· Exigimos que se decrete la disolución del PRI como partido político por el desvío de recursos que estuvo recibiendo desde el gobierno de César Duarte: Miguel Barbosa
Conferencia de prensa ofrecida por los senadores del bloque PT-Morena, Miguel Barbosa Huerta, Luis Humberto Fernández Fuentes, Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo, para hablar sobre el espionaje del gobierno hacia activistas y periodistas y el desvío de recursos del gobierno de César Duarte hacia el PRI.
Miguel Barbosa Huerta (MBH). Hay temas hoy en la agenda, son de esos que cada día adquieren, van a adquirir perfiles nuevos, entonces situarlos en este momento es importante.
Uno, la acción penal que la FEPADE ejercitó en contra del ex gobernador de Chihuahua y miembros de su gabinete, sobre el desvío de aproximadamente 10 mil millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, durante seis años, no solamente a través de descuentos, sino de entregas materiales de dinero para actividades propias del partido político nacional PRI.
Primero lo que exigimos es el fincamiento de responsabilidades penales no sólo en contra del ex gobernador y gente de su gabinete, sino de dirigentes partidarios del PRI de Chihuahua y a nivel nacional, sin duda que sí.
Retamos a Enrique Ochoa a que siga hablando de honradez y que siga hablando en contra de otros partidos políticos, que salga y dé la cara y hable y explique y que en todo caso se determine también la responsabilidad de Enrique Ochoa en estos actos por el tiempo que ha sido el dirigente nacional, que se determine todo eso.
Entonces, responsabilidades penales para el ex gobernador, gente de su gabinete involucrada, gente del gabinete involucrada del gobierno de Chihuahua de César Duarte, pero también responsabilidad penal a los dirigentes partidarios del PRI en Chihuahua y a nivel nacional, por los seis años en donde este partido estuvo recibiendo dinero, pero también exigimos que el INE abra una investigación con el propósito de decretar la disolución del PRI como partido político, la disolución del PRI como partido político. En cualquier país del mundo, en cualquier sistema de partidos de cualquier país del mundo un partido al que se le acredita esta condición tiene como sanción su disolución.
Esta propuesta puede sonarles descabellada, descocada, pero es una propuesta normal en cualquier otro país del mundo, aquí estamos acostumbrados a la anormalidad política, a que violar la ley y encontrar causas como ésta ahí quedan, aquí quedan.
Entonces nosotros el día de mañana vamos a presentar un punto de acuerdo también para exigir que se finquen responsabilidades penales en contra, repito, de César Duarte, de su gabinete.
Vamos a presentar un punto de acuerdo para exigir la responsabilidad penal de César Duarte, de su gabinete y la responsabilidad penal de los dirigentes partidarios del PRI, que por seis años fungieron como tal y estatales y nacionales. Ese es el propósito del punto de acuerdo que presentaremos el día de mañana.
Dos, el tema del espionaje, de esa denuncia también que ya presentaron periodistas y líderes de la sociedad civil que encabezan organizaciones, defensores, abogados defensores sobre asuntos de derechos humanos, de alto prestigio todos ellos, sobre la revelación que se hizo el periódico más influyente del mundo, el New York Times, sobre la adquisición por parte del gobierno federal, hablan de la Secretaría de la Defensa, hablan del CISEN y hablan de la Procuraduría, pero nosotros tenemos la sospecha de que también haya sido adquirido por gobiernos estatales de ese software maldito, que a través de ciertos clics penetran toda la programación de cualquier teléfono para volverlo una fuente de espionaje, en todos los niveles que han sido mencionados.
También en cualquier parte del mundo, en cualquier país, un asunto de esta naturaleza hace que un gobierno caiga, hace que un gobierno caiga, en otro país el vecino del norte, una investigación muy grave, pero cuando llega el momento en que se nombra un fiscal para poder investigar y la Procuraduría General de ese país empieza a investigar, y cuando el Senado de la República integra una comisión investigadora, tienen al Presidente más abusivo del mundo y del país más grande del mundo, lo tienen de rodillas, tal parece que lo tienen de rodillas.
