(SIGUE 3ª PARTE)
....-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Antes de iniciar mi intervención, y le pediría que no corriera el reloj, quisiera solicitarle vuelva a girar sus instrucciones al personal de Resguardo y Seguridad para que de las facilidades, no solamente para quienes desempeñemos nuestras funciones, las senadoras y los senadores, es prácticamente imposible que el personal de apoyo pueda ingresar a este recinto, porque se han cerrado las puertas con el personal de seguridad, y prácticamente se ha cercado a la gente para que pueda hacer el seguimiento del debate.
Ahí están las galerías vacías, que es el mejor ejemplo de la lamentable forma en que se debaten estos temas en el Senado. Yo por eso quiero reiterarle que este debate, de acuerdo al Reglamento, se cumpla su carácter público, y no se pongan más restricciones que las que todos cumplamos el compromiso de “ejercer” el orden para la discusión.
Paso a fijar mi posición y a presentar mi voto en contra de este proyecto de dictamen que reforma diversas disposiciones en materia de Telecomunicaciones y Radiocomunicación. Parto de retomar el debate que dimos el año pasado en el marco de la Reforma Constitucional. Durante esos debates se dijo con toda claridad que la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones y Radiodifusión, constituía sin lugar a dudas un avance que iba a permitir romper con la concentración monopólica que existe en estos servicios, y que condujo al debilitamiento de la responsabilidad rectora del Estado, y posibilitó el empoderamiento de particulares, beneficiarios de la explotación de un bien y de un servicio de carácter público.
Se dijo también entonces que con esta reforma se fortalecerían los derechos vinculados a la libertad de expresión, al incorporar el acceso a las tecnologías de la información y del conocimiento, haciendo un uso más eficiente del espectro y reduciendo los precios, incrementando a la vez la calidad de los servicios.
Con esa reforma constitucional se definió a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como un servicio público destacando la función social que deberían cumplir las mismas, y reconociendo su papel como factor para el desarrollo, e incluso en la Reforma Constitucional se incluyó el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, cobijando el derecho de la información, que por disposición constitucional debe ser garantizado por el Estado.
Por eso en esa reforma se decidió limitar las atribuciones del Ejecutivo Federal en el otorgamiento de las concesiones, y crear un órgano con autonomía constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en esa reforma también se destacó, se contemplaron diversos tipos de concesiones, las públicas, las comerciales y las sociales, entre las que destacan los medios comunitarios y los medios indígenas, y en esa reforma se estableció como un compromiso fundamental, establecer el derecho de las audiencias y reconocimiento a los medios comunitarios de indígenas y el acceso libre a la red al Internet.
Sin embargo, y más allá de la euforia que despertó en su momento la aprobación de esa Reforma Constitucional, desde entonces hice hincapié de que era necesario hacer una reflexión sobre los verdaderos alcances y significados de la misma, ya que esta reforma para algunos buscaba mediar en el conflicto entre dos grupos de poder económico, mientras que para otros el Estado recuperaría la rectoría en el sector, acotaría los poderes fácticos, enfrentaría a los monopolios y permitiría la democratización de los medios de comunicación.
Desde entonces señalé que abrir la competencia no garantiza por sí misma la eliminación de las prácticas monopólicas, ni el ejercicio pleno del derecho a la información, y menos aun la auténtica pluralidad en los medios de comunicación, y dije: abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización, suponer que dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta, y una nueva cadena de carácter público quebrará la estructura monopólica de la Radiodifusión, resultaría iluso, como también dije, resultaría iluso suponer que con ello se democratizará los medios y se romperá el monopolio fundamental, el monopolio sobre la percepción y la generación de opinión pública.
Por eso es importante remarcar que el Estado está obligado a construir un orden democrático fundado en el control de los abusos que deriva en la concentración del espacio radioeléctrico del país, asumiendo que este espectro es propiedad de la nación, es un servicio público que debe contribuir a construir una cultura de tolerancia y respeto a la pluralidad y diversidad social, étnica y de género en el desarrollo de la convivencia cívica y la integración nacional, diversificando las concesiones y fortaleciendo medios alternativos de comunicación, particularmente en el ámbito público y en el ámbito social, reforzando la responsabilidad del Estado para garantizar la liberta de expresión, la libre circulación de las ideas y de documentos y el respeto pleno y absoluto a la privacidad en la comunicación de las personas bajo cualquier medio.
