* Versión de la intervención de la senadora Laura Rojas Hernández al inicio de las mesas de trabajo, con la participación de diputados locales y federales, con el tema “Implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción”
Muchísimas gracias, presidente.
Muy buenos tardes a todos y a todas, muy bienvenidos al Senado de la República.
Quiero empezar por felicitar la iniciativa del presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana por esta iniciativa de poder tener esta reunión tan importante con ustedes, con las diputadas y los diputados locales, para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y también agradecer que haya el presidente de la Comisión recibido con buenos ojos la propuesta de poder incluir en este panel la normatividad internacional, me parecía que era fundamental que todos estuviéramos en la misma sintonía sobre los compromisos que tiene México en el ámbito internacional. Y agradecer también a Jaime Cerdio, de la Secretaría de la Función Pública, por haber atendido la invitación, que fue casi casi de último momento, y que nos haya podido explicar de una manera tan clara las tres convenciones que, en el ámbito de la lucha en contra de la corrupción, México es parte.
Yo quisiera compartir con ustedes una presentación sobre el…, ya nos explicó de qué se tratan las convenciones a grandes rasgos, pero yo quisiera ahondar un poco más sobre el estado del cumplimiento del Estado mexicano al respecto de esas mismas convenciones. Y de manera muy particular en el informe del cumplimiento de la Convención Interamericana, ¿por qué?, porque el de la ONU la verdad es que lo vamos a ver más adelante, el de la Convención de Mérida ya está totalmente desactualizado, ése es un problema que tenemos con algunos mecanismos de seguimiento, de cumplimiento, mejor dicho, como es el de la Convención de Mérida, digamos el levantamiento de la evidencia del informe se levantó en 2013 y apenas este año tuvimos el informe, lo estuvimos persiguiendo durante tres años, pero el informe apenas lo publicaron y la verdad es que ya está desactualizado, porque en el ínter aprobamos la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y se aprobaron, como ustedes ya saben bien, la Ley General del Sistema, la Ley General de Responsabilidades y adecuaciones a otras leyes, la Ley de Fiscalización, la Ley del Tribunal, la Ley Orgánica de la APF, entonces la verdad es que ese informe ya prácticamente no es útil.
En cambio, el de la Convención Interamericana sí tiene cosas importantes que vale la pena reflexionar con ustedes y recordar que las leyes generales son un piso, no son limitativas, o sea, los congresos locales pueden ir más allá, para mejorar, más allá de lo que establece la ley general. Y en ese sentido es que creo que ustedes pueden retomar algunas de las recomendaciones que nos hace el mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana en su legislación local, independientemente de que ésta esté incluida o no en la ley general.
Un caso muy específico, la siguiente por favor, voy a ahondar más adelante, pero un caso muy específico es el de protección a denunciantes que no pudo ser incluido en la ley general, pero que creo que valdría muchísimo la pena que ustedes sí puedan desarrollar medidas mucho más específicas en las leyes locales sobre protección a denunciantes.
Y el otro gran tema que no queda, desde mi punto de vista y de mi bancada, que yo soy del Partido Acción Nacional, suficientemente desarrollado en la ley general pues es el tema de declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.
Entonces empezamos, la siguiente por favor, bueno, una de las primeras recomendaciones desde la primera ronda fue promover los mecanismos de cooperación entre la Federación y entidades federativas para la implementación del sistema.
Esto esperemos que se dé, no necesariamente a través de legislación local, sino que se desarrolle mucho más ampliamente dentro del Sistema Nacional Anticorrupción una vez que esté instalado y funcionando y que se puedan generar ahí una serie de mecanismos de cooperación mucho más desarrollados entre los estados y la Federación para la implementación de toda la Convención; la que sigue, por favor, bueno, todos estos avances tienen que ver con recomendaciones de la propia Convención, es decir, son como palomitas. Nos recomendaban tener un código de ética y eso ya quedó en la ley. La prevención de conflicto de intereses creo que está, aunque insisto, no suficientemente desarrollado, pero ya en la Ley General de Responsabilidades se establece, por primera vez en la historia, que los servidores públicos tendremos que presentar una declaración de intereses y eso ayudará eventualmente a prevenir conflictos, y eso ya está en la ley.
También tenemos la recomendación que tenía que ver con sistemas que permitan verificar la evolución patrimonial y la publicidad de declaraciones patrimoniales, igualmente quedó en la ley a través de una de las plataformas nacionales que quedó establecida en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y ése es un gran logro porque a través de esa plataforma podremos seguir la evolución patrimonial de un servidor público.