Entonces, aquí, la presentación de la denuncia ante el Procurador General de la República debiera ser la gran oportunidad para que el Procurador General de la República acreditara su autonomía y su independencia, y pudiera salir diciendo que si el software lo tiene la Procuraduría adquirido y comprado, para qué fines lo ha utilizado, porque una Procuraduría que persigue el delito, sin duda que debe tener una tecnología avanzada para efectos de la persecución del delito y del crimen organizado, sin duda que sí, asuntos de narcotráfico, pero no que se pueda utilizar para fines propios de la vigilancia política, social, cultural y económica de este país.
Después, también tendríamos que saber si la Secretaría de la Defensa lo adquirió y si lo utiliza para fines distintos a la seguridad nacional, porque claro que puede tenerlo, pero usarlo para fines de seguridad nacional.
Y finalmente el CISEN también puede tener un software, un instrumento tecnológico tan avanzado como éste pero sólo para utilizarlo con asuntos relacionados con la seguridad nacional.
Entonces vamos a presentar también otro punto de acuerdo para exigir de la Procuraduría la investigación y la revelación de lo posible en esa investigación, para conocer si efectivamente se adquirió, por qué entidades públicas se adquirió este software y para qué fines se ha utilizado. El punto de acuerdo tiene como propósito citar al secretario de Gobernación, al director del CISEN, al Procurador General de la República y para que se forme, darnos otra vez la oportunidad de actuar con dignidad y nivel las Cámaras del Congreso de la Unión, como ocurre en cualquier país del mundo, donde sus Congresos tienen aparte de labores legislativas, desempeñan labores de investigación y de control.
Otra vez la oportunidad de que las Cámaras actúen con dignidad, actúen con dignidad y se forme una Comisión bicameral legislativa, de ambas Cámaras, es bicameral, para investigar este asunto del espionaje que desarrolla el Estado mexicano o el gobierno mexicano hacia su gente, hacia su sociedad, hacia periodistas, hacia abogados de derechos humanos, pero estoy seguro que la parte que más se utiliza es hacia la política, y cuando estos órganos de vigilancia del gobierno son utilizados contra la política, son utilizados para preservar el poder político.
Mañana seguramente habrá más información sobre estos asuntos y podremos tener una opinión, pero hoy anunciamos la presentación de esos dos puntos de acuerdo, el tema de los 10 mil millones de Chihuahua al PRI, de recursos públicos de Chihuahua al PRI, con sus planteamientos claros, responsabilidades penales a los gobernantes de Chihuahua, empezando por su ex gobernador, pero también a los dirigentes partidarios.
Y la otra es el inicio de una averiguación en el INE que tenga como propósito la disolución del PRI como partido político, no es balandronada, no es un asunto de: qué loca propuesta, hay que asumirla con seriedad, en ningún país del mundo ocurre esto, ¿cuántos miles de millones van a aparecer desviados en Veracruz, cuántos en Quintana Roo?, porque la tradición del PRI de gastar recursos públicos forma parte de su ADN, desde su origen, así se mueve el PRI como partido político y sale Enrique Ochoa hablando de honradez. De verdad qué nivel cinismo tan alto.
Entonces son los planteamientos que queremos hacer, los senadores que me acompañan si quieren hacer un planteamiento en relación a estos dos temas u otro tema, adelante.
Adelante, Luis Humberto.
Luis Humberto Fernández Fuentes (LHFF). Nada más siguiendo la tesis del senador Barbosa, queremos señalar que estos hechos no constituyen acciones aisladas, estamos hablando de un riesgo muy importante para la estabilidad el país, acciones como la del espionaje o como el desvíos de este tamaño de recursos públicos constituyen junto con otras cosas que se han venido dando, la mayor involución en la cultura democrática en México en los últimos 30 años, esto significa la pérdida de todo decoro, ¿por qué?, porque nos demuestra dos cosas: la impunidad para hacer estas acciones y dos, la impunidad de saber que no van a ser perseguidos, estamos hablando del uso de los recursos públicos ya no sólo económicos, sino de seguridad nacional para defender intereses económicos y políticos.
Es de la mayor gravedad y denunciamos la atención pública de esto, porque no puede ser que a quienes han entregado su trabajo a hacer leyes contra la corrupción sean tratados como delincuentes, eso es una atrocidad de este gobierno, no podemos tratar a los activistas como si fueran delincuentes, no lo podemos permitir, es un riesgo para las instituciones.