Ahora bien, en el dictamen que estamos discutiendo no se establece una verdadera pluralidad mediática, no se fortalecen los derechos fundamentales ni los mecanismos de su defensa, y presenta, incluso, injerencias arbitrarias contra los derechos de los ciudadanos.
Se mantiene una gran lasitud en la concentración monopólica, y se debilita la independencia del órgano regulador con respecto al poder del ejecutivo, y los agentes económicos dominantes. Por eso quiero insistir en que el rediseño del modelo de comunicación que existe en el país debe desarrollar un mecanismo que conduzca revertir la falta de pluralidad en los medios de comunicación que subsisten, y por ello quiero destacar tres temas que a mi juicio no se han logrado resolver de manera clara en este dictamen, y que si bien se han realizado un buen número de modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo, y del dictamen, el proyecto de dictamen original, no se modifica en lo sustancial la regresión que representa respecto a la Reforma Constitucional aprobada el año pasado.
Primero. Estoy convencido de que estas leyes secundarias no garantizarán la democratización de los medios de comunicación, porque implica, como lo he señalado, el generar las condiciones para el ejercicio libre de los derechos ciudadanos, y garantizar el derecho a la información, a la libertad de expresión, a la no censura, al derecho de los usuarios a acceder a servicios de calidad con tarifas bajas, al derecho de las audiencias para acceder a una oferta diversa que permite elegir entre distintas opciones de comunicación y reconozcan la pluralidad cultural, étnica y política de nuestra sociedad.
Segundo. Esta reforma no fortalece a los medios públicos, los medios sociales comunitarios e indígenas, que son el instrumento clave para generar alternativas de comunicación democrática, y por el contrario, y de manera lamentable, tanto los medios públicos como sociales, se reducen a su mínima expresión, donde se llega al extremo, en el caso de los medios indígenas a la intervención de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tendrá que emitir a manera de la época de la colonia, un certificado de indios o de buena conducta para que los pueblos originarios puedan acceder a estas concesiones de carácter social.
Los pueblos indígenas no necesitan ninguna tutela, no necesitan, como dice el senador Lozano, llevarlos de la mano para que obtengan sus concesiones, necesitan de respeto para reconocer su autonomía y el pleno ejercicio de sus sistemas tradicionales.
En este dictamen de las Leyes Secundarias, en lugar de restringir a los medios públicos y sociales, deberían retomarse experiencias exitosas aplicadas en otros países como el Ecuador, Uruguay y Argentina, donde el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones se divide en tres tercios para cada una de las modalidades de concesión, permitiendo a los medios sociales el acceso a la radio, a la televisión y a las televisiones en su conjunto, no reducirlos al 10 por ciento de la frecuencia modula en radio y reducirlos a un segmento de la frecuencia de ampliación modulada.
Por eso también deberían retomarse experiencias de medios públicos exitosos, la BBC de Londres, que es un medio público, bajo la regulación del Congreso de la Gran Bretaña, al igual que la televisión española y la televisión francesa.
Un tercera tema fundamental es y que no se ha abordado con profundidad, es hacer del IFETEL un verdadero órgano con autonomía constitucional, eliminando cualquier intento de injerencia indebida del gobierno y haciendo que el IFETEL no solamente atienda el otorgamiento de las concesiones y supervise los contenidos, sino que también vigile el ejercicio de los derechos de los usuarios, de las audiencias y las garantías y libertades políticas que nuestra Constitución otorga a todas las mexicanas y a todos los mexicanos.
Por eso insisto en que debe de tomarse la Reforma Constitucional cuando se propuso revertir la ausencia de pluralidad que prevalece en los medios de comunicación y garantizar el acceso afectivo a los medios comunitarios e indígenas, a la prestación de la totalidad de los servicios.
