VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR SENADORES DEL PAN, PRD, Y PT EN TORNO A LA PRESENTACIÓN DE UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO -: Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Felicidades a las Lupitas, si hay alguna por aquí.
Para informarles de dos asuntos que hemos promovido, senadores y senadoras del PAN, del PT y del PRD. Son dos acciones de inconstitucionalidad que hemos presentado a la Corte.
Una, respecto del IVA en las fronteras, que el senador Ruffo va a explicar y posteriormente yo explicaré la acción que metimos también a la Corte, en materia de deuda pública. Adelante senador Ruffo.
SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL -: Senador Delgado, muchas gracias; muy buenos días.
Efectivamente, fundados en el Artículo 105, Fracción Segunda, de acuerdo a ese concepto constitucional, una tercera parte de los legisladores, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, tienen la base para demandar una acción de inconstitucionalidad.
En el caso del IVA en la frontera, cuento con la firma de 59 senadores y están tres más por agregarse a la lista, de modo que podríamos pensar que se cuenta con 63, casi lo necesario en aquel momento para haber ganado la votación.
Pero esto se da en esa razón porque hay senadores que votaron por la homologación del IVA en la frontera y sin embargo, al ver los razonamientos de inconstitucionalidad, entonces decidieron acompañar esta acción.
Para el caso específico del tema del IVA, argumentamos que se violan los principios de razonabilidad y racionalidad.
Se violan los de razonabilidad legislativa al que obligan los Artículos 16; 31, Fracción Cuarta; 49 y 134 de la Constitución Federal, en virtud de que los motivos y argumentos de justificación que dieron lugar a la reforma para incrementar la tasa del IVA, fueron falsos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en jurisprudencia, en el sentido de que la función legislativa encuentra su límite en que las normas creadas sean racionales.
Cada uno de los argumentos que sirvieron de base para aprobar la homologación de la tasa al IVA, no cumple con esa racionalidad y razonabilidad, como la Constitución obliga.
A saber, cada uno de los argumentos que sirvieron de base para aprobar la homologación de la tasa, no acreditan el decir, según estas razones constitucionales.
Respecto a la tasa de diferencia, que dice que no se da un trato equitativo a los contribuyentes; se encontró que tal argumento es falso y además es contrario a los sendos criterios expresados por la Suprema Corte, relativos a que, como las zonas fronterizas compiten con los países vecinos, su población tiene la posibilidad real de cruzar la frontera para consumir los bienes y servicios que necesitan en el extranjero, modificando los patrones del consumo.
Por lo tanto, la situación de los contribuyentes de frontera y del interior del país, no son iguales, por lo que no se le puede tratar igual y esto hace precisamente que se violen principios de equidad tributaria.
Respecto a la tasa diferenciada en zonas fronterizas, propicia una menor recaudación; fue el argumento del Ejecutivo.
Al respecto, el SAT, en respuesta a una solicitud de acceso a la información, rinde testimonio que los ocho estados fronterizos están dentro de las 10 entidades federativas que más IVA pagan, a pesar de la tasa del 11 por ciento.
Así pues, los estados de Baja California estado Sur y la parte norte, y el estado de Quintana Roo, así lo acreditan.
Respecto a que ya no se justifican las razones por las que se tuvo una tasa diferenciada por alejamiento de las zonas fronterizas, en la demanda se demuestra que los motivos para haber creado tasas diferenciadas en el IVA, nunca tuvieron que ver con razones de aislamiento.
Se expone que la política fronteriza deviene de la época del ex Presidente Cárdenas. Sus fundamentos fueron el desarrollo económico, competitividad, fortalecimiento de la entidad nacional de los territorios de la Baja California y Quintana Roo, en aquella época.
Respecto a la tasa diferenciada, no beneficia al consumidor final.
El Ejecutivo tuvo la omisión, en su análisis, de establecer el impacto económico que tendría esta adecuación a la Ley del IVA.
Los estudios presentados por el Colegio de la Frontera, sí demuestran los impactos que tendrá de incremento de la tasa con el debido análisis de los precios.
El Ejecutivo argumentó que no hay país alguno que tenga tasas diferenciadas de IVA en las zonas fronterizas.
Se demuestra a la Corte cómo los países con los que se compararon a México, en efecto, no requieren tasa diferenciada, debido a que tienen tasas menores a los países con los que hacen frontera.
Respecto a que no son exigibles constitucionalmente los motivos extra fiscales de una tasa diferenciada:
El Artículo 25 Constitucional obliga a que en toda acción económica del Estado, se garantice la competitividad y el desarrollo económico y por lo tanto son exigibles constitucionalmente.