Y lo más importante es que todos sabemos qué va a pasar: nada, no va a pasar nada porque estas instituciones, más bien los personajes que encabezan estas instituciones están amafiados y no van a proceder legalmente.
La Cámara hoy tiene un dilema histórico, si va a abonar por la impunidad o por la dignidad y eso se va a definir mañana.
MBH. Gracias, Luis Humberto.
Benjamín.
Benjamín Robles Montoya (BRM). Yo quiero incorporar un tema adicional, pero también hablar sobre los otros dos temas. El hablar de un nuevo tema pues no creo que sea un secreto porque somos de los que espía el gobierno, ahora que he estado escuchando tanta información de cómo espían, pues empiezo a recordar que yo he recibido a lo largo de los últimos meses algunos mensajes atípicos que yo he buscado reflexionar, cuando hablo al SAT, a través de mi equipo y dicen: oye, yo he recibido este informe y ellos dicen: no, no es nuestro, o muy similares mensajes.
Creo que ya quienes nos espían sabemos que hoy también queremos incorporar a esta conferencia el tema que ayer se cumple un año de los sucesos de Nochixtlán, ocho gentes, ocho personas que fallecieron y que no hay ninguna respuesta por parte del gobierno federal, de las instancias correspondientes en el estado, es decir, que en este país puede haber acontecimientos tan graves que parece que no le mueve el corazón al Presidente, ni al secretario de Gobernación, nada ni nadie.
Ayer marchaban 10 mil maestras, maestros oaxaqueños, exigiendo justicia y pareciera que nadie hace eco a la gravedad de que ocho personas fallecieron y no haya una respuesta.
A mí me parece que éste es un tema en el que tenemos que alzar la voz y este servidor de ustedes, y esperaría contar con el apoyo de mis compañeros senadores, alcemos al voz porque en muchos países, como lo decía aquí el senador Barbosa, un acontecimiento similar hubiese implicado desde el año pasado, que se dieron los acontecimientos, que fulminantemente tuviera que pedir licencia y ser sometido a juicio el ex gobernador de Oaxaca, el actual secretario de gobierno, las instancias policiacas que intervinieron, porque ahora se sabe que un uso excesivo de la fuerza fue lo que provocó este grave desenlace y hoy cumplimos un año de que aconteció.
No podemos quedarnos solamente con un pronunciamiento de esta naturaleza ni esperaremos que vuelva a transcurrir otro año para volver a recordarlo, nosotros estamos exigiendo justicia y, por supuesto, que se presenten, pero a tapar el sol con un dedo, sino a denunciar y a procesar los responsables intelectuales, no solamente a los que abusaron del uso de la fuerza, reitero, uso excesivo de la fuerza, sino a los que maquinaron este ataque en contra de la población, que ya ha sido reconocido públicamente, hubo sesiones aquí en la Comisión Permanente hace un año, hubo reuniones en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, y aún, las ocho personas que fueron victimizadas siguen sin que el asunto sea resuelto.
El tema que plantea el senador Barbosa sobre la acción penal, el desvío de estos 10 mil millones de pesos es de actualidad y por supuesto que nosotros respaldamos el punto de acuerdo que se está presentando para la discusión mañana.
Porque estamos ya en la ruta del 2018, ya está demostrado que sí utiliza el PRI el dinero del erario público para financiar candidatos, para financiar sus campañas políticas.
Y querer tapar el sol con un dedo o hacerle al avestruz y esconder la cabeza en estos temas, pues nosotros no podemos permitirlo.
Hace unas cuantas semanas, días, denunciábamos el uso excesivo del dinero público en la elección del Estado de México, como de otras entidades, pero hoy aquí, ya con documentos que están circulando en las redes sociales, demuestran cómo el ex gobernador de Chihuahua utilizó ese recurso público, por eso tenemos que exigirlo.
Y por supuesto que nos sumamos a la demanda de los defensores de derechos humanos, de periodistas, que han sido sometidos a esta violencia del espionaje, del cual creo que muchos no nos escapamos.
