Senado de la República

Ante las recientes críticas y dudas que ha generado la figura de testigo protegido, el senador Benjamín Robles Montoya, pidió que la Procuraduría General de la República, envié un informe con el número de personas que actualmente se encuentran acogidas al programa de testigos protegidos y el monto de las erogaciones mensuales por cada uno de ellos.
En un punto de acuerdo, solicitó que se informe el total de personas que se han acogido a la figura de testigo protegido desde el 1 de diciembre de 2012, además de los recursos destinados y los que habrán de destinarse para el pago, manutención y otros gastos a testigos protegidos durante el ejercicio fiscal correspondiente a 2013.
“Se estima conveniente conocer la manera en que se ha aplicado esta figura durante la actual administración y si en lo inmediato se prevé continuar aplicándola en los términos de la legislación vigente aseguró el legislador perredista.
Recordó, que a partir de las recientes liberaciones de Noé Ramírez Mandujano y del General Tomás Ángeles Dauahare, cuyas acusaciones fueron sustentadas en testimonios de testigos protegidos, el debate sobre la eficacia de está figura tomo fuerza.
“Los casos de Ramírez Mandujano y del General Ángeles pusieron en evidencia el perverso abuso de las autoridades sobre esta polémica figura para fines totalmente ajenos a la impartición de justicia, por lo que hoy nuevamente han cobrado fuerza las voces que se pronuncian por eliminar a los testigos colaboradores o protegidos de nuestra legislación” señaló Robles Montoya.
El legislador por Oaxaca, mencionó que existen varios argumentos en contra del programa de testigos protegidos, como el abuso en la cantidad para su manutención, así como la pervertida utilización de esta figura, “llegando al extremo de que acusaciones enteras se sustenten única y exclusivamente en testimonios de testigos protegidos”.
Además que la utilización de los testigos protegidos les ha asegurado a éstos la impunidad por sus acciones, a cambio de su testimonio poco confiable y altamente susceptible de manipulación.
“De esa manera, una gran cantidad de probables delincuentes no solamente han quedado en libertad, sino que además han recibido cuantiosos recursos y protección del Estado a cambio de su declaración, sin importar su peligrosidad, la gravedad de sus delitos o hasta quizá en algunos casos los derechos de probables víctimas” señaló.
Recordó que en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios han externado su disposición para entrar al análisis de este tema y a la discusión sobre la necesidad de reformar o eliminar la figura de los testigos colaboradores o testigos protegidos
Así como en fechas recientes tanto el Procurador General de la República como el Subprocurador de Derechos Humanos han externado públicamente su apertura para que se revisen tanto la figura como la utilización de los testigos protegidos.
Por ello, Benjamín Robles, dijo es necesario conocer los costos que implica actualmente para el Estado la operación del programa de testigos protegidos, el cual continúa operando con independencia de la disposición institucional para revisar esta figura.
El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión para su análisis.
0-0-0