Por otro lado, el derecho de réplica queda pendiente, al igual que el derecho a la objeción de conciencia de los comunicadores y, en particular, y lo subrayo, se atenta contra el derecho a la privacidad y la libre circulación de las ideas y de los documentos que tienen los ciudadanos en sus comunicaciones telefónicas a través de la red o cualquier modalidad, pues hoy se pretende permitir que se intervengan llamadas o se intervenga la red sin que medie la orden de un juez, como lo establece nuestra propia Constitución.
La discusión se ha concentrado fundamentalmente en la definición de preponderancia. Si es esta por sector o por servicios y si bien este debate demuestra que de origen hay un problema de interpretación constitucional y si bien se ha decidido transcribir a la letra el artículo 28 constitucional y los artículos transitorios que se refieren al tema, sigue prevaleciendo la confusión, ya que en esta redacción se refiere la preponderancia a sector, a segmentos del mercado, a mercado o a servicios, incluso especificando cada uno de éstos.
Y es evidente que de origen con este problema, este litigio acabará en los tribunales.
Sin embargo, yo quiero señalar que sea cual sea la resolución que se adopte en el dictamen o por la Corte respecto a preponderancia por sector o por servicios, por los términos en que se emite la Ley Secundaria, no se ataca el problema fundamental, no se resolverá el problema de la concentración en los medios de comunicación. Aquí, por el contrario, se trata fundamentalmente de avanzar en el rediseño del poder económico y del poder de la oligarquía económica en este país.
Yo creo que eso lo refiere de manera muy clara la intervención del senador Roberto Gil, el día de anteayer, en la reunión de Comisiones Unidas, cuando al referirse en el tema de preponderancia decía que en este tema no se debe tener un efecto neutro, si se tendría que atender las enormes desproporciones de los mercados y señalaba que el valor de ingresos en 2013 del sector telecomunicaciones, donde participa de manera preponderante un agente económico, fue del orden de 263 mil millones de pesos, mientras todo el sector de televisión restringida valía 38 mil millones de pesos.
No se trata de quitarle a Slim para darle a Escárraga. Eso no va a resolver la concentración de los medios ni la concentración del poder monopólico ni el control de la opinión pública.
Por eso, eso no va a resolver el problema del niño de Cochoapa El Grande, en la montaña de Guerrero, que hoy no recibe los servicios de redifusión o telecomunicaciones, simple y sencillamente porque el objetivo de estas empresas no es la prestación del servicio, sino la ganancia. Y en el dictamen no se resuelve con claridad la responsabilidad del Estado para prestar el servicio ahí donde hay ausencia. Por lo que el hijo del niño hoy en Cochoapa El grande, en muchos años no recibirá estos servicios.
Concluyo, señor presidente.
La verdadera democratización de los medios no vendrá de los medios comerciales, tendrá que venir de la conjunción de dos factores fundamentales. Primero, una firme regulación del Estado a través del órgano regulador con autonomía constitucional que deba atender además de las condiciones de competencia, el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y no interponer injerencias indebidas como se pretende en la privacidad a los ciudadanos, pues se pretende que en la colaboración con autoridades se invada su privacidad.
Y el segundo gran tema es el de la apertura de los medios sociales y públicos como alternativas reales.
Hay que retomar lo que estableció en la relatoría para la libertad de expresión sobre el carácter de los medios de comunicación en México que dio a conocer Catalina Botero, en 2010, donde señala que la diversidad y el debate democrático se encuentran limitados por la alta concentración en la propiedad y en el control de los medios de comunicación a los que se les han asignado las frecuencias de radio y televisión por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo en donde prevalece la inexistencia de mecanismos para el acceso a medios alternativos de comunicación.
Son muchos los temas que podemos abordar, los que vinieron aquí plantear con la reunión del relator del especial de libertad de expresión decenas de organizaciones de la sociedad civil, o el documento que entregó a la Mesa Directiva el frente por la comunicación democrática que voy a pedir se incorporen al Diarios de los Debates, se lo voy a entregar al señor presidente, en donde se dan clara cuenta de las omisiones y las ausencias de este debate.