Yo siempre pongo mi ejemplo, he sido regidora, he sido diputada federal, trabajé un tiempo en el gobierno federal, ahora soy senadora, si hoy día estuviera sujeta a una investigación tendrían que estar preguntando en cada una de las contralorías o tendrían que estar buscando mis declaraciones patrimoniales en cada una de las contralorías para poder ver la evolución patrimonial. Entonces, éste fue un avance muy importante de la Ley General del Sistema.
Luego, los organismos garantes de acceso a la información, claramente en México a través de la reforma al artículo sexto constitucional y luego la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues gracias a estas reformas tenemos hoy día órganos garantes a nivel nacional y a nivel estatal muy potentes. Y mecanismos también muy potentes para garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso.
Tan es así que, en el recientemente publicado Índice sobre derecho de acceso a la información pública, México está en el primer lugar mundial en el derecho de acceso a la administración pública, eso fue recientemente publicado.
Y bueno, nos da mucho gusto que en este tema seamos ejemplo global, estamos en un ranking que no es usual, en los primeros lugares, pero ahora sí de una cosa positiva.
El tema del “Gobierno abierto”, si bien hay un avance sí me parece que es de los temas pues el más débil, creo que ahí aún tenemos muchísimo que avanzar. Y más adelante hablaré específicamente de lo que nos toca a nosotros como parlamentarios a nivel de Congreso, el parlamento abierto, en ese tema es en el que estamos todavía con pocos avances.
Hay otra recomendación en la que ya tenemos avance y está reconocido en el informe, como es el establecer la obligatoriedad de utilizar sistemas tecnológicos transaccionales, como Compranet, en todos los poderes y órganos de gobierno, ésa es otra de las plataformas del Sistema Nacional Anticorrupción, la plataforma de compras públicas que también ya quedó establecida; la que sigue por favor, la verdad es que hay un avance bastante importante y de las que quedan, las recomendaciones pendientes de adoptar son el tema de protección a denunciantes, que ya se los adelanté al principio.
El Partido Acción Nacional presentó durante el proceso de aprobación del primer paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción la iniciativa de Ley General de Responsabilidades y ahí venía, solamente se los digo como referencia, por si lo quieren consultar, ahí venía una serie de disposiciones de protección a denunciantes que quedó, me parece que bastante desarrollado y que les puede servir de referencia, solamente por si ustedes quieren revisarla.
Desafortunadamente no quedó así en la ley, es un tema que está pendiente y que, insisto, yo los invito a que a nivel local ustedes lo puedan incorporar en sus legislaciones.
Crear un sistema de archivos. Estamos en eso, estamos ahorita trabajando en lo que será la Ley General de Archivos, esta ley no forma parte del paquete de leyes que tiene que ver directamente con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero sí con el paquete de leyes que mandató la reforma al artículo sexto en la reforma de transparencia y acceso a la información pública.
Recordarán que mandató a la creación de tres leyes generales, la de Acceso a la Información Pública, que ya está aprobada y en vigor; la de Datos Personales, que acaba de ser aprobada en comisiones por la Cámara de Diputados federal; y recientemente presentamos un grupo de senadores de los tres principales partidos políticos la iniciativa de Ley General de Archivos.
Esa Ley General de Archivos establecerá, creará el Sistema Nacional de Archivos y con eso eventualmente estaríamos dando cumplimiento con esa recomendación.
¿Por qué es importante o por qué tiene que ver los archivos con esto? Porque los archivos no solamente se tratan de archivos históricos, como la Constitución de Apatzingán y sus archivos históricos, sino que estamos hablando de la gestión documental de todos los archivos, documentos que genera la administración pública, incluyendo sindicatos y partidos políticos, porque también son sujetos obligados nuevos, de acuerdo con la reforma constitucional y realmente de lo que se trata esta ley general es de establecer y homologar en toda la administración pública del país, y estos sujetos obligados, las políticas de gestión documental, de tal manera que el derecho de acceso a la información y el derecho a la memoria y a la verdad estén garantizados. Entonces, bueno, ya estamos, digamos, en vías de cumplir con esa recomendación.