Qué timorata respuesta, si es que se le puede decir eso, respuesta, la del Gobierno federal. Aquí, estoy seguro que las legisladoras, legisladores de la Comisión Permanente no solamente habremos de debatir mañana este tema, sino encontrar una respuesta clara para terminar en seco con esta actitud que es un secreto a voces, aquí sabemos que a todos nos espían, lo hemos sabido siempre pero las pruebas que empiezan a circular, que no han sido desmentidas por el Gobierno, solamente hubo una salida de un funcionario de tercera ahí, nosotros tenemos que exigirle al Gobierno respuestas claras y por eso nos solidarizamos con los planteamientos que presenta aquí nuestro compañero el senador Miguel Barbosa.
MBH. Zoé Robledo.
Zoé Robledo A. (ZRA). Sí, simplemente mencionar que resulta sin duda preocupante en el caso del espionaje a periodistas y activistas que se está documentando, primero, como ya lo saben, no es la primera ocasión que hay pruebas de ello.
Ya en 2016 había surgido otro grupo de otros activistas en otro tema, particularmente el del impuesto al refresco, Alejandro Calvillo, José Encarnación, que habían sido sujetos al mismo procedimiento de espionaje.
Y sí señalar que también aquí habría que esperar una respuesta del Gobierno mexicano en el siguiente sentido, y lo hemos discutido aquí en diversas ocasiones, incluso cuando vino la ex canciller a la comparecencia por la Glosa del Informe. ¿En qué momento nuestro país empezó a sentirse tan a gusto y tan cómodo en ese grupo de países que utilizan este tipo de herramientas?
Un dato que reveló ayer la investigación tiene que ver con que gran parte de la infraestructura que usa NSO a través de Pegasus para México, la comparte con los Emiratos Árabes Unidos, con Uzbekistán, con Kenia, con Mozambique, con democracias que poco tiene que presumir respecto a la protección de derechos humanos.
Y cuando les digo democracias a algunas de ellas, estoy siendo verdaderamente generoso. Los países que utilizan este tipo de herramientas, este software, bueno, malware, como se le llama, son todos países destacadísimos en la violación a derechos humanos, destacados en la censura y en la anulación completa de la libertad de expresión.
¿En ese grupo de países queremos estar realmente? Hay que revisarlo, no hay entre todos ellos, quizá salvo una o dos excepciones, naciones que puedan destacarse por su calidad democrática.
Y ahí es donde México y nuestro gobierno pareciera estar muy cómodo con ese club de tiranos. Eso me parece muy preocupante.
Sin duda, hablamos aquí los espiados, lo sabemos, no es algo nuevo, pero si un debate se dio de enorme profundidad cuando fueron las leyes secundarias de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue justamente esto.
Y habíamos llegado a un punto en donde la intervención de comunicaciones con la protección que tiene desde la Constitución se utilizara específicamente para el combate al crimen organizado y la seguridad nacional.
Hoy se demuestra que ni es el crimen organizado ni la seguridad nacional lo que le preocupa a este gobierno. Lo que le preocupa es que haya críticos, que haya comunicadores que están revelando redes de corrupción, que haya defensores de los derechos humanos que están logrando lo que quizá debería estar haciendo el Gobierno en el plano internacional para la búsqueda de justicia y de verdad.
Es verdaderamente preocupante, pero a mí me parece que lo más preocupante va a ser que no pase nada, que esto se quede con la respuesta del director general de medios internacionales, que es el único funcionario del gobierno federal que ha salido a decir algo, el director de medios internacionales, como si éste fuera un problema con el New York Times.
Entonces lo preocupante no es que se revele esto, sino que mañana, pasado mañana en un mes, esto se olvide, y no pase absolutamente nada, nadie vaya la cárcel, nadie responda porque el Gobierno haya contratado este tipo de herramientas de espionaje y sobre todo las haya utilizado a este tipo de personas.
Y lo segundo, que ya se ha mencionado, una investigación completa respecto a qué gobierno estatales pudieron haber hecho uso de este, o pudieron haber contratado este tipo de herramientas.
Hay un antecedente muy claro en Puebla y en Jalisco con un mecanismo distinto que es el de Hackin Team, que sirve exactamente para lo mismo. Si han sido capaces de contratar a Hacking Team, no me sorprendería a mí en ningún momento que hayan pedido y contratado los usos de NSO.
