PETRÓLEO Y ELECTRICIDAD CORREN EL RIESGO DE SER DESPLAZADOS Y VENDIDOS CON REFORMA DEL EJECUTIVO
• Las promesas de empleos, reducción del precio del gas o aumento en la producción no tienen sustento en la iniciativa del Presidente.
Durante el Foro de debate sobre las distintas iniciativas que en materia energética se han presentado en el Senado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo que si se quita el carácter de sectores estratégicos al petróleo y la electricidad como propone la reforma energética del Ejecutivo, éstos corren el riesgo de ser totalmente desplazados y vendidos.
“Desde las plataformas de perforación en altamar hasta las bombas de extracción de petróleo, las refinerías, las redes de ductos, los escritorios del director de Pemex, los vehículos, etcétera, etcétera”, enfatizó el líder moral del Partido de la Revolución Democrática.
Abundó que otro riesgo latente es que quedarían sujetos a las estipulaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, entraría en competencia con los sectores petrolero y eléctrico de Canadá y Estados Unidos, “que podrían entrar libremente a México a partir de que ya no estarían considerados sectores estratégicos”.
También insistió en que no hay necesidad de que se modifiquen los artículos 27 y 28 de la Constitución, ya que la transformación de Pemex se puede realizar a través de la reforma a 12 leyes reglamentarias, la creación de una nueva ley sobre el manejo de excedentes petroleros y el fortalecimiento de los órganos reguladores, así como el otorgamiento de autonomía presupuestal y de gestión a la paraestatal.
“No veo en qué se sustente el que digan que va a bajar el costo de la electricidad y del gas; y yo creo que se refieren al gas natural, no al LP que es el que más se consume, éste va a seguir subiendo, y no va a bajar como por arte de magia por reformar los artículos 27 y 28 constitucionales. No veo las razones, y si las hubiera, ¿por qué no se anuncian bajas a la gasolina?”, enfatizó.
Por su parte, el senador Zoé Robledo evidenció que la reforma energética del titular del Ejecutivo carece de mecanismos de transparencia para los recursos que se pretenden generar; por lo que en un futuro se podrían utilizar para “tapar boquetes fiscales, aumentar la burocracia, consentir empresas y sindicatos, ganar simpatías políticas y electorales, subsidiar la gasolina, y apaciguar gobiernos y gobernadores”, como hasta ahora.
Por el contrario, la propuesta del PRD, dijo, plantea una serie de mecanismos de transparencia para el ejercicio y combate a la corrupción, ya que “varias experiencias nos han llevado a que un gobierno con mayores recursos y con poca transparencia es siempre proclive a enmascarar sus errores, a ocultar costos excesivos y la corrupción”.
En el mismo sentido, la senadora Dolores Padierna señaló que un billón 931 mil millones de pesos de excedentes petroleros se gastan en corrupción y gasto corriente, ese es el verdadero problema de Pemex y no la falta de recursos.
También se refirió a los contratos de utilidad compartida, en donde enfatizó que de aprobarse la iniciativa, al menos 50% de las utilidades se compartirían con empresas privadas. “Lo que implica una enorme pérdida a las finanzas públicas, que por cierto, el Ejecutivo no incluye esa prospección en su iniciativa. El Estado ya sólo recibirá regalías, entre 5 y 10%”.
Propuso que se destinen mayores recursos a la petroquímica, a agregarle valor a la producción, como hacen las grandes compañías del mundo, y que Pemex no sólo se dedique a vender crudo; que se cambie la forma de operar que hasta el momento está a la inversa, es decir, se destina 86% de sus recursos a perforación, que no es lo mismo que extracción, 10% a refinación, y sólo 1.4 a petroquímica.
Finalmente, el senador Manuel Camacho dijo que ha habido diversas comparaciones con modelos internacionales para la operación de la industria petrolera, pero que todos han sido implementados en países totalmente diferentes a México.
“El caso al que pudiera parecerse más el caso mexicano, en la hipótesis de esta reforma, es al caso ruso, el caso de Yeltsin, es el caso de privatización sin regulación con altísimos niveles de corrupción, que han sido desastrosos, en el que no ha habido transparencia ni resultados”.
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