IFT.
Con nuestra intervención, se reivindica las facultades del Instituto, y se apega al texto constitucional. Por eso será capacidad y competencia del IFT, vigilar y sancionar los tiempos máximos de publicidad.
El vacío legal, de la supervisión, es lo que durante años y años, ha permitido a las televisoras a abusar a costa de las audiencias en los tiempos que pueden incorporar publicidad.
Asimismo las obligaciones de los concesionarios sobre los derechos de las audiencias y la supervisión de la programación destinada pública infantil, tendrá una medida muy concreta, tendrá dientes; la suspensión de la programación que no cumpla con los lineamientos que emitan, tanto la Secretaría de Gobernación, como la Secretaría de Salud.
Con nuestra intervención, a la Secretaría de Gobernación se le restringe solamente a los siguientes temas: regular y vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos de Estado; de los boletines oficiales; de las cadenas nacionales; de los concursos y sorteos y de la transmisión del Himno Nacional.
Con nuestra intervención, a la Secretaría de Salud se circunscribe solamente a sus temas específicos.
Con nuestra intervención, se elimina la facultad que le permitía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a emitir recomendaciones sobre el programa de trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Hoy solamente puede emitir una opinión, no vinculante.
Con nuestra intervención al IFT… el Instituto Nacional Electoral, verificará los contenidos de radio y televisión, que le faculta la ley electoral, ni más, pero tampoco menos.
Derechos de las audiencias.
Antes se establecía un catálogo mínimo de los derechos de las audiencias y se pretendía la autorregulación de los medios sin mecanismos para que los defensores de las audiencias, atendieran las quejas. Tampoco se establecían sanciones, y tampoco se establecía cuál debería de ser el perfil del defensor.
Con nuestra intervención, se amplían los derechos de las audiencias y se establece que la obligación de una autorregulación debe ser con apego a los códigos de ética que sigan los lineamientos que expide el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Es decir, se establecerán estándares mínimos y más aún se establecen sanciones para aquellos que no cumplan con sus obligaciones.
En derechos de los usuarios, antes la iniciativa únicamente reconocía como derechos de los usuarios, los que ya estaban establecidos en la Ley de Protección al Consumidor y los que estaban establecidos como sancionador a la Profeco, como único supervisor y único sancionador.
Con nuestra intervención, se establece un catálogo de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.
Protección a los datos personales.
Gratuidad de la portabilidad del número telefónico con sencillez e inmediatez.
El derecho a la bonificación o descuento, cuando se presenten fallas o se realicen cargos indebidos.
La consulta de saldos, sin ningún costo, pero además sin ningún condicionamiento o publicidad asociado.
Es decir, ya no más al pago de los 88 centavos cada vez que alguien quería consultar su saldo.
Con nuestra intervención, se establece la posibilidad de rescisión el contrato de telefonía móvil, sin el pago de penas convencionales, sino únicamente con el pago del remanente del equipo adquirido.
Se establece también, desagregar el costo de los equipos adquiridos y de los servicios contratados. Algo que para la población es fundamental, ya que venía solamente un costo, y se vendían como si fueran equipos de regalo, que nunca fueron gratuitos, siempre estaban incorporados en el costo contratado.
Con nuestra intervención, toda recarga de saldo en planes de prepago, tendrá una vigencia de un año; y no como ahora que varía entre 10 y 60 días, afectando a quienes menos recargan una mayor cantidad.
También con nuestra intervención, los usuarios tendrán derecho a no recibir más llamadas de promoción o publicidad de su proveedor de servicio, salvo la autorización expresa.
Con nuestra intervención, la larga distancia nacional va a desaparecer para enero del 2015, dejando de pagar los mexicanos 19 mil 600 millones de pesos cada año, lo que significa un promedio de ahorro de 960 pesos anuales, para cada una de las familias mexicanas.
Con nuestra intervención, el IFT va a poder determinar la calidad y las condiciones que deben de cumplir los servicios de telefonía y los servicios de televisión restringida, y también tendrá la competencia de su supervisión.
Se establece también la obligación entre el IFT y la Profeco, para que se den vista ambas instituciones de manera mutua, de violaciones sistémicas y recurrentes para que realicen acciones para la protección y restitución de los derechos usuarios.
