El senador René Juárez Cisneros planteó la necesidad de que el Gobierno federal y los gobiernos estatales retomen el respaldo a los fideicomisos de desarrollo regional, ya que en la práctica han mostrado eficacia y buenos resultados, a pesar de su insuficiencia presupuestaria de los últimos años.
Durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, la cual preside, dijo que no sólo debe haber voluntad política para resolver el problema, sino que se tiene que contar con los instrumentos, la normatividad y el marco legal para aterrizar los proyectos e ideas.
Puntualizó que la única manera de mostrar si hay voluntad política para visualizar al desarrollo regional como algo indispensable para ir acercando los abismos que hay en el país, lo primero que se tiene que hacer es modificar la Ley de Planeación.
Para ello, mencionó, se impulsa una iniciativa en la que se propone que al Plan Nacional de Desarrollo se agregue el término Regional, a fin de darle un peso específico a este tema.
El legislador por Guerrero indicó que también analizan una iniciativa para modificar la Ley de Presupuesto, para que se oficialicen los fondos regionales, y además se retoma una propuesta de la pasada Legislatura para la creación de un fondo de cohesión social y vinculación productiva, para dejar de “pepenar recursos” de estos proyectos.
En tanto, el senador Aarón Irízar López destacó que el Gobierno federal tiene la oportunidad de impulsar el desarrollo regional y que esto no quede en discursos, sino que canalice mayor presupuesto, porque ningún país ni ninguna región del mundo resuelve sus problemas con documentos.
Añadió que en el presupuesto de 2014 se tiene que desarrollar una estrategia para que el apoyo no se quede a medias y se destinen los recursos para detonar el desarrollo regional y acabar con el mito de los dos mexicos.
Los integrantes de la Comisión aprobaron un Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, se designe a un representante de los fideicomisos meso-regionales, con la idea de que estas instancias puedan tener una vinculación institucional efectiva para el desarrollo de sus funciones con el Gobierno federal.
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