* Versión de la intervención de la senadora Martha Elena García Gómez, durante la inauguración del foro “Presupuestos públicos para la atención integral de la niñez y la adolescencia desde un enfoque transversal”
Muchísimas gracias; muy buenos días a todas y todos ustedes. Les doy la bienvenida al Senado de la República y agradezco su presencia en este foro de “Presupuestos públicos para la atención integral de la niñez y la adolescencia, desde un enfoque transversal”.
Agradezco de manera especial a la representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, a mi muy querida amiga Isabel Crowley; gracias, muchísimas gracias amiga por tu apoyo para la organización de este evento, amiga seguiremos trabajando juntas hasta lograr la implementación de la ley, y (inaudible) del presupuesto.
De igual manera, agradezco la presencia del Senador José Rosas Aispuro, el vicepresidente de la Mesa Directiva, en representación del senador Roberto Gil Zuarth, y también la presencia del Senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación de este Senado de la República, amigos y compañeros comprometidos con la niñez y adolescencia.
Saludo la presencia de las y los representantes del poder Ejecutivo que hoy nos acompañan. Licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. También al maestro Ricardo Bucio Mujica, recién nombrado secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y decirte secretario: no te voy a soltar, me tendrás muy presente constantemente y por supuesto, cuenta con todo nuestro apoyo.
También saludo al licenciado José David Méndez, en representación de la Secretaría de Hacienda; al licenciado Jesús Antón de la Concha, en representación del Sistema DIF Nacional. Sean todas y todos bienvenidos.
Finalmente, quiero agradecer la importante presencia de las y los diputados federales que hoy nos acompañan, así como de nuestro representante de la sociedad civil, aliado y amigo, el licenciado Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la REDIM.
Y decirles que el día de hoy nos reunimos para realizar este foro de dos días que el Senado en conjunto con UNICEF, vemos necesario ante la nueva perspectiva que cambió en nuestro país a partir de la publicación el pasado 4 de diciembre de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; este nuevo ordenamiento reconoce a la niñez y a la adolescencia como titulares de derechos y deja atrás esa visión proteccionista en la que se encontraban los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Con esta ley, avanzamos en el cumplimiento de los compromisos que el Estado mexicano contrajo con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. No obstante, también nos deja importantes responsabilidades y retos por cumplir para todas las autoridades en los diferentes niveles de gobierno y por su puesto el de coordinar las instancias que deberán integrar al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que esperamos pronto instale el Presidente de la República.
En este sentido, la ley prevé como obligación que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias incorporen recursos económicos que permitan dar cumplimiento, por esta razón, consideramos fundamental que toda política pública con enfoque de derechos humanos de niñez, cuente con un presupuesto que permita su ejecución y que las autoridades gubernamentales definan los objetivos, líneas estratégicas y acciones.
Debemos reconocer que hay esfuerzos previos, por ejemplo, gracias a las reformas de 2012 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se institucionalizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la incorporación de un anexo para los recursos enfocados a niñas, niños y adolescentes.
En el recién entregado paquete económico para 2016, hemos observado que el anexo 18, tiene un crecimiento del 4.6 por ciento de recursos respecto de lo aprobado en 2015.
La propuesta del Ejecutivo federal es etiquetar 734 mil millones de pesos para la atención de niñas, niños y adolescentes, recursos destinados para una población que representará más del 32 por ciento de la población total del país de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población. Es decir, en 2016 se estaría gastando la cantidad de 18 mil 335 pesos anuales en cada niña, niño y adolescente de este país.
Consideramos que estas cifras son alentadoras y la voluntad mostrada en este proyecto, es favorable, sin embargo, debemos ver cómo y en qué se van a ejercer estos recursos, de ahí la importancia de este tipo de espacios y sobretodo, el papel tan relevante que realizará la Cámara de Diputados a quien entregaremos las conclusiones de este foro.
Reconocemos también los aportes que las dependencias han hecho al etiquetar recursos, pero debemos ir más allá. Si bien, son miles de millones los recursos programados en el anexo, es preciso decir que el 92 por ciento están dirigidos principalmente a la educación y salud, quedando tan sólo un 7 por ciento para el desarrollo social, y el otro 1 por ciento a las funciones del resto de los ramos y dependencias como el Inmujeres, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, PGR, INE, CNDH, Relaciones Exteriores, Segob y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, situación que nos preocupa pues estas dependencias tienen que cumplir con la implementación de la ley, como lo es el Sistema Nacional de Información, por mencionar solo un ejemplo.
Asimismo, resulta necesario que en el Sistema de Evaluación de Desempeño, los recursos de este anexo sean evaluados con indicadores que midan el avance en la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que su gasto sea transparente no sólo a nivel federal, sino también en las entidades federativas y los municipios.
Esta es una de las cosas que observamos ausente en el proyecto del PEF, que si bien las condiciones económicas implican el apretón de cinturón para todas las instituciones públicas, no se pueden dejar desprotegidos los derechos de una niña, un niño o un adolescente.
Notamos también la ausencia de lineamientos que ordenen la forma de ejercer los recursos desde un enfoque que garantice el interés superior de la niñez, por esto, aprovecho este espacio para invitar muy respetuosamente a nuestra colegisladora, a que en su facultad exclusiva de aprobar el PEF 2016, pueda analizar lo que todavía no está plasmado en ese anexo e incorporarlo, y que juntos podamos dar seguimiento a su ejecución y evaluar el resultado. Estoy segura que la mejor inversión está en las niñas, niños y adolescentes de México.
Muchas gracias.
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