Se ataca la violación a los artículos Primero y 133 Constitucionales en relación al Artículo 29 del Pacto de San José, ya que, se dice, no se procuró la máxima protección a los derechos de los contribuyentes.
En resumen, entonces: El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, sólo justificó en su propuesta realmente el derivado de los problemas para administrar y cobrar la tasa del IVA en la frontera.
Por lo demás, creemos que en esta acción de inconstitucionalidad, mediante la resolución de la Suprema Corte, el IVA en la frontera no debe de ser homologado.
Muchas gracias.
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO-: Gracias senador. La otra acción de inconstitucionalidad, fue respaldada por 44 senadores y senadoras de las fracciones parlamentarias que comenté: del PAN, del PRD, del PT y también la compañera Layda Sansores. Cuarenta y cuatro, el número que necesitamos.
¿De qué se trata esta acción? Fue presentada el 6 de diciembre pasado, ante la Suprema Corte de Justicia. Incluso ya sabemos que le fue asignada al ministro Cosío, para su atención.
¿De qué se trata? De que en la Ley de Ingresos de 2014, en el Artículo Segundo, se establecía ampliar el déficit presupuestal de 2013, por 70 mil millones de pesos más, porque Hacienda dijo que se le podían caer los ingresos en el último trimestre.
Bajo un supuesto, pide una ampliación de la deuda, que no justifica cuál va a ser su destino. Lo más grave es que viola la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
¿Qué dice la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria?: Ante una caída en los ingresos, el gobierno debe, en primer lugar, reducir los gastos en comunicación social.
En segundo lugar, reducir los bonos extraordinarios en personal y demás.
Tercero: Debe someter a un programa de ahorro a todas las dependencias públicas del Gobierno y no afectar el gasto que vaya a disminuir los servicios públicos.
Es decir, se ordena en la ley una reducción de gasto corriente, no una reducción de gasto que afecte en servicios públicos ni una reducción de gasto que podría ser inversión que evidentemente en una época de recesión no conviene reducir.
Sin embargo, está bien diseñada la ley; dice: Sólo ajustas el gasto corriente.
¿Qué dice el Presidente Peña?: Pues a mí no me metan en esas molestias de reducir gasto en comunicación social; no quita un solo spot y prefiere que el Congreso le dé más deuda. Es un cheque en blanco por 70 mil millones de pesos adicionales.
Y además eso lo mete en una ley que tendría vigencia a partir de enero del 2014, por lo tanto no podría ser retroactiva. Entonces viola el principio de anualidad de la Ley de Ingresos y es una retroactividad que además va en contra de lo que dice la propia Ley de Deuda y lo que dice la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se anulan todos los ordenamientos que vayan en contra de estas leyes. Entonces, eso es lo que se combate.
Si se repitiera este mecanismo, ¿por qué es tan peligroso? Porque ya se pierde seriedad en la aprobación de la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos.
Se pierde este equilibrio de poderes que tenemos diseñado en nuestro país, donde los representantes de la gente decidan los impuestos y los gastos y que el Ejecutivo simplemente haga lo que el Congreso le ordena. Aquí se perdería este balance.
¿Qué podría pasar el año que entra o qué podría pasar en los siguientes ejercicios?: Que simplemente Peña haga lo que quiera y al final del año llegue y diga: “Oigan: ¿Me regularizan esta deuda que me pasé”? Entonces se pierde toda seriedad en la anualidad de estas dos leyes, y este principio de ingreso, y de gasto, y de balance presupuestal.
Eso es lo que se combate de fondo, que se puede de aquí para adelante hacer un mecanismo pues ya, que flexibiliza absolutamente la deuda, el déficit público, y el gasto, y la ley de ingresos.
Se viola, todo esto se viola y es lo que queremos combatir, que el Ejecutivo se ajuste a lo que le autoriza el Congreso.
¿Qué perseguimos?: Que se declaren nulos todos los contratos o cualquier acto jurídico relacionado con la contratación de deuda pública, por estos 70 mil millones de pesos adicionales.
Que se ordene al Ejecutivo Federal que exponga las causas económicas, financieras o de cualquier otra naturaleza, que justifiquen la necesidad de mayor endeudamiento en los años de 2013, que ni siquiera justificó por qué. Dijo: se me van a caer los ingresos, entonces dame más de una.