Luego, establecer indicadores cualitativos y cualitativos para determinar incidencia de organizaciones de la sociedad civil en el producto legislativo final. Miren, ese tema tiene que ver con las llamadas reglas de Parlamento abierto, que es una cosa relativamente nueva, bueno, bastante nueva, que se le dio un impulso en el ámbito internacional a través de la creación de la Alianza Global por el Gobierno Abierto, y un poco a partir de ahí se empezó también a hablar de Parlamento abierto de una manera mucho más fuerte en los ámbitos internacionales.
En México, como les decía, es algo en lo que yo creo que tenemos que darle un impulso fuerte a partir del año que entra, porque si bien es cierto se firmó durante…, yo creo que fue en el 2012, 13, espérenme tantito, bueno, se me perdió…, se firmó… Aquí está: en 2014, en septiembre de 2014 aquí en el Senado de la República se firmó la Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México.
Se firmó por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, que en aquel entonces era el senador Miguel Barbosa, por Ximena Puente, la comisionada presidenta del INAI, por Eduardo Bohórquez, representante de organizaciones de la sociedad civil, y por Melisa Ortiz, igual también dos representantes de la sociedad civil. Y como testigos el senador Emilio Gamboa y la senadora Arely Gómez.
Entonces se firmó esta declaración de lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto, que se trataba…, si nos dejan sus correos yo se las voy a mandar, porque es un ejercicio que ustedes podrían también replicar a nivel local, pero que desafortunadamente a nivel federal perdió impulso.
Entonces no se concretó finalmente nada a raíz de esta declaración y después presentamos un grupo de senadores una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso para crear la Comisión Bicameral de Parlamento Abierto, que tendría la función de generar un plan de acción del Congreso sobre Parlamento abierto.
Esta iniciativa ya fue aprobada en el Senado, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados; nos la regresaron con cambios y está pendiente de ser aprobada en el Senado. Yo espero que el próximo periodo de sesiones ya podamos tener aprobada esa Comisión Bicamaral para poder empezar, ahora sí, a trabajar en serio sobre estas medidas de Parlamento abierto.
¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de…, igual se los voy a mandar por correo, aquí están los fundamento de Parlamento abierto pero fundamentalmente se trata no solamente de acceso a la información parlamentaria; es decir, no sólo se trata de publicitar los salarios, los contratos, las minutas, sí, la parte económica, digamos, de los congresos, sino sobre todo se trata de generar mecanismos a través de los cuales podamos trabajar de la mano con la sociedad civil en la construcción de los productos legislativos y en la toma de decisiones de los congresos.
Entonces, bueno, esa parte creo que es en la que tenemos que trabajar muy fuerte el año que entra. Luego, armonizar legislación del Poder Legislativo en materia de adquisiciones y obra pública en ambas cámaras.
Pues estamos también por armonizar las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública a nivel federal, y como parte de las otras 10, 12 leyes que están pendientes de ser armonizadas en relación al Sistema Nacional Anticorrupción, y creo que pues ahí tendríamos que trabajar para cumplir con esta recomendación.
Otra es eliminar la contraprestación económica por el servicio que prestan los testigos sociales. Esto también tendría que ir en la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública que, insisto, a nivel federal todavía no hay mucho avance.
Las demás también tienen que ver con esa misma ley: precisar el régimen de las excepciones a la licitación, mejorar la regulación de la adjudicación directa, elaborar metodologías e indicadores para evaluar el desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción, ya está en la ley del Sistema Nacional Anticorrupción y ahora falta que empiece a funcionar.
Nombrar a la brevedad al fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción, pues en eso estamos también; elaborar estadísticas de la Fiscalía Especializada sobre investigaciones prescritas, archivadas, en trámite, etcétera; tendría que ser también un tema a incluirse en las eventuales reformas a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción.
Bueno, otros temas pendientes de adoptar, pues el servicio profesional de carrera en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo; esta parte me parece fundamental, no está en la agenda pública hasta el día de hoy revisar los servicios profesionales de carrera, sin embargo, sí me parece fundamental como un elemento clave para combatir la corrupción.
El darle estabilidad profesional a un servidor público en un municipio o en cualquier área de la administración pública, me parece fundamental. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Que a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, la mayoría de los servidores públicos de nivel medio para arriba constantemente estamos cambiando.
Se va el presidente municipal y, salvo los sindicalizados, se van prácticamente todos los funcionarios. Entonces eso genera incentivos para la corrupción y eso tenemos que afrontarlo; se oye burdo y está feísimo decirlo, pero así es.