Ahí se dio a conocer en la investigación 65 mil dólares cuesta espiar a un personaje en nuestro país. Estoy seguro de que los gobiernos estatales, muchos de ellos, en su enorme irresponsabilidad y derroche de recursos para este tipo de actividades, les hubiera parecido hasta barato.
Entonces también hay que revisar qué gobiernos estatales pueden estar involucrados. NSO ha dicho, le venden a gobiernos, bueno, gobiernos también puede ser gobiernos de los estados.
Entones, ojalá, lo que más preocupa es que no pase nada, demos muestra como país de que sí, que esta vez sí va a pasar algo. Ojalé el optimismo no le gane a la experiencia.
MBH. Si hubiera preguntas.
Pregunta (P). Sobre el tema de solicitar que se finquen responsabilidades a César Duarte por el tema del desvío, también se denunció que mil 300 millones del gobierno de Javier Duarte fueron a parar al PRI, entonces a ver si también el fincamiento de responsabilidades a los priistas sería también por el caso Veracruz.
MBH. Sí, nosotros estamos hablando ahorita de manera puntual del caso Chihuahua porque ya es un caso en el cual la FEPADE ejercitó acción penal en contra del ex gobernador y de gente de su gabinete, para nosotros las sanciones penales deben hacerse extensivas a los dirigentes del PRI en el estado y a nivel nacional por el tiempo de los seis años, el plazo de los seis años del gobierno de César Duarte.
Y por eso, nosotros, yo, nosotros emplazamos a Enrique Ochoa a que salga y dé la cara y deje de hablar solamente haciendo spots cuando lo entrevistan señalando situaciones de otros partidos políticos cuando ellos tienen una desfachatez, no pueden hablar de ese tipo de asuntos.
Es un asunto el de los recursos públicos en el PRI desde, está en su ADN, está en su origen y ustedes van a ver cuántos miles de millones, mil 300 millones o más del gobierno de Veracruz y va a haber miles de millones o mil millones o cientos de millones del gobierno de Quintana Roo.
Y así nos podemos ir situando en todos los estados de la República, y del Gobierno federal, entonces por eso dos cosas: fincamiento de responsabilidades penales, no solamente en este caso, en el caso de Chihuahua, al ex gobernador y si gabinete, sino también a dirigentes partidarios en el plazo que se desviaron esos recursos; y la otra es la investigación que debe abrir el INE que tenga como propósito la disolución del partido político PRI.
Hay causas en la ley electoral para establecer la disolución de un partido político cuando es parte de la comisión de un delito. Y ser beneficiario del dinero público es ser parte de la comisión de un delito. Eso ocurriría en cualquier país del mundo.
Y por eso, presentaremos también el punto de acuerdo en ese sentido.
P. ¿Y sobre el tema de la simulación de licitaciones y competencias en la CFE para favorecer al grupo IUSA que también estaba al frente Enrique Ochoa?
MBH. Así es, son cosas que de verdad lamentamos nosotros, reprochamos, exigimos el esclarecimiento.
Y que siga hablando Enrique Ochoa de limpieza, que siga hablando de limpieza después de estos señalamientos.
Así es que de verdad la vida pública en el país debe ser revisada. Y por eso, a ver, no queremos vincular esto a un tema electoral y de proyección rumbo a 2018, pero sin duda que en México, si no hay un cambio verdadero, no habrá modificación a este tipo de prácticas, que son la constante en la vida pública en nuestro país.
P. Yo también quisiera preguntar sobre, insistir en el tema de periodistas, cuando vino Campa la semana pasada, él dijo que se monitoreaba a periodistas y que el 40 por ciento de las agresiones proviene de agentes del Estado. ¿Él tendría que salir a explicar de qué estaba hablando y si efectivamente hay un deslinde (inaudible)?
MBH. Bueno, nosotros exigimos del Gobierno y de las secretarías, los encargados del despacho, que son Secretarías de despacho, titulares de despacho, así es el nombre completo, exigimos una verdadera aclaración de estas circunstancias.
O sea, no puede venir Campa a decir que monitorean a periodistas, ¿qué significa monitorear a periodistas?, ¿significa vigilarlos?, ¿significa espiarlos?
Y por tanto, hoy que surge esta circunstancia debe tener perfectamente claro a qué se refiere el Gobierno, no sólo Campa, el Gobierno, porque no se puede hablar de Campa sin Osorio y no se puede hablar de Osorio sin hablar de Peña Nieto.