También en uno de los temas más sensibles para la izquierda, que es de las concesiones de uso indígena, hubo avances como también pendientes. Antes en la propuesta del Ejecutivo, no se establecía ninguna regulación… ninguna regulación específica para las concesiones de uso social comunitario y uso social indígena.
Con nuestra intervención se establecen reglas específicas para cada tipo de concesión, distinguiendo sus particularidades y diferencias.
Asimismo, se establecen mecanismos para que se facilite el acceso a estas concesiones a través de un acompañamiento y un asesoramiento técnico.
Además, se reconoce el derecho de las instituciones públicas de educación superior, para ser concesionarios de medios públicos.
Con nuestra intervención, es que se logró reservar el 10% del espectro radioeléctrico en AM; y el 10% del espectro radioeléctrico en FM, para los medios sociales comunitarios indígenas.
Que con una separación de 400 kilohertz, y la transición digital, en este espacio cabrán más de 43 mil estaciones en todo el territorio nacional. Con una diferencia de 800 megahertz, es cerca de la mitad, aproximadamente 20 mil.
Antes no se establecían posibilidades, para la viabilidad financiera de los medios públicos, ni para los medios sociales, ninguna.
Con nuestra intervención, se garantizan posibilidades de financiamientos para los medios públicos, a través de la venta de sus contenidos y producciones, y también para el arrendamiento de estudios y servicios de edición, audio y grabación.
Con nuestra intervención, para los medios comunitarios indígenas, se estableció la obligación de repartir entre ellos, de manera equitativa el 1% del gasto de publicidad gubernamental, algunos han señalado que ese 1% es un porcentaje muy bajo.
Yo no lo quiero calificar, sólo quiero destacar que a este rubro el Presupuesto de Egresos 2014 del Gobierno Federal le destinó 4 mil 11 millones de pesos este año. Sistema Pública de Radiodifusión del Estado Mexicano, antes el Sistema Pública de Radiodifusión del Estado Mexicano era, desde su antiguo nombre, un sistema de gobierno y no del Estado, hoy en su composición de la Junta de Gobierno y en la designación de su presidente por este Senado de la República se acerca más a un verdadero sistema de Estado y no de gobierno.
Y déjenme señalar este punto con mucha atención, la neutralidad de la red. Antes en lugar de una legítima gestión de tráfico existía una discriminación de tráfico, ya que los prestadores de servicios de Internet podían tomar medidas que incluían modificar la calidad y velocidad del servicio violando la neutralidad de la red, esto era completamente inaceptable. En esto no hubo tanta polémica por parte de los concesionarios, yo nunca vi un solo desplegado de los concesionarios hablando de neutralidad de la red, y eso es vergonzoso para ambos, y es vergonzoso porque ambos se benefician de una mala interpretación, de la neutralidad de la red.
La neutralidad de la red defiende la garantía para que ésta siga siendo una autopista libre de peaje, libre de discriminación, verdaderamente democrática; sin embargo, no sólo es eso, es también reconocer el principio de neutralidad de la red y entender y defender una infraestructura de comunicación que es distinta a todas las demás. El Internet en sí mismo representa un nuevo paradigma entre los seres humanos, en donde muchos se comunican con muchos de manera simultánea.
Lo que es esencialmente malo es vulnerar la neutralidad de la red, y es que no reconozcamos la naturaleza propia del Internet y la queramos convertir a la red en televisión por cable. Esto es propio de un pensamiento conservador que no busca avanzar hacia nuevos paradigmas de comunicación entre seres humanos que priorizan la democracia en esa comunicación.
Con nuestra intervención la gestión de tráfico se realizará conforme a las políticas autorizadas por el instituto para garantizar la calidad o la velocidad del servicio siempre que esto no constituya una práctica contraria a la sana competencia y la libre concurrencia; es decir, se garantiza la neutralidad de la red.
Antes se colocaba a las prestadoras de servicios de Internet en condición de aplicar censura previa en contenidos al obligarles a bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones y servicios. Con nuestra intervención se eliminó todo asomo y toda sombra de censura previa.
Antes se violaba el derecho a la libertad de expresión al establecer la posibilidad de que las autoridades pudieran ordenar bloques de contenidos o servicios de aplicaciones en Internet. Con nuestra intervención se eliminó la facultad de bloquear indiscriminadamente cualquier contenido, y solamente se mantiene el derecho de los usuarios a solicitar un bloqueo específico, pero ya no nunca como una facultad del gobierno.
