* Versión de la conferencia de prensa ofrecida por la senadora Adriana Dávila Fernández, en las instalaciones del Senado de la República
SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ (ADF): Muy buenas tardes a todos ustedes.
Primero, quiero agradecerles a todos ustedes por su asistencia e interés en un tema de gran relevancia sobre delitos que vulneran derechos humanos fundamentales y sobre la actuación de las autoridades responsables de la atención y protección de los derechos de las víctimas.
El día domingo 26 de abril la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas informó a través de un comunicado sobre la detención de implicados en el caso de una joven de 22 años víctima de trata de personas por trabajos forzados.
Según informe de la propia autoridad, esta joven escapó de sus victimarios y de acuerdo a los dictámenes policiales se determinó lo siguiente: primero, que la joven tiene edad biológica de 22 años pero aspecto físico de 14.
Que sus órganos internos y funciones de los mismos representan a una persona de 81 años, debido al daño ocasionado por los presuntos delincuentes.
Señala también la Fiscalía que conforme a la situación que vivió, tiene además una severa anemia que de acuerdo con los médicos que la atienden, su vida está en riesgo.
La Fiscalía da cuenta en su comunicado sobre la intervención de peritos médicos en psicología, criminalística y clínica. Diversos actores de la sociedad civil e incluso autoridades del ámbito federal y estatal se han manifestado al respecto. Mi Grupo Parlamentario condenó el hecho y exigió a las autoridades perfeccionar sus políticas de prevención y que éstas ayuden a detectar más casos que permanecen en el anonimato.
De acuerdo a esta escasa información y declaraciones públicas de la propia víctima, no han pasado ni dos semanas del escape de la joven de sus presuntos victimarios; sin embargo, y a pesar de los dictámenes periciales, esta joven ha estado sobreexpuesta en diversas apariciones públicas para contar su terrible historia, que sin duda evidencia el deterioro del tejido social y también la falta de atención de las autoridades para la detección oportuna de casos similares que seguramente son cientos en el país.
Lo que hoy nos convoca aquí es nuestro desacuerdo sobre la actuación de las autoridades responsables de la procuración de justicia del Distrito Federal. De acuerdo a la ley general vigente en materia de trata de personas, en su artículo tercero, se establece el principio de máxima protección. Las autoridades deben adoptar en todo momento medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales.
El Protocolo de Actuación para la Atención a Víctimas de la Procuraduría del Distrito Federal señala que la Fiscalía y el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito son responsables de proporcionar a las víctimas o posibles víctimas del delito los servicios tendientes a garantizar el ejercicio de sus derechos.
Ninguno de estos derechos le han sido garantizados ni respetados plenamente a la víctima. Si la vida de la joven, de acuerdo con los propios peritajes, se encuentra en riesgo, ¿cómo es posible su sobreexposición a la opinión pública? ¿Qué sucedería si ante esta intensa actividad, su estado de salud se agrava? ¿Cómo es posible que si tiene anemia severa, no tengamos información de cuánto tiempo estuvo hospitalizada, en dónde y quién la atendió y si ya hay un alta médica que le permita estar fuera?
¿Quiénes son los psicólogos o personal médico que la atienden y cómo autorizaron que esta joven aparezca en numerosas entrevistas con medios de comunicación y videos publicados en las redes sociales antes de cuidad su integridad física y mental?
Se ha señalado que ella ha acudido a estas entrevistas por su propia voluntad; sin embargo, expertos en atención a víctimas aseguran que quienes han estado sometidos a tales abusos y maltratos se encuentran en un estado de codificación y disociación postraumático, por tanto, exponerlos públicamente viola sus derechos humanos más elementales y se les reduce a un objeto de revictimización. En su condición, no está ni bien física ni psicológicamente para tomar decisiones de esta naturaleza.
Estamos de acuerdo en que casos como éste no deben ser ocultados. Por supuesto que deben conocerse como parte de las políticas de difusión para la prevención y conocimiento del delito; sin embargo, no puede ser a costa de violar los derechos fundamentales de quien es prioridad proteger y en este caso, las víctimas.
Es la Procuraduría del Distrito Federal la responsable de lo que suceda con esta joven, por permitir su sobreexposición e incluso su explotación mediática para fines no precisamente nobles y que en nada ayudan a su recuperación. Lamentablemente tampoco se contribuye a la prevención, detección, sanción o castigo de quienes cometen este delito.
Nos preocupa además que la correcta atención y protección a la víctima viole el debido proceso, también. Que además se encuentra en riesgo por la cuestionable actuación de la Procuraduría, debido a la cantidad de datos que están circulando en distintos espacios públicos que puedan generar impunidad.
