Senado de la República

Versión de la entrevista concedida por el senador Roberto Gil Zuarth previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente

PREGUNTA (P): ¿Qué va a pasar con este decálogo del presidente que envió en diciembre del año pasado? ¿Todavía es funcional para las condiciones actuales que tenemos de inseguridad o habrá que prever una nueva estrategia?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH (RGZ): El decálogo es insuficiente no solamente porque los contenidos o los primeros planteamientos no son idóneos para responder a la situación que vive el país en términos de inseguridad y crimen organizado; así lo hemos hecho saber desde el primer momento.

Acción Nacional está convencido de que tenemos que explorar con otros mecanismos, otras alternativas. Desaparecer policías municipales y fusionar esas corporaciones en policías estatales no es la solución; hay malas policías municipales como también hay malas policías estatales y esa solución de tabla rasa no es una solución de largo plazo. Nosotros creemos que tenemos que hacer un diseño mucho más inteligente, mucho más integral.

Y también es cierto que el decálogo no comprende nada relacionado con el sistema penitenciario, que es al final de cuentas la crisis que se ha abierto recientemente a partir de la fuga de “El Chapo” Guzmán y en consecuencia debe haber planteamientos muy serios y muy claros con respecto al sistema penitenciario mexicano no solamente para que el sistema pueda custodiar bien a los que se merecen estar en la cárcel sino también para que sea utilizada la cárcel como un mecanismo de última (inaudible) para quienes se merecen estar en la cárcel y no como una solución para todo tipo de casos aunque no impliquen violencia, impliquen delitos menores.

Hemos abusado del sistema penitenciario, hemos abusado de la cárcel, por eso son tan pocas, tan malas y evidentemente generan fugas como la que vimos hace algunos meses.

Creo que el decálogo que ha presentado el Presidente de la República tiene esas dos insuficiencias: por un lado, las propuestas no son las idóneas y por el otro lado tiene faltantes, como es el caso del sistema penitenciario.

P: En este caso, ¿cabría la posibilidad de que se lograra una posible privatización de los penales?

RGZ: La privatización o mejor dicho la gestión privada o administración privada de los penales no tiene nada que ver con una política penitenciaria o una política del sistema penitenciario mexicano. Es simplemente quién se encarga de cuidar el edificio; es decir, de administrar el edificio, de remodelar el edificio, de garantizar que la lavandería funcione bien, que el sistema de alimentos funcione bien. Eso no significa que se privatice o se traslade a manos particulares la custodia o el deber, el servicio de conducir el sistema penitenciario y el programa de reinserción social que opera en nuestra Constitución, simplemente significa que quien se encarga del edificio es un privado en términos de mantenimiento y de administración de las instalaciones, no propiamente la aplicación de los sistemas penitenciarios como tales.

Es un modelo que puede generar ciertas eficiencias, insisto, en el mantenimiento de las instalaciones, pero no implica la suplencia del Estado en la aplicación de la política penitenciaria. En consecuencia, creo que no debemos confundir una cosa con la otra. Una cosa es cómo se conducen y administran las instalaciones y otra cosa es quién conduce y quién aplica la política penitenciaria en nuestro país.

P: Esta reforma tendría que sea de gran calado. ¿Tendría que venir necesariamente del Ejecutivo o tendría que salir del Legislativo?

RGZ: El Congreso de la Unión, y especialmente el Senado de la República, ha venido trabajando en los últimos meses en una Ley de Ejecución Penal, que es la ley del sistema penitenciario mexicano.

Hemos avanzado, tenemos algunas dificultades, tenemos todavía algunos corchetes. Yo creo que en el mes de septiembre podemos ya concluir el proceso de dictaminación de la Ley de Ejecución Penal y sobre todo aprender de la experiencia de la fuga de “El Chapo” Guzmán para tratar de mejorar los sistemas de control en aquellas instalaciones que implican reos de alta peligrosidad o alto riesgo para la seguridad pública en nuestro país, como es el caso de los penales de alta seguridad de Almoloya y Puente Grande.

En consecuencia, necesitamos revisar este dictamen a la luz de los acontecimientos recientes, pero también a la luz de que el sistema penitenciario mexicano está absolutamente rebasado. El 43 por ciento de los reos están por delitos menores, sanciones de tres años, menores a sanciones de tres años, con lo cual estamos utilizando mal el sistema penitenciario. Estamos metiendo a la cárcel a primo delincuentes, a gente que robó 60, 70 pesos en una tienda y no estamos utilizando los sistemas penitenciarios para cuidar a quienes debemos de aislar de la sociedad, como es el caso de los narcotraficantes, que son especialmente violentos.

Tenemos que rediseñar el sistema penitenciario para que estén en la cárcel quienes se lo merecen y no estén en la cárcel quienes pueden tener una mejor condición de vida en libertad.