En el tema de accesibilidad a personas con discapacidad antes se omitía por completo este, el simple hecho de poder plantear derechos y mecanismos de accesibilidad a la radiodifusión y a las telecomunicaciones para personas con discapacidad. En el dictamen anterior eran invisibles, así de simple. Con nuestra intervención se crean dos capítulos nuevos en esta ley: uno sobre derechos de los usuarios con discapacidad y otro sobre derechos de las audiencias de personas con discapacidad.
En el tema de las audiencias los canales de televisión deberán contar con servicios de subtítulos, doblaje y lengua de señas mexicanas en algún segmento de su programa noticioso de mayor audiencia. Aquí fuimos enfáticos en defender los derechos de las personas con alguna discapacidad, en la necesidad de que no fueran uno u otro de estos servicios, sino todos, que no dijera subtítulos, doblaje o lengua de señas, sino subtítulos, doblaje y lenguas de señas, y lo hemos conseguido.
En el tema de derechos de los usuarios con nuestra intervención se establece que los concesionarios de telecomunicaciones tendrán que contar con equipos terminales, es decir, con teléfonos especiales para usuarios con alguna discapacidad. Y finalmente el tema de la red de cobertura social en Internet.
Antes sólo se consideraba hacer llegar el servicio de Internet a través de las fuerzas de mercado olvidando a las comunidades más pobres, a las comunidades más aisladas o dispersas que cuentan con infraestructura, pero que están fuera del interés de las empresas.
Con nuestra intervención se establece que cuando no hubiere concesionario o autorizado que preste servicios de los usuarios finales en determinada zona geográfica, exista cobertura e infraestructura de redes mayoristas el Ejecutivo Federal garantizará, a través de organismos descentralizados denominados Telecomunicaciones de México, de comercializadoras o concesionarios para la prestación de servicios a los usuarios ubicados en este tipo de localidades: los famosos Metlatónoc, y también el famoso Santiago El Pinar, y también el famoso Larráinzar, y también el famoso El Porvenir en la Sierra Madre de Chiapas, todos ellos.
Antes también el must carry y el must offer, podía estar en riesgo para transmitirse en la televisión satelital. Hoy hay una disposición específica que lo evita, antes las nuevas cadenas nacionales de televisión veían obstaculizada por completo poder entrar a la infraestructura del preponderante, hoy se les garantiza esa posibilidad.
Por eso compañeras y compañeros senadores, compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, este es un recuento amplio, sin duda no es exhaustivo, de las modificaciones que el grupo parlamentario del PRD propuso, y de las modificaciones que logró integral al dictamen de discusión. No voy a establecer ningún juicio de valor sobre ellos, simplemente rindo cuentas a una labor encomendada que también es una labor parlamentaria, la construcción de acuerdos en un diálogo de respeto.
No es un trabajo personal, es el trabajo de un grupo de senadores, un grupo amplio, un grupo en donde hubieron muchas manos. Aquí quiero agradecer también a todos los secretarios técnicos, encabezados por el abogado Emilio Saldaña, que hicieron un trabajo extraordinario hasta el cansancio, y también fue el trabajo de muchas mentes, de muchos oídos para escuchar a todas y a todos los que tenían algo que decirnos para engrandecer y enriquecer esta legislación.
Hay sin duda, como lo hemos expresado, avance, y también hay, sin duda, pendientes. Pendientes que nos quedamos en la mesa no porque no se hayan planteado, defendido y discutido, simplemente porque no se aceptaron.
Faltan medidas inmediatas para la democratización de los medios, esto es algo que se está fijando como una responsabilidad y carga a la sociedad. Falta garantizar la autonomía plena en la creación e innovación y pluralidad de la producción nacional independiente, y que no se condiciona los intereses de quien quiere invertir en ellas; falta que la colaboración con la justicia, en todos los casos, sea exclusivamente para perseguir delitos, como el secuestro, como la extorsión, como las llamadas fraudulentas, que proteja a las personas la tecnología y que no sea un pretexto para invadir su privacidad.