Pedimos respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión de Derechos Humanos den seguimiento puntual a este caso y velen por la protección de los derechos de esta joven.
Es cuanto, estoy a sus órdenes.
Pregunta (P): Senadora, preguntarle respecto al fondo de esta cuestión que permite que no haya un protocolo especializado para las víctimas de trata de personas, que aún con una Ley de Víctimas, analizando, ¿qué es lo que usted pugnaría?, porque no solamente es ella, hay otras víctimas que han sido expuestas en múltiples ocasiones en múltiples temas y, ¿qué piensan hacer para desarrollar esto de una manera más general para que no ocurra esto?
ADV: Este Senado de la República, en lo personal su servidora junto con las integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas nos hemos pronunciado por evitar que jóvenes que están en esta situación, hombres, mujeres, niños, sean sobreexpuestos.
Efectivamente quizá los protocolos no están correctamente, hemos detectado concretamente en el Protocolo de Atención a Víctima del Distrito Federal diversos asuntos que no están perfectamente bien establecidos en su actuación, pero sí hay protecciones mínimas establecidas. A mí me parece que esto corresponde más bien a una irresponsabilidad de la Procuraduría de permitir que haya actores ajenos a la atención específica y que se esté sobreexponiendo casos de esta naturaleza con las víctimas presentes, acudiendo a los lugares, a los medios, a las posiciones.
No es la primera vez que ocurre un asunto de esta naturaleza, incluso tenemos conocimiento que la pequeña o la joven de 22 años, aunque parece de 14, tiene intención de acudir a Argentina a un encuentro de víctimas, lo cual nos parece verdaderamente grave, porque esta niña necesita por lo menos todo un proceso de atención psicológica clínica y médica, que no permitiría que ella viajara en estos momentos.
No puede ser ella usada como un objeto de revictimización, como se plantea por expertos victimólogos o por expertos en la atención a víctimas, y no puede ser sobreexpuesta en estos asuntos, pero es la Procuraduría del Distrito Federal la responsable de estas acciones.
P: Senadora, nada más para puntualizar un pequeño detalle, ¿no hay una ley que obligue a la Procuraduría a respetar todas estas recomendaciones y experiencias que se tiene en otras organizaciones y en tratados internacionales?
ADF: En principio los tratados internacionales tendrían que ser tomados en cuenta; segundo, sí, la Ley General de Víctimas establece estas condiciones; afortunadamente estaremos por aprobar ya en próximas semanas –espero-- modificaciones al artículo 73 constitucional justamente en materia de atención a víctimas, para establecer también tipos penales justamente en ese sentido.
Porque evidentemente tenemos una Ley General de Atención a Víctimas, que vela sobre la protección, pero no castiga a quienes generan estos, castiga a los delitos que se cometen para este proceso, pero para las autoridades responsables de la procuración no hay asuntos de carácter penal.
Para nosotros es fundamental que hoy puedan hacerse, incluso modificaciones que hemos planteado nosotros desde la minuta de hace un año y que la Cámara de Diputados nos regresó con muchas deficiencias en la Ley General Contra la Trata de Personas.
Nos parece fundamental que no se siga lucrando, comercializando, generando con víctimas, que tendrían que estar siendo atendidas en obligación con las autoridades.
Muchas gracias a todos.
P: Buenas tardes, ¿entonces, usted cree que esta joven no está en condiciones plenas para tomar una decisión y participar en esta exposición pública, hablar de su caso, incluso pretender viajar para compartir de su experiencia con otras personas?
También quiero preguntarle si esta postura que tiene usted de alguna forma está influenciada por el diferendo que tiene con Rosi Orozco, quien es quien la ha estado acompañando en estas entrevistas.
ADF: Yo quiero señalar que no tengo ningún asunto de carácter, primero, personal con la activista. Acá la conocí así que para mí ese es un tema independiente.
Segundo, eso es justamente partes de las diferencias sustanciales que nosotros hemos planteado con ella o con cualquier otra persona que haga un trato similar a las víctimas, que las utilice para fines de carácter electoral, que las utilice para fines de explotación comercial o para conseguir recursos de cualquier naturaleza, para nosotros eso es gravísimo y así lo hemos planteado.
En este Senado de la República han llegado casos de muchas jóvenes a las que se les ha canalizado con las autoridades correspondientes, pero ninguno de esos casos ha sido sobreexpuesto, porque hay un principio máximo que es cuidar la identidad de quienes están planteando.