P: En el caso de los controles que usted decía de los penales de alta seguridad, ¿qué tipo de controles tendrían que ser?

RGZ: De entrada, por ejemplo, cuestiones de logística; mecanismos de supervisión independientes; auditorías permanentes; definiciones en la ley, como por ejemplo de que un reo no puede estar en la planta baja precisamente para que no hagan túneles, en todos los sistemas penitenciarios del mundo los reos de alta peligrosidad nunca están en primeras plantas, nunca están en últimas plantas porque tan es así que pueden hacer un túnel como pueden entrar por aire.

Son ciertas definiciones de seguridad, protocolos que están establecidos de manera internacional que se tienen que recoger como mandamientos, como obligaciones específicas de la autoridad penitenciaria en una ley, para que haya responsabilidades legales, pero también responsabilidades políticas cuando no funcionan esos protocolos.

P: El caso que sucede en Veracruz, ¿qué tiene que pasar con el gobernador Javier Duarte?

RGZ: Lo que extraña profundamente es que la Federación no haya ejercido la facultad de atracción que la Constitución le establece en los casos de agresiones a periodistas o cuando se ponga en riesgo la libertad de expresión.

Es una reforma que el Congreso de la Unión hizo, hicimos una reforma constitucional para habilitar al Ministerio Público federal para atraer los casos de agresiones a periodistas o agresiones a servicios e instalaciones vinculados con la libertad de expresión.

Sorprende profundamente que el Gobierno federal, la Procuraduría General de la República no haya decidido ejercer la atracción en ese caso, aun cuando se trata de un delito del orden común, es decir, un homicidio, tiene las implicaciones de afectar el libre flujo de las ideas y, en consecuencia, toda la fuerza del Estado mexicano debe volcarse hacia evitar la impunidad de ese tipo de acontecimientos, de ese tipo de crímenes, es lo primero que llama la atención.

En segundo lugar, llama profundamente la atención las posiciones que ha tomado el gobernador de Veracruz, esta idea de que los periodistas son lesionados, son agredidos, porque se portan mal simplemente es una mala explicación, es una forma de evadir la responsabilidad y, sobre todo, es una claudicación del gobierno del estado en el deber fundamental que significa cuidar a los ciudadanos y cuidar la democracia y el libre flujo de las ideas.

Y, en tercer lugar, simplemente son inverosímiles las primeras hipótesis de la Procuraduría del Distrito Federal, esto de que se trata de un robo cuando hay signos evidentes de tortura y cuando hay signos de que se trata pues de la ejecución de un periodista que, en ejercicio de su función, de su responsabilidad social, fue agredido y fue asesinado, es verdaderamente inexplicable cómo la Procuraduría del Distrito Federal lanza esta hipótesis, simplemente es inverosímil; y, en consecuencia, son tres cosas que llaman profundamente la atención.

Hoy el Senado de la República va a discutir el asunto, vamos a discutir a propósito de un punto de acuerdo este caso, y Acción Nacional va a pedir, entre otras cosas, que la PGR ejerza la facultad de atracción, que el gobernador de Veracruz comparezca ante el Senado de la República para explicar qué está pasando en términos de agresiones a periodistas en el estado de Veracruz, es el estado que mayor número de agresiones tiene en los últimos años, es el líder en ese tipo de agresiones y no parece que el gobernador del estado y la Federación estén haciendo algo para remediarlo.

Y, en tercer lugar, vamos a pedir un informe a la Procuraduría del Distrito Federal sobre las hipótesis y las investigaciones del caso precisamente para que se asuma, como todo parece indicar, que se trata de una agresión a la libertad de expresión y no simplemente un delito del orden común, simplemente coyuntural o circunstancial.

P: ¿Tendrían que profundizarse las líneas de investigación que llevan a Veracruz?

RGZ: Por supuesto. La primera hipótesis de trabajo de la Procuraduría del Distrito Federal debe ser el móvil de la intención de silenciar a un periodista, ésa debe ser la primera hipótesis de trabajo del gobierno del estado de Veracruz, del gobierno del Distrito Federal y también de la PGR, simplemente no partir de la hipótesis y excluir ésta que es crucial con el simple mensaje de que se trata de un robo común y corriente.

Hay como obligación ética y política de todas las procuradurías locales y federales de trabajar como primera línea de investigación en la agresión al periodista en función de los hallazgos y en función de lo que venía investigando y de cómo venía haciendo su trabajo como periodista, en ejercicio de su libertad de información, y no simplemente como un ciudadano que fue agredido en un departamento en la Narvarte a propósito de un robo.

P: Muy bien, senador, gracias.

RGZ: Gracias a ustedes.

---000---