Falta que la concentración esté regulada por el Instituto Federal de las Telecomunicaciones en todo momento. Falta que los derechos de las audiencias sean protegidas por un Ombudsman. Falta que existan mecanismos para evitar que las televisoras continúen invadiendo con publicidad su programación. Falta que se autorice incorporar la venta de publicidad para medios públicos y sociales. Falta establecer una reserva mayor del espectro para estos medios sociales. Falta que se implementen medidas antimonopólicas, y no es porque no existan, porque no es que sean insuficientes. Falta que estas medidas sean evaluadas.
Estos, compañeras y compañeros, son hoy los avances y pendientes. Aquí está ahora el fruto de lo cosechado, corresponde ahora en este momento simplemente a ponderarlo.
Yo sólo quiero agradecer su confianza y la posibilidad de haber tenido una participación con todos ustedes en este diálogo parlamentario y democrático. Ahora es momento de tomar decisiones.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.
-A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Claudia Pavlovich Arellano para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
–LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO: Compañeras y compañeros senadores, en tiempos de cambios quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo permanecerán bien equipados en un mundo que ya no existe, “Jofer”. Acudo a este pleno del Senado de la República a nombre del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del presente dictamen que significa para México el aprovechamiento de la Radiodifusión y las Telecomunicaciones en beneficio de los mexicanos.
Felicito a los presidentes de las Comisiones Unidas dictaminadoras, a los integrantes de dichas comisiones; a los coordinadores de los grupos parlamentarios, pero en especia la las organizaciones civiles, y a todos aquellos que hicieron valer sus peticiones para que fueran escuchadas en este recinto.
Hoy particularmente me quiero dirigir a los mexicanos con quienes tenemos la responsabilidad, y quienes depositaron su confianza para que ocupáramos estos escaños.
Durante los últimos meses hemos trabajado intensamente para arribar a este importante momento para el desarrollo de nuestro país. En estos tiempos hemos sido bombardeados de información en diferentes medios, misma que pocas veces ha sido dirigida a los ciudadanos y a los usuarios de las Telecomunicaciones y Radiodifusión.
También el hecho de que el dictamen de la iniciativa regule a dos industrias tan poderosas nos lleva que el debate se centre erróneamente en las afectaciones o no de un par de grupos económicos, es decir, considero que el debate a versado sobre cual de las dos empresas ha sido más o menos regulada cuando este no es el verdadero espíritu de la ley.
Aquel debate, por supuesto, que es importante, pero esta propuesta de ley no es solamente la declaración de agentes preponderantes, la dominación de los mercados, o bien, agentes con poder sustancial de los mismos, temas que ya han sido abordados por un buen número de senadores, en esta tribuna.
Pero poco hemos escuchado de los temas que realmente le importan a la sociedad, y que por tanto los quiero destacar aunque el tiempo sea limitado.
En primer término me gustaría decirles que la modificación constitucional a las telecomunicaciones y a la competencia económica, que aprobamos el año pasado, constituye una de las reformas al capítulo económico de la Carta Magna más ambiciosas del presente siglo, iniciativas propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto, la que se sustentó en cuatro ejes:
La incorporación de nuevos derechos en la Constitución; la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional; un nuevo modelo de organización industrial para las telecomunicaciones: la radio, la televisión y nuevas reglas para la competencia económica.
Mandatos para emprender políticas públicas para el desarrollo; particularmente quiero resaltar algunas observaciones que se hicieron al primer dictamen que se presentó a las Comisiones Unidas el pasado mes de abril.
Se omitió incluir los derechos de los usuarios, cuando la Reforma Constitucional está diseñada precisamente para beneficiarlos, no se incorporaron, por ejemplo, normas que permitieran la sensibilidad de los servicios de Telecomunicaciones a personas con discapacidad.
En cumplimiento al artículo sexto, apartado B, fracción sexta de la Constitución en la iniciativa de ley, se estableció que los usuarios gozarán de derechos específicos tales como: recibir el saldo en caso de servicios móviles de prepago, protección de datos personales, portabilidad de su número telefónico en un plazo no mayor de 24 horas; libertad de elección del proveedor de servicios, conocer las condiciones de los contratos registrados en PROFECO, inclusión de programas de asesoría para personas con discapacidad.
Recibir servicios de telecomunicaciones con la calidad contratada o establecida por IFETEL, posibilidad de rescindir el contrato en un plazo sin penalización alguna cuando el proveedor del servicio modifique las condiciones originalmente contratadas.
