Los senadores Ernesto Cordero Arroyo, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega Casillas, con el aval del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentaron ante el Pleno una iniciativa de reforma constitucional para crear el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
Entre sus aspectos fundamentales, la propuesta panista establece en el artículo 113 constitucional que el combate a la corrupción será competencia “de los tres niveles de gobierno, mediante acciones para prevenir, detectar, investigar y sancionar todo acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos que debe de observarse en el desempeño de un empleo, cargo o comisión públicos”.
Para ello, continúa la iniciativa, se prevé que los tres niveles de gobierno conformen el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción (SNCC), el cual estará integrado por instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios tendientes a prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, en los términos que al efecto establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión.
Ello incluye asistencia en los tres niveles de gobierno con el fin de identificar, rastrear, asegurar y, en su caso, decomisar bienes obtenidos o derivados de la comisión de actos de corrupción.
La propuesta establece además que la instancia de coordinación del SNCC será el Consejo Nacional de Combate a la Corrupción (CNCC), integrado por representantes de los tres Poderes, así como por los comisionados presidentes de la Comisión Federal de Combate a la Corrupción, de las Comisiones Estatales y del Distrito Federal.
Dicho Consejo contará con un órgano consultivo integrado por cinco consejeros ciudadanos pertenecientes al sector académico y de la sociedad civil, elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado o por la Comisión Permanente.
En tribuna, y al presentar la iniciativa, la senadora Pilar Ortega Martínez señaló que “los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que el desempeño en el servicio público debe invariablemente conducirse bajo una dimensión de carácter ético y profesional, basado en la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos que implique la correcta selección de medios para realizar objetivos dignos y valiosos para la consecución del bien común de la ciudadanía”.
En tal sentido, aseguró que la propuesta panista retoma las bases de un modelo en contra de la corrupción atendiendo las recomendaciones para el mejor cumplimiento de las Convenciones Internacionales en la materia y en sintonía con las mejores prácticas internacionales.
Así, en la propuesta se precisan aspectos como la participación de particulares en actos de corrupción y sus sanciones, la definición clara de actos de corrupción sancionables, la fortaleza de facultades de investigación y la integración institucional de las autoridades que combatirán la corrupción.
“Esta iniciativa toma en cuenta las críticas realizadas a las iniciativas hasta ahora presentadas ante el Congreso para solventarlas en una propuesta integral mediante la creación de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y la provisión de una efectiva coordinación entre los distintos órganos y niveles de gobierno, así como de la ciudadanía”, refirió la legisladora panista.
De acuerdo con la propuesta del GPPAN, el SNCC deberá establecer y promover políticas en materia de prevención, control y disuasión de la corrupción con carácter integral, en especial sobre las causas que generan dichos actos; la formulación de propuestas para el Programa Nacional de Combate a la Corrupción en los términos de la ley de la materia, así como la evaluación del mismo, y el fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para desarrollar programas y acciones conjuntas en temas de prevención, detección y combate a la corrupción.
Además, deberá establecer programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad, así como para difundir la ética en el servicio público.
“Sin duda alguna, la presente iniciativa pretende constituirse como un importante esfuerzo por construir un instrumento normativo potente y eficaz en el combate a la corrupción, tratando de garantizar la transparencia en la gestión pública y una adecuada rendición de cuentas, en aras del respeto y observancia de los derechos fundamentales de todo ciudadano, plasmados tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales”, refirió Pilar Ortega.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera y Anticorrupción, para su análisis y dictaminación.
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