Que se ordene al Ejecutivo Federal que informe sobre el destino de la deuda contratada, en particular su aplicación a inversión pública productiva.
Otro agravio: Pide más deuda diciendo que se le van a caer los ingresos pero se olvida de que la deuda sólo tiene un destino, como lo señala el Artículo 73 de la Constitución, que debe ser inversión pública productiva que genere además ingresos adicionales.
Por lo tanto, no podría destinar un mayor endeudamiento a financiar gasto corriente y por las cuentas que tenemos sabemos que hay grandes subejercicios en el área de infraestructura, en el área de inversión y donde le faltan recursos es en el gasto corriente y para no reducir gasto corriente está pidiendo deuda, lo cual evidentemente es ilegal.
Cuatro. Se propone que cada acto de contratación sea sometido al Congreso para su aprobación y que se ordene a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, que en lo sucesivo la autorización de déficit fiscal se condicione a la aplicación de medidas de austeridad establecidas en la Ley General de Deuda Pública y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Además del 2013, que se combate en la Ley de Ingresos del 2014, también estamos pidiendo a la Corte que de una vez haga la evaluación de la forma en cómo se ha venido contratando la deuda pública en nuestro país.
La Constitución, dice: Que es el Congreso el autorizado para contratar la deuda y lo que se ha venido haciendo es que se le pide al Congreso un techo y el Ejecutivo autoriza, lo cual pues da origen a los abusos que ya hemos visto.
Por eso, pedimos que también para el 2014, la forma en cómo se procedió por parte del Gobierno a pedir la mayor deuda desde 1989, que hemos tenido el mayor déficit público que se está solicitando para el 2014, es ilegal la forma en cómo la hizo.
¿Por qué? Porque, otra vez, la ley dice que antes de pedir mayor déficit, tiene que haber un ejercicio de racionalidad del gasto. Y no tenemos, en toda la documentación que se presentó para 2014, en todo el paquete presupuestal, no hay ninguna medida que racionalice el gasto público. Por lo tanto, no puede pedir de manera libre una ampliación del déficit.
Y por eso, también, es que pedimos que sea el Congreso quien autorice cada acto de contratación, para no viciar lo que establece la Constitución.
Son esas dos acciones de inconstitucionalidad que se han presentado por distintos senadores y senadores de la República.
No sé si alguien más quiera agregar algo. O si hay preguntas, estamos a sus órdenes. ¿Todo claro? Muchísimas gracias.
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
REPORTERO: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge Franco de 7/24. Me gustaría conocer la ruta crítica que seguirían, digamos, las acciones. ¿Cómo esperan que esto vaya evolucionando? Ahorita lo están presentando, más o menos los tiempos. ¿Cómo esperan que vaya evolucionando? Y me gustaría conocer también la opinión del senador Manuel Bartlett en torno al caso.
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Bueno, primero, ya la del IVA se presentó el día de ayer. ¿O se presentó hoy? Se presenta… mañana se presenta la controversia, el IVA en fronteras. ¿Por qué? Porque hasta ayer se publicó esa ley.
La Ley de Ingresos se publicó el 5, la semana del 5 de diciembre; por eso lo presentamos el 6 y ésta ya va más avanzada, ya sabemos que el turno le corresponde al ministro Cosío y vamos a esperar. Quisiéramos tener una respuesta antes del 15, que ellos se van de vacaciones; pero déjenme decirles que esto no, digamos, queda caduco o fuera de lugar porque también se está en controversia respecto del 2014.
Pero ahorita, el abogado Gil seguramente nos describirá mejor la ruta que seguirá en la Corte.
Déjenme decirles que lo que se aprobó desafortunadamente el día de ayer en el Senado, este mecanismo para que los ingresos de los nuevos contratos se depositen en otro fideicomiso hace de la mayor relevancia lo que aquí estamos combatiendo, porque justamente ahora va a tener más recursos Peña Nieto que va a poder manejar de manera absolutamente discrecional y simplemente va a llegar cada año a pedirle al Congreso que le vuelva a autorizar un cheque en blanco. Pero, le paso el micrófono al senador Bartlett.
SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Bueno, desde luego nosotros hemos apoyado a estas dos posiciones de los senadores, lo fuimos analizando en relación con sus argumentos.
Por lo que respecta al IVA en la frontera, siempre consideramos que el IVA a final de cuentas es un impuesto regresivo. Estamos en contra en principio, en general, del IVA como camino para la recaudación. Y desde luego, el haberlo impuesto en la frontera pues significó, además de ese carácter regresivo y que tiene sin duda un efecto sobre la población, ya no nada más sobre la capacidad de competencia o competitividad en la frontera y la relación que existe en ese fenómeno de la convivencia con la frontera norteamericana.