No soy yo quien señala que la joven no está en condiciones, son los propios peritos y el informe, incluso en el comunicado de la Procuraduría General del Distrito, perdón, de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que señala que su vida está en riesgo, que su integridad física, que tiene anemia, lo señala en su comunicado que fue publicado el día 26, por tanto son ellos los que tendrían que estar estableciendo en su peritaje médico que esta niña tendría que estar hospitalizada.
Sé por supuesto, que hay una causa noble de muchos ciudadanos que cuando ven estos casos se suman a cooperar, ese tema de quienes se han manifestado a favor de que se puedan, médicos cirujanos de que le puedan reconstruir por las vejaciones a las que ha sido lamentablemente expuesta esta joven; lo cierto es que hay un proceso que tiene que cuidarse.
Y el primer proceso que tiene que cuidarse es que esta joven esté preparada psicológicamente, esté preparada físicamente para poder enfrentarse a este asunto; alguien que revive su historia, una, dos, tres veces cuando no tiene ni 10 días que se escapó de sus captores, porque además debo señalarlo, no fue un proceso de investigación de la Procuraduría capitalina la que conllevo a esto, la jovencita se escapó.
Muchos casos de esos han sido invisibles, porque la mayor parte de los casos que mediáticamente ha explotado la Procuraduría, tienen que ver justamente con eso con una explotación mediática, y lo quiero señalar, se han ido a los centros establecidos, nocturnos y todo, por lo que sea, para hacer todos los operativos; todos los casos que han sido señalados han sido a través de operativos, no de procesos de investigación de otros fines de la trata de personas, como es en este caso trabajos forzados o lo que podría ser servidumbre forzosa.
Acá también hay concurso de delitos, que nosotros lo hemos planteado, pero insisto, no soy yo quien dice que no está preparada, tendrían que ser lo peritos psicológicos que tienen que atender en un proceso; quiero ponerles un ejemplo, hay fundaciones encabezadas por víctimas, por perdón, sobrevivientes, que pasaron en un proceso de atención, por lo menos dos o tres años para poder hablar sobre sus casos.
Insisto, no estamos en contra de que se den a conocer, ustedes como medios de comunicación fundamentalmente tienen que informarlo, lo que no se puede permitir es que sea la sobreexposición de la víctima, que sea a la víctima a la que se esté utilizando como un objeto de revictimización.
Y yo sí creo y yo creo que hay que preguntarle a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y también pedir la opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si una víctima de este tipo de delitos, en dos o tres semanas puede salir a un viaje a contar ante auditorios que no conoce, que no sabe, que la tienen en un estado de indefensión, su propia historia, porque además todavía no se cierra un proceso de carácter legal, judicial que está en curso. Es decir, tres días después de que ella denuncia, luego de una orden judicial, la Procuraduría del Distrito Federal acude, detiene a los supuestos delincuentes, a los presuntos delincuentes. Entonces, qué nos garantiza que el debido proceso de esté generando.
Imagínense ustedes que la joven sufra un tema mayor todavía en su salud, un deterioro psicológico, por lo que fuera y que cualquier abogado o estos mismos digan: “bueno no estaba tan mal, que tan mal no ha estado que ya se presentó en Televisa, en TV Azteca, en Milenio, en El Universal, no, no está tan mal, ella ya se recuperó, dicen algunas de las versiones en tres días ya recuperó tres kilos, ya no tiene anemia”.
Para que alguien deje de tener anemia, que no es una anemia severa sino una normal, dicen los médicos que se requiere por lo menos 15 días, la joven tiene, por lo que sabemos y datos imprecisos no más de 10 días.
Nos parece fundamental, no pueden tomarse estos casos a la ligera ni banalizar problemas de esta naturaleza, es irresponsable de la autoridad, no de quienes están haciendo un asunto de esta naturaleza, ellos hacen su papel como lo han venido haciendo todo el tiempo; son las autoridades las que están permitiendo que esto esté sucediendo.
Y yo no estoy de acuerdo en eso, y así se llame como se llame quién lo esté haciendo, incluso la responsabilidad y a quien yo responsabilizó es a la Procuraduría capitalina que permite asuntos como el de un video que está circulando hoy en redes sociales, en donde se hace una, se detiene presuntamente a los delincuentes que victimizaron a esta pequeña, que maltrataron a esta joven, y está circulando cuándo no sabemos si es una reconstrucción de hechos, si forma parte de un procedimiento de carácter legal. No pueden violarse así los derechos fundamentales de las víctimas, que están siendo sometidas.
Muchas gracias.
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