Por eso concluyo sólo con dos palabras, que a mi juicio resumen o deberían resumir cuál debería ser el papel a cumplir por este Congreso, porque nuestro objetivo no es resolver los litigios entre grupos de poder económico, sino hacer prevalecer el Estado de derecho y velar por las libertades y las garantías de los ciudadanos, dos palabras: diversidad y pluralidad, que son condiciones inherentes para lograr una verdadera comunicación democrática; diversidad en los medios y el acceso de los ciudadanos a medios alternativos, y pluralidad en el reconocimiento de nuestras diferencias políticas, étnicas y culturales, que prevalecen en nuestro país.
Por esos argumentos, por las omisiones y por el contenido del dictamen mi voto será en contra.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador Encinas. Le informo a los senadores y senadoras, tenemos los posicionamientos de grupos parlamentarios del PT, del Verde, del PRD y del PRI, y 33 oradores en la discusión en lo general.
Fui tolerante en el voto particular con respecto al tiempo del reglamento para que no se pensara que se acaballaba la voz en contra del dictamen, pero les pido de la manera más atenta, haremos un recordatorio respetuoso a todos los de a favor o los de en contra en respeto del tiempo para poder desahogar, pues es una sesión muy larga.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por diez minutos, por favor, senador.
EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: Con su permiso, señor Presiente. Yo recomendaría a mis colegas senadores y senadoras que sería conveniente que atendieran a lo que aquí se plantea, porque si no lo hacen, en esta rapidísima aprobación que tienen planeada, no van a saber nada del tema; y cuando lleguen a sus casas y les pregunten que de qué se trató, no van a tener la menor idea.
Así es que si escuchan un poco podrán comentar qué fue lo que votaron.
La fracción parlamentaria del PT rechaza el dictamen, y votará en contra.
En primer lugar, por el procedimiento ilegal, abusivo de la mayoría, PAN, PRI se han cohesionado para evitar que haya, lo que ellos no quieran que se exhiba, estamos en contra porque ha sido ilegal el procedimiento.
2.- Poner a discusión un dictamen de 612 páginas, que se aprobó ayer, antier, y que se acaba de entregar, es, no sólo una barbaridad y una violación al Reglamento, sino realmente es un atraco, es un atropello lógico definitivamente; nadie ha leído ese mamotreto, como no sean quienes se han dedicado durante las últimas semanas a trabajar aquí en el Senado y en toda clase de pláticas con el propio gobierno.
Los senadores y las senadoras, por eso les decía yo, van a votar por consigna; van a votar lo que les han dicho, porque no tienen la menor idea.
3.- No cumple Peña Nieto con lo que ofreció, y lo que ha festinado en todos sus viajes al extranjero y en todos lados, él, Peña Nieto, hijo de Televisa y TV Azteca, iba a acabar con esos predominios antidemocráticos, no lo cumple; no se establece claramente lo que se supone, que tenia que haber hecho.
El brutal monopolio u oligopolio de Televisa y TV Azteca va a seguir ahí, porque lo solapa Peña Nieto, y quienes van a votar hoy este dictamen, lleno de trampas, y que finalmente ya ni siquiera se reglamenta, porque esa decisión de transcribir la Constitución a la ley, no puede ser más absurdo, no puede ser más absurdo porque la función y responsabilidad que tenemos es legislar, no transcribir la Constitución en las leyes secundarias.
La Reforma Constitucional que han festejado muchos, yo les quiero decir, nosotros votamos en contra, porque si bien, lo que se decía, era acabar con los monopolios y duopolios, estaba muy claro en el caso de el área de TELMEX, pero no estuvo nunca en claro el cómo iban a desarmar al duopolio Televisa-TV-Azteca; por eso, surge otra vez el problema, porque no lo quisieron sanjar. La responsabilidad de Peña Nieto, la que presumió hipócritamente no la cumple, y por eso tenemos este galimatías que aquí han señalado con toda atingencia los oradores que presentaron puntos de dictámenes particulares.
Van a pasar el embrollo, lo van a pasar a la ley, y ahí lo vamos a tener como el poder asociado a las televisoras, en ese contubernio que existe, antidemocrático, para crear la antidemocracia en este país, se va a ir ocupando de ir dándoles todas las ventajas en todos lados para que mantengan el dominio sobre los mexicanos.
