Senado de la República

La reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó el 10 de junio de 2011, es el cambio más relevante realizado en la Carta Magna a favor de la sociedad. La protección de estas garantías es reconocida en la propia Constitución y en los tratados internacionales firmados por México, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.
En el marco del 42 aniversario de la Masacre del Jueves de Corpus, el coordinador de los senadores del PRD indicó que el 10 de junio constituye una fecha emblemática para los mexicanos, pues durante muchos años se trató de hacer un recordatorio de un “nunca más” a un gobierno que utilizó mecanismos para asesinar estudiantes.
“Las fechas, con 40 años de distancia, no son una coincidencia inocente, sino una reivindicación expresa para anteponer a la barbarie de los excesos del poder autoritario la prevalencia de los derechos humanos de la gente”, señaló Barbosa Huerta.
Mencionó que las modificaciones aprobadas hace dos años por el Poder Legislativo “constituyen un giro radical en la concepción de los mecanismos de protección de los ciudadanos frente a sus autoridades, al reconocerse los derechos humanos en nuestro máximo ordenamiento legal”.
Miguel Barbosa Huerta recordó que el Constituyente Permanente reformó la Constitución Política en el artículo primero para elevar a rango constitucional el reconocimiento y respeto a los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
“Esto sin duda pone a la vanguardia a nuestro país en la materialización de los mecanismos de respeto y defensa de los derechos fundamentales”, agregó.
El Presidente del Instituto Belisario Domínguez explicó que parte fundamental de dicha reforma es el reconocimiento expreso del principio pro persona, que en el numeral primero menciona que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en esta materia.
Además, se estableció un control de la convencionalidad en el que las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus respectivas competencias, es decir, tienen la obligación de aplicar disposiciones de carácter internacional en los actos de autoridad que emitan.
Miguel Barbosa detalló que estos cambios conllevan aspectos de primera importancia, tales como la ampliación del bloque de derechos a favor de las personas, al incorporar los derivados de los tratados internaciones, y de manera procesal, la obligación de los jueces de llevar a cabo un ejercicio de conocimiento y aplicación de los tratados internacionales.
Reconoció que aunque hay muchos pendientes en esta materia, no es menor que se hayan establecido mecanismos de protección que incluyan los más altos estándares internacionales.
“El cambio es tal que por primera vez se coloca al individuo en el centro de la aplicabilidad de las normas, por lo que se deja a un lado el anacrónico tema de las jerarquías normativas, para dar paso a un verdadero ejercicio de aplicación de los derechos humanos”, añadió.
Expuso que en fechas recientes se han presentado iniciativas en el Congreso “para hacer nugatorios estos cambios constitucionales, lo que sin duda, representa una pretensión que no dejaremos que se materialice, el cambio es irreversible y lo que debe pugnarse es por su plena aplicación en una sociedad cada vez más atenta y participativa”.
“Valga la fecha del 10 de junio para conmemorar lo que no queremos que vuelva a pasar en nuestro país, y la más grandes reforma a favor de los derechos humanos, que se ha hecho hasta ahora en México”, expresó.
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