(Sigue 2ª parte)
. . . . . . . . ......de autoridades competentes que en aras de la seguridad soliciten todo este tipo de bloqueos, de limitaciones para los ciudadanos, incluso invadir la privacidad de los ciudadanos.

Y, un aspecto que hemos dicho también, un quinto aspecto que hemos señalado, es que ese órgano al que le dimos vida recientemente en la Reforma Constitucional, y que de forma muy temprana dio frutos, se empezó a emitir una serie de resoluciones que trajeron o tomar pues medidas importantes en este dictamen, no solamente no robustecemos, no fortalecemos su presencia, sino que le restamos facultades, le quitamos esa autonomía y esa independencia que requiere para que verdaderamente pueda garantizar una toma de decisiones, una definición para regular a empresas tan poderosas en nuestro país en el sector de radiodifusión y de telecomunicaciones.

Y bueno, compañeras, compañeros senadores finalmente yo quiero hacer un llamado a la reflexión de todas y todos ustedes para emitir un voto que es tan importante, que es tan trascendente; en mi opinión, lo que hoy estamos haciendo en el Senado de la República, si se apoyase, si se apoya este dictamen, es estar eludiendo, es estar dejando de lado, es estar no asumiendo nuestra responsabilidad como Poder Legislativo, tenemos la obligación los legisladores, los hacedores de leyes, nada más y nada menos que garantizar certeza jurídica a los actos que realizan los ciudadanos.

En todos sentidos y en todos aspectos esa es la tarea única, la tarea fundamental de los hacedores de leyes, de los legisladores.

Y, de apoyar este dictamen lo que estamos lo que estamos haciendo es sustituir la certeza jurídica por la discrecionalidad, estamos enviando a otro ámbito, a otro poder, al Poder Judicial la toma de decisiones que hoy no queremos asumir en el ámbito legislativo. De eso se trata de fondo el día de hoy la decisión tan importante que estaremos tomando al interior de este recinto.

Por eso, de manera respetuosa, pero sí de manera enfática quiero hacer este llamado a la reflexión a todas y a todos los senadores para no darle la vuelta a nuestra responsabilidad como legisladores, asumirla, y no pasarle el balón al Poder Judicial, porque aquí no tuvimos el tamaño para tomar una decisión tan importante que elegimos asumir en la pasada Reforma Constitucional.

Es cuanto, Presidente.

EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 196, de nuestro Reglamento. En el uso de la palabra hasta por 10 minutos.

LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros senadores, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Comisión a la que le corresponde, por disposición orgánica y reglamentaria revisar la constitucionalidad y la legalidad de los dictámenes que están sometidos a nuestra consideración, quisiera hacer un planteamiento general de por qué a juicio de su servidora, a juicio de la Comisión que en reuniones de Comisiones Unidas la votó de manera mayoritaria a favor.

Este proyecto de dictamen es un proyecto que cumple a cabalidad, primero con los preceptos constitucionales que en esta misma tribuna, en este mismo Senado y en el Congreso Mexicano nos dimos en materia de telecomunicaciones y en materia de radiodifusión.

Establecer que estamos en este proyecto de dictamen sometido a la votación del pleno de la Cámara de Senadores, absolutamente convencidos, pues, de que establecimos una conducta y un apego cabal tanto a la constitucionalidad como a la legalidad que debe de privilegiarse en todo proceso legislativo.

Convencidos estamos en la Comisión de que la democracia en el Siglo XXI exige como factores indispensables de inclusión el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Por ello, planteamos como tema prioritario, así lo planteó el gobierno federal, así lo analiza y así lo analizó el Congreso, y en este caso la Cámara de Senadores.

Como tema prioritario en la agenda nacional, el impulso, el impulso decidido, firme y sin mayores demoras de lo que es el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en un escenario de verdadera competencia.

La incorporación en la Constitución del derecho de acceso a la banda ancha y a las tecnologías de la información y la comunicación; la dotación de leyes que pongan al día la competencia en el sector, sector que se ha quedado rezagado, país que se ha quedado rezagado en la materia.

El fortalecimiento, de una vez y por todas de la rectoría del estado en el ramo, el impulso de la inversión en infraestructura con fines de incrementar la cobertura y penetración de servicios en más localidades, y la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta constituyen las grandes acciones buscadas, desde luego del gobierno federal, pero también de todas aquellas senadoras y senadores que hemos discutido a profundidad esta ley, y que estamos convencidos de que es menester que se cristalice.