Desde luego, que en ese confusionismo tenemos que ser muy claros, lo más práctico, lo que realmente sería útil para acabar con este espantoso dominio de las televisoras a los mexicanos, sería votar por servicios, pero ahí está el problema, y el salto de uno a otro, la confusión de los conceptos que estableció la propia Reforma Constitucional.
4.- Hemos asistido en todo este refuego de las leyes de la telecomunicación y televisión, radiotelevisión a un verdadero y descarado interés por el dinero. Aquí lo que ha importado es el dinero, a ver quién se queda con más dinero, si es un duopolio, que mira, que se han enriquecido con las dádivas, como por ejemplo, quedarse descaradamente con la televisión pública, sin pagar la demás, vamos a ver que lo que se discute, es, quién se queda con el dinero. Ese es todo el asunto. Eso es lo que se ha discutido.
Ahora, cuando lo importante en los medios de comunicación es la audiencia, la población mexicana, porque para eso están, no para llenarse los bolsillos y hacerse inmensamente ricos, su responsabilidad es atender a la población mexicana, informar, y no lo hacen, pero toda la discusión ha sido quién se va a quedar con el poder económico en esta discusión, y quiénes van a estar asociados, obviamente con el poder político. No importa la audiencia.
Dejan al público indefenso, no hay derecho de réplica, y lo comentábamos en las Comisiones, no hay derecho de réplica porque Televisa y TV Azteca no quieren, entonces, se imponen, no hay derecho de réplica, los señores no quieren, y no quieren, hace años, por eso quienes hemos estado en estos temas todos estos últimos años sabemos que aparece el derecho de réplica, que es elemental que hubiera, elemental que pudiera un ciudadano replicar a quien tiene impunemente un micrófono y puede decir lo que se le dé la gana, bueno, no puede haber más antidemocratismo que establecer que la réplica no existe.
No aseguran, por otro lado, al dejar este sistema antidemocrático una información real; el pueblo estará sometido a las intenciones e intereses políticos y económicos de quienes tienen el micrófono, es evidente. Nosotros, quienes tienen información y asisten o se sientan a analizar lo que aparece de información en la pantalla es una basura, una basura, no hay una posibilidad de conocer qué pasa en el mundo, dónde están los conflictos internacionales, no, es una basura, porque la información termina siendo otra vez del interés de la oligarquía lo que se paga, no lo que consideraría un buen informador responsable con una Ley que exija que se informe al pueblo mexicano, aquí no se informe más que lo que esté pagado y obviamente lo que interese a la oligarquía que está atrás, escondida, metida en esos intereses de televisión y TV Azteca, que con ese poder van a seguir medrando económicamente, porque lo utilizan para sus enormes negocios, defienden sus enormes negocios, usando la pantalla que es un servicio público para construir y defender qué es lo que estamos viendo una dictadura mediática, México vive una dictadura mediática, lo hemos dicho un buen número de veces.
6º punto. –Ya aquí lo ha tratado Corral, lo ha tratado Padierna, lo ha tratado Encinas, que han hecho un recorte de los puntos principales, lo vuelvo a tocar, la radiodifusión indígena, la realización cultural, la rescisión pública están absolutamente, absolutamente copadas, y sería lo único, lo único que nos daría un equilibrio frente a la televisión comercial que nunca dejará de ser un negocio para ganar un dinero y tendríamos que tener a las comunidades, la Televisión Pública que sería el único equilibrio que podríamos tener y obviamente eso no lo quieren, no hay ninguna posibilidad de que esta televisión del pueblo, de la cultura, de los indígenas pueda florecer, está vetada también, porque en todos y cada uno de los problemas que vemos y que hay faltantes, son precisamente los que impiden que se den los grandes poderes asociados al Gobierno de Peña Nieto.
La cuestión esta de la seguridad de las personas, ahí quedó, es el inicio o una amenaza de un estado policiaco, porque hay el derecho a utilizar y obtener información que es de los particulares y ese se puede utilizar para vigilar y con el pretexto del crimen organizado vamos camino a un régimen policiaco.
