Versión de la conferencia de prensa de la senadora Martha Elena García Gómez (MEGG), acompañada de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil
MEGG: Muy buenos días a todas y a todos.
Gracias por su asistencia. Hoy se encuentra con nosotros Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redin (Red de investigación en Violencia de Género); el Doctor Jorge Cardona, experto independiente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y Marcelo Ventos, co-coordinador del Grupo de Trabajo Internacional sobre Inversión en Niñez.
El motivo de esta conferencia es la presentación de la versión amigable de la “Observación general número 19 de las Naciones Unidas, presupuestos Públicos, ¿Cómo los gobiernos deberían invertir el Dinero a favor de los derechos de niñas y niños?”.
En México, para 2016 se etiquetaron en el anexo 18 recursos para la atención de la niñez y adolescencia 736 mil millones, el proyecto del Ejecutivo para 2017 es de 759 mil millones y a pesar de que vemos un pequeño aumento no hay recursos suficientes.
Por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes sólo le ponen 59 millones, cuando al menos se necesitan 220 millones, pues son los encargados de coordinar la política pública de infancia en todo el país.
A la Procuraduría Nacional de Protección de Derechos de Niñez no le dieron recursos. Ayer la Comisión de los Derechos de la Niñez aprobamos varios dictámenes en los que solicitamos a la Cámara de Diputados asignen recursos para la Procuraduría Nacional, a la que consideramos se deben etiquetar al menos 110 millones de pesos, pues son los responsables de proteger y restituir los derechos de la niñez.
Ven temas como los de adopción y niñez migrante, por dar un ejemplo; estamos solicitando recursos para los centros de asistencia social, pues de acuerdo con la ley deben de contar con infraestructura adecuada y de calidad para atender a la niñez.
Estamos solicitando la creación de un fondo que sirva para que los sistemas municipales de niñez puedan operar. No olvidemos que son los municipios el primer contacto que tiene la niñez y necesitan atención.
En diciembre del 2014 entró en vigor la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y hasta el momento van dos presupuestos que el Sistema Nacional y las procuradurías no cuentan con recursos como lo mandata la ley.
Estamos impulsando que los diputados den cumplimiento a este mandato. Para ello doy el uso de la palabra, en primera instancia, a Juan Martín Pérez.
JUAN MARTÍN PÉREZ (JMP): Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, senadora, gracias por este espacio. Agradecemos a la Comisión de Derechos de la Niñez del Senado de la República la posibilidad de presentar y hacer el lanzamiento de esta versión amigable de la Observación General número 19. Ahora nos comentará aquí Jorge Cardona y Marcelo Ventos brevemente el tema.
Y destacar que nuestro país está cruzando por un momento histórico en la lógica de cambios a favor de la niñez, pero sin presupuesto público eso quedará sólo en una ley escrita por ahí, publicada, necesitamos que el Congreso sea coherente y consecuente con su compromiso al haber aprobado esta Ley General de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes y creo que este comentario general de Naciones Unidas, del Comité de Derechos del Niño, nos ayudará a tener mayor claridad de por dónde tendríamos que invertir a favor de niñas, niños y adolescentes.
Yo le voy a dar la palabra al Doctor Jorge Cardona, experto independiente del Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas y a Marcelo Ventos, posteriormente, y que forma parte de la Red latinoamericana y Caribeña para la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quien coordina el grupo de trabajo sobre inversión a la infancia. Y el Doctor Jorge Cardona, hay que decirlo, es el que facilitó y coordinó desde Naciones Unidas el desarrollo y el debate de este comentario general.
Muchísimas gracias, Jorge y Marcelo.
JORGE CARDONA: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias, senadora por este espacio.
Como ha sido señalado, mi función es presentar la observación general número 19 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Nosotros hemos constatado, en el examen que realizamos a todos los Estados del mundo, cada cinco años para evaluar la aplicación de la Convención, que aunque se han realizado grandes reformas legislativas en muchos Estados, aunque se han realizado muchas políticas, aunque se han llevado a cabo muchas estrategias, no se avanza suficientemente en el respeto a los derechos de los niños, en muchas ocasiones por la falta de recursos.
Yo llevo al Comité de Derechos del Niño a realizar una observación general que tiene por finalidad explicarles a los Estados las obligaciones que ellos ya han asumido a través de la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito de los presupuestos públicos, porque no solamente han asumido obligaciones del respeto de los derechos, sino también de la garantía de los derechos y para garantizarlo se han comprometido a adoptar todas las medidas a su alcance, y entre ellas medidas presupuestales.
