Cierre de los trabajos ordinarios de la Sexagésima segunda y tercera Legislaturas
Intervención PT-morena. Senador Manuel Bartlett Díaz.
El Partido del Trabajo se integró como Grupo Parlamentario en la Sexagésima Segunda legislatura con cinco senadores elegidos en una alianza encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Concluimos siendo diecinueve, la tercera fuerza, por la valerosa y valiosa incorporación de senadores de otras fuerzas a morena y a nuestra fracción parlamentaria, nos han fortalecido. Mi reconocimiento.
El PT ha sido, desde el primer día hasta hoy, oposición a la representación legislativa del gobierno neoliberal, antisocial y antinacional del Presidente Enrique Peña Nieto.
La oposición es indispensable en un régimen democrático, deriva de un mandato expresado en las urnas que debe representarse nítidamente en el debate y las decisiones del legislativo. Lo hemos hecho. Nuestras intervenciones que sustentan está intervención están registradas en Diario de los Debates del Congreso de la Unión y listas para publicarse íntegramente.
Inicio el análisis del trabajo del Senado con el acuerdo fundador del sexenio, el llamado Pacto por México, suscrito por el PAN y el PRD con el PRI, en franco apoyo al Presidente Peña Nieto. Catálogo de “compromisos” neoliberales determinados por la OCDE, organismo internacional, instrumento de los poderes hegemónicos.
El “Pacto” construyó una mayoría en el Senado, ajena a sus propios electorados e ideologías, que permitió a sus cúpulas imponer reformas constitucionales y legales, disolventes de principios esenciales de la nación mexicana para crear un entramado jurídico acorde a intereses transnacionales y oligárquicos nacionales.
Piezas determinantes, las llamadas reformas estructurales, bajo la pretendida defensa del libre mercado, la competencia, el combate a los monopolios, la inversión extranjera, instauran una estructura de apertura total del territorio y patrimonio nacionales con garantías exorbitantes a la operación de intereses foráneos, sin defensa de los nacionales, sometidos al “poder” hegemónico del mercado”.
· Reforma Energética: privatización de los hidrocarburos, no solo extracción, toda la industria petrolera (ductos y demás instalaciones petroleras); el deterioro de la refinación para importación y entrega del mercado nacional de las gasolinas. Entrega de la electricidad y sus instalaciones Las ahora llamadas empresas productivas del Estado, Pemex y de la CFE través del tramposo modelo corporativo, diseñado por la OCDE, quedan ya prácticamente como empresa privadas.
· Las Telecomunicaciones y la radiodifusión: abiertas cien por ciento a la inversión extranjera, abriendo el espectro radioeléctrico y el espacio aéreo, al alcance ya de los grandes oligopolios mediáticos, en detrimento de la información y la cultura nacionales.
· La Reforma Educativa: conforme al designio de la OCDE orientada a la privatización, la conversión del servicio educativo en negocio privado nacional y extranjero; relegando el principio humanista, social y nacional del artículo 3º, subordinando las relaciones laborales en el sector educativo a supuestas evaluaciones.
· La Reforma Laboral: Reconoce mecanismos que precarizan del derecho al trabajo: contratos a prueba, outsourcing, abaratamiento del despido laboral, rompiendo el equilibrio entre los sectores de la producción.
· Transparencia: reforma centralista donde son sujetos obligados los partidos y sindicatos; los poderes mediáticos y económicos quedan intocables.
· Corrupción: desde el Pacto, Peña Nieto comprometió un sistema anticorrupción, nos vamos y no existe; en el proyecto presentado, primó la simulación: los organismos y funcionaros del sistema son todos empleados del Presidente, con concesiones a sus aliados. Aun así, el sistema quedó inconcluso, pero no el desenfreno de la corrupción como sistema político.
