La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que firme el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el cual se establece el derecho humano a la alimentación y el de toda persona a estar protegida contra el hambre.
En el punto de acuerdo presentado por los senadores Benjamín Robles Montoya e Isidro Pedraza Chávez, señala que dicho Protocolo es un tratado internacional en el que se establecen mecanismos de denuncia e investigación para el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008.
“Por la naturaleza del Protocolo, la firma de éste resulta fundamental para combatir el rezago social existente, pues genera mecanismos con los que las personas pueden interponer quejas ante el Comité de la ONU, en caso de que el Estado no cumpla con su obligación de mejorar la situación económica, cultural y social del quejoso”, mencionó Robles Montoya.
Resaltó que la situación de pobreza en la que se encuentra México es realmente preocupante y por ello resulta tan importante y oportuno el momento para que México suscriba este instrumento y forme parte de los Estados dispuestos a erradicar de manera definitiva el hambre en sus países.
“Es preocupante que un país como México no forme parte de tan importante esfuerzo por combatir de manera frontal la pobreza y el hambre de sus ciudadanos, sobre todo, cuando en enero del año en curso, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre” apuntó el representante por Oaxaca.
El legislador perredistas señaló que de continuar rehusándose a suscribir el Protocolo, hace que la estrategia en su conjunto devenga únicamente en un programa populista y electorero, sobre todo si se toma en consideración que en 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que existen 52 millones de personas en pobreza multidimensional, es decir, el 46.2 por ciento de la población total en México.
“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven así y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas”, aseguró Benjamín Robles Montoya.
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