Estos anhelos, estos deseos, estas tesis, esta rectoría de estado fue cristalizada a partir de la Reforma Constitucional de junio de 2013 con el consenso de las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión que se expiden mediante el decreto contenido en el dictamen aprobado al interior de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos que hoy les presentamos a este pleno tienen por objeto el uso eficiente del espectro radioeléctrico en un ambiente de plena competencia, atendiendo la neutralidad del servicio. Esto es, ofrecer más y mejores servicios con un menor consumo del radioespectro a fin de incrementar el acceso de la población a la sociedad de la información y del conocimiento, eso es pensar en los mexicanos y detallar cómo van a recibir este beneficio.

Este dictamen no es el producto de una sola visión, pues a lo largo del proceso legislativo que hemos recorrido desde el último día de marzo en que nos instalamos en sesión permanente, hasta el miércoles 2 de julio en que llevamos a cabo la votación del proyecto al interior de las Comisiones, hemos concurrido los diversos grupos parlamentarios en la revisión, en la discusión de la propuesta originalmente presentada, encontrando, por supuesto, convergencias, que hay divergencias como sucede en toda democracia que se precie de serlo, como sucede en todo el mundo en donde la democracia representativa es el tipo de figura que nos hemos dado para atender los asuntos de la cosa pública.

Sin lugar a dudas se ha privilegiado el diálogo en estos meses de trabajo legislativo, y de ello, yo me siento muy satisfecha.

Sabemos que en varios temas no hemos encontrado el consenso con la totalidad de los legisladores, pero es nuestra convicción, que el dictamen que hoy presentamos es producto de un análisis, de un escrutinio serio y acucioso de las normas constitucionales que rigen la materia de telecomunicaciones, y desde luego las que tienen que ver con la competencia económica, que es precisamente de donde parten y hacia dónde van las leyes secundarias en estas importantes materias.

Sostengo que con este dictamen que estamos presentando a su consideración ganamos los mexicanos, porque con estas leyes habrá más competidores, y esto necesariamente mejorará precios y servicios, quién puede, quién puede oponerse a ello.

Se eliminarán los cobros de larga distancia y las llamadas se pagarán como locales; mejorará la calidad y disminuirá el precio de la banda ancha, nuestra economía tendrá que ser, en consecuencia, más productiva y competitiva, y tendremos, lo que es un deseo de todos, cobertura universal, para que toda la población tenga acceso a los servicios de las telecomunicaciones, lo que es un anhelo que busca la igualdad de los habitantes mexicanos estén donde estén en las comunidades rurales más alejadas o en el centro de una sociedad urbana.

Se conseguirá la reducción de abusos y arbitrariedades en estos servicios que es un reclamo legítimo, válido de los mexicanos que por años han visto con frustración que esto no se logra. 

¿Cómo logramos estos beneficios?

Pues como lo estamos haciendo hoy, regulando de manera eficiente los siguientes aspectos.

La convergencia de servicios y redes con una nueva regulación que los concesionarios de telecomunicaciones puedan prestar a través de una concesión única todos estos servicios que la tecnología permite, con fomento a la competencia regulando de manera efectiva a los concesionarios que, por su tamaño en el sector afectan la libre competencia y concurrencia.

La propiedad cruzada con reglas para contrarrestar los efectos adversos derivados de una falta de pluralidad informativa, sanciones con un régimen que permite al Instituto Federal de Telecomunicaciones la imposición de multas más severas a quienes incumplan con el catálogo de obligaciones que establece la Ley para cada uno de los servicios en ambos sectores, el de telecomunicaciones y el de radiodifusión.

Apoyo a las concesiones sociales como fue una petición y un reclamo legítimo de la sociedad en este sentido.

Cobertura social y servicios de telecomunicaciones en zonas Ruales como ya lo comenté, a través de la implementación de un programa de cobertura que incluya el acceso a las tecnologías de la información, el conocimiento y la alfabetización digital.

Más oferta de contenidos en televisión a través de la multiprogramación.

Fortalecimiento, y esto es muy importante, fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Un instituto que tenga facultades acordes a lo que es un órgano constitucionalmente autónomo, facultades que le permitan ejercer su rectoría en la regulación de los servicios y en la administración del espectro radioeléctrico, lo que incluye, desde luego el otorgamiento de concesiones, la planeación nacional de las bandas de frecuencia, la vigilancia de la publicidad comercial e imposición de sanciones entre otras facultades.

