Senado de la República

El senador Armando Ríos Piter participó en el foro que organizó la Asociación FUNDAR: “El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”, donde señaló que el ejercicio de la propaganda gubernamental tiene que ver con rendición de cuentas, porque no hay criterios de asignación de recursos, el ejercicio es poco claro, poco transparente y poco reglamentado.
En este análisis con otros panelistas sobre la regulación de la propaganda gubernamental, Ríos Piter señaló que la fracción perredista del Senado de la República, ya ha trabajado y presentado iniciativas al respecto, incluso citó una propuesta que fue presentada por él, con el aval del Grupo Parlamentario  en la materia.
En el marco del foro desarrollado por este centro de análisis, citó como ejemplo que la Secretaría de Salud, en el 2011 tenía programado ejercer 189 millones de pesos, y que terminó gastando mil 980 millones de pesos.
El coordinador del Área Económica del GPPRD, señaló que la contratación de propaganda gubernamental es positiva porque permite informar a los ciudadanos, sin embargo el tema se concentra en ¿cuánto? ¿bajo qué criterios se ejerce? Pues la ausencia de normatividad permite sesgos, discrecionalidad, o incluso, un bien que debiera ser público, se convierte en un beneficio privado.  
Añadió que no existen controles de transparencia o rendición de cuentas en ese sentido y subrayó, que el tema, sigue siendo un pendiente de democracia social: “no se le dan al ciudadano, los instrumentos para estar informado o de poder decidir qué se hace con esos recursos que bien pudieran destinarse a  programas sociales”.
Reiteró que se debe avanzar en el tema de la transparencia: “tener una ley que evite la discrecionalidad del uso de recursos públicos, y regular que por ejemplo, un actor pueda generar condiciones de privilegio con estos recursos, o controlar la posibilidad de que el recurso pueda ser un incentivo para orientar líneas editoriales a favor de la autoridad en turno”.
El perredista argumentó que la publicidad gubernamental, tiene que ser una política de estado, y no un instrumento del gobierno, o del gobernante en turno, en la que se debe plantear una evolución en la ley con instrumentos que permitan que esta información pase por los ciudadanos: “tiene que ser una lógica de qué se decide, cómo se decide y cómo se valúa el ejercicio del presupuesto destinado la propaganda gubernamental, por parte de los ciudadanos”.