La gente llega a un cargo, dice: voy a estar aquí tres años y entonces me aprovecho, hago dinero como puedo esos tres años, porque después yo no sé si después voy a tener trabajo. Y para colmo de males, ser político, ser servidor público en este país está tan mal valorado que después tampoco te quieren dar trabajo en la iniciativa privada, en el sector privado, este tema es estructural, y sí creo que tenemos que tomarlo muy en serio y avanzar.
En otros países del mundo…, aquí servicios profesionales de carrera solamente tenemos el Servicio Exterior Mexicano, la Marina y el Ejército, el resto de la administración pública cambia y cambia, sobre todo a nivel local pasa mucho este fenómeno, desde el inspector, por ejemplo, del agua, que se lleva su “lanita” para que la gente no le corte el agua o para que les vuelva a conectar el agua, hasta los temas de compras públicas en los que hay una enorme corrupción en términos de montos económicos.
Ese tema no está en la agenda y me parece que lo tenemos que “subir” y tomarlo con mucha seriedad; el que sigue, bueno, el segundo, eso es ya más corto. El Examen de Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el seguimiento del informe de recomendaciones de la tercera fase de la implementación de la Convención Anticohecho de la OCDE.
Bueno, sobre la ONU, como les decía, la verdad es que ya la mayoría de las recomendaciones no nos están siendo útiles, porque se hizo, se retrasó muchísimo el informe; sin embargo sí hay algunas que son rescatables.
Tiene que ver sobre todo con la parte final, creo que ya comentó algo Jaime sobre el tema, me parece, de la parte penal, el Código Penal Federal fue reformado el pasado 18 de julio; sin embargo, solamente el 10 por ciento de las causas penales por corrupción son federales, por lo que es de vital importancia la armonización de los códigos penales a nivel local.
Debe realizarse un estudio comparativo de los códigos penales en los estados, al contrario de la materia administrativa, la materia penal no está homologada, ése es un tema muy importante. La Ley General de Responsabilidades Administrativas ya establece justamente lineamientos para todos los órdenes de gobierno, pero a nivel penal no es así, es decir, no tenemos un código general penal, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por eso es tan importante que se haga la armonización a nivel local con el Código Federal.
El plazo constitucional mínimo de siete años para la prescripción de actos de corrupción sólo es para materia administrativa, entonces se tiene que hacer la armonización a nivel local también para lo penal.
Bueno, la que sigue, los principales delitos en los que se centran las recomendaciones tanto de la ONU como de la OCDE, en esto coinciden, es el soborno, la malversación, el tráfico de influencias, peculado, blanqueo de dinero, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito y obstrucción de la justicia.
Las recomendaciones principales son en que los mecanismos coinciden en que hay que sancionar a personas morales y al sector privado, esta parte ya quedó digamos en la parte administrativa, bueno, también ya quedó en la reforma de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, ya va a haber sanciones también a personas morales y a sector privado.
En lo que no ha habido avance, y tampoco veo que esté mucho en la agenda actual, es en la parte de la eliminación o limitación del fuero. E insisten igualmente la ONU y la OCDE en el tema de protección a testigos y denunciantes.
Finalmente, mi última reflexión sería sobre el asunto de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, que estamos esperando que se instale el Sistema Nacional Anticorrupción, porque de ahí se generarán los formatos sobre los cuales se llenarán y se harán públicas estas declaraciones, ése es un tema que no quedó definido en la ley, se decidió que fuera el Sistema Anticorrupción el que desarrollara los formatos, y ésa sigue siendo, desde mi punto de vista particular, una discusión inacabada, porque al final del día del formato depende que la información sea útil en términos de lo que queremos, que es prevenir actos de corrupción o prevenir enriquecimiento ilícito, lo que sea.
Si ustedes ven actualmente la plataforma 3de3, la que está hospedada por Transparencia Mexicana y por el Imco, que llenaron muchos candidatos durante las elecciones, ustedes pueden ver que dice si tienes una casa y vale más de 500 mil pesos. En realidad no te están dando el monto real de lo que cuesta tu casa, eso es lo que es público, y en ese sentido, desde mi punto de vista, no funciona, no sirve así. Esa discusión sobre el formato, sobre qué información es lo que se va a hacer pública es clave para lo que sigue.
Sin embargo, insisto, la invitación es que ustedes a nivel local pueden desarrollar en sus leyes tanto como ustedes quieran. No se tienen que quedar solamente con lo que está establecido en las leyes generales que, insisto, solamente son un piso y ustedes pueden ir mucho más allá.
Muchísimas gracias por su atención y estoy a la orden para cualquier pregunta.
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