La efectividad de las medidas regulatorias, la igualdad de género, no discriminación y la preservación y el cuidado del interés superior de la niñez.

La retransmisión de señales radiodifundidas.

El acceso al internet de banda ancha en escuelas, hospitales y edificios públicos, mediante una red pública del estado se llevará conectividad 250 mil sitios públicos tales como escuelas, hospitales y edificios de gobierno, hoy en día solamente existe este servicio en 37 mil sitios.

Esto es una medida importante que busca darle acceso e igualdad a todos los mexicanos en materia de conectividad.

El respeto al derecho de los usuarios y las audiencia fue un tema que se revisó con puntualidad buscando atender el justo reclamo de quienes pensaban que como estaba la iniciativa podría ser conculcatorio de derechos que mucho nos ha costado a los mexicanos acceder.

La programación que busca propiciar el uso correcto del idioma, la integración de las familias, el desarrollo de la niñez, el mejoramiento de sistemas educativos, la difusión de valores artísticos, históricos o culturales, el desarrollo sustentable, en fin, todo aquello como la igualdad entre mujeres y hombres y la divulgación del conocimiento científico y técnico que buscan lograr el desarrollo humano de los mexicanos.

Más canales de televisión, mejor calidad de señal y más opciones de programación a través de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional.

Se va a crear además a través de esta Ley una cadena de radiodifusión del Estado que tendrá el mandato de garantizar en primer lugar la imparcialidad, reconocer la diversidad y la pluralidad y propiciar contenidos independientes.

Se entregarán equipos receptores y de codificadores para que a más tardar el 31 de enero del 2015, toda la televisión sea de calidad digital.

En noviembre de 2013, su servidora acompañada de la Senadora Blanca Alcalá, presentamos ante ustedes la iniciativa para eliminar los costos por larga distancia fija y móvil que no se justifican en el país.

Durante los últimos diez años, los mexicanos hemos pagado por este servicio cuando no debimos hacerlo porque la innovación tecnológica ya no lo exigía, esto será una realidad a partir de esta Ley.

Compañeras y compañeros senadores, concluyo haciendo dos reflexiones con ustedes; en un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones, la certeza y la confianza en el futuro sólo pueden obtenerse en función del desarrollo de un marco institucional sólido y claro, y a eso le estamos apostando quienes habremos de votar, espero que sea por unanimidad este dictamen el día de hoy.

En el contenido del dictamen es evidente que lo hemos alcanzado, sin lugar a dudas, esta será la base de las transformaciones futuras, las cuales estarán dirigidas consolidar el trayecto de nuestro país en la carrera del avance tecnológico, del progreso y del desarrollo en un contexto de competitividad internacional.

Es buscar que México de una vez y por todas deje atrás rezagos y se inserte en la modernidad, pero sobre todo garantice a todos aquellos que tengan interés en invertir en el sector de telecomunicaciones y en el sector de radiodifusión esta certeza y que además le dé a los mexicanos el nivel de primer mundo que merecen.

Hoy, señoras y señores, es un día histórico para la realización de una reforma largamente deseada.

Es fundamental su pronta y adecuada implementación para generar las condiciones que permitan a nuestro país incrementar su capacidad productiva, a cada mexicano, obtener el ejercicio de sus derechos vinculados con las telecomunicaciones y a nuestra sociedad como un grupo homogéneo insertarse en el marco e los avances internacionales en el ámbito de la información, la comunicación y el conocimiento.

Lo merece México, lo merecen las mexicanas y los mexicanos.

Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: El dictamen está acompañado, gracias Senadora, el dictamen está acompañado de tres votos particulares, los cuales están publicados en al gaceta.

Para cumplir con el desahogo de dichos votos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, para presentar su voto particular hasta por 10 minutos.

Por favor, Senador.

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURDO: Señoras senadoras, señores senadores, mi postura frente al dictamen sostiene los principios y convicciones que ha asumido desde hace muchos años en el tema de los medios de telecomunicación.
Creo que los medios de comunicación en una sociedad de masas son de suma importancia, que deben servir para elevar el nivel de la ciudadanía, medios plurales, reflejo de la sociedad que vivimos y no voceros oficiosos de un discurso unidimensional, sino que den espacio a las voces diferentes y distintas, una comunicación que sea crítica, comprometida con la verdad.

Tengo la convicción que estamos en un momento de regresión en la vida política del país y que se está dando con este dictamen un golpe brutal a la reforma constitucional promulgada el 11 de junio del año pasado.

Lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias en lo inmediato y en el mediano plazo.

Por eso creo que no es este dictamen el que debe someterse a votación.

Y por ello mismo, propongo otro, el que contiene mi voto particular y está publicado en la gaceta de este Senado.

La competencia económica en nuestro país tiene una debilidad pasmosa y prueba de ello es la presencia de monopolios en distintas ramas de la economía, grandes empresas que absorben parte importante del ingreso nacional frente a empresas pequeñas que no logran desarrollarse adecuadamente.

Acción Nacional luchó durante 70 años en contra de un monopolio de triste memoria, un partido de estado que durante 70 años construyó un sistema político corporativo y autoritario, en donde se controlaba a obreros, campesinos, burócratas, profesionista a través de sectores.

Entre el Partido Oficial y las concesiones y autorizaciones a las empresas, el Gobierno Federal controlaba prácticamente toda la vida política y social del país. 

Acción Nacional rompió, con gran esfuerzo y tesón, un auténtico nudo de intereses ante uno de los mayores monopolios del mundo.

En el año 2000 conseguimos la primera alternancia en el Poder Ejecutivo.

Durante 12 años las administraciones panistas consiguieron dar estabilidad económica, respetaron el principio constitucional de separación de poderes, se ampliaron muchos programas sociales, se forjó el actual sistema de transparencia.

Sin embargo, no desmantelamos el régimen corporativo y clientelar del viejo régimen, mucho menos se desmontaron los monopolios económicos.

Y en el caso de los monopolios mediáticos, debo reconocer que no solamente no se les combatió, sino que incluso se les fortaleció.

Por ese motivo concurrimos al Pacto por México, donde las oposiciones y el gobierno se propusieron transformar al país en áreas fundamentales: la educación, el combate a los monopolios, entre otras áreas.

Sin embargo, el dictamen que hoy discutimos es un retroceso a todo ello.

Este dictamen no es hijo legítimo, sino bastardo de la reforma constitucional y del Pacto por México.

Mientras que el artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios, la Iniciativa se encogió como la mezclilla corriente: “Con el primer lavado disminuyó de tamaño”, fundamentalmente porque la Iniciativa fue diseñada para proteger y perpetuar el monopolio de Televisa.

El pasado miércoles, sin ambages, el Consejero Jurídico de la Presidencia declaró ante los medios nacionales que ante la posibilidad de que el monopolio de la telefonía participe en la televisión restringida, habría que hacer más poderoso a Televisa para que enfrente a América Móvil.

La declaración del señor Castillejos no fue un lapsus involuntario, seguramente fue meditada por el equipo de comunicación de la Presidencia. Salió a declararlo, y lo hizo en un programa de radio y luego ante la prensa.

“A convención de parte, relevo de pruebas”. Es una declaración que pasará a la enciclopedia del cinismo político, de lo que no es querer regular el mercado, sino jugarle al Maquiavelo, confirmando confirmando la opinión de Gary Becker, Premio Novel de Economía 1992, que padecemos un capitalismo de compadres, que eso detiene el despegue de México.
Los monopolios son expresión de sociedades sin reglas de sociedades de competencia económica, provocan desigualdad económica por la falta de una clase media amplia y robusta, condiciones que vivimos en forma dramática. Somos un país tremendamente desigual.

Esta desigualdad no es problema de seres intrínsicamente malos que buscan cómo exclimar a los demás. Muchos de estos empresarios son buenos patrones que patrocinan organizaciones filantrópicas.

El problema, es que el diseño del sistema produce estructuras económicas e injustas, por esencia permite oligopolios y monopolios por las oportunidades que aprovechan, y en el otro extremo, pequeñas empresas que no les pueden competir, vivimos un capitalismo salvaje.

Los cambios necesarios no vendrán de esas empresas privilegias, sino del Estado y sus distintos órganos, los responsables de diseñar sistemas más justos.

Vendrán de la política sensible a la justicia, y rebelde ante la injusticia.

Por eso el modelo del gobierno ante el problema de los monopolios no es el de un compromiso con la justicia.

¿Qué hicieron otros países frente a los monopolios, que padecieron y siguen padeciendo? Aplicar medidas para que pudiera haber competencia pareja entre las empresas, fortalecieron o crearon órganos reguladores para que sean árbitros y establezcan las reglas para fomentar la competencia.

Han sido los órganos reguladores de esos países o sus congresos quienes han establecidos medidas en contra de los monopolios, como la desinversión, desincorporación de activos, medidas asimétricas que permitan competir en forma pareja partir a los monopolios.