Ser notificado de cambios contractuales, posibilidad de cancelar anticipadamente el servicio contratado, cambiar de paquete o plan de servicios, desbloqueo del equipo al concluir la vigencia del contrato; desbloqueo del equipo terminal móvil cuando liquide su costo vence el contrato; la bonificación o descuento por fallas en el servicio o por cargos indebidos, algo que hacia mucho queríamos.
En virtud del justo reclamo para establecer normas que permitan la accesibilidad a servicios de Telecomunicaciones para personas con discapacidad, y que representa un sector de la población que requiere especial atención, se propone un nuevo capítulo que adiciona derechos para este grupo de la población.
El nuevo capítulo contiene los siguientes derechos: Asesoría de concesionarios sobre el uso de los servicios de Telecomunicaciones; los concesionarios contarán, previa solicitud, con equipos terminales que tengan funcionalidades, programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad para personas con discapacidad motriz, visual o auditiva.
Contratación y conocimiento de las condiciones comerciales de los servicios de Telecomunicaciones, las cuales deberán estar disponibles en el portal de Internet del concesionario con funcionalidades que permitan su accesibilidad.
Contar con un número de emergencia nacional que permita la localización geográfica de la llamada, y con la posibilidad para el envío de mensajes de texto, funcionalidad para personas que no puedan hablar, de conformidad con los lineamientos que emita el IFETEL.
No ser discriminado en la contratación de servicios de Telecomunicaciones, que las instalaciones de los concesionarios que ofertan los servicios cuenten con modificaciones o adaptaciones para personas con discapacidad; que los concesionarios cuenten con personal capacitado en materia de discapacidad para recibir atención y que los portales de Internet y números telefónicos, de atención al público cuenten con funcionalidades de accesibilidad.
En cuanto a derecho de las audiencias, los foros realizados en esta Cámara, los representantes de organizaciones de concesionarios comunitarios e indígenas, y organizaciones académicas, señalaron que la iniciativa no contemplaba el lenguaje de señas mexicana en la programación de televisión abierta para personas con discapacidad, al igual que no existía un mecanismo para que “IFETEL” verificara la independencia del defensor de las audiencias.
También se expresó que no eran suficientes los mecanismos de autorregulación que permitieran hacer efectivos los derechos de las audiencias y que no se establecían derechos en este “rubro” que tomaran en cuenta a los pueblos indígenas.
Por todo lo anterior, ya en el dictamen a discusión se establecen diversas obligaciones para los concesionarios, para integrar en al menos un programa noticioso de mayor audiencia el uso de lenguas de señalas mexicanas para la accesibilidad de personas con debilidad auditiva y contar con servicios de subtitulaje o doblaje al español.
Ahora bien, de ser aprobada esta nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quiero reiterar que los beneficios a los mexicanos serán casi inmediatos, entre estos, a partir del primero de enero del 2015, se eliminará el cobro de larga distancia nacional, benefician el bolsillo de los usuarios de este servicio. Tan solo en el 2013 los mexicanos erogaron 19 mil 600 millones de pesos en este rubro.
Cabe mencionar que mi grupo parlamentario fue muy insistente, desde el inicio de esta legislatura, y redujo considerablemente el plazo para que se eliminara este cobro.
En cuanto a la transición de la digitalización terrestre, se respeta la Constitución, es decir, que coloquialmente el llamado Apagón Analógico se dará el 31 de diciembre del 2015. De tal manera que esta transición brindará a los concesionarios de televisión abierta y restringida mayor oferta de contenidos con mejor calidad en el servicio, así como se licitarán dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional y se creará una cadena de radiodifusión del Estado que tendrá el mandato de garantizar imparcialidad, diversidad y contenidos independientes.
En el PRI, compañeras y compañeros senadores, estamos convencidos que es el momento oportuno para que México avance a la modernización, con inversiones de nuevas tecnologías de información de calidad y a menores costos, generando competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Por las anteriores consideraciones, adelanto que mi grupo parlamentario votará favorablemente este dictamen.
No sigamos, compañeras y compañeros senadores, en el falso debate de si apoyamos a un concesionario u a otro, tenemos que estar a favor de los mexicanos, tenemos que estar a favor de la gente, tenemos que estar a favor de los usuarios, tenemos que estar a favor de los consumidores.