No está eso desconectado con las leyes como las del Gobernador de Puebla, de la Ley Bala y las leyes que están ya presentando la posibilidad y la necesidad de que las policías ataquen a las manifestaciones a través de armas mortíferas.
Otro tema, no podemos dejar de mencionar el tema de la publicidad.
Quienes ven la televisión en este país están hasta el copete de comerciales; son televisoras para ganar dinero, y como Gobernación hace muchos años que está al servicio de las televisoras, nadie sanciona, entonces los que deberían de tener el servicio tienen que estar viendo una y otra vez interrupciones constantes porque las televisoras tienen que ganar dinero.
Lo que volvemos a repetir aquí en esta reforma tan cantada, verdad, nunca hubo un interés por dar un servicio adecuado a los mexicanos.
Y con esta reforma van a mantener el predominio de esos intereses porque están coaligados, y quienes han estudiado la ciencia política podrán ver en este amasiato de las televisoras, la radiodifusión con el Poder Público, la creación y el mantenimiento de una voraz, una voraz oligarquía que tiene al pueblo de México sometido, desinformado y que no tiene la capacidad porque no se le informa de defender sus propios intereses.
Esto es no solamente un retroceso, es un avance de la derecha en contra de los intereses del pueblo mexicano.
Votaremos en contra.
Muchas gracias por su atención.
¬-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias Senador.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por diez minutos.
Por favor, Senador.
Después seguirá el Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD y después la Senadora Claudia Pavlovich, para que estén atentos, por favor.
-EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMÍREZ: Muchas gracias Presidente.
Vengo en representación del Partido Verde, del Grupo Parlamentario del Partido Verde hablar a favor de este dictamen; del dictamen que ya ha sido puesto a consideración por los presidentes o el presidente y las presidentas de las Comisiones Unidas que tuvieron a su cargo el correspondiente proceso de dictaminación.
En el Partido Verde vamos a votar a favor de este dictamen, porque se trata de un dictamen que aporta a México las condiciones para crear un nuevo ecosistema en el que se desenvolverán los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, porque es un dictamen que respeta el andamiaje institucional que nos dimos desde la Constitución y no sólo lo respeta, sino lo refuerza y lo precisa.
Es la solidez de un andamiaje que respeta la autonomía que ya señalé y da fortaleza; fortaleza que jamás soñó ningún órgano o a un órgano regulador en nuestro país.
Ya lo dije en la sesión de Comisiones Unidas, desde la Constitución dotamos a este órgano constitucionalmente autónomo que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones de la autonomía suficientes, de las herramientas suficientes y de la fuerza suficiente para poder hacer efectivas sus decisiones.
En esta Ley no hay ninguna disposición que contravenga a ello o que anule su autonomía como mentirosamente han declarado por ahí varios agoreros del fracaso.
Es falso que estemos anulando o disminuyendo la autonomía del órgano regulador.
Obviamente para que el órgano regulador tenga éxito, no se trata de que solamente por decreto le demos la fuerza y la herramientas que requiere, requerimos también que el órgano actúe con responsabilidad, con información suficiente y con consistencia para que sus decisiones con el paso del tiempo tengan la credibilidad suficiente para que además tengan al eficacia que requerimos a favor de los mexicanos.
Es un dictamen, también lo señalé, y retomo una expresión de un compañero que en la sesión de Comisiones Unidas también lo dijo, es un dictamen que no va en contra ni a favor de algún grupo económico o empresa en particular, es un dictamen que va a favor de los usuarios, es un dictamen que va a favor de las audiencias.
Ya lo señalaron varios de los oradores que me antecedieron en el uso de la tribuna, el primer aspecto que ya han destacado de manera señalada es la eliminación de los cargos de larga distancia a partir del 1º de enero del 2015; se trata de 20 mil millones, aproximadamente 20 mil millones de pesos que dejarán de gastar las familias y las empresas mexicanas en un servicio que la tecnología ha hecho obsoleto.