Se subrayó mucho la cuestión de la competitividad de empresas, etcétera. Pero lo que no se ha analizado es el efecto que va a tener sobre la población, que va a tener encarecimientos en situaciones ya de por sí bastante complicadas. De manera que apoyamos con plena conciencia del valor del senador Ruffo, estamos con él
En relación con el otro tema, es igualmente grave que estas medidas abusivas de los Ejecutivos, porque este es un camino que se ha venido siguiendo, estar gobernando con deudas y violar el artículo esencial que establece que la deuda no tiene más objetivo, digo, no tiene más justificación que cuando se aplica para fomentar el desarrollo y no para el gasto público. Y en este caso pues es puro gasto público y viola, como aquí ya lo expresó con todo detalle el senador Delgado, viola principios evidentes; no hace ningún ajuste, y no nos extraña que no haga ningún ajuste en comunicación social, porque ese es el instrumento y el aceite con el que gobiernan en esta dictadura mediática en donde desde luego pues no va a tocarle un hilito a este tipo de gastos y mete a la población a pagar un crédito más, o sea, una deuda más.
Los dos planteamientos son válidos y de una gran importancia y la utilización del recurso que queda, que es el de la acción de inconstitucionalidad, ustedes saben que es un principio que favorece a las minorías. Es decir, cuando en el órgano legislativo las mayorías violan la Constitución, las minorías tienen ese derecho, es una institución relativamente nueva, tienen el derecho de acudir a la Suprema Corte para echar abajo la violación constitucional que cometieron sus propias mayorías.
En este caso es eso, la mayoría del Senado vota violando los principios constitucionales.
Este instrumento es, por otro lado, bastante restrictivo. El nivel de, el número que se requiere para ejercerlo es el 33 por ciento, no es nada fácil. Si comparamos esta institución a nivel mundial, es de los países que tienen más alto el obstáculo, de los más altos, diseñado para realmente para mantener un freno a las acciones de inconstitucionalidad que no es correcto. En este caso está cubierto por creces este porcentaje, lo cual señala que tiene realmente un apoyo importante y una fuerza y una racionalidad atrás realmente de importancia. De manera que estamos nosotros convencidos de que la Suprema Corte tendrá en este caso que proceder como se les está pidiendo.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenos días tengan todos ustedes. En efecto, se trata de un proceso constitucional que interpone una minoría parlamentaria en contra de una decisión mayoría. Y es quizá la primera ocasión en la cual se interpone una acción de inconstitucionalidad contra una norma de carácter fiscal.
Debemos recordar que una vez que se presenta la acción, se turna a un ministro ponente, cosa que ya sucedió. El ministro tiene que determinar las condiciones de la instrucción, si hay o no suspensión. En este caso, no procedía la suspensión en razón de que no ha entrado en vigor la norma fiscal; esto sucederá hasta el primer día del mes de enero en el caso del IVA en fronteras. Y en el caso de la deuda, la deuda aplicable a 2013 ya está en vigencia y, en consecuencia, tendrá el ministro instructor que determinar qué determinaciones debe asumir en función de la entrada en vigencia de esa norma. Después tendrá que venir el proceso en el cual se elabora el proyecto y será turnado al Pleno de la Suprema Corte para su decisión final.
Es muy importante precisar que lo que estamos buscando en esta acción de inconstitucionalidad no es solamente la nulidad o la anulación de esa reforma fiscal en las partes que ya fueron mencionadas, sino sobre todo que la Suprema Corte de Justicia fije un criterio sobre la razonabilidad de ciertas medidas impositivas y sobre todo sobre la forma en la que se deben aprobar y acreditar la deuda para la deuda pública.
Como ustedes saben, lo que hizo o lo que propuso el Ejecutivo Federal y que resolvió el Congreso o una mayoría en el Congreso, fue ampliar el margen de la deuda autorizada para 2013; es decir, para un ejercicio que ya estaba por concluir y dice claramente la ley que cualquier determinación de deuda tiene que venir justificada no solamente en función de sus destinos, sino también de la forma y condiciones en la que habrá de ser pagada esa deuda. Dice claramente la ley que antes de determinar el endeudamiento público se debe definir en qué plazo, en qué condiciones y sobre qué fuente de financiamiento habrá de ser pagada la deuda que se contrae.