Es cuanto, presidente.
(Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Claudia Pavlovich Arellano.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral uno, fracción tercera del Reglamento, informo a la asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores: senador David Monreal Ávila, senador Manuel Cavazos Lerma, senador Daniel Ávila Ruiz, senadora Itzel Sarahí Ríos De la Mora, senadora Laura Angélica Rojas Hernández, senador Fernando Torres Graciano, senadora Marcela Torres Peimbert, senadora Angélica de la Peña Gómez, senadora Mónica Arreola Gordillo, senadora Dolores Padierna Luna, senador Omar Fayad Meneses, senador Héctor Larios Córdova, senador Alejandra Barrales Magdaleno, senador Marco Antonio Bláquez Salinas, senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, senador Augusto López Hernández, senadora Martha Palafox Gutiérrez, senador Benjamín Robles Montoya, senador Raúl Pozos Lanz, senadora Adriana Dávila Fernández, senadora Fidel Demédicis Hidalgo, senador Armando Ríos Piter, senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, senador Manuel Camacho Solís, senadora María del Rocío Pineda Gochi, senadora José Rosas Aispuro Torres, senador Carlos Alberto Puente Salas, senadora Humberto Mayans Canabal, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador Roberto Gil Zuarth, senador Luis Sánchez Jiménez, senador Isidro Pedraza Chávez, senadora Lorena Cuéllar Cisneros, senadora Martín Orozco Sandoval y senador Sofío Ramírez Hernández.
Para la discusión en lo general, con todo gusto. Si falta alguna senadora o senador que no esté inscrito… Ya está usted en la lista, senadora Dolores, ya la mencioné, está usted en la lista.
La mencioné, senadora.
Sonido, por favor, en el escaño de la senadora Dolores Padierna Luna.
¿Para qué asunto?
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA (Desde su escaño): Su lista no está equilibrada, viene PT,PRI,PAN,PRI,PAN,PAN,PAN y luego PRD. Entonces, yo le diría que hay que intercalar de una manera más equilibrada.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, le informo que no es por partidos, aquí es quienes van primero en contra y luego los que están en pro, así lo señala la ley, de manera alternada indudablemente.
En consecuencia, si no hay más, ya está inscrito senador Javier Corral. Senador Raúl Morón, también con gusto lo inscribimos.
Se cierra la lista de oradores en lo general. Y en primer término se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra.
Les informo a la asamblea que el tiempo que se dará es el que reglamentariamente señala en nuestro ordenamiento y son hasta por cinco minutos la discusión en lo general.
En virtud del número de oradores, les pedimos a todos poder respetar el tiempo que señala nuestro reglamento.
En el uso de la palabra, senadora, hasta por cinco minutos, señor senador.
-EL C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Gracias, señor presidente. Uno de los principales objetivos de la Reforma Constitucional, materia del presente dictamen, en un inicio era el de generar un mercado más competitivo en la radiodifusión y las telecomunicaciones, establecer reglas claras a fin de reducir el poder que habían y que han logrado concentrar grandes cadenas televisivas.
Abrir el número de competidores en telefonía móvil y fija para que los usuarios tuvieran otras opciones de contratación, menores precios y mayor calidad en el servicio.
Contribuir a que más mexicanos y mexicanas tuvieran acceso a Internet y con ello garantizar el derecho a la información, ya que en la actualidad la concentración de los servicios de telefonía en una sola empresa ha permitido que México tenga una de las tarifas de telefonía más caras del mundo y servicios de Internet deficientes.
Además, se pretendía crear una autoridad que vigilara y militara la creación de monopolios y que al mismo tiempo defendiera los derechos de los usuarios y de las audiencias.
Con todo esto, se buscaba sacar a México del atraso tecnológico de más de 75 años en el que se encuentra, crear una verdadera competencia en estos sectores y con ello combatir los monopolios que únicamente velan por sus propios intereses y no por los intereses de todos los mexicanos, a pesar de que utilizan un bien público, como lo es el espectro radioeléctrico.