· Reformas fiscales: promotoras del endeudamiento desbocado, favorables a la concentración del ingreso. Desmantelamiento del Estado, reducido al mínimo para favorecer al mercado. Privatización del derecho público, incremento de instrumentos del derecho privado y esquemas público-privado para penetrar los servicios públicos.
· Seguridad pública: el combate al crimen organizado y al narcotráfico corresponde a la estrategia norteamericana, aceptada por el presidente panista Calderón, continuada por Peña Nieto: guerra encomendada a las fuerzas armadas, en detrimento de policías federales, locales y municipales. La continuidad es la instrumentación de un Estado político-militar, sin ninguna prevención ni políticas para remediar el rompimiento del tejido social como apoyos al campo, a los jóvenes desempleados, nada, guerra. Crecimiento exponencial del presupuesto militar, armamentismo innecesario, tanques, helicópteros; letalidad creciente; aceptación de la Nueva Doctrina de la OEA que sostiene que los “riesgos y amenazas” no provienen del exterior sino de un “enemigo interno”: terrorismo, crimen organizado, migración… mexicanos. Código Militar de Procedimientos Penales, expansión de las responsabilidades castrenses; militarización de todos los puertos; Ley de Seguridad Interior, militarizado flagrantemente la seguridad pública.
Al margen del Poder Legislativo, con base en el llamado el Aspan, el Plan Mérida y sucesores, Calderón acordó con Estado Unidos la “guerra contra el narco”, estrategia continuada y profundizada por Peña Nieto. Con el pretexto de cooperación en seguridad, Estados Unidos indujo compromisos inconstitucionales con la actuación abierta de todas las agencias de seguridad estadounidense en México. Con nuevo nombre, Dialogo Económico de Alto Nivel (DEAN), Peña Nieto y el Vicepresidente de Estados Unidos tomaron Acuerdos que abarcaron todos los campos de la acción pública, afectando nuestra política económica, social, e internacional, todos inconstitucionales. Advertimos al Senado, sin ninguna reacción.
Nombramientos. Corresponde al Senado emitir una amplia gama de nombramientos: Ministros de la Suprema Corte, Magistrados del Tribunal Federal Electoral, la Judicatura Federal, Procurador la Republica, integrantes del Banco de México, del INGEI, de la Comisión Nacional de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, Consejeros de Pemex, CFE, comisionados de Derechos Humanos; 484 en el sexenio. Función de altísima responsabilidad del Senado, sometida al mercado de los intereses de los partidos en el Senado, de las alianzas en negociaciones ocultas para la distribuirse los nombramientos, asegurándose su control. Denunciamos reiteradamente estos acuerdos que corrompe a las instituciones, por buenas que fueran las personas, quedan inexorablemente atrapados en una red de dependencias, como –recientemente- el Tribunal Electoral y el inefable Bronco. Planteamos otros mecanismos que garantizaran la independencia y calidad de los nombrados, sin éxito. Tenemos registradas las votaciones por partido de dichos nombramientos a lo largo del sexenio.
Conforme a la Constitución, Secretarios de Estado y funcionarios diversos deben comparecer ante el Senado. En estas presentaciones que significan obligaciones de los comparecientes ante el Senado como cuerpo de control se trastocan. En lugar de ser el Senado el tribunal y el funcionario, el obligado, se colocó éste por encima del Senado, en el estrado de la Presidencia de la Mesa Directiva, jura decir verdad so pena de ser castigado pero protegido por el formato, dice lo que quiere y no contesta nada. Una simulación que hace de las comparecencias un teatro, una exhibición favorable del funcionario y una sumisión del Senado de la República, los medios se encargan del engrandecimiento concertado. Los cuestionamientos de la oposición no fueron contestados.