Otro beneficio importante para los usuarios de servicios de telecomunicaciones está sin lugar a dudas en la eficacia que le estamos dando también al tema de la portabilidad, una figura que ya existe en nuestro país, pero que lamentablemente no ha podido tener la eficacia que se esperaba de ella para promover mayores condiciones de competencia, simplemente porque aún adoleces de serias deficiencias.
En este dictamen y con los cambios que además ya se han consensuado para proponerse más adelante en esta sesión se corrigen estas deficiencias y se le da eficacia suficiente para que la portabilidad sea una herramienta poderosa a favor de los usuarios que no estén satisfechos con el servicio que le brindan sus proveedores de servicios.
Se introducen cambios importantes en el dictamen respecto a la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en el tema de los derechos de los usuarios y de las audiencias, pero no sólo eso, no sólo en el dictamen, también en los cambios que ya mencioné y que ya también refirió el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en su intervención.
Más adelante vamos a conocer, de varias propuestas ya consensuadas que fortalecen todavía más los derechos de los usuarios y de las audiencias, y en ese tema el Partido Verde también votará a favor, porque estamos a favor de los usuarios y de las audiencias, como ya lo señalé.
Otro cambio importante que contiene este marco legal es, el hecho de que, por ejemplo, introduce condiciones, las condiciones necesarias para que puedan entrar a operar en nuestro país figuras que hoy en día no había sido posible o que han podido entrar a cuenta gotas, como es el caso de los operadores móviles virtuales, una figura que va a venir a dinamizar el mercado porque se trata de proveedores de servicios que generalmente ofrecen, quizás no mejores tarifas, pero sí mejores atributos en el servicio que le dan a los usuarios y que provocan que el usuario reflexione las condiciones que le está prestando su propio operador. No tengo ninguna duda que esta figura va a venir a ayudar al desenvolvimiento de nuestro mercado.
Es un dictamen que no va en contra de empresas, o a favor de algunas; es un dictamen que va a favor de los usuarios, y es un dictamen que va a favor de la sociedad.
Ya también se señaló aquí que en la parte de la Iniciativa presentada de manera original venían algunas disposiciones, quizás redactadas de manera inadecuada que daban margen a una interpretación correcta en el sentido de que se podrían introducir algunos retrocesos que pudieran vulnerar las libertades de la gente.
Yo estoy seguro que todos los partidos, todos los grupos parlamentarios tuvieron la sensibilidad suficiente para aceptar que eso era una realidad en la Iniciativa, y para proponer ajustes en el dictamen que anularan dichas preocupaciones.
Hoy tenemos frente a nosotros un dictamen que corrigió esas preocupaciones que quedaron, son temas que quedaron eliminados y que yo estoy seguro que quedarán a satisfacción de la sociedad.
No puedo compartir lo que algunos han venido a sostener aquí, en el sentido de que ahí siguen permaneciendo riesgos para las libertades de la gente. Eso es completamente falso, han sido eliminadas, no hay ningún riesgo de censura en Internet, no hay ningún riesgo de censura previa por parte de la Secretaría de Gobernación por lo que hace al tema de los contenidos radiodifundidos, ni por lo que hace a los contenidos que se distribuyen, por ejemplo, a través de Internet.
Se eliminó el tema que preocupaba mucho, por ejemplo, el de bloqueo de señales, es un tema, que como dije, efectivamente generó preocupaciones genuinas, y creo que atinadamente ha quedado atrás esa preocupación.
Además del tema de la eliminación de la larga distancia y la portabilidad a los que ya me he referido, hay muchos aspectos en el dictamen que contribuyen a crear las condiciones necesarias y suficientes para que en nuestro país tengamos mejores condiciones para promover condiciones de competencia efectiva, y que los mexicanos dejemos de sufrir el costo que anualmente pagamos por el hecho de que, en ausencia de estas condiciones de competencia efectiva, ha habido una excesiva concentración en el sector de telecomunicaciones que nos ha generado, de acuerdo con lo que ha estimado la OCDE, un costo anual a los mexicanos de 25 mil millones de dólares, es un costo que no se puede sostener, que no podemos mantener, que no debemos condenar a nuestros compatriotas a seguir pagando.