El caso de Rockefeller es paradigmático, ya que el Congreso Norteamericano y el Presidente de ese país, paladín de libre mercado, obligaron a que su empresa petrolera fuese dividida.
Recientemente en Inglaterra, ante un problema con un medio de información poderoso, manejado por un capo como es Rupert Murdoch, lo obligaron a desinvertir, que tuvo que cerrar varios de sus periódicos.

Experiencia similar sucedió recientemente en la Argentina. La codicia de los ricos siempre existirá. Pero un estadista o una generación conciente de su responsabilidad histórica, deben frenarla, deben de estar a la altura de los retos del momento.

En la medida que haya reglas justas y parejas, y el árbitro sea firme en sus decisiones, la sociedad se beneficiará, y el Estado se fortalecerá.

Pero aquí se quiere mantener, por los siglos de los siglos, a Televisa como el monopolio televisivo, como pago de favores que el actual Presidente de la República le debe a la televisora, al fortalecerla como lo está haciendo el dictamen, la convierte en su mejor aliada para mantener entretenido al pueblo y para no ser cuestionado por las políticas antinacionales que está desarrollando.
Este reglado de la clase política es la apuesta para las próximas elecciones, dentro del gobierno y dentro de partes de la oposición.

Por este tipo de acuerdos a nuestra economía, la han llamado: “Un capitalismo de compadres”, y quien lo califica así no es ningún izquierdista, ni revolucionario, es el Premio Novel de Economía 92, más bien de filiación conservadora.

El Estado, en la visión del Presidente de la República, no es árbitro, sino un jugado más, y él escoge el socio.

Quieren jugar al Maquiavelo, pero no miden las consecuencias.

El dictamen crea un esperpento. Construir un Frankenstein, para enfrentar el Goliat. No sólo eso es peligroso, sino irracional.

Habría que recordar que en esa novela corta, el creador de Frankenstein murió a manos de su propia criatura.

El modelo que quiere implantar el Gobierno es no afectar a Televisa y desalentar a América Móvil para que no entre a la televisión restringida.

Lo que se tiene que hacer es enfrentar frontalmente a los 2 monopolios y aplicarles la ley.

Impedirle la entrada a América Móvil a la televisión restringida y desincorporarle canales de televisión a Televisa.

No hay de otra. Nosotros como legisladores debemos tener presente que nuestras decisiones producen consecuencia, y que somos responsable de ellas.

En lugar de blindar a Televisa en su operación de compra de Cablecom, en el noveno transitorio del dictamen, se debe proteger la autonomía del IFETEL.

Lo que se va a votar es perpetuar la desinformación, la vanalidad y la enajenación de un modelo mediático, es mantener los negocios entre políticos y empresarios.
La forma para enfrentar los monopolios es con un Estado fuerte, que cumpla sus funciones y fines adecuadamente, un Estado que regula la economía, que sea árbitro y no un jugador tramposo.

La empresa que ha puesto de rodillas al poder político de este país ha maniobrado desde años atrás. No es alguien desconocida por muchos de nosotros.

Recordemos la Ley Televisa de hace 8 años, la manera como construyó la candidatura del actual Presidente de la República.

Cómo ha impulsado en el Congreso su propia telebancada.

Recordemos cómo consiguió que se le perdonaran sus deudas fiscales al inicio de este sexenio, y cómo logra, subrepticiamente modificar minutas para cambiar una sola palabra: “Comprar”, por “Adquirir”.

Un Estado fuerte no es sólo un Estado que recauda o al que se le teme porque destituye gobernadores, o al que primero promueve a las autodefensas y luego las encarcelas, sino aquel donde sus instituciones políticas son verdaderos contrapesos, instituciones que cumplen con la misión que le es propia.

No podemos decir que fortalecemos la institucionalidad, cuando el Ejecutivo ha impuesto un cronometro al Congreso, para que apruebe leyes al vapor, y al Senado, sea replegado a su voluntad.

La administración actual, lo que ha hecho es violentar la independencia del Congreso; como los asesinos que esconden al muerto y para esconderlo cometen errores que los delatan; así ha actuado una parte del Congreso, en conciliábulos secretos se discuten las iniciativas.
Discusiones no entre parlamentarios, sino con representantes del Ejecutivo, a hurtadillas se trabaja sin que la sociedad se entere.

El gobierno y sus cómplices, voluntarios e involuntarios en el Senado, han tratado de convertir iniciativas trascendentes en dictámenes de urgente y obvia resolución.