La Reforma Energética fue impuesta, violando flagrantemente todos los requisitos que establece el artículo 134 para reformas constitucionales, además de los reglamentos internos: las iniciativas y dictámenes llegaron de la Presidencia, las comisiones -sin debate- simplemente las suscribían y remiterían al Pleno; aprobaciones mecánicas evitando al máximo el debate. Violaciones denunciadas vía amparo, un juez de distrito les dio entrada, pero el Pleno de la Suprema Corte se negó a atraerlas, pese a su trascendencia. En un proceso sigiloso, tramposo, un Colegiado resolvió fraudulentamente la no-procedencia del amparo contra reformas constitucionales cuando el agravio consistía en violación del procedimiento. Presentamos el caso ante la Comisión Interamericana, la resolución está pendiente.
La política de Migración se cedió a los intereses norteamericanos que impusieron sus normas: criminalización del migrantes, cárceles similares a los Estados Unidos y trato brutal trato a los hermanos centroamericanos, perseguidos por agentes migratorios mexicanos. La injerencia externa impuso toda clase de medidas para limitar la movilidad hacia los Estados Unidos; llegando, el Senado, al extremo de aprobar la presencia de agentes norteamericanos, en nuestras estaciones migratorias, armados.
El TTP aparentemente suspendido por el Presidente Trump, establece nuevas restricciones para el desarrollo mexicano, prohibiciones para nuestras políticas sociales, industriales, agropecuarias, fue aprobado por este Senado, sin discusión alguna como si se tratará de un instrumento intrascendente.
Ley General de Comunicación Social. La Suprema Corte de Justicia amparó a la ONG Articulo 19 por no haberse legislado la materia de propaganda gubernamental, ausencia que auspició la discrecionalidad, el gasto incontrolado, la compra de medios y la censura. La ley aprobada mantiene el sistema sin cambios, 50 mil millones gastados por el gobierno de Peña en su sexenio, y otros más más ocultos que alimentaron una dictadura mediática durante todo el sexenio, manipulando a la opinión pública, desinformado, engañando. Nada se corrigió con la ley.
Ante las iniciativas y dictámenes contrarios a la soberanía nacional y a la justicia social sostenidas con la vestimenta neoliberal, argumentamos y votamos en contra. Está en el registro histórico oficial.
Podemos reconocer que la mayoría y sus aliados, controlando los órganos de gobierno del Senado, así como lo senadores en general, respetaron nuestras intervenciones, con algunas estridencias lógicas de un parlamento. Sin embargo, nuestras iniciativas y puntos de acuerdo, como la abrogación de la reforma educativa, nuestra iniciativa alterna a la Ley de Seguridad Interior y puntos de acuerdo relativos a diferencias con el Ejecutivos, sus acciones y funcionarios, entre ellos altos mandos de las Fuerzas Armadas, nunca fueron siquiera discutidos, vulnerando el respeto a la minoría, elemento fundamental de la democracia. Los medios de comunicación minimizaron nuestras intervenciones o las ignoraron.
Senadoras y senadores:
El entramado jurídico que la mayoría con sus aliados integrantes del Pacto por México tejió en las legislaturas Sexagésima Segunda y Tercera, contiene la impronta de la ideología, los intereses y compromisos externos del Presidente Peña Nieto y fue el sustento de sus acciones. Las leyes no son entelequias elucubradas por los legisladores, son proyectos ideológicos que impactan a la sociedad, a 130 millones de mexicanos. ¿Qué sociedad tenemos?, ¿qué se entrega?, ¿en qué se benefició a los obreros, los campesinos, las clases medias, las familias, los jóvenes?, ¿a México? Graves resultados que la sociedad reprueba hoy: corrupción generalizada, pérdida de soberanía, un Estado debilitado que gobernó para la élite, abandonando a la mayoría; impúdica concentración de la riqueza, cincuenta millones de pobres –un millón cada año-, nulo crecimiento, ínfimos salarios para atraer al inversor, desempleo, juventud sin esperanzas. Tragedia nacional: inseguridad, terror, violencia –hasta hora- sin esperanza. Este es legado del régimen que se extingue, apoyado en la legislación, sin correctivos, del Senado de la República.
Muchas Gracias.