No hay ninguna dada que el dictamen genera los cambios suficientes para disminuir de manera muy sensible este costo.
No puedo aportar una cifra similar respecto al sector de la radiodifusión, porque simplemente la OCDE no lo ha estimado, peor las condiciones de efectividad o de competencia efectiva que se promueven también para el sector de la radiodifusión, contribuirán a dinamizar de manera muy importante este sector que también genera mucha preocupación a la población.
Y en este sentido, y respecto de este sector, se generan las condiciones de certidumbre necesarias para que los que están interesados hoy en entrar al proceso de licitación de las nuevas cadenas de televisión que ha iniciado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que lamentablemente en ausencia de una ley en vigor tuvo que posponer.
Un aspecto favorable de este dictamen, es el hecho de que generamos condiciones de certeza para que los interesados en este proceso puedan entrar con confianza y puedan participar con la tranquilidad de que podrán entrar a un mercado con la certeza suficiente y podrán competir a favor de las audiencias de nuestro país.
Obviamente, la entrada de estos competidores significa más competencia en el mercado de televisión, y más pluralidad.
En suma, se trata, en general en este dictamen, de condiciones para que se invierta más en nuestro país en infraestructura; para que se invierta más en el bienestar de la población.
Lo que necesitan los mexicanos es que haya competencia efectiva en telecomunicaciones y en radiodifusión, y que haya más calidad, menores tarifas, más pluralidad.
Yo lamento que haya compañeros que aún no han entendido de qué se trata la discusión que hoy tenemos aquí.
Hay quienes aquí nos han acusado de no tener los tamaños para plasmar en la Carta Magna lo que nosotros dijimos en la constitución.
Eso es falso, aquí lo afirmo: “Tenemos los tamaños y lo estamos demostrando con el contenido que ha quedado plasmado en este cuerpo de dictamen”.
Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador.
-Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, para el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos, Senador, por favor.
-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros senadores:
Yo les quiero preguntar. ¿Dónde estamos?
¿Por qué estamos en la condición en la que estamos, y en el momento en el que estamos? Porque hay que dejarlo muy claro hoy.
Estamos discutiendo hoy aquí por la actuación del PRD en el Senado de la República. Permítanme explicar lo anterior.
Sin la intervención de los 22 senadores del PRD, el dictamen presentado por el Presidente, con todos sus adornos posteriores, ya estaría aprobado el día de hoy.
El PRD desmontó un acuerdo entre el Gobierno, entre el PRI y el PAN para imponer otro dictamen que no respetaba la letra y el espíritu de la reforma constitucional.
Estamos aquí hoy, porque en el mes de abril se intento imponer un dictamen totalmente regresivo, queriendo aparecer un documento personal como un dictamen de comisiones que pretendía votarse entre el 23 y el 25 de abril, esos eran los tiempos, esa era la situación, esa era la circunstancia inicial.
Fue en ese momento en el que los senadores del PRD decidimos y buscamos incidir desde nuestra minoría, reconducir la discusión para que dejara de ser la discusión esta enorme trampa de la dicotomía entre uno u otro monopolio y empezar a hacer la discusión sobre la competencia entre los monopolios, sobre la entrada de nuevos actores, sobre la pluralidad de contenidos, sobre la plataforma de defensa de los derechos de los usuarios y los derechos de las audiencias.
En ese sentido, yo quiero expresar desde esta altísima tribuna un profundo agradecimiento a la confianza que recibí por parte de mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, de mi coordinador Miguel Barbosa Huerta, mis compañeras y compañeros senadores, para encabezar un diálogo parlamentario para hacer valer nuestros principios y puntos de vista.
Y déjenme decirles, que ese diálogo parlamentario lo hicimos teniendo 2 guías:
Primero.- Esta guía, este documento que se llama “Seis razones para votar en contra de la Iniciativa Peña Nieto”.
Y otro documento, que nunca debemos olvidar, éste: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el diálogo parlamentario del PRD, éste y sólo éste fue el irreductible. Por eso, a partir de esa definición, es que varios senadores participamos en este diálogo parlamentario, y lo hicimos también tomando un método, un método que establecía 4 condiciones mínimas…