Sin embargo, desde la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y ahora en el procedimiento de elaboración de este dictamen, los poderes fácticos se hicieron sentir haciendo que el debate se centrara no en los derechos de la ciudadanía a recibir mejores servicios y mayor calidad, sino únicamente en cómo negociar para que el competidor de radiodifusión pueda mantener su negocio y participar en telefonía fija y móvil; y viceversa, cómo hacer para que la gente dominante en telefonía pueda participar en televisión abierta y restringida, pero sin perder su negocio de telefonía.
Por otro lado, la iniciativa presentada por el Ejecutivo pretendía legalizar la censura del Internet y el bloqueo de señales de telefonía por cuestiones de seguridad, nada más absurdo y perverso puede haber en una democracia que el hecho de que un gobierno controle la información y mantenga a sus ciudadanos en la ignorancia, manipulándolos a través de los medios de comunicación.
Esta manipulación ahora pretenden ejercerla desde la súper secretaria de Gobernación, ya que no fue suficientes otorgarles facultades de mando sobre la Policía Federal, también quieren seguir controlando los contenidos de radio y televisión, con lo cual envían un claro mensaje de que en México todo contenido debe primero pasar por la autorización del gobierno, limitando la libertad de expresión.
Aunado a esto, no se establece una defensoría para las audiencias como autoridad, no se obliga a los concesionarios de sistemas de televisión de paga a tener mecanismos de autorregulación como la defensoría de las audiencias.
Además, no hay sanciones para los concesionarios que incumplan con lo establecido en la ley. Y en esos términos, todo lo aprobado en este dictamen en cuanto a la regulación de contenidos, es letra muerta.
El debate de cómo debe de ser la determinación de la preponderancia, si por sector o por servicio, que entorpeció las negociaciones en las Comisiones Unidas que dictaminaron esta reforma, no es sino el resultado de la prisa y la forma tramposa con la que se legisló en la Reforma Constitucional en telecomunicaciones, y ahora resulta que se les olvidó precisar con claridad en la Constitución si la preponderancia debe ser determinada por sector o por servicio, pero la sociedad debe de saber que nada es casual, desde la Reforma Constitucional se señaló con claridad que la preponderancia debía ser por servicio y no por sector, ya que así, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría verdaderos elementos para combatir los monopolios. Sin embargo, el texto constitucional se dejó una ambigüedad calculada a fin de que las leyes secundarias que requieren menos cantidad de votos pudiera dar el zarpazo legislativo para favorecer al duopolio televisivo y al monopolio en telefonía fija y móvil, lo que significa que nuevamente México dejará de avanzar en el combate a la concentración de los poderes fácticos y se somete nuevamente al Congreso de la Unión, a la voluntad de dichos poderes.
Un retroceso más en el tema de publicidad, ya que se privilegia el negocio de los concesionarios para vender los espacios publicitarios, y no será prioridad al derecho de la audiencia de recibir diversas y mejor información.
Pareciera que ahora las concesiones se otorgan para dar servicios de publicidad y no de información, y contenidos para toda la población.
Además, se abre una ventana para que el gobierno federal adquiera publicidad.
Por eso, el sentido de nuestro voto será en contra de este dictamen.
Es cuanto señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador David Monreal Avila. A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para razonar su voto.
- EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Compañeras y compañeros, en el PRI vamos a votar a favor del dictamen que nos ocupa, por tres razones fundamentales.
Primera. Porque habrá más dinero en el bolsillo de los mexicanos, y más bienestar para las familias. Eso es así:
1.- Porque a partir del primero de enero del próximo año no se cobrará el servicio de larga distancia nacional en teléfonos móviles y fijos, y con esta medida 19,600 millones de pesos pasarán al bolsillo de los mexicanos aumentando así el ingreso y el bienestar de las familias.
2.- Porque la OCDE dice que los mexicanos perdemos bienestar por 25,000 millones de dólares al año, por prácticas monopólicas en radiodifusión y en telecomunicaciones; ahora, con estas nuevas leyes, esos 1,000 millones de pesos diarios pasarán a mejorar el bienestar de las familias mexicanas.
3.- Porque la compartición de infraestructura para la interconexión telefónica bajará los precios de la telefonía fija y móvil en 14, y 17 por ciento respectivamente.
Además, todos estaremos comunicados en todo el país, independientemente de la empresa contratada, ya no habrá territorios exclusivos, ahora todo México es territorio de los mexicanos.
4.- Porque habrá 60 por ciento menos de llamadas caídas.