En un paso de lista, donde se vota y calla, violando el principio de separación de poderes, el Ejecutivo se ha metido hasta la cocina del Senado.

Los grupos parlamentarios van a Los Pinos o a sus oficinas alternas, el PRI está desaparecido. Su única preocupación, es que el dictamen sea votado por sus senadores; su preocupación es que asistan a las sesiones.

De las 15 intervenciones que defendieron el dictamen en comisiones unidas, el día de antier, solo dos correspondieron al PRI; siete estuvieron a cargo de senadores del PRD ; y cuatro a cargo de senadores del PAN; el gobierno deja a la oposición que justifique su dictamen o por lo menos a una parte de la oposición.

Se ha cancelado el debate en lo particular en las comisiones, que es el instrumento de la deliberación especializada y a su vez la esencia de la vida parlamentaria.

Como nunca en la vida del Senado de la República, se han violentado los procedimientos legales y reglamentarios. Como nunca en la historia del Senado.

Todo se subordina para cumplir la instrucción al Presidente de la República, que emitió desde España.

Lo cito textualmente: “Esto deberá ser abordado antes del 15 de julio”

Venimos de un régimen autoritario y el Congreso que tiene un proceso de maduración y de crecimiento de apenas 20 años, por eso es lamentable que uno de los episodios que reclaman que seamos protagonistas, claudiquemos a ser el eje articulador de la transición democrática.
La consecuencia de las prisas, es que se trastoca a las instituciones básicas, cuando es el momento en que deben actuar a la altura del desafío que se vive.
Solo con una clase política cohesionada, y con una oposición que tenga plena conciencia histórica de su papel, frente a la regresión que vivimos, es como se podría asumir la responsabilidad y estar a la altura de las circunstancias.
En los siguientes espacios de mis intervenciones, voy argumentar las razones de mi oposición al dictamen, en los temas que he reservado.

Pero en esta ocasión, porque estoy absolutamente convencido, de que el dictamen va en contra de los principales objetivos de la reforma constitucional, he planteado un voto particular sobre la totalidad de los artículos del dictamen.

Y a todos ustedes, especialmente a mis compañeros de partido, les pido que emitan un voto de conciencia, sí; pero que anteponga el interés general, por encima de los intereses personales o de grupo.

Hay que recordar, una vieja…

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiempo, señor senador.

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: … excitativa de Manuel Gómez Morín: “Aquí nadie viene a triunfar ni a obtener, sino a decidir lo que sea mejor para México”

Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna, para presentar voto particular, en términos del artículo 199 del Reglamento, hasta por diez minutos.

Le pido a las senadoras, senadores, ser respetuosos del tiempo.

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Vengo a presentar un voto particular en contra, a nombre de la senadora Lorena Cuéllar, el senador Isidro Pedraza y la de la voz.

Ciudadanas y ciudadanos senadores: Asistimos en esta sesión, a una verdadera encrucijada histórica.

Del voto de cada uno de nosotras y de nosotros, depende que condenemos a la sociedad mexicana, a décadas más de dominio y control de un monopolio de la opinión pública y que extendamos ese poder a las nuevas plataformas de comunicación e información, como son el Internet, la televisión restringida y los dispositivos móviles; o alcanzar la pluralidad, la diversidad de contenidos, la garantía de nuestros derechos como audiencias.

De nuestro voto, también depende que cumplamos o traicionemos la promesa de democratizar el régimen de medios de comunicación y garanticemos el acceso de millones de mexicanas y mexicanos a la sociedad de la información o prolonguemos décadas de malos contenidos, de analfabetismo digital, de programas insulsos, porque eso es lo que quiere, entre comillo: “Una clase modesta muy jodida, que no saldrá de jodida” Como dijo en su célebre discurso, Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre”.

El menosprecio a sus propias audiencias, ha sido la característica de este modelo comercial televisivo.
De nuestro voto depende que controlemos y regulemos a un monopolio abusivo en telefonía, pero también que garanticemos que esos abusos y esa fortuna multimillonaria de un magnate como Carlos Slim, no se reproduzca ahora en los dueños del duopolio televisivo.