Lo que estamos buscando es justamente que la Suprema Corte de Justicia fije un criterio vinculante hacia adelante, que le diga al Ejecutivo y al Congreso las condiciones, las modalidades y las dimensiones de aprobación no solamente de impuestos, como es el caso del IVA en fronteras, sino también sobre el endeudamiento público.
Debo también decir que tenemos un recurso en la Constitución que fue aprobado en la reforma en materia de amparo que le permite al Pleno del Senado pedirle a la Suprema Corte de Justicia que le dé trámite prioritario a un caso que tenga bajo su conocimiento. Daremos un espacio para que la Suprema Corte pueda determinar los tiempos de esta acción de inconstitucionalidad, pero de ser el caso utilizaremos esta figura precisamente para señalar la urgencia y la necesidad de que en un plazo muy perentorio, en un plazo muy corto, en un plazo breve, la Suprema Corte de Justicia pueda resolver esta importantísima acción de inconstitucionalidad que no solamente tiene que ver con el desarrollo del país, sino sobre todo, sobre la forma en la que el gobierno está gestionando el endeudamiento público.
REPORTERO: Buenos días, nada más preguntarles, ¿en qué va la Comisión Nacional Anticorrupción y también la reforma política del DF.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Sobre la Comisión o el Órgano Anticorrupción estamos en una aproximación prácticamente al 90 por ciento en las negociaciones entre los grupos parlamentarios que integran estas Comisiones de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana que son las dos comisiones que dictaminan las iniciativas que se han presentado sobre el tema.
Estamos intentando que logremos un acuerdo en las próximas horas, a ver si es posible que el día de mañana durante la sesión pudiera darse una primera lectura y en una sesión posterior poderla discutir y votar. Hay algunas zonas todavía que no están resueltas, fundamentalmente cómo nombrar los órganos internos de control; hay dos posiciones muy claras, una de ellas es la que nosotros hemos sostenido, que los órganos internos de control dependan del órgano anticorrupción, y hay otra posición en la cual se sostiene que los órganos internos de control deban convertirse en una especie de unidades de acción preventiva y que dependan de las dependencias. Son las posiciones que ahorita todavía no se han resuelto, se están debatiendo modelos y esperamos, si resolvemos este corchete, poder tener ya un dictamen en las próximas horas.
Lo mismo sucede con la reforma del Distrito Federal, estamos también analizando algunos de sus contenidos y si hay acuerdo pues podemos pasar al Pleno en las próximas horas ambos dictámenes.
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: En el caso de la reforma política del Distrito Federal hay algunas observaciones por parte de algunos senadores y senadoras del PAN en este caso; pero tenemos el compromiso del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Burgos, de que vamos a sacar adelante en este periodo legislativo la reforma política de la Ciudad de México.
La verdad es que hay un consenso muy amplio en torno al proyecto de dictamen que está circulando, variaría pues de manera mínima para incorporar las observaciones que sean pertinentes; pero esperamos, tenemos la convicción de sacarlo en este periodo legislativo. A más tardar tendríamos que sesionar mañana para que pasara al Pleno y quedara aprobado antes del 15.
REPORTERO: Buenas tarde senador, senadores. Senador Gil, le quiero preguntar, ¿cómo va el proceso de la minuta de la reforma política? Si, ¿hay ya acuerdo? ¿Estarían avalando los cambios que hizo la Cámara de Diputados o ustedes piensan rechazarlo? Me gustaría que nos platicara un poquito de eso, gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Como ustedes saben, la Cámara de Diputados hizo 5 cambios a la minuta que envió la Cámara de Senadores en materia de reforma política. El trámite parlamentario establece que debe analizarse en las comisiones dictaminadoras, en este caso en la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos, Segunda y en función de ello, el Senado tiene dos posibilidades de pronunciamiento. Por un lado, allanarse a lo modificado por la Cámara de Diputados o insistir en el contenido original de su dictamen.
En principio, Acción Nacional estaría por insistir en el contenido original de la reforma política, pero también entendemos cuáles han sido los argumentos que han utilizado la Cámara de Diputados para las modificaciones. Pero básicamente nosotros, nuestra posición sería sostener lo aprobado originalmente por la Cámara de Diputados, perdón por la Cámara de Senadores.
Estamos a la espera de la convocatoria de la Comisión de Puntos Constitucionales para discutir esta minuta. Pero lo cierto es que en Acción Nacional tenemos claridad de que debemos aprobar y mantener, sostener la posición original que motivó la votación en la Cámara de Senadores.
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