En la cuarta audiencia pública con representantes de organizaciones de la sociedad civil, para analizar el contenido de ocho iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios en materia de fuero y justicia militar, el senador panista Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, indicó que este tema es esencial para la protección de los derechos humanos en el país.
“La justicia militar es una reforma fundamental para la protección de los derechos humanos en nuestro país y que, sin duda alguna, hoy refleja una exigencia no sólo de corte judicial, sino una exigencia social también, de poder ir modificando nuestro marco jurídico para poder adecuarlo a una realidad”, apuntó.
Dijo que si bien ha habido casos de fallas o errores de parte de las Fuerzas Armadas, también debe reconocerse el trabajo arduo que han desempeñado al enfrentar al crimen organizado para salvaguardar a los ciudadanos, como ocurrió en Veracruz.
“Lo digo como veracruzano, para nosotros la llegada de las Fuerzas Armadas a Veracruz fue verdaderamente un salvavidas en la terrible crisis que se empezó a vivir en nuestro estado, de muchos asesinados y desaparecidos a manos del crimen organizado.
“A muchísimas familias veracruzanas las quebraron, las destruyeron, a cientos de jóvenes veracruzanos les cortaron un camino, un futuro; para nosotros, la llegada de la Marina Armada de México fue un salvamento ante la deficiencia de la autoridad civil de actuar como debía”, agregó Yunes Márquez.
A su vez, el senador panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que las normas y las reglas definen en buena medida a las instituciones, pero hoy en México existe un problema de carácter institucional en la aplicación de la justicia y en el acceso a ella.
“Y es que la excepción se convirtió en regla, es decir, la excepción del fuero militar se ha convertido en una regla y, en consecuencia, eso ha impedido no solamente una aplicación más rigurosa de la justicia en condiciones de mayor transparencia y en condiciones de menor impunidad, sino también violaciones a derechos humanos”, estimó.
No obstante, pidió “no generar un estigma” contra las Fuerzas Armadas, ya que ahí “miles de mexicanos sirven a México con honor y patriotismo”.
Gil Zuarth preguntó a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil sobre el dilema de si, desde su punto de vista, el Congreso debe llevar a cabo una reforma profunda o sólo modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, relativo al fuero.
Al responder, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC, acotó que desde la sociedad civil no hay ninguna pretensión de estigmatizar a la totalidad de las Fuerzas Armadas como instituciones contrarias a los derechos humanos.
“Por el contrario, somos los primeros en reconocer la relevancia de las Fuerzas Armadas en la conformación del Estado mexicano; ahora mismo quienes estamos en Guerrero los vemos desplegándose en las labores del Plan DN-III y sería deshonesto no reconocerlo así.
“Ahora, desde nuestra perspectiva la discusión de tocar sólo el 57 o hacer una reforma más amplia puede ser un dilema que no necesariamente refleje la mejor solución legislativa, esto porque al modificar el 57 forzosamente tienen que armonizarse otras normas, es decir, una reforma en el sentido de acotar el fuero militar no podría sólo concentrarse en el 57, si bien el 57 es el punto toral de la discusión”, mencionó Aguirre.
Alejandra Nuño, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseveró que cualquiera que cometa violaciones a los derechos humanos tiene que pagar por ellas, pero aclaró que no es un tema de ataque personal a las Fuerzas Armadas, sino simplemente de garantizar los derechos.
“En relación con la reforma profunda o solamente la reforma al artículo 57, creo que ésta es una oportunidad para que ustedes los legisladores puedan cumplir con ese compromiso de armonización legislativa”, manifestó.
Daniel Zapico, de Amnistía Internacional, se pronunció por una reforma verdaderamente profunda y efectiva.
“Creo que queda claro que es necesario una reforma profunda en muchos aspectos, sin embargo, también tenemos que valorar lo posible frente a lo deseable. Creo que en este momento lo posible lo tenemos delante, está muy marcado, podemos avanzar en eso, sin perjuicio de que ustedes como legisladores avancen en una reforma mucho más profunda que probablemente es necesaria”, finalizó.
A la cuarta audiencia pública también acudieron, entre otros, Miguel Álvarez Gándara, de Serapaz; Consuelo Morales Elizondo, de CADHAC Monterrey; y Jaqueline Sáenz, de Fundar-Centro de Análisis e Investigación.
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