5.- Porque se podrá cambiar de empresa conservando el número de teléfono en 24 horas, y de manera simplificada y gratuita.
6.- Porque se pueden cancelar los contratos telefónicos si cambian las condiciones.
7.- Porque se deben recibir los servicios con la calidad contratada y los equipos desbloqueados, y si hay fallas en el servicio, los clientes serán compensados con beneficios o descuentos.
8.- Porque se podrán comprar los servicios de televisión de paga, teléfono, datos e Internet de banda ancha en un solo paquete y a un precio menor.
9.- Habrá un defensor de las audiencias que dará seguimiento a las quejas y peticiones de los usuarios.
10.- Porque se fortalecen los derechos humanos a la información, a la libertad de expresión, al acceso a las telecomunicaciones, a los contenidos de calidad y plurales, a la no discriminación y al desarrollo integral de los niños y los jóvenes.
11.- Porque se facilitará el acceso a los servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones a las personas con discapacidad.
12.- Porque habrá más canales de televisión de mejor calidad y con más opciones de programación.
13.- Porque se podrá consultar gratuitamente el saldo en los planes de prepago.
14.- Porque en las tarjetas de prepago no se perderá el saldo en dos o tres meses, sino que durará por lo menos un año.
Segunda razón por la que estamos a favor del dictamen.
Porque se promueve el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad; esto es así:
1.- Porque la ley fomenta la competencia efectiva en dos sectores clave de la economía que influye en todos los demás sectores, y por lo tanto, en la eficiencia total del aparato económico nacional.
2.- Porque al mejorar la eficiencia integral de la economía se aumenta la competitividad, la producción, las exportaciones, las inversiones y el empleo.
3.- Porque el aumento de la eficiencia reduce los costos de las empresas y los precios de los bienes y servicios que producen, y los menores precios a su vez aumentarán la demanda y los incentivos para invertir en innovación, ciencia y tecnología mejorando la calidad, el acceso y las condiciones de compra de los bienes y servicios generando así un círculo virtuoso de crecimiento y prosperidad.
4.- Porque se fortalece el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el andamiaje institucional para reducir la judicialización que impide desalentar las prácticas monopólicas, mejorar la competencia efectiva y hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico con el uso de tecnologías modernas.
5.- Porque se estima que, con estos efectos el aparato productivo ganará en eficiencia 1.26 por ciento del PIB, y las familias ganarán 1.8 por ciento del PIB en bienestar.
En este punto abro un paréntesis, porque estamos a favor de la competencia, la eficiencia y el aumento del ingreso y el bienestar de los mexicanos, estamos a favor de fortalecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y porque estamos a favor de fortalecer al instituto; estamos en contra de que la preponderancia se mida por servicio y no por sector; y estamos en contra porque se trata de un falso debate, porque no se puede pedir que se decida lo que ya está decidido; que se determine lo que ya está determinado, y que se defina lo que ya fue definido.
La Reforma Constitucional en materia de competencia ya definió en su letra y en su espíritu que la preponderancia se mide por sector, así lo dice el Artículo Octavo Transitorio en la fracción III, y lo explica con prístina claridad y lujo de detalles en la exposición de motivos del dictamen de la Reforma Constitucional en las páginas 268 a 270.
En congruencia con la letra y el espíritu de la Reforma Constitucional, el instituto, el 5 de marzo de 2014 determinó ya los agentes preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Querer ahora, a cuatro meses de distancia enmendar la plana del instituto, determinando a la gente preponderante por servicios y no por sector equivale a descalificarlo, debilitarlo, cuando lo se requiere es fortalecerlo, para que sus decisiones promuevan con fuerza la competencia efectiva, la eficiencia, la equidad y el bienestar de los mexicanos.
Lo más curioso es que aquellos que claman por el respeto al espíritu y a la letra de la Constitución, son los que quieren traicionarla, proponiendo el criterio de los servicios.
Aquellos que dicen estar por la competencia y contra los monopolios son los mismos que quieren abrir las puertas del amparo a los monopolios, introduciendo el criterio de servicios.
Dicen estar contra los monopolios, y proponen criterios que los fortalecen; dicen estar por el cambio, y actúan para defender el statu quo; se quejan de regalos para un mono polio, pero ofrecen regalos para todos los monopolios........