En ese sentido, la Observación General intenta explicarles a los Estados cómo deben elaborar los presupuestos y cómo deben de garantizar los derechos de los niños a través de esos presupuestos.
En el caso de México en concreto, México está en estos momentos en la mejor situación de su historia en el marco legal de respeto de los derechos de los niños. La Convención de los Derechos de los Niños se ha constitucionalizado, se le ha reconocido en la Constitución. El interés superior del niño es un principio constitucional, se ha aprobado una ley general de garantías que es una excelente ley.
Se han aprobado las leyes de los estados para aplicar esa ley federal de garantías. Se ha establecido un Sistema Integral de Defensa las Niñas, Niños y Adolescentes mexicanos, pero no basta con eso, es necesario poner los recursos necesarios para aplicar esa ley y para que el Sistema pueda funcionar.
Y en ese sentido, la Observación General da orientaciones a todos los estados, por lo tanto también a México, de cómo hacerlo, de cómo conseguir que el gasto sea más eficaz, sea más eficiente, se más equitativo con atención a los niños de especial vulnerabilidad, sea más sostenible, sea más transparente para que se invierta lo necesario y se haga lo mejor posible.
En ese marco de orientaciones, además es importante que los niños como sujetos de derechos también comprendan esas obligaciones del Estado y se ha realizado una versión amigable, una versión que los niños puedan comprender para que puedan, efectivamente, reivindicar como sujetos de derechos, que se invierta en los presupuestos públicos todo aquello que es necesario para el respeto de sus derechos.
Yo creo que es importante que este foro del Senado sea el foro en el que se hace público, en el que se presenta esa Observación General, para que llegue tanto a la administración, al gobierno, como a la Cámara de Diputados, donde estaremos más tarde para que efectivamente se pueda respetar.
Muchas gracias por su atención.
MARCELO VENTOS: Buenos días. Muchas gracias, senadora, muchas gracias Jorge, Juan Martín.
Desde RedLamyc, la Red Latinoamericana de Niñez, de niñas, niños y adolescentes, hemos venido acompañando este proceso a hacer el comentario general desde sociedad civil. La RedLamyc la integran 26 coaliciones de toda América latina y desde América, en particular, visualizamos este comentario como una herramienta sustantiva en una región donde la inequidad tiene cara de niños y de niñas, por lo cual visualizamos esta herramienta como una herramienta técnica y política, donde los estados, la sociedad civil, tiene la posibilidad de modificar y de llevar a la práctica concretamente la Convención de los Derechos del Niño.
Por lo cual, visualizamos en los presupuestos públicos la herramienta fundamental para modificar situaciones de vulnerabilidad y de vulneración de derechos, partiendo de la premisa de que ningún niño o niña y adolescente elige dónde nace, por lo cual es el Estado el que tiene que garantizar a todas y a todos la posibilidad de los mejores desarrollos y los mejores accesos a la vida plena que cada uno tenemos en cada uno de los países, por lo cual la invitación dese la RedLamyc a hacer de esta herramienta un nuevo proceso de construcción de diálogo con las niñas, niños y adolescentes y, sobre todo, incluirlo en un proceso de participación, que también incluye este comentario general y que identifica claramente la obligación de tienen los estados de presupuestar procesos de participación de niñas, niños y adolescentes en lo que es los ciclos presupuestarios, como también en lo que es en la construcción de ciudadanía cotidiana.
Por lo cual, agradecemos a la Comisión del Senado, a la senadora y, sobre todo, el debate que se va a dar después va a ser un buen lanzamiento de este comentario general, que recientemente se acaba de aprobar.
Muchas gracias.
MEGG: Bien, muchísimas gracias por su atención, los invitamos un ratito más a que estén presentes en este foro que es de gran importancia para todos nuestros niños, niñas y adolescentes.
Pregunta (P): Senadora, me consta que cada año alguien se hace el preocupado por los niños, y aquí en el Senado es usted, sin embargo, año con año vemos que los niños, cerca de aquí, no nos vamos lejos a los estados, siguen vendiendo en la calle, siguen siendo explotados por sus papás. Si usted va aquí a la glorieta hay niños que están pidiendo y sus mamás sentadas. Por otro lado, México está viviendo una situación muy grave también con los niños haitianos, que están llegando a la parte norte. También son niños que están llegando a nuestro territorio y están siendo desamparados. ¿Qué se piensa también analizar? Y ¿Qué es lo que usted sugiere? Tercero, ya ha habido acercamientos, respuesta de parte del gobierno hacia sus peticiones que desde hace cuatro años las ha estado haciendo.
MEGG: Una pregunta mucho muy interesante, la cual me gustaría que Juan Martín le diera respuesta a su pregunta.