¿A qué se refiere el gobierno con el monitoreo de periodistas? Ahora resulta que no sólo los políticos, sino los periodistas son objeto de espionaje, fíjense qué grave, y activistas sociales, defensores de derechos humanos.
P. Senador, en otro tema, ayer también el procurador se refirió a la violencia y dijo que ya no es un asunto de seguridad nacional el crimen organizado, ¿se puede así por decreto acabar con la violencia?
MBH. No, bueno, esas son las formas como ellos califican el nivel de inseguridad pública que tenemos en el país, la estrategia de este gobierno fue cambiar el tema de la inseguridad pública o de la delincuencia de un asunto de seguridad nacional a un asunto de seguridad pública, cuando formaron la policía de este sexenio, la gendarmería.
Iban a formar una policía militarizada con ex integrantes del Ejército para hacer que la percepción de la inseguridad que todos sentimos no fuera visto como un tema de seguridad nacional, sino de seguridad pública, y a eso se está refiriendo, a esa forma como ellos califican el hecho de la inseguridad pública en México.
¿Atenta contra la seguridad nacional los asuntos de inseguridad? Sí es la que penetra a la seguridad nacional, pero eso no es tema porque al rato, fíjense como se está contradiciendo el Procurador General de la República, entonces para qué quieren al Ejército en las calles, si el propio procurador califica que los temas de inseguridad no son ya seguridad nacional para qué quiere al Ejército en las calles.
LHFF. A ver, es un tema importante, estas maromas e impericias del lenguaje sí tienen una intencionalidad, es desviar la atención a un problema de fondo, la inseguridad sí representa para la viabilidad del Estado mexicano ¿por qué? Porque las áreas estratégicas consignadas en la Constitución, muchas de ellas están en control del crimen organizado, puertos, aduanas, por decir algunos de muchísimos, extracción de minerales.
Entonces, sí, sí hay un daño a la viabilidad del Estado mexicano, hay la incapacidad del Estado mexicano de garantizar la seguridad de la vida y los bienes de los mexicanos, entonces sí, sí hay una afectación a la viabilidad y a la seguridad nacional.
Lo demás son marometas del leguaje, es decir, que es seguridad interior y no es seguridad nacional, son marometas, pero la verdad es que el Estado mexicano corre un riesgo por la incapacidad de sus titulares en estas áreas administrativas para presentar una solución viable.
Acabó el sexenio y nunca vimos una estrategia efectiva para la reconstrucción del Estado de Derecho, se acabó el sexenio y nunca vimos una acción concreta para restablecer la seguridad de los mexicanos, únicamente pirotecnia y acciones cosméticas, sí, sí hay un peligro de seguridad nacional y no podemos voltearnos a un lado.
P. Parece que la violencia está peor que nunca ¿no?
MBH. Rebasado, el Estado mexicano rebasado en muchas partes del país, digo, estamos terminando un sexenio y estamos evaluando.
Les comentaba a los senadores y la Cruzada Nacional Contra el Hambre qué resolvió, alguien se acuerda de ella…
P. Oiga, senador, otro tema. Está la Corte por resolver la acción de inconstitucionalidad que presentaron algunos partidos en relación a ampliar el periodo de sus cargos de cuatro magistrados, independientemente de lo que resulte, decidan los ministros ¿en qué papel queda el Senado, desde el momento, el hecho de que se pone en tela de juicio su actuar? Y usted fue uno de los que firmó ese acuerdo, que calificaron el tribunal en lo oscurito y de una…
MBH. No, nunca ha habido en el Senado nada en lo oscurito porque las comisiones deliberan en público y el Pleno delibera en público, hay hasta Canal del Congreso.
Aquí de lo que se trata es de lo siguiente, a ver, si la Suprema Corte resuelve declarando inconstitucional la reforma al artículo transitorio que hicimos de la Ley Orgánica del Poder Judicial habrá ejercido su función constitucional, son mecanismos de control constitucional, las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, en este caso acciones, son mecanismos de control y equilibrio entre poderes.
