PLANTEAN LA CREACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Darle la facultad al Congreso de la Unión para que éste cree un código de procedimiento penales único aplicable en todo el País, es el objetivo de persigue la Reforma Constitucional que suscribió este día el Senador por Jalisco, José María Martínez Martínez.
El Senador integrante del Grupo Parlamentario del PAN, explicó que el establecimiento de una legislación penal única aplicable en todo el territorio nacional, reforzaría la seguridad jurídica de ofrecer una justicia pronta, expedita, eficaz y eficiente.
“Se tiene que reforzar la seguridad jurídica donde se dé una justicia pronta, expedita, eficaz y eficiente, que reduzca la confrontación de criterios, que se aplique de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el justiciable y demás intervinientes en el procedimiento”, explicó.
En ese mismo sentido, comentó que la existencia de una legislación única en materia de procedimientos penales, evitaría la presencia de 33 legislaciones que pueden dar a lugar a criterios encontrados, tratamiento desigual, dispersión normativa o excesos entre una reglamentación y otra en cuanto a la interpretación y regulación de las diversas figuras jurídicas.
“De ahí la importancia de contar con un sistema normativo en materia adjetiva y de ejecución de sanciones penales que con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, establezca un modelo jurídico uniforme, homogéneo, sistematizado y acorde a los postulados constitucionales, que evite en todo momento dispersión normativa, criterios encontrados o incluso inseguridad jurídica”, dijo.
Martínez Martínez señaló que la adopción de este sistema incidiría de manera positiva en otros aspectos como por ejemplo, en la capacitación de los operadores del sistema, en los procesos de enseñanza y formación de los estudiantes de derecho u abogacía, toda vez que partirían en su estudio de una misma base aplicable en todo el país.
Además que de adoptarse un sistema de codificación único en esta materia y una sola ley de ejecución de sanciones penales única, se facilitaría el proceso de implementación de la reforma a nivel nacional, pues a través de ello se podrían unificar criterios en torno a su aspecto adjetivo y de ejecución, tales como las reglas de aplicación, interpretaciones en torno al alcance de las garantías y estructura de la ley.
Por último comentó que esta reforma otorgaría una mayor certidumbre jurídica al ciudadano y al operador, al existir reglas claras respecto de las consecuencias jurídicas que en el ámbito procesal y de ejecución puede generar la actualización de la norma penal en todo el territorio nacional, con independencia en donde se hubiese actualizado el probable hecho delictivo.
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