JMP: Gracias, senadora. Sí, hay que comentar que la nueva ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes que se aprobó en diciembre de 2014, crea una nueva institucionalidad, una manera distinta de organizar al Estado.
Estamos acostumbrados a tradicionalmente pensar en la infancia y DIF, ahora el DIF sigue haciendo su tarea de asistencia, de restitución de derechos, pero la tarea es compartida con todas las demás dependencias y órdenes de gobierno.
Los casos concretos que nos ha planteado usted, tanto aquí en la delegación Cuauhtémoc, como el caso de la migración de niños haitianos requieren respuestas específicas a través del Sistema de Protección Especial, que eso implica que se coordine el sistema DIF con las delegaciones, con las autoridades locales.
La Ciudad de México ya tiene su sistema de protección estatal, tiene una defensoría de derechos de los niños que está ya trabajando en estos temas, y han desarrollado líneas programáticas.
Igual está pasando con los niños migrantes donde tenemos ya una acción mucho más grande articulada con la sociedad civil.
Hay tres elementos que hay que destacar para que esto cambie. Lo primero es que necesitamos la participación de sociedad civil y de la sociedad en su conjunto, para que estos niños no vivan discriminación. Vivir en la calle, trabajar en la calle, ser migrante no es un delito, tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos.
Segundo, necesitamos que las autoridades encargadas tengan los recursos suficientes para hacer la tarea, porque a veces parece una cosa sencilla, como un vuelo, un boleto de autobús y eso cuesta dinero que no se tiene, por eso necesitamos presupuesto.
Y tercero, estamos actualizando con el trabajo del Poder Legislativo, tanto en el Senado y la Cámara de Diputados, los marcos normativos para que se permita atender de mejor forma muchos de estos casos.
Así es que no hay todavía una solución inmediata, será un proceso de varios años, pero se están dando pasos hacia adelante.
P: Inaudible.
JMP: Bueno, la sociedad civil y el público en general lo está haciendo, que su indignación la coloca en redes sociales, lo cual es positivo. Hay que identificar a la autoridad responsable y, sobre todo, muy importante dar seguimiento a lo que estamos planteando.
Porque no solamente es indignarnos, sino que podamos garantizar que ese niño, esa niña realmente esté protegido.
P: Bueno días, nada más preguntarles si me pueden precisar en donde está la falla en el presupuesto que viene de 2017, precisamente para esta nueva ley que abarca varias formas en las que se debe atender a la población infantil. ¿Dónde está la falla? Y ¿Qué propondrían ustedes?
JMP: Correcto, el presupuesto que tiene el país en materia de infancia tiene un anexo llamado 18, en éste se ha incrementado nuevos programas y se han etiquetado recursos, por lo que aparentemente tiene un pequeño avance.
Sin embargo, nos preocupa que la nueva institucionalidad que mandata esta ley, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral, que está dentro de Gobernación, en lugar de recibir los 220 millones de pesos que requiere para la articulación de dependencias, de órdenes de gobierno, de entidades federativas, sólo se le asignaron 59 millones de pesos.
O sea, esto significa que se queda literalmente sin capacidad de operación para lograr esa articulación.
Segundo, la procuraduría, la nueva procuraduría que se crea con esta ley que está junto o a la par del DIF nacional necesita también recursos, no solamente para cumplir con su tarea federal, sino para estimular la transformación de las procuradurías estatales.
Y ahí el recurso está etiquetado en un ramo de beneficios o de asistencia, lo que impide que el dinero se invierta propiamente en la tarea de institucionalización. Entonces, es muy importante que esto se corrija y se etiquete el presupuesto directamente, porque de otra manera los tendremos con la posibilidad de repartir desayunos, pero no haciendo la tarea de protección y defensa de derechos, que son cosas diferentes.
P: Inaudible.
JMP: Bueno para la Secretaría Ejecutiva estamos hablando que al menos 150 millones de pesos y para la Procuraduría Federal, el reajuste, el etiquetado estaría entorno a los 120 millones de pesos, como mínimo. Estamos pensando sólo para que esta ley funcione y comience a echarse a andar.
Cada entidad federativa tiene la responsabilidad de etiquetar recurso público, cada municipio va a tener el esfuerzo de cómo genera parte de sus recursos para niños y niñas, pero ahora la prioridad es como vamos construyendo esta institucionalidad.
MEGG: Bien, pues les agradecemos su presencia.
Muchísimas gracias y reitero este foro va a ser muy interesante en donde nos gustaría que todos participaramos.
Muchas gracias por su atención; Juan Martín, muchas gracias; bienvenido como siempre.