IMPULSAN SENADORES DEL PAN REFORMAS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL DELITO
A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la senadora Adriana Dávila Fernández presentó un paquete de iniciativas que tienen como objetivo establecer mecanismos ordenados y transparentes que permitan superar la vulnerabilidad que padecen las víctimas de delito.
En la primera propuesta, se plantea expedir la Ley Reglamentaria de los artículos primero y 103 constitucionales en materia de reparación del daño por violaciones a los derechos humanos, que tiene por objeto resarcir a los particulares por la acción u omisión de las autoridades del Estado que se apartan de las leyes y la normatividad aplicable y que vulneren tales derechos, así como reformar la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas del Delito para que se tutelen eficiente y eficazmente sus derechos.
En esta iniciativa firmada por el coordinador del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, se obliga a los estados y a la Federación, a presupuestar recursos económicos para la creación de fondos de atención a víctimas del delito del fuero común, los cuales serán contemplados en los presupuestos de egresos locales.
“Para la atención de víctimas del delito existirá un fondo federal el cual atenderá a las víctimas del delito del fuero federal y, en su caso, a aquellos casos del fuero común que no hayan sido atendidos por las comisiones estatales. En el caso de la atención de víctimas de delitos del fuero común, los recursos ejercidos por el fondo federal serán reintegrados en su totalidad por las entidades federativas en el ejercicio fiscal inmediato siguiente, para ello contemplarán en sus presupuestos locales los recursos necesarios para retribuir en su totalidad a la Federación o en caso de que alguna entidad federativa incumpla con su obligación de retribuir en su totalidad los recursos, la Federación podrá recuperar las cantidades erogadas de las participaciones que le correspondan a la entidad federativa en el ejercicio inmediato siguiente.
“Con ello, se pueden multiplicar los recursos para la atención a este sector, además de generar incentivos para que las autoridades locales asuman de manera efectiva su responsabilidad de combatir el crimen”, aseveró Dávila Fernández.
También, plantea rediseñar el Registro Nacional de Víctimas para recabar información estadística sobre casos atendidos y que éste sea realizado tomando en cuenta dos vertientes: “La primera: deberá ser administrativa, en ella se registrará todos los casos que sean atendidos y, la segunda vertiente de registro debe avocarse a la selección de casos en los que se encuentre en el supuesto en el que es necesario otorgar apoyos a las víctimas”.
Las modalidades de asistencia se proponen en dos sentidos: cuando la integridad o vida de las víctimas estén en peligro, la atención se dará de forma inmediata y gratuita a través de la infraestructura del sector de salud pública y, en casos muy especiales como gastos funerarios o albergues, cuando su integridad física o psicosexual esté comprometida, se establecerá un fondo para la ayuda que se proporcionará.
Como criterios para el caso de ayuda o reparación del daño establece: “que se trate de actos u omisiones cometidos por una autoridad gubernamental; que tales actos u omisiones constituyan violaciones a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, y que de dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la obligación de las autoridades de reparar el daño”.
Los recursos de reparación del daño provendrán de los presupuestos para el Poder Judicial de la Federación, las cámaras del Congreso de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos o dependencias de las Administración Pública Federal, indicó la Senadora del PAN.
Establece también el tipo de delitos o violaciones a derechos, y en especial establece un plazo de cinco días hábiles para la atención y respuesta a las solicitudes de asistencia, compensación o reparación del daño que se realizan ante la autoridad correspondiente.
Al hacer referencia sobre la regulación del procedimiento para la reparación, “se precisa que solamente se reparará a personas físicas mediante este procedimiento, y los juzgadores que emitan una sentencia donde se determine una violación a un derecho humano deberán pronunciarse también sobre la reparación del daño en la misma”, abundó.
De este modo, acotó, cuando la autoridad responsable de la violación al derecho humano pertenezca a la Federación, la indemnización será cubierta en los términos del artículo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero en caso de que pertenezca a una entidad federativa o a un municipio o demarcación político-administrativa del Distrito Federal, las indemnizaciones serán cubiertas por estas autoridades en términos de las disposiciones presupuestarias y hacendarias que las rijan.
“Estamos obligados a garantizar certeza jurídica en la atención oportuna y eficiente de las víctimas y ofendidos del delito, no podemos tropezar nuevamente con la piedra del interés político y mediático, no seamos cómplices de la simulación, no se pueden permitir normas y leyes que crean falsas esperanzas y nulos resultados, la sociedad no se lo merece”, puntualizó.
Dávila Fernández remarcó que en proposición se señala que la víctima tendrá derecho a una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y a que el delito o violación de derechos de investigue y juzgue en la jurisdicción que corresponda a la condición subjetiva de la víctima, así como a la reparación integral del daño causado por el delito o la violación del derecho.
En ese sentido, la Legisladora de Acción Nacional presentó –con el aval del Grupo Parlamentario-- otra reforma para modificar los artículos 17, 73 y 89 de la Constitución, a fin de establecer que la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos conforme a los tratados de los que el Estado mexicano es parte sea reconocida en los términos y conforme a los procedimientos determinados en dichos tratados.
“Se precisa que las resoluciones de tales tribunales no requieren para su validez de reconocimiento por parte de las autoridades y que serán eficaces en cualquier fuero: común, federal, civil y militar”.
Se busca también facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en la que se homologuen los derechos y las modalidades para la atención de las víctimas y ofendidos; se distribuyan competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, detalló Dávila Fernández.
Dávila Fernández destacó que las propuestas planteadas obedecen a una serie de observaciones, producto de foros y mesas técnicas en las que participaron académicos, analistas, especialistas y servidores públicos, quienes plantearon sus puntos de vista y colocaron como centro del debate a la víctima, no a la coyuntura política.
“La presentación de estas iniciativas no tiene más interés que poner a disposición de todos los legisladores elementos que complementen el trabajo realizado en las comisiones. Asumamos con responsabilidad el reto de legislar para las víctimas, otorguémosles resultados en el corto plazo y dotemos a los gobiernos de herramientas operativas y eficientes, pero especialmente antepongamos el interés superior de quienes ya fueron lastimados y hoy reclaman justicia”, concluyó.
La primera iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera, y la segunda a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictaminación.
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