No se trata de que México deje de ser “Territorio Telcel”, para convertirse en “Territorio del Canal de las Estrellas”

El objetivo es que sea una república democrática, que no dependa de los poderes fácticos.
Si tomamos este dictamen, sin las modificaciones indispensables, el Senado estará perdiendo este momento histórico irrepetible.
Desde 1960 no se redactaba una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, y desde 1995, la Ley Federal de Telecomunicaciones había tenido cambios mínimos

Los intentos de cambio democrático, siempre se vieron frustrados por el veto de los poderes monopólicos. Las contrarreformas de los últimos años han sido señaladas, la Ley Televisa en 2006 o los continuos privilegios de los 12 años de Presidencias panistas.

Nuestro mandato constitucional claramente expresado en la reforma del año pasado, era elaborar una ley convergente de ambos sectores, no una ley que protegiera a unos monopolios para combatir a otros.

Nuestro mandato ciudadano, desde las protestas de los jóvenes de 2012, era democratizar los medios de comunicación y defenderlos derechos de información, de libertad de expresión, derechos de las audiencias y de los usuarios.
Nuestro compromiso como legisladoras, legisladores, es construir una república democrática, no una telecracia autoritaria.
Por esta razón estamos en una encrucijada histórica. Si no entendemos este momento, si solo tenemos la mira en el próximo cargo de elección popular, en el rating engañoso en la pantalla, estaremos traicionando no solo a nuestro partido y nuestros electores, estaremos traicionando a la sociedad mexicana.

En este voto particular, expresamos al menos diez razones para expresar nuestra oposición, a este dictamen que contiene graves violaciones a la Constitución Política.

1.- La Constitución señala que se otorgarán concesiones de uso social, mediante asignación directa. Los medios de uso social incluyen a los comunitarios y a los indígenas.

Estos son indispensables para la existencia de la pluralidad. El respeto a la libertad de expresión e información.

Sin embargo, encontramos en este dictamen, un claro régimen de discriminación hacia estos medios.

Estamos legalizando su marginalidad y la exclusión de estos medios.

En primer lugar, porque se establece como plazo máximo para este tipo de concesiones, 15 años en lugar de los veinte de uso comercial.

En segundo lugar porque no se facilita el proceso, los requisitos generan incertidumbre jurídica, el dictamen viola los estándares de una radiodifusión libre e incluyente, de la organización de estados americanos, prohíbe a los concesionarios de uso social el legítimo derecho que tienen a percibir ingresos por publicidad, contrario a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia que confirmó la obligación del Estado Mexicano a no discriminar y permitir que los medios comunitarios recibieran ingresos por publicidad.

El dictamen limita el acceso a fuentes de financiamiento: primero, a limitar la publicidad a entes públicos federales y estatales al 1% de sus presupuestos; segundo, a que nunca puedan exceder al 6% del total de transmisión en televisión y 14% a la radio, frente al 38% y el 40% que se les permite en este dictamen a los comerciales.

El dictamen privilegia el modelo comercial y menosprecia a los medios públicos, y este es el segundo tema en contra de lo establecido en la Constitución. No se les garantiza ni la independencia editorial, ni la autonomía de gestión, ni reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas, ni opciones de financiamiento, el dictamen pone en riesgo la existencia misma de verdaderos medios públicos que quedan una vez más a expensas del control gubernamental.

Tres, el tema de preponderancia es una clara violación a la letra y al espíritu de la reforma constitucional, el dictamen propone copiar lo que dice la Constitución como si eso resolviera de un plumazo la polémica que hay en torno a la definición de preponderancia por sector o por servicio. Este Senado no puede rehuir a su obligación de dar reglas claras y precisas en este tema, es de asumirse que la preponderancia sea por sector, simplemente no existirá un preponderante en radiodifusión porque este sector se compone de dos servicios: de radio y de televisión abierta.

Entonces la finalidad de la reforma constitucional sería ignorada en cuanto a televisión abierta. Asimismo, se dejarían fuera otros servicios de telecomunicaciones donde existen agentes económicos preponderantes en servicios de telefonía y de televisión de paga, volveremos al tema en otro momento.

El dictamen vulnera el mandato constitucional para darle autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la Constitución jamás se reservaron facultades especiales en cuanto a contenidos de radiodifusión y audiovisuales para la Secretaría de Gobernación. Preservar la vigilancia del Ministerio Público por excelencia es subordinar la lógica del control y vigilancia presidencial sobre los contenidos.

Cinco, en el capítulo de colaboración con la justicia el dictamen mantiene la restricción de los derechos humanos porque omite cumplir con los criterios mínimos para poder restringir el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y muchos otros derechos, a que haya una causa de persecución de un delito. Se mantiene la obligación de la geolocalización de un equipo móvil en tiempo real, lo cual constituye un quebranto a la privacidad del usuario sin siquiera sujetarlo a que éste esté en alguna investigación por delito grave.

