Senado de la República

Con el objetivo de contar con educación de calidad, el senador Sofío Ramírez Hernández, propuso que las escuelas particulares que impartan estudios de tipo superior sin autorización o reconocimiento de validez oficial, sean sancionadas e incluso acusadas de fraude.
Ramírez Hernández explicó que el limitado acceso a las universidades públicas provoca la proliferación de universidades privadas, muchas de las cuales no cuentan con el reconocimiento de validez oficial, lo cual degenera en una baja calidad educativa y en una merma económica a las familias de los estudiantes.
“En este sentido, la aparición de escuelas privadas se ha convertido, más que en una opción educativa, en un negocio de grandes dimensiones para los particulares”, consideró.
La iniciativa del senado por Guerrero pretende modificar los artículos 12, 56, 58 y 59 de la Ley General de Educación, así como los artículos 19 y 20 de la Ley para la Coordinación de Educación Superior.
Recordó que la Constitución Política señala en su artículo 3° que el Estado impartirá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior. También, añadió, la impartición educativa puede estar a cargo de particulares en los términos que establezca la ley, y para ello el Estado otorgará el reconocimiento de validez oficial.
Ramírez Hernández informó que según cifras de la Secretaría de Educación Pública, actualmente del total de la matrícula de educación superior, el 37.1 por ciento corresponde al sostenimiento autónomo; el 17.8 por ciento, al estatal; el sostenimiento federal cubre el 13.4 por ciento, y las instituciones particulares cuentan con el 31.7 por ciento.
“Las cifras anteriores demuestran un porcentaje considerable de las particulares en la educación superior, lo cual se traduce en 1 millón 2 mil 828 alumnos que forman parte de las escuelas privadas que hay en nuestro país” apuntó Ramírez Hernández.
Además, dijo, el informe “RVOE Federales y Programa de Fomento a la Calidad de las Instituciones Particulares” de septiembre de 2012 de la SEP, reveló que durante los últimos seis años dicha secretaría encubrió a universidades privadas, en donde los más de 7 mil programas que imparten fueron sancionados.
“Esta problemática en la educación superior ha venido a trastocar un sector importante en el desarrollo de nuestra nación, como lo son los jóvenes; pues la formación de profesionistas con bajo nivel educativo viene a repercutir en su ingreso al mundo laboral, del cual son rechazados o contratados con sueldos irrisorios, abonando al de por si alto número de jóvenes desempleados del país”.
Por ello, el senador perredista recordó la obligación de los legisladores es crear leyes que detonen el desarrollo del país, especialmente en un tema tan importante como el de la educación, que ha sido y seguirá siendo pilar fundamental en la formación de un México de mayores oportunidades.
La iniciativa se encuentra en estudio por parte de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos
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