Habrán desempeñado su función, habrán declarado la interpretación correcta de la Constitución frente a una reforma, ese es papel y ningún senador queda en ridículo, ningún diputado queda en ridículo por haber aprobado esa reforma, qué bueno que hubo quienes la impugnaron, Morena por cierto la impugnó, y que en todo caso la Corte tuvo un criterio distinto al que sostuvimos los legisladores, así son los poderes públicos de una República, así debiéramos de actuar nosotros frente a muchos actos del gobierno, del Ejecutivo federal.
Y ustedes nos deberían de ayudar, de verdad, a que se hiciera una presión para que el Ejecutivo federal soltara el control que tiene en las Cámaras, por ejemplo el extraordinario, sujeto a controles político- electorales, pero no, a ver lo que votamos a favor de esa reforma, yo sigo convencido de su constitucionalidad, pero me someto, desde luego, al criterio del tribunal constitucional de nuestro país que es la Suprema Corte de Justicia si declara inconstitucional esa reforma.
P. ¿No quedan en ridículo?
MBH. Claro que no, fue el criterio que tomamos y aprobamos leyes y afortunadamente en México hay un sistema legal que permite la revisión de la constitucionalidad de los actos del Legislativo, como hay revisión de la Constitucionalidad de los actos del Ejecutivo.
Que es un sistema que tiene todavía muchos vacíos, los tiene; que debiera ser de una acceso más fácil, todavía… yo me he pronunciado al respecto que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales debieran tener formas más accesibles de hacer uso de ese derecho, porque luego siempre se quedan muchas cosas, muchas reformas han sido inconstitucionales ¿verdad? En materia de telecomunicaciones.
El tema de las audiencias que tanto dolió a los medios, tenía visos de inconstitucionalidad y saben por qué no interpusimos la acción porque no nos alcanzó para tener el 33 por ciento de los integrantes de la Cámara, me explico, ahí se aprobó una reforma absolutamente inconstitucional.
El tema de los puertos, cuando se aprobó que la Marina tuviera control de ellos, y el PRI argumentaba que era un asunto de seguridad pública y nada tenía que ver, era inconstitucional ¿saben por qué no pudimos interponer la acción? Porque no tuvimos el 33 por ciento de los integrantes de la Cámara y si quieres te sigo contando más casos.
P. No, nada más preguntaba. Senador, ¿sigue pensando entonces que estos siete magistrados que eligieron realmente representan la pluralidad?
MBH. No, permíteme, permíteme. Yo he hecho una crítica profunda a los órganos electorales de nuestro país, tanto a los órganos electorales, que desde el Consejo General del INE es integrado por cuotas partidarias como los OPLES, los órganos de participación local y ese nombre raro que no sé que parece, porque se los entregaron, el INE se los entregó a los gobernadores, la mayoría se los entregó a los gobernadores.
Y luego en el Senado la integración de la Sala Superior del Trife, las salas regionales circunscripcionales del Trife y las salas de los tribunales electorales de los estados, están absolutamente partidizadas, siempre hubo un origen partidario, sí, pero los partidos en otro tiempo tenían el nivel y la altura de proponer a gente que desempeñaba una función con un gran nivel de autonomía e independencia, hoy no lo veo.
Hoy veo en crisis el proceso electoral del 2018, lo veo en crisis porque evidentemente está violado dos principios, el de la autonomía y el de la equidad, ¿y eso quién lo tiene que garantizar¿ los órganos electorales y la justicia electoral, no estoy satisfecho cómo están funcionando hoy ni los órganos electorales, Consejo General del INE, OPLES en los estados, ni la justicia electoral en nuestro país.
P.Y en este caso en particular de los magistrados del Tribunal.
MBH. Los magistrados seguirán siendo magistrados si se declara inconstitucional y los que subieron de tres a seis años serán de tres y los que subieron de seis a ocho años seguirán de seis no de ocho.
P. Digo, esos ¿si tienen confiabilidad?
MBH. Yo estoy hablando en general, en general. Esa circunstancia no los hizo confiables o menos confiables, estoy hablando en general del funcionamiento de los órganos, sometidos al poder público, a los partidos políticos que se profesionalizaron en meter gente para tener controles desde ahí…
A luego te cuento una historia que casi nos afecta al bloque Morena del Senado, que afortunadamente no se dio pero por poquito.
Estás hablando con senadores que saben la historia de cada una de las leyes que se han aprobado en cinco años.
Gracias.
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