Senado de la República

La iniciativa que el día de hoy se ha presentado en el marco del Pacto por México, constituye el punto de partida de una nueva oportunidad de legislar un marco normativo integral y convergente que verdaderamente democratice las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Corresponde ahora a quienes integramos el Congreso de la Unión la responsabilidad histórica de aprobar de inmediato la propuesta para reorganizar las relaciones entre el Estado, la sociedad, las telecomunicaciones y los medios electrónicos de comunicación.
Frente a la convergencia tecnológica, el Estado debe garantizar de inmediato y de manera efectiva el derecho a las comunicaciones, entendido como el derecho fundamental que tiene toda persona de poder acceder igualitariamente a las nuevas tecnologías.
El Estado tiene el deber también de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Ello implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
Indudablemente que la iniciativa contiene principios fundamentales que se orientan en ese sentido, entre otros: definición de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general; creación de órganos constitucionales autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propios para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, y la competencia económica; severas reglas anti concentración; obligación del Congreso de la Unión de legislar un marco normativo convergente; la concesión como figura jurídica habilitante única; regulación de los servicios conocidos como must carry y must offer; licitación de nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional.
Sin embargo, todas las propuestas de reforma contenidas en la iniciativa constituyen el piso mínimo para aspirar a un régimen jurídico para la radiodifusión y las telecomunicaciones que verdaderamente garantice su función de servicio público, esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia.
Ningún aspecto de la propuesta puede ser negociable hacia abajo. En cambio, en ambas Cámaras, debemos asumir el compromiso de enriquecerla.
Como legisladoras y legisladores, desde la Constitución, debemos también garantizar a la sociedad una auténtica pluralidad y competencia en materia de contenidos. Estableciendo cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción nacional. Asimismo, protegiendo a la producción independiente e instaurando garantías para promover la producción, edición y difusión de contenidos diversos que proyecten la pluralidad y diversidad culturales para todo tipo de audiencias.
Sin olvidar el legítimo reclamo de los medios indígenas, comunitarios y públicos de que en los planes técnicos se reserve al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro.
Legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es uno de los grandes pendientes del Congreso Mexicano en el proceso de Reforma del Estado. Vencer las enormes resistencias que lo han impedido exige de la confluencia de todas las fuerzas democráticas: partidos políticos, organizaciones sociales, instituciones, legisladores, académicos, intelectuales, luchadores sociales, unidos en una sola voluntad. Es tiempo de unir fuerzas.
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