Seis, los derechos de las audiencias tal como están redactados en el dictamen constituyen letra muerta, se limitan no sólo los derechos, sino también se les priva de los mecanismos para su protección efectiva. Es el colmo que se proponga sancionar a los defensores y defensoras de las audiencias, y no a los medios de comunicación que violen estos derechos.

El principal derecho de la audiencia es el equilibrio entre contenidos informativos y de entretenimiento y contenidos de publicidad, lo cual se viola abiertamente. Se privilegia el incremento de los tiempos de publicidad a favor de los concesionarios y en detrimento de las audiencias, se utiliza la producción nacional y la producción nacional independiente no para fomentar la cultura, las manifestaciones nacionales y la promoción de valores cívicos, como ocurre en otros países, sino para justificar el regalo de un incremento de 2% y 5% más de publicidad por cada 20% de contenidos nacionales propios o contenidos independientes.

Hay una total ausencia de la obligación de la alfabetización mediática, y el dictamen ignora los mecanismos efectivos para que las recomendaciones del defensor o defensora de las audiencias se respeten. El dictamen sólo hace referencia a los tiempos del Estado, que seguirán regulados por la Secretaría de Gobernación, e ignoran los llamados tiempos fiscales que son necesarios para difundir campañas políticas, están dando un nuevo regalo a los concesionarios de la televisión y radio comerciales, la publicidad de impugnar vía amparo la inaplicabilidad de los tiempos fiscales.

Siete, se ha presumido mucho que se incorporaron los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo, el dictamen vuelve a establecer discriminaciones claras, propone que sólo exista subtitulaje e interpretación en lenguas de señas en un segmento y en al menos uno de los programas noticiosos, además se agrega un transitorio en el cual los únicos obligados a ello serán las señales que cubran más del 50% del territorio nacional y únicamente en sus transmisiones de 18 a 24 horas.

Esto es un insulto a la sociedad y una discriminación clara a más de cinco millones de mexicanas y mexicanos que viven con algún tipo de discapacidad.

Ocho, en materia de propiedad cruzada la Constitución señala que deben imponerse límites a aquellas compañías que controlen varios medios de comunicación y radiodifusión y telecomunicaciones. El dictamen simplemente convierte a la propiedad cruzada en un elemento decorativo con medidas insuficientes y que nunca podrán utilizarse como un medio efectivo para el combate a la concentración de los medios.

Nueve, hay un claro retroceso en materia de must offer y must carry, es decir, la obligación constitucional de ofrecer los contenidos de televisión abierta para su retransmisión en televisión restringida, en el primer caso, y la obligación de los concesionarios de televisión restringida de incluir todas las señales de televisión abierta, comerciales o no de manera gratuita.

El dictamen propone adicionar a la Ley Federal de Derechos de Autor que ésta retransmisión será gratuita, excepto por lo que hace a los derechos de autor y conexos, con lo que se abre la posibilidad de que se exijan cobros por regalías por parte de las televisoras. Esto dará paso a ignorar las disposiciones de retransmisión que establece hoy la Constitución.

Décimo, el 9º transitorio que se incluyó en el dictamen es gravísimo, no sólo porque se le permite a uno de los agentes preponderantes seguir adquiriendo y concentrando el mercado de la televisión de paga, lo grave de la llamada “cláusula Cablecom” es que vulnera la obligación de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realice los análisis conducentes para autorizar o no una concentración, es un salvoconducto para legalizar el monopolio.

Estos son tan sólo algunos ejemplos muy graves que consideramos vulneran anticonstitucional, que se vuelven anticonstitucional este dictamen. Por esta razón, insistimos, no se puede dejar pasar esta oportunidad histórica. Si no se incorporan estos cambios estaremos confirmando los peores temores de la sociedad mexicana, que sus representantes son dominados por los intereses monopólicos.

Esta es la encrucijada, compañeros senadores y senadoras. Si la desaprovechamos las generaciones de mexicanos que vivirán bajo este régimen discriminatorio, violatorio de los derechos fundamentales, nunca se los perdonarán, y esto es un verdadero retroceso histórico.

Es cuanto. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senadora.

-Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en términos del artículo 199 del Reglamento, hasta por diez minutos para razonar su voto.

-Por favor, Senador.

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Antes de iniciar mi intervención, y le pediría que